ANTAGONISMOS EN LA HUASTECA Y EL TOTONACAPAN

ANTAGONISMOS EN LA HUASTECA Y EL TOTONACAPAN

DEFENSA TERRITORIAL FRENTE AL NEOEXTRACTIVISMO ENERGÉTICO

En 2013 se consolidó la reforma energética, política gubernamental que legalizó y flexibilizó la participación de diferentes empresas nacionales y extranjeras en las fases de exploración, producción, trasporte y transformación de hidrocarburos. Con ella se arribó a un punto de inflexión en materia energética, ensayado por poco más de una década a través de megaproyectos petroleros que, valiéndose de contratos ambiguos como los de servicios múltiples e incentivados, ejercían una política privatizadora en el noreste del país, como se constató en la cuenca de Burgos y el paleocanal de Chicontepec.1

Este viraje si bien ha transformado la relación de la sociedad con Petróleos Mexicanos (Pemex), generó a su vez respuestas que a la vuelta de los años dejan rastro de inconformidad y antagonismo. La intervención de las empresas petroleras es radical, pues posibilita la asignación de bloques territoriales para extraer hidrocarburos, y se confiere prioridad a dicha rama productiva sobre cualquier otro aprovechamiento, con diversos mecanismos legales para su ejecución. Ello ha hecho que parte de sus efectos en materia de propiedad social sean percibidos como una reforma agraria velada.

Por otro lado, la tecnología utilizada es muy contaminante, pues se vale de técnicas como la fractura hidráulica, o fracking, impugnada en todo el mundo por el daño a la salud que implica a través de diversas afectaciones de acuíferos y escurrimientos, aire y tierra cuya utilización, además, cuenta con gran opacidad, ya que son relativamente escasos los datos públicos disponibles.2

En materia económica, el efecto regional no ha sido significativo, en tanto que la derrama local está restringida a los inversionistas que, cancelado el proyecto nacionalista que insufló desde 1938 la expropiación petrolera y dejó algunos rastros materiales en infraestructura, han olvidado los beneficios otrora comunes a la población en su conjunto, que si bien no excluía clientelismo y prebendas políticas, imponía ciertas obligaciones a la empresa entonces paraestatal que hoy se han reducido a mínimos apoyos, a través de acciones con poco efecto en cuanto a beneficiarios y alcance comunitario.3

La impronta legislativa responde a un momento sistémico que no puede obviarse, pues configura el fondo que reviste la pinza legal. La variante de acumulación a que responde es aquella en que se destinan diferentes recursos valorizados por el capital hacia centros metropolitanos, de cuyo comercio depende buena parte del gasto público de los países exportadores, conocida históricamente como extractivismo.4 El neoextractivismo sería entonces un tipo de política con estas características que se inserta desde un enfoque desarrollista en un contexto global. La interdependencia en el mercado que ello impone registra un incremento constante de las exportaciones de comodities con ganancias extraordinarias por el capital extractivo, “incentivado por la demanda de energía, minerales y metales industriales, productos agroalimentarios y otros recursos naturales por la industria y la creciente clase media asiática […] combinado con la especulación financiera sobre los mercados de comodities”.5

En materia energética se combina con los cálculos relativos al pico mundial de petróleo; es decir, “al momento a partir del cual ya no va a ser posible poner más crudo adicional en el mercado, por mucho que se hagan nuevas y costosas prospecciones y extracciones, pues habremos consumido ya, grosso modo, la mitad de las reservas globales de petróleo”,6 lo cual genera un escenario mucho más agresivo que considera la escasez de hidrocarburos. No obstante, las respuestas tampoco se han hecho esperar y, a finales de la década pasada, cuando fueron visibles los proyectos con rostro privatizador, comenzaron las acciones en oposición.

Donde hay extracción hay resistencia

En 2008, pobladores de Huautla, Hidalgo, agrupados en el Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata”, organización campesino-indígena formada al fuego de la lucha y recuperación de tierras en los decenios de 1970 y 1980, registraron la presencia de trabajadores petroleros en tareas de exploración en sus ejidos.

Entonces, el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y la Sierra Oriental (codhhso), integrante de dicha organización, junto con locutores de la histórica Radio Huayacocotla, “La voz campesina”, y algunos investigadores solidarios, comenzaron a denunciar la nueva fase de la política extractivista en la región, encarnada en el proyecto petrolero Aceite Terciario del Golfo (atg), el cual incluía 16 municipios de Veracruz y de Puebla.7 Todo ello se volvió aún peor con la reforma energética, pues no sólo legalizó las asignaciones territoriales a diferentes inversionistas a través de varias rondas de licitación que incluyeron el atg sino que, también, posibilitó la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, como el gas de lutitas, o shale, que implica la abierta utilización extensiva del fracking.

La primera respuesta fue difundir los graves riesgos a que se enfrentaba la población. Por ello, miembros de diferentes colectivos de derechos humanos, junto a activistas e investigadores, comenzaron a registrar afectaciones que los pobladores les consignaban, lo cual significó el cimiento organizativo que dio pie a que, en 2013, en una preaudiencia multitemática realizada en Acatepec, el Tribunal Permanente de los Pueblos se pronunciase contra dicha explotación, calificándola de ecocida y etnocida. Comisariados y pobladores de diferentes comunidades de municipios poblanos, veracruzanos e hidalguenses, dieron a conocer a escalas nacional e internacional los riesgos y agravios registrados hasta entonces por dicha intervención petrolera.

Al sur de la cuenca petrolífera Tampico-Misantla, en una de las zonas más afectadas por el atg, en Venustiano Carranza y Pantepec, Puebla, comités del Movimiento de Regeneración Nacional impulsaron campañas de información e investigación sobre los perjuicios de la acción de las empresas petroleras que operaban junto a Pemex en ese entonces.

Estos comités se vincularon con pobladores de Huauchinango, Puebla, que en 2013 afrontaron una disputa con Gasomex por el paso de un gasoducto en la comunidad de Cuacuila. Agrupados en la organización Ciudadanos Unidos en Defensa de sus Derechos, promovieron un amparo colectivo que suspendió, al menos eventualmente, la ejecución de dicha obra. La confrontación de comunidades frente a la construcción de infraestructura petrolera no ha cesado, y en el presente año se han promovido ya cuatro amparos contra el gasoducto Tuxpan-Tula por diferentes comunidades de Pahuatlán, Puebla.

En el ámbito internacional, en 2010 diversas organizaciones promovieron denuncias frente al relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que tuvo seguimiento en 2017 con el relativo al Derecho Humano al Agua, mediante un informe realizado por más de 100 organizaciones, el cual incluyó un recorrido por comunidades de Papantla para comprobar la contaminación de fuentes hídricas por extracción petrolera.

La articulación generada por el Tribunal Permanente de los Pueblos y la preocupación de ambientalistas y organizaciones civiles en torno a la promoción del fracking produjeron una nueva fase de oposición a la explotación petrolera, la cual tiene dos actores nodales: la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason).

La alianza es un colectivo formado por más 40 organizaciones del centro y norte del país que realizan acciones dirigidas a la prohibición del fracking: desde la promoción de iniciativas de ley federales y estatales hasta actividades de difusión, denuncia, información, investigación y monitoreo sobre el establecimiento de esta técnica en el país, así como de formación y capacitación de sus integrantes en temas relacionados con industrias extractivas. Su trabajo depende en mucho de las iniciativas que cada organización tiene en las regiones donde se encuentra, si bien su principal función reside en articular actividades y promover insumos para ejecutarlas.

El colectivo Corason, integrado al calor de la presencia de diferentes empresas en la región Huasteca y el Totonacapan por el atg, comenzó a formarse por iniciativa de algunos promotores de derechos humanos, activistas e investigadores de la región que iniciaron pláticas informativas en algunos ejidos de Papantla, a principios de 2014, extendiendo su labor hacia Atlapexco, Huautla y Huejutla en Hidalgo, Ixhuatlán de Madero y Álamo-Temapache, Veracruz; y Francisco Z. Mena y Venustiano Carranza, Puebla, así como en diversos municipios de San Luis Potosí, apoyados por organizaciones cafetaleras defensoras del derecho al agua.

Las caravanas de información antifracking presentaban, en diferentes asambleas, los daños ecológicos y a la salud que la extracción de gas shale conlleva. A esa labor se sumaron poco a poco más comunidades y organizaciones de la Sierra Norte de Puebla provenientes de diversas disputas territoriales exitosas. Una labor significativa fue la inclusión cada vez más amplia de autoridades de diferentes ejidos y comunidades agrarias, donde la inconformidad fue detonando procesos de formación de promotores y regulación comunitaria, con acuerdos asamblearios de prohibición del uso de fractura hidráulica que, en municipios de San Luis Potosí, incluyó dos acuerdos de cabildo.

Hasta mediados de 2015, en el ejido Emiliano Zapata, de Papantla, Veracruz, no se llevó a cabo el primer encuentro del colectivo, lo cual marcó un viraje en su enfoque, pues habían concentrado mucho de su quehacer en la lucha contra el fracking, asumiendo desde entonces un compromiso territorial más amplio.

A la fecha se han celebrado tres encuentros regionales, los cuales pretenden realizarse en zonas donde la amenaza de algún agravio es inminente. Actualmente, Corason articula alrededor de 120 comunidades y organizaciones de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, integrando a redes de organizaciones solidarias que a su vez agrupan colectivos en defensas territoriales que van desde la lucha antiminera hasta las que están contra hidroeléctricas e infraestructura energética.

En resumen: las acciones de defensa territorial contra el neoextractivismo energético en esta región articula diversas escalas con diferentes niveles de incidencia, difusión y denuncia de riesgos y agravios que impone la producción petrolera de empresas nacionales e internacionales, junto a acciones jurídicas, formación de promotores e investigación especializada, que se suma a trabajos preventivos a escalas comunitaria y municipal.

La afronta tiene dimensión gigantesca. No obstante, la consistencia de los pueblos integrantes de  uno de los sujetos antagónicos, cuya raigambre indiana se reconoce en la nominación del territorio que han formado históricamente como Huasteca y Totonacapan, posibilita imaginar vías que se encuentran en ciernes, en las formas vernáculas, que si bien están en vilo ante el despojo petrolero también se les halla vitales en cada parcela,  asamblea, encuentro de los diversos, los disidentes.

Hacia un antagonismo antisistémico

Uno de los componentes sumado a la legitimidad de esta disputa frente a la modalidad neoextractivista de acumulación se relaciona con las implicaciones de la pérdida de soberanía energética. La reforma energética consolidó la entrega de la renta petrolera pero, como intentamos mostrar arriba, ello estaba dado de forma previa a través de los contratos y las asignaciones que Pemex ya operaba mucho antes de su legalización en 2013, cuando destinaba presupuesto público a las empresas nacionales y las extranjeras con que trabajaba. En este sentido, debe precisarse que con esa reforma se consolidó la pérdida de la renta absoluta del petróleo, estrechamente ligada a la capacidad de negociación y monopolio que los productores petroleros tiene para la asignación y especulación de precios.

La renta es el sobrelucro obtenido por la valorización del mercado de un bien escaso. Ello tiene que ver en mucho con la relación de la economía capitalista con los bienes que no se generan en su esfera de producción; es decir, que provienen para el caso de los hidrocarburos de la naturaleza.

Ahora bien, respecto a la disputa en curso, está implicado el control que se tiene sobre dichos recursos para la asignación de sus precios. Así, “el precio del petróleo contendrá siempre una renta diferencial determinada automáticamente por las diferencias de productividad existentes en el conjunto de pozos en explotación, pero puede o no contener una renta absoluta especulativa que dependerá de la situación de la oferta y la demanda y, sobre todo, del nivel de monopolio y la capacidad de chantaje energético que tengan los grandes productores”.8

En tal sentido, tienen mayor acción especulativa los poseedores de mayor control sobre los yacimientos y pozos. Al ceder el control de éstos mediante las licitaciones operadas por la Secretaría de Energía, no sólo se perdió control sobre los recursos existentes sino que se fortaleció la capacidad monopolizadora –y, en tanto tal, especulativa– de los grandes productores energéticos transnacionales.

Conforme a esta consideración, en los antagonismos frente al neoextractivismo energético está en juego la disputa por el control de esos recursos escasos, una en la que, a nivel de terreno, se ofrece resistencia ahí donde los aparatos gubernamentales fueron vulnerados.

La asimetría de los antagonismos hace pensar que presenciamos una lucha con dados cargados, mas los factores ambientales están a su favor, pues el tipo de estragos que genera una técnica como el fracking acelera las contradicciones ecológicas del sistema de acumulación imperante. El metano, uno de los gases liberados por esta técnica, es uno de los más significativos para el calentamiento global.9 Las externalidades del sistema imponen una crisis que ya no puede superarse si no es a través de un viraje que algunos llaman “civilizatorio”, pues requiere una relación con el entorno hasta ahora inédita.

El breve recorrido realizado permite ver cómo la actual fase de acumulación capitalista impone un tipo de formación antagónica que supera los constreñimientos locales, evidenciando componentes que facilitan la articulación a escala continental de diferentes disputas que integran al menos tres factores fundamentales: “[l]a dinámica de las luchas sociambientales en América Latina ha venido asentando la base de lo que podemos denominar el giro ecoterritorial; esto es, la emergencia de un lenguaje común que da cuenta del cruce innovador entre matriz indígeno-comunitario, defensa del territorio y discurso ambientalista. En este sentido, puede hablarse de la construcción de marcos comunes de la acción colectiva, los cuales funcionan no sólo como esquemas de interpretación alternativos sino como productores de una subjetividad colectiva”.10

Y si bien la constitución del antagonismo involucra estos componentes, sus implicaciones son de carácter sistémico, pues no ha de obviarse que en el caso de la Huasteca y el Totonacapan la disputa es contra la extracción de los energéticos privilegiados por el sistema capitalista: los hidrocarburos.

No puede explicarse el despliegue de dicho sistema político-económico sin su dependencia energética, por lo cual toda acción encaminada a irrumpir en ella es una acción disruptiva en el proceso de acumulación; es decir, es antisitémica. La fase actual de disputa impide aún conocer las opciones ante este régimen energético, pero los efectos climáticos insoportables de la dependencia fósil las hacen materia acuciante. Oponerse al vasallaje del neoextractivismo energético es apostar por un planta donde el agua y alimentos sean garantía de todo ser vivo. Es apuntar a que la vida de humanos y no humanos se convierta en el imperativo del mundo por venir, uno cuya justicia impone la emancipación del régimen energético contemporáneo.


* Integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan y de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

1 Confer Antonio Gershenson, El petróleo de México: la disputa del futuro, México, Debate, 2010; Mauricio González González, Emergencia del socialismo ecológico en la Huasteca. El paleocanal de Chicontepec bajo escrutinio de un comité de derechos humanos maseual, tesis de maestría, México, posgrado en desarrollo rural, uam-x, 2011. “Los efectos legales de la reforma energética se pueden abordar con amplitud”, en Aroa de la Fuente, El sector de hidrocarburos en la reforma energética: retrocesos y perspectivas, México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ac, 2016.

2 Para 2009, la Comisión Nacional de Hidrocarburos reconocía mil 737 pozos fracturados, de los cuales 76 por ciento (mil 323) fueron fracturados con baja carga de apuntalante y fracturamiento hidráulico. Confer CNH, “Proyecto Aceite Terciario del Golfo. Primera revisión y recomendaciones”, México, 2009.

3 El Programa de Atención a la Comunidad y al Medio Ambiente de Pemex dedica algunos recursos económicos etiquetados a escala federal a la donación de purificadoras de agua, construcción de comedores comunitarios, y pintura y resanado de clínicas y escuelas de educación básica y media básica, con el requisito de promover la hoy empresa productiva del Estado mediante sus colores y logotipos.

4 Alberto Acosta, “Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición”, en Más allá del desarrollo, Miriam Lang y Dunia Mokrani (compiladoras), México, Rosa Luxemburg Stiftung / Abya Yala, 2012, páginas 83-85.

5 Henry Veltmeyer y James Petras, El neoextractivismo. ¿Un modelo posneoliberal de desarrollo o el imperialismo del siglo XXI?, traducción de Alma Alexandra García, México, Crítica, 2015 [2014], página 13.

6 Ramón Fernández Durán, El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Pico de oro negro y colapso financiero (y ecológico) mundial, Barcelona y Madrid, Virus / Ecologistas en Acción (Libros en Acción), 2008, pág. 55.

7 Confer Pemex Exploración y Producción, “Proyecto Aceite Terciario del Golfo. Resultados, retos y perspectivas”, Activo Integral, Aceite Terciario del Golfo, Pemex Región Norte, 21 de agosto de 2008, disponible en www.pemex.org [Consulta: 21/03/2010.] A principios de 2009, antes de la reforma energética, Pemex había probado modalidades de asignación territorial que, para el caso del campo Chicontepec, dividido en ocho áreas, incluyó empresas como Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes y Tecpetrol, con una extensión de 10 kilómetros cuadrados cada una, lo que confirmaba el ensayo privatizador. Confer Antonio Gershenson, obra citada, págs. 136-137.

8 Armando Bartra, “Renta petrolera. Lo que está detrás del ‘extractivismo’”, en Hacia un marxismo mundano. La clave está en los bordes, México, UAM-X / Itaca, 2016, página 165.

9 “Noventa por ciento del gas de lutitas es metano, el cual tiene un efecto invernadero 21 veces más poderoso que el dióxido de carbono”. Claudia Campero Arena, “Impactos socioambientales en los procesos de fractura hidráulica”, en Impacto social y ambiental del fracking, Benjamín Robles Montoya (coordinador), México, Instituto Belisario Domínguez-Senado de la República, LXII Legislatura / Alianza Mexicana contra el Fracking, 2014, página 46.

10 Maristella Svampa, “Consenso de los comodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina”, osal, Observatorio Social de América Latina, número 32, Buenos Aires, Clacso, 2012, páginas 7-8, disponible en www.biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf [Consulta: 5 de junio de 2017.]

Publicado en MEMORIA 264