LA INSUMISIÓN A LÓGICAS PATRIARCALES

LA INSUMISIÓN A LÓGICAS PATRIARCALES

Introducción

La relación de las mujeres con el campo y su situación en él se hallan atravesadas en Chiapas por su histórica exclusión de los espacios de toma de decisiones comunitarias y ejidales. Esta situación puede ser comprendida, analizada y transformada en la medida en que se reconozca la lógica patriarcal subyacente a ella, la cual en las últimas tres décadas se ha agudizado con el neoliberalismo como sistema eminentemente patriarcal, recrudecido con los procesos de desestructuración del campo y la intensificación del modelo privatizador neoextractivista. Así, lejos de abordar el problema desde una visión de los derechos humanos, a continuación desarrollo una crítica feminista a las prácticas comunitarias vinculadas a la actual tenencia de la tierra, y la participación política de las mujeres en las comunidades y los ejidos de Chiapas, todo lo cual significa la lucha en curso contra la acumulación por desposesión en el mismo estado.

Presento el Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por el Derecho de las Mujeres a Decidir como un sujeto político colectivo que se posiciona como el único de carácter feminista en Chiapas. Su apuesta es transformar la vida política en la comunidad, ya que ésta no puede seguir siendo dividida entre lo privado-doméstico y lo público-toma de decisiones. Así, la batalla de las mujeres que integramos el movimiento se da en diversas dimensiones y trincheras, pues lejos estamos de querer incidir en las leyes agrarias: buscamos una transformación profunda a partir de los espacios comunitarios; es decir, desde la cotidianidad, donde germina el potencial control sobre la reproducción social de la vida.

Mirando de reojo

Cuando en 2014 Mercedes Olivera proponía ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología trabajar el derecho de las mujeres a la tierra en Chiapas, yo trataba de comprender desde el reconocimiento constitucional de igualdad para todos los ciudadanos en México. Esta referencia fue rápidamente desbancada, no sólo por la conversación con la misma Mercedes sino, también, por la consulta a diversos archivos, y sobre todo por mi asistencia a un foro de mujeres indígenas en San Cristóbal de las Casas. Toda esta información me permite configurar, entender y analizar desde entonces una histórica marginación de las mujeres indígenas, rurales o campesinas a la tierra en términos no tanto de posesión sino de uso y usufructo desde una lógica de legitimidad social plena.

Retrocedo los pasos y la mirada, y me resulta pertinente recordar cómo en Chiapas la reforma agraria, resultado de la Revolución Mexicana, se dio con un impresionante rezago temporal y cualitativo, el cual permitió la pervivencia de mentalidades caciquiles que han sido desmontadas lentamente. Este llegar tarde tensionó aún más los conflictos sociales por la tierra en el estado, ya que la concentración de tierras contrastaba con la demanda de éstas en zonas como los Altos, donde son escasas en relación con la densidad demográfica, y se han tornado de mala calidad por la misma sobreexplotación originada por esta demanda, aunado a técnicas poco amables para el ecosistema.

En el contexto de la Reforma Agraria, la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas de 1927 reconocía a las mujeres como titulares en el esquema de la propiedad social (ejidos y comunidades), siempre que fueran madres-esposas, incluidas las viudas, o bien solteras con familia a cargo. Tal ley denota la mentalidad patriarcal que operaba incluso desde el reparto agrario, pues las mujeres podían ser sujetas de derechos en términos agrarios si había un vínculo social ligado a la maternidad. En 1971, la Ley de la Reforma Agraria cambió, no así la mentalidad patriarcal; y justo en la interpretación de la ley, en los reglamentos internos de comunidades y ejidos se refrenda un deber ser patriarcal que recluye a las mujeres a la esfera de la reproducción biológica, sin reconocérsenos la dimensión social.

Entonces, el marco legal y las dinámicas sociales se refuerzan mutuamente para configurar una exclusión de facto de las mujeres en la vida política de las comunidades y los ejidos. Las mujeres son consideradas en tanto madres-esposas e hijas, lo cual implica toda la labor de cuidado en el ámbito doméstico. Esto, sin que se cambie la mentalidad patriarcal, se intensifica con los fenómenos de migración forzada en Chiapas. Siguiendo a Diana y Jan Rus (2014), vemos que los hombres, quienes desde décadas antes migraban a las plantaciones de café en el Soconusco, cada vez se van más lejos y por temporadas más largas. Esto ha implicado que las mujeres tengan una sobrecarga de trabajo, ya que no sólo sacan adelante la unidad doméstica, lo cual implica muchas veces conseguir un trabajo informal remunerado, sino que también deben hacerse cargo de la parcela y de las tareas de representación frente a las asambleas.

Ese trabajo y responsabilidad no son reconocidos, ya que se consideran obligaciones temporales, pues en cuanto el hombre regrese, la mujer volverá al trabajo doméstico. María Eugenia D’Aubeterre (2005, citada por González, 2014) reconocerá en este tipo de situaciones una ciudadanía indirecta, pues refleja la marginación de las mujeres de la vida política en y de sus comunidades. Este tipo de ciudadanía hace posible que la vulnerabilidad para las mujeres llegue al punto de ser despojadas de sus casas, solares o parcelas a manos de las familias. Para 2016 se documentó (Olivera, Cornejo y Arellano, 2016) que 52 por ciento de los casos de despojos contra mujeres había sido ejercidos por la familia o las asambleas ejidales o comunitarias.

Además del trabajo, en el plano afectivo, las mujeres reportan una serie de angustias relacionadas, en primer lugar, al no contar físicamente con el sustento moral y la legitimidad social frente a la comunidad de estar casadas y tener un hombre junto. Por otro lado, se ven obligadas, como dije, a insertarse en el mercado de trabajo informal, y lo hacen desde una posición de desigualdad en diversas dimensiones. Aunado a lo anterior, y como una estrategia de supervivencia, muchas optan por inscribirse en los programas de subsidios gubernamentales (Prospera, 60 y Más, De Corazón a Corazón). En 2010 se registró que 9 de cada 10 mujeres marginales se habían inscrito en alguno de ellos (Olivera, Bermúdez y Arellano, 2014). Tal situación refuerza la condición de dependencia de las mujeres, esta vez en relación con instituciones del Estado, ya que 65 por ciento de las mujeres encuestadas reconoció utilizar el dinero del programa para comprar comida. Además, estos programas fijan que las mujeres deben permanecer en su comunidad, so pena de perder el apoyo, con lo cual queda a disposición de las actividades que surjan.

De esta forma podemos comprender, con Gayle Rubin (1975), cómo el patriarcado pervive y se reifica en contextos rurales, lo cual da como resultado prácticas violentas contra las indígenas. Así,

en el orden masculino y moderno del capital –del valor valorizándose en la producción incesante de mercancías, que simultáneamente desconoce las actividades de reproducción aunque impone la producción de la fuerza de trabajo como mercancía–, todo lo relacionado con la producción de lo común y con la producción de la especie queda establecido como secundario y se inscribe como ausencia, como falta, donde un conjunto de valiosas e imprescindibles actividades, generalmente consideradas femeninas, se niegan y se ocultan a fin de reiteradamente someterlas (Gutiérrez, 2014: 88).

Neoextractivismo, o la cauda del patriarcado capitalista

De la mano de David Harvey (2004), retomo la noción de acumulación por desposesión para describir y analizar el proceso de desestructuración campesina que, con lo planteado en el apartado anterior, refuerza la marginalidad de las mujeres en un contexto de necroempoderamiento (Valencia, 2012), en el cual no sólo se gana a partir de una lógica de muerte sino que ésta debe ser naturalizada como condición vital en una sociedad de riesgo.

Fue 1992 la entrada oficial de un México donde el neoliberalismo deja de ser sólo un ajuste estructural dictado desde el exterior para ser la política que regirá todas las presidencias y gobiernos en cualquier nivel en el país. Recordemos cómo Carlos Salinas de Gortari declaró el final del reparto agrario, e implantó el proyecto de certificación. Así se inauguró la contrarreforma agraria en México. En los siguientes años, algunos presidentes intentaron emprender acciones que reprimaricen la economía nacional a partir de proyectos energéticos de inversión privada transnacional. Esto se concretó en 2013, con la reforma energética decretada por Enrique Peña Nieto, afianzadora una lógica global colonial a partir del neoextractivismo, con lo cual se refuerza la acumulación por desposesión. Esta dinámica apuntala un proceso de décadas para desestructurar el campo en las dimensiones socioculturales y productivas.

Horacio Machado (2016) hablará del capitaloceno para hacer referencia a una situación como la descrita, en tanto que los intereses de la nación son relegados en aras de un interés netamente lucrativo, sin importar cuánto se deslave o pierda la soberanía nacional. Aquí, nuevamente, siguiendo a Machado, entrevero un perverso telar en el cual, desde Rosa Luxemburgo, se reconoce cómo el extractivismo genera interrelaciones mundiales a partir de la diferencia, la desigualdad e injusticia social, de lo cual resulta una vez más una posición de inferioridad para las mujeres.

Veamos algunas cifras (Fini, 2016). Entre 1990 y 1997 aumentaron 400 por ciento las inversiones de explotación minera en Latinoamérica; en México se pasó de una producción de 4 mil millones de dólares en 2005 a 22 mil millones en 2011. Esto implica que si en 1990 en el país el territorio concesionado para explotación minera era de 13.07 por ciento, para 2015 ya era de 50. Estamos entonces ante una innegable agudización del extractivismo. La reprimarización, a decir de Luis Hernández Navarro (2011, citado por Fini, 2016), tiene que ver con un desplazamiento macro, donde la terciarización, entendida como la de mano de obra en empresas maquiladoras, se redujo 50 por ciento en 2005. Esto dio paso a la inversión transnacional dedicada a actividades extractivistas, para lo cual no resulta imprescindible una mano de obra, es decir, no es necesaria la gente sino los bienes naturales, los cuales sin duda se encuentran en los territorios indígenas del país. Las zonas económicas especiales (ZEE) serían una clara muestra de esto, siendo el proyecto de avanzada del gobierno mexicano en sus tres niveles. Las ZEE prevén una extensión de 500 hectáreas con normas jurídicas distintas de las del resto del país que favorecen la inversión empresarial transnacional, como la exención de impuestos, a lo cual se suma el desarrollo de infraestructura, y subvenciones gubernamentales, por ejemplo en el consumo de energéticos como el petróleo. Así, se antepone el favorecimiento a la financiarización por encima de proyectos concretos de apoyo al desarrollo ecológico de las poblaciones donde se implantarían las ZEE.

La crisis financiera de 2008 es la más reciente etapa de una crisis de largo aliento, y ésta repercute descarnadamente en Chiapas, y afecta de modo disparejo a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, adultos y niños. Ejemplo de ello son los efectos de la migración forzada y la sistemática implantación de programas de subsidio dirigidos a las mujeres marginales en Chiapas. Así, desde la academia se habla de una feminización del campo, pero no precisamente porque en éste haya más mujeres trabajándolo –de hecho, se entiende que hay una mediación cultural masculina en la relación de ellas con la tierra– sino porque el campo adquiere menor valor social y económico en tanto ya no es posible vivir de él. Soledad González (2014) reporta que la población económicamente activa rural femenina disminuyó de 21.5 por ciento en 1990 a 11.6 en 2010. Esto, entre otras razones, se entiende si pensamos cómo ante el hecho de que el ingreso de los hombres resulta insuficiente, las mujeres quedan obligadas a realizar trabajo extradoméstico, y con ello se feminiza la jefatura de los hogares. Tal situación tensiona ulteriormente el histórico papel de los hombres como proveedores, y genera una percepción social de transgresión de la norma, la cual no puede ya ser distinta en tanto la precariedad se ha vuelto cotidianidad, y a ella las mujeres marginales responden poniendo el cuerpo; es decir, insertándose en el mercado de trabajo, regularmente informal y, por tanto, carente de regulación salarial, pero sobre todo de reconocimiento social.

Afianzando los talones

Ante esta situación resulta por demás vital y relevante la labor que a partir de 2004 desarrolla el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH). En este espacio se ha sostenido la apuesta de revertir las políticas patriarcales desde su mero corazón: las comunidades y los ejidos. En 2012, el centro, como base para elaborar un informe sombra para la CEDAW, comenzó la revisión de diversos reglamentos ejidales en Chiapas; se encontró así la evidencia que sustenta la necesidad de buscar cambios profundos en las bases de lo social, en lugar de esperar a que las instituciones del Estado cambien para luego cambiar a las personas. Así, con una postura zapatista se busca accionar desde abajo, y a la izquierda.

El trabajo del CDMCH hunde sus raíces en una visión de derechos agrarios para las mujeres, y se entrecruza con otras cuestiones vitales, como la atención de las violencias de género y estructurales, las que configuran la vulnerabilidad de las mujeres marginales en Chiapas, indígenas, rurales, urbanas. El centro trabaja en torno a una defensoría participativa para que en el proceso de litigio las mujeres comprendan cómo llegaron a la situación que denuncian y tangan por tanto elementos que les permitan transformar condiciones y prácticas que podrían llevarlas de vuelta a tal situación. Aquí emerge un horizonte que sin enunciarse como tal, no desde el inicio, implica ya una práctica decolonizadora porque reconoce a las mujeres como agentes que pueden emprender cambios y transformaciones.

De la mano del CDMCH, y tras ocho años de trabajo, en 2014 nació el Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por el Derecho de las Mujeres a Participar en la Toma de Decisiones (MDTTDMD). En noviembre de ese año se convocó a una asamblea, celebrada en San Cristóbal de las Casas el 23 y 24. Durante esos dos días se discutieron intensamente la pertinencia de ese movimiento, cuáles serían sus reinvindicaciones, cuáles sus acuerdos políticos para comenzar a andar. A la asamblea asistieron diversas organizaciones de base y colectivos de todas las regiones de Chiapas, y de otros estados de México, y se firmó un acuerdo –Acta de Xchapel–, donde se estableció el compromiso de “luchar contra todas las formas de violencia generadas por el sistema capitalista, neoliberal y patriarcal, y sus políticas neoextractivistas” (sin fecha).

Desde 2104, el movimiento ha sostenido otras tres asambleas, y se encuentra en la fase de construir una agenda propia, la cual reconoce y busca la interacción con otros movimientos y organizaciones presentes en el estado que también luchan por la defensa de la tierra y el territorio. Así, el Pueblo Creyente, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), la Pastoral de la Tierra, y la Campaña en Defensa de la Tierra y el Territorio se convierten en interlocutores estratégicos. El 8 de marzo de 2017, la marcha por el Día internacional de la Mujer es la confluencia política y física del Modevite, el Congreso Feminista (realizado esa semana en Chiapas), y el MDTTDMD. En todos estos espacios políticos participan mujeres, como siempre lo hemos hecho en la acción contenciosa. Aun así, el mdttdmd es el único con una abierta postura feminista en defensa de la tierra y el territorio, pues reconoce que sin la plena participación de las mujeres en la vida política y, por ende, pública de sus comunidades, ejidos y organizaciones, no hay posibilidades de erradicar la histórica marginación de las mujeres. Así, no basta cambiar las leyes agrarias y los reglamentos internos sino hacerlo a la par que se generan estrategias en el nivel socio-político (Olivera, y otros, 2015).

El continuo caminar

En un contexto de crisis mundial, donde la financiarización, la reprimarización y el patriarcado se reajustan y apuntalan mutuamente, son necesarios espacios de organización. Encaminado a sus tres años de existencia, el movimiento no ha dejado de autocuestionarse. Si bien en el primer año se trabajó respecto a la propuesta de ley para la cotitularidad de la tierra para hombres y mujeres, desde 2016 se ha repensado que, en tanto feminista, el desmontaje necesario pasa por nutrir una lógica comunal en términos de paridad. De esta manera, se ha transitado de la tenencia familiar a una propuesta nueva que reconozca la complejidad de la tenencia en un esquema social emanado de la Revolución Mexicana, pero que esta vez no supedite a las mujeres a una condición genérica anclada en su sexo. A la par de este asunto tan complejo, se busca fortalecer la idea de autodeterminación como una apuesta política, que imbrica la máxima feminista de que lo personal es político con una visión de lo comunitario, no sólo a pesar sino por las tensiones sociales que esto genera.

Se trata entonces de seguir abriendo brecha, pero sin reproducir el colonialismo ni la individualización en que anida el germen patriarcal-neoliberal. La defensa de la tierra y el territorio, frente a un capitalismo gore, pasa en Chiapas por propuestas que apunten a un reconocimiento pleno de nosotras como sujetos de derechos en los espacios comunitarios. Sin la posibilidad de que nuestra voz sea escuchada y respetada plenamente resulta imposible pensar en un cambio radical que revierta la colonialidad en sus dimensiones de género, bienes naturales, y relaciones sociales.


Bibliografía

* Doctora y Catedrática Conacyt-Cesmeca.

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