EL CAPITAL RUMBO AL MAR

EL CAPITAL RUMBO AL MAR

Sin precedente, el capital avanza hacia lo que podríamos llamar colonización del mundo marino. De forma sorprendente, el gobierno mexicano, en particular la Secretaría de Economía, entregó en 2012 a la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration una concesión minera por 50 años, en el mar de Baja California Sur, cuya extensión original abarcaba el doble de la superficie de la Ciudad de México.

Pero la entrega de una concesión en el mar en México, que realmente se presentaba como un hecho insólito, no era un acontecimiento aislado. En otra parte del mundo, en Papúa Nueva Guinea, el gobierno también había entregado una concesión en el mar territorial a una empresa canadiense, a fin de extraer principalmente cobre y oro.

Pero ambas concesiones mineras, proyectadas en el mar perteneciente a México y Papúa Nueva Guinea, que forman parte de los proyectos de extracción de minerales pensados en los mares y océanos, significan una nimiedad (aclaro que revisten importancia extrema) frente a lo que ocurre en los fondos marinos de alta mar, cuyo espacio ya no pertenece a ninguna nación, y que desde 1970 es considerado patrimonio común de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas.

En 1994, con la creación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (International Seabed Authority, ISA), como parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, inició un proceso de “reparto” de los fondos marinos.

La ISA ha entregado en contrato millones de hectáreas a diversas empresas (muchas aliadas con gobiernos nacionales) en varios de los océanos del mundo, a fin de explorar y explotar los recursos mineros, en una región –repítase– patrimonio común de la humanidad. Uno de estos espacios que de manera impresionante ha sido otorgado en contrato es la zona de Clarión-Cliperton, cuyo país más cercano es México. Se han entregado ahí más de 122.4 millones de hectáreas de los fondos marinos; están involucrados gobiernos y empresas de 18 países.

Cabría preguntarse al respecto si estamos viviendo un “cercado” de los mares y de los bienes comunes. En los hechos, ello implicaría un despojo, legalizado por la ISA, de lo que fue declarado patrimonio común de la humanidad. Pero además, como veremos en los casos de las concesiones entregadas en México y en Papúa Nueva Guinea, diversos hombres y mujeres denuncian haber sufrido violencia. Estas características recuerdan los “cercamientos” de los mares, a fin de establecer las rutas marítimas, que realizó Inglaterra en el siglo xvi, para llevar a cabo el saqueo de oro y plata de las colonias del continente americano. Entonces, ¿estamos ante la acumulación “originaria” de un territorio hasta ahora no colonizado por el capital, los fondos marinos de alta mar, y lo que será la minería del siglo XXI?

1) Minería en el mar de Baja California Sur

En 2012, el gobierno federal entregó mediante la Secretaría de Economía una concesión minera en el mar del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, en la zona económica exclusiva de México (véase el mapa 1) a la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration (cuya filial es Exploraciones Oceánicas S de RL de CV), dedicada a la búsqueda de tesoros marinos a escala mundial. La superficie concesionada inicialmente fue de 268 mil hectáreas,1 casi dos veces la superficie de la Ciudad de México. El título de concesión, que de acuerdo con la Ley Minera –decretada en 1992– le da el derecho de exploración, explotación y beneficio, se entregó por 50 años, sobre un depósito de arenas fosfáticas.

Según el proyecto, denominado “Don Diego” (en honor del primo hermano de Hernán Cortés desaparecido en 1532, durante las exploraciones del Océano Pacífico), “el yacimiento es, de acuerdo con las valuaciones en curso, uno de los mayores y más importantes del continente” (Exploraciones Oceánicas, y otros, 2016).

El objetivo del proyecto es extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas al año, 350 millones de toneladas en las 5 décadas, a fin de utilizarse en fertilizantes. Empero, en la información que proporciona la empresa se apunta que “México consume 2.4 millones de toneladas de roca fosfórica al año, e importa 1 millón de toneladas” (Exploraciones Oceánicas, 2015: 2). Es decir, con sólo este proyecto se estarían produciendo 6 millones de toneladas adicionales de las que el país requiere (pues produce ya 1.4 millones de toneladas al año). Esto implica que si bien el proyecto argumenta que con este yacimiento México podría “alimentar a la población durante los próximos 100 años” (QV Gestión Ambiental, SC, 2015: 9), tal vez alguien más está interesado en llevarse el fosfato.

Como parte de esto, en el proyecto se señala que dado el crecimiento de la población, “proyectada para 2050 en 9 mil millones de humanos, se requerirá 70 por ciento más alimento del que se produce en la actualidad en casi la misma cantidad de tierra” (Exploraciones Oceánicas: 2015: 4). Y junto a esto, se apunta “en el mundo nada crece sin la fertilización adecuada mediante fosfato; eso lo convierte en una arma geopolítica estratégica” (Exploraciones Oceánicas: 2015: 4). Así, esta empresa considera a dicho mineral un arma geopolítica estratégica.

Además, en el contenido del proyecto se indica que el mineral se extraerá mediante un dragado de succión (como si fuera una aspiradora). Al respecto se señala: “Los depósitos del lecho marino son succionados a través de una cabeza de draga, la cual crea un surco de hasta 0.5 metros en el fondo del mar en cada pasada, y son transferidos a la bodega de carga mediante un sistema de bombeo” (Exploraciones Oceánicas, y otros, 2016: 7). Una vez separado el fosfato, los “desechos” son regresados al mar. Cabe indicar que, apunta el documento, “el grosor del yacimiento de arenas fosfáticas varía entre 2 y más de 6 metros de grosor” (Exploraciones Oceánicas, y otros, 2016: 7). Esto implica que puede succionarse hasta a 6 metros de profundidad (la altura de un edificio de casi 3 pisos).

Aunado a esto, de manera sorprendente se afirmaba en la primera manifestación de impacto ambiental (mia), “el dragado y bombeo de material a la barcaza serán un proceso continuo de 24 horas, 7 días a la semana durante 52 semanas al año” (QV Gestión Ambiental, SC, 2015: 24). Esto implica toda la anualidad.

No obstante, la concesión se otorgó sobre una región marina prioritaria. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se estima prioritaria, entre otros motivos, “por su gran diversidad biológica y por el uso de sus recursos” (Arriaga, y otros, 1998). La biodiversidad de la región incluye “moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, tortugas, peces, aves, mamíferos marinos, manglares, plantas, zona migratoria del ganso de collar y mamíferos marinos como ballena gris, jorobada, azul, de aleta y picuda de Baird, lobo marino de California, delfín de costados blancos y tursión; zona de reproducción para la ballena gris y el lobo marino de California” (Arriaga, y otros, 1998). Sin embargo, esto fue obviado por el gobierno mexicano.

Asimismo, no se consideró que la zona reviste gran importancia pesquera. Allí se albergan diversas organizaciones cooperativas dedicadas a la pesca y pescadores no organizados, quienes dependen del mar para sobrevivir. Pero también es una zona de relevancia para los prestadores de servicios turísticos y de ecoturismo.

Algunas cooperativas pesqueras y prestadores de servicios turísticos señalan que el gobierno mexicano entregó la concesión sin consultarlos. En el Manifiesto del Golfo de Ulloa se observa que la zona concesionada a la minera ya lo había sido en 1964 a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale. Ahí expresan: “Este litoral es esencial para la economía local en la costa, y su conservación va de la mano de la protección del medio marino. Cualquier agresión a la naturaleza nos tendrá como primeras víctimas; por tanto, si hay alguien interesado en el ambiente, somos nosotros, que vivimos la naturaleza día a día por nuestros hijos, y como trabajadores pesqueros” (Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, SCL, 2014: 6).

Como parte de la respuesta de Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV, a un proceso organizativo y de denuncia, fue promover acción penal ante la Procuraduría General de la República, que dictó órdenes de aprensión contra un reportero de cierto medio informativo de Baja California Sur y diversos integrantes de la cooperativa pesquera. Así, se les criminalizó por defender su territorio y por dar a conocer que en México se llevaría a cabo un proyecto minero en el mar sin precedente, el cual para pescadores y prestadores de servicios turísticos implicaba un proyecto de muerte.

Como resultado del proceso organizativo, el proyecto fue suspendido, pero no cancelado definitivamente. Y la gran pregunta: ¿qué vendrá en un futuro cercano?

2) Minería en el mar de Papúa Nueva Guinea

Conociendo un poco el caso de México, nos enteramos de que otros gobiernos entregaron permisos para extraer minerales en sus mares. Tal es el caso de Papúa Nueva Guinea, en Oceanía, que en “coincidencia” con nuestro país (y otras varias naciones latinoamericanas) promulgó una Ley de Minería en 1992. El numeral 5 de ésta dispone: “Todos los minerales existentes en o debajo de la superficie de cualquier tierra en Papúa Nueva Guinea, incluidos los contenidos en cualquier agua que se encuentre en cualquier tierra de Papúa Nueva Guinea, son propiedad del Estado”. Inmediatamente, el numeral 5 instituye que “toda la tierra en el Estado, incluyendo toda el agua que se extiende sobre esa tierra, está disponible para exploración y extracción minera y la concesión de instalaciones mineras sobre ella” (Independent State of Papua New Guinea, 1992: 17).

En este marco regulatorio, el gobierno de Papúa Nueva Guinea entregó en 2011 un contrato a la empresa Nautilus Minerals que, de acuerdo con su página web, “es la primera compañía en explorar comercialmente el lecho marino de sistemas de sulfuros masivos, una fuente potencial de cobre de alta ley, oro, zinc y plata” (Nautilus Minerals, 2017). Su proyecto, por un periodo de 25 años y denominado Solwara 1, se desarrolla en aguas territoriales de Papúa Nueva Guinea, a mil 600 metros de profundidad, donde se asegura que la riqueza minera en cobre y oro es inmensa.

El proyecto de Nautilus Minerals incluye varias licencias de exploración en los mares de Bismarck y Salomón. En la información de la mia indican que se han otorgado 51 licencias de exploración, que cubren 107 mil 917 kilómetros cuadrados (10.7 millones de hectáreas) y tienen una solicitud de 37 licencias de exploración (véase el mapa 2), que abarcan 88 mil 906 kilómetros cuadrados (8.8 millones de hectáreas) (Nautilus Minerals Niugini y Coffey Natural Systems, 2008: 7). Su objetivo es extraer entre 1 millón 30 mil y 1 millón 540 mil toneladas, que contendrán principalmente cobre y oro (Nautilus Minerals, 2016: 1).

En cuanto a la forma de extracción de los minerales, en la descripción de la MIA sobre el proyecto se indica que se construirá una SMT (seafloor mining tool: herramienta minera para el lecho marino) capaz de trabajar en profundidades de 2 mil 500 metros. De manera específica, se señala que las “SMT se ‘moverá’ a lo largo del lecho y extraerá el mineral de las áreas objetivo específicas con un cabeza de corte y boca de succión asociada. El mineral se desagregará al tamaño requerido para transferirse a la superficie. La SMT será controlada a distancia desde la superficie y asistida en sus actividades de minería de precisión por dos vehículos operados a distancia… El mineral será bombeado a la superficie a través de un tubería vertical unida a la SMT… bombeará agua y mineral… En un buque de apoyo será desecado el mineral… El agua separada durante la deshidratación será bombeada al lecho” (Nautilus Minerals Niugini y Coffey Natural Systems, 2008: 12). En los hechos, se desmembrará y romperá la capa superior del fondo marino para bombearlo a la superficie.

Y de manera sorprendente, se indica que “tras eliminar el sedimento no consolidado, el depósito se extraerá en un método similar al dragado costa afuera de minería a cielo abierto o terrestre a cielo abierto” (Nautilus Minerals Niugini y Coffey Natural Systems, 2008: 9). Se apunta que antes de la extracción serán eliminadas 130 mil toneladas de sedimento superficial no consolidado. Además, se apunta que habrá unas 115 mil toneladas de roca de desecho.

Esta minera requerirá sólo 130 trabajadores durante la fase 1. Ello muestra que los niveles de tecnificación son tales que se necesita cada vez menos fuerza de trabajo para ese tipo de minería.

La minería marina está por comenzar. Dicha empresa “planea aumentar sus tenencias en las zonas económicas exclusivas y aguas territoriales de Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Tonga, Islas Salomón, Vanuatu y Nueva Zelanda, así como en otras áreas fuera del Pacífico occidental” (Nautilus Minerals, 2017).

Como en México, hay rechazo, pues para la población de ese país de Oceanía, el mar representa la vida. The la Mas Kagin Tapani Association, dedicada a proteger a los lugareños y el mar y que se ha planteado “esforzarse por restaurar y proteger la salud y seguridad de los recursos marinos y sus pueblos indígenas como su voz en los mares de Bismarck-Salomón” (The la Mas Kagin Tapani Association Inc., 2011), enuncia que “los recursos marinos locales son parte muy importante de las comunidades costeras en Papúa Nueva Guinea y el Pacífico. Los recursos marinos contribuyen al sustento de la población local a través de la comida, la medicina, la vestimenta, la espiritualidad y también los ingresos” (The la Mas Kagin Tapani Association Inc., 2016). Aunado a esto, denuncia que Solwara 1 es una amenaza para el patrimonio tradicional y su identidad. De manera específica, los integrantes de la asociación Wenceslaus Magun expresa que uno de los grandes cuestionamientos es por qué las empresas seleccionan otros territorios para la extracción minera marina y no los suyos. Es decir, aclara, “¿por qué no practican esta minería en sus mares?” (Magun, 2017).

Otras organizaciones, como Deep Sea Mining Campaign, han estado denunciando el posible efecto de la minería en el mar. Junto a ello, ésta argumenta que Nautilus pretende llevar a cabo un experimento. Empero, indica, ha surgido una oposición intensa. Esto ha llevado a celebrar foros masivos, donde se ha expresado:

El mar de Bismarck no es un laboratorio para que el mundo experimente con la minería de los fondos marinos. ¡Nuestro océano es nuestra vida! Obtenemos todos nuestros elementos básicos del océano; así que tenemos que protegerlo. No permitiremos la extracción experimental de fondos marinos en Papúa Nueva Guinea. Debe ser detenido y prohibido para siempre (Patric Kitaun, 2017).

Y de manera enfática, dicen a la empresa:

Nautilus, ¡no somos conejillos de Indias para tu experimento de minería! Nosotros, en el Pacífico, somos custodios del océano más grande del mundo. Estos océanos son importantes para nosotros como fuentes de alimentos y medios de vida. Son vitales para nuestra cultura y propia identidad… ¡Defenderemos nuestros derechos! (Jonathan Mesulam, 2017).

Pese a la resistencia y el proceso organizativo, persiste la posibilidad de que la empresa siga con el permiso de explorar y extraer minerales; y ante eso, la amenaza no se ha pospuesto como en México.

3) Minería en altar mar

Como lo indicaba en los párrafos iniciales, los casos de México y Papúa Nueva Guinea, de minería marina “experimental” en territorios todavía nacionales, son una pequeña expresión (no obstante, revisten gran importancia y complejidad) frente a lo que ocurre en el mar que ya no pertenece a alguna de las naciones, nombrado “alta mar”, y en particular en los fondos marinos y oceánicos.

De acuerdo con el artículo 86 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), la “Constitución de los océanos” (aprobada en 1982 y en vigor desde 1994), alta mar son “todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado archipelágico” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1982: 60). El artículo 1 establece que “los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1982: 23) se nombran la “zona”. Como parte de sus recursos, se indica que éstos son “todos los recursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos in situ en la zona, situados en los fondos marinos o en su subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos”. En estos últimos se encuentra la mayor parte de la riqueza minera que hoy toma relevancia (como el caso de Solwara 1).

De manera importante, el artículo 136 prevé que “la zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1982: 77). Sin embargo, el 137 instituye que “todos los derechos sobre los recursos de la zona pertenecen a toda la humanidad, en cuyo nombre actuará la Autoridad [Autoridad de los Fondos Marinos]. Estos recursos son inalienables. No obstante, los minerales extraídos de la zona sólo podrán enajenarse con arreglo a esta parte y a las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1982: 77). Es decir, pese a que los recursos mineros de los fondos marinos son considerados patrimonio común de la humanidad e inalienables, pueden enajenarse previo arreglo con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISA.

La ISA fue creada como parte de la Convemar, a fin de controlar las actividades y la administración de los recursos de los fondos marinos. Pero también estará encargada de fomentar la realización de prospección en los fondos marinos, así como del “sistema de exploración y explotación”. Sobre el tema, el artículo 153 dispone que “las actividades en la zona serán organizadas, realizadas y controladas por la Autoridad en nombre de toda la humanidad” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1982: 86).

Ante este escenario legal, gobiernos y grandes empresas transnacionales se han propuesto “avanzar” hacia el fondo marino de alta mar, en busca de la riqueza inmensa que, desde 1970, se sabe que hay.

Arvid Pardo, uno de los representantes permanentes de Naciones Unidas (quien propuso originalmente declarar patrimonio común de la humidad los minerales de los fondos marinos de alta mar), refería: “Los cálculos más moderados indican que en los yacimientos de los fondos marinos se encuentran reservas de manganeso para 4 mil años, 6 mil de cobre, 150 cincuenta mil de níquel y 200 mil de cobalto, de acuerdo con la tasa mundial de consumo de 1960” (Pardo, 1967: 194).

Estudios más recientes indican que en los fondos marinos

los porcentajes de concentración de elementos valiosos como oro, plata, níquel, cobalto, platino o tierras raras son en algunos casos muy altos, entre dos y tres veces superiores a la concentración encontrada en explotaciones mineras en tierra firme… suponen 96 por ciento del cobalto, 84 del níquel, 79 del manganeso y 35 del cobre del total de las reservas estimadas en el planeta (R. Sarudiansky, 2012: 3-4).

Frene a esto, la ISA inició en 2001 una entrega de contratos en diferentes zonas de alta mar.

La mayoría de ellos, entregados para entre 15 y 20 años, se encuentran en una de las regiones identificadas con mayor riqueza minera en los fondos marinos, Clarión-Cliperton, cuya costa más cercana, decíamos, es la mexicana.

Sobre su riqueza, en el Taller de divulgación de las oportunidades para México en la minería de los fondos marinos internacionales y en exploración del océano profundo, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, indicó que la zona Clarión-Cliperton, que abarca desde México hasta Hawái, cuenta con depósitos marinos para abastecer la demanda creciente a futuro, pues “tiente reservas potenciales estimadas de más de 27 mil millones de toneladas métricas de nódulos de manganeso, que contendrían 7 mil millones de toneladas del material, 340 millones de toneladas de níquel, 240 millones de toneladas de cobre y 78 millones de toneladas de cobalto” (I. Guajardo, 2013).

La ISA ha entregado a diferentes empresas y gobiernos, involucrando a más de 18 países distintos (véase el mapa 3), 1 millón 223 mil 502 kilómetros cuadrados en Clarión-Cliperton, equivalentes a más de 122.4 millones de hectáreas (véase el cuadro 1). Allí, el recurso de interés son los nódulos polimetálicos (con una docena o más de minerales).

Con esa región, hay otras de interés comercial. Entre ellas, las zonas de fractura del océano Índico, dorsal del Atlántico medio, océanos Pacífico y Atlántico Sur.

Entre éstas resaltan los contratos en el océano Índico, pues sólo dos contratistas concentran más de 51.8 millones de hectáreas (véase el cuadro 2).

En los hechos, ello estaría indicando que los mares no pertenecientes a alguna nación y el patrimonio común de la humanidad están siendo repartidos. La pregunta sigue abierta: ¿estamos ante un cercado de los bienes comunes?

La historia apenas comienza, y no deja de asombrar cómo avanza el capital: coloniza y subsume todos los espacios del planeta. Hoy, los fondos marinos –podría haberse pensado como una película de ciencia ficción– se incorporan y subordinan a la lógica de acumulación de capital. La pregunta de siempre: ¿hasta cuándo seguiremos pagando tributo?


* Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

1 Aunque después el área se modificó, pasando de 268 mil 239 hectáreas a 91 mil 267 hectáreas.

Fuentes de consulta

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Publicado en MEMORIA 264