REPÚBLICA CUARTEADA

Ese impulso instintivo, a nivel de piel, ese desorden que se fue acoplando y de manera natural funcionó como una máquina de brazos, piernas y corazones humanos se olvidó de diferencias sociales, colores de piel y grados académicos. Ese inconsciente colectivo a nivel de especie fue simplemente perfecto y nos conectó por unos días con la tierra.
Elisa Drago

El problema

Por un instante, los segundos que duró el sismo abrieron una posibilidad en el tiempo histórico, “y hablo aquí del tiempo fuerte, cambiante y transgresor, y no del débil, repetitivo y rutinario”:1 que el tajo sísmico abriera grietas en la recia armadura oligárquica de la república a fin de hacer posible una mayor presencia de los intereses sociales y ciudadanos. Los cientos y miles en las calles de ciudades y los pueblos que rehicieron el tejido de colaboraciones y confianza horizontal parecían anunciar esa buena nueva. A partir de ello se desató una dinámica que intentó contener y rehacer el orden previo, pero también tensiones y brechas preexistentes se acentuaron y salieron a luz plena.

En este escrito se reflexiona en torno a ese problema. Intuye que asistimos al develamiento de un escenario complejo: el asomo de una potencia social subyacente y el despliegue de recursos hegemónicos, de coerción y dirección cultural, que impusieron el orden previo y donde quedaron intactas las fracturas que recorren la república.

El lugar y sus grandes fallas

El centro-sur mexicano está cruzado por dos grandes fallas, una geológica y expuesta a huracanes, y otra creada por el orden social dominante. La primera es de origen natural, se asienta sobre cinco placas que en sus acomodos y fricciones la someten hasta a 40 sismos diarios. La otra, que la agrava, es construida, imaginaria, fruto de las relaciones de poder. Tan asimétricas que en un polo prosperan los hombres Forbes multimillonarios y en el otro la pobreza masiva de la población, tan plural que anuda las urbes triunfadoras de la globalidad (la Ciudad de México, Puebla) con miles de pueblos, al individualismo extremo con costumbres comunitarias. Y sobre todo a las políticas que concentran poder y riqueza y, a la vez, hacen vulnerables a las mayorías. “Aquí ya nos pegaron antes otros terremotos: los de las políticas de los gobiernos”, decía una persona afectada en el ejido La Conquista, de Pijijiapan.2

En efecto, el centro-sur es vulnerable por esas dos grandes fallas. Dos masas de fuerza que destejen patrimonios y horizontes de individuos, familias y comunidades, para reproducir sin desmayo su gran vulnerabilidad.

El desastre natural liberó, en franca paradoja, el magma de la energía plural y ciudadana. El 7 de septiembre, un temblor de 8.2 grados en la escala de Richter impactó la región del Istmo y la costa de Chiapas, como efecto de los movimientos de dos grandes placas: la del Norte y la de Cocos. El 19 de septiembre, el reacomodo en otra placa provocó el sismo de 7.1 que se expandió por el centro-sur.3

En ambos casos, las sociedades rurales y urbanas vieron afectadas vida y patrimonios, y miles que sobrevivieron indemnes salieron de la seguridad de sus casas y se volcaron hacia la ayuda para desenterrar al vecino. Rescataron gente en los edificios derrumbados, resguardaron santos y objetos de culto en templos con torres y bóvedas destruidas, y llevaron agua, alimentos, mantas a los centros de acopio. El movimiento telúrico arrojó un ánimo civil y solidario que alumbró ciudades y pueblos, zonas de clase media alta y poblaciones precarias.

Dos años y dos pueblos

Valga una mínima aclaración sobre esa palabra polisémica, pueblo, y su sentido en los procesos históricos, donde en ocasiones lo opuesto se amalgama. Nos permite un hilo conductor para orientarse en situaciones históricas donde la condición de representación (el pueblo abstracto como fundamento lógico de la representación soberana) se desplaza hacia una efervescencia de mutaciones. Gente común y aislada que converge y actúa como nunca había experimentado al impulso de un acontecimiento inesperado. La ocupación de espacios públicos por formas asociativas modernas y antiguas. Convergencias de coaliciones de actores movilizados por una causa y que se reclaman “pueblo soberano”. Emociones y razones que abren un tiempo de debate sobre los asuntos públicos. Lo esencial es que esas configuraciones repentinas y plurales pueden modificar las relaciones de fuerza en el Estado y cristalizar conquistas en su entramado de representación y leyes que es la república, influyendo en sus decisiones.

El uso aquí de la noción de pueblo intenta centrarse en estos momentos de mutación, donde lo social irrumpe en el orden político, a veces con tal fuerza instituyente (la revolución social mexicana) que reformula el pacto político previo; o bien, abre tiempos de debate y reforma de la cosa pública. Con esa mirada importa contrastar dos momentos de tragedia e irrupción social en la historia reciente mexicana.

1985

El primer 19 de septiembre, el de 1985, dio luz a una densidad social organizativa donde tuvieron que convivir no sin dificultades las organizaciones combativas del movimiento popular urbano surgidas desde la década de 1970 y las asociaciones de damnificados que brotaron como hongos. Un momento de cruce entre mentalidades de barrios populares como la Morelos o de clases medias en la Roma; con los imaginarios de las organizaciones populares radicales y el naciente sentido de “sociedad civil” que acopia poder propio e incide en la acción de gobierno como ciudadano. Al mes se habían coagulado no sin fricciones en la Coordinadora Única de Damnificados. Había además un segundo factor de peso, una cultura en ocasiones enraizada en estos actores colectivos o dispuesta a asociarse de inmediato, ya sea como conocimiento técnico alternativo, difusión masiva a través del periodismo, o como resignificación simbólica donde Carlos Monsiváis fechó el nacimiento en México de la sociedad civil entendida como poder del ciudadano. Un tercer factor fue que, ante la fuerza social activada, un gobierno paralizado tuvo que ceder y aprovechar a personajes y áreas dispuestas a construir una gobernabilidad mediante la concertación y el acuerdo con entes colectivos. Se hizo posible entonces una de las incursiones sociales más relevantes en el espacio de lo público, de efecto en recursos presupuestarios y políticas urbanas, que luchó y conquistó influencia en los criterios para diseñar desde la vivienda concreta hasta su proyección hacia zonas habitacionales y diseños urbanos.

La reconstrucción de ese momento, entre intentos clientelares del Partido Revolucionario Institucional por sacar raja de esa circunstancia, no tuvo más que aceptar a la Coordinadora Única de Damnificados como su interlocutor central y a una miríada de organizaciones a escala de calle, barrio o colonia. El pueblo actuaba en la política Se aceptaron diseños urbanos alternativos y se hicieron posibles mediante expropiaciones de predios y el financiamiento con recursos públicos. Mas 1985 no quedó ahí: activó un ciclo donde el sujeto híbrido fue cobrando fuerza en las coyunturas calientes de 1988 con la primera y muy competida elección presidencial, el 1994 zapatista y el primer gobierno de izquierda de la Ciudad de México en 1997.4

2017

Los sismos de septiembre de 2017 cimbraron el orden cotidiano, mostraron a la vez la potencia asociativa y de cooperación de muy diversos segmentos de la sociedad y la dificultad de coagular actores sociales y políticos novedosos y consistentes. Es un potencial vigente pese a intensas transformaciones culturales que van en sentido contrario, y que oscilan entre la individualización donde cada quien se hace cargo sólo de sí mismo y el debilitamiento de una variedad extensa de formas asociativas. Pese a ello, la calidad de la movilización social tanto en la Ciudad de México como en otras pequeñas y pueblos rurales fue sensacional. Esa potencia social se expresó primero en el rescate de atrapados, luego en la pugna por defender la acción civil ante la presencia de marinos y policías que intentaban desplazarla, siguió con las decisiones técnicas para calibrar la magnitud de los daños, las urgencias oficiales por demoler, la realización de los censos de damnificados y las medidas por implantar para que tuviesen recursos, hasta las tensiones por las propuestas oficiales de reconstrucción.

Se activaron viejos y nuevos resortes que dispararon y cohesionaron la acción colectiva. El cura de la parroquia, los boy scouts urbanos, las organizaciones civiles enraizadas en causas sociales como el Centro Operacional de la Vivienda y Poblamiento, las mayordomías de los pueblos, las asociaciones vecinales, las universidades, y muchos más. Los flujos de apoyos revelaron una solidaridad interclasista donde convivieron empresarios,  universitarios, activistas sociales y pobladores. En mínimo acercamiento a diversas experiencias que deberían convocar a su recuperación, análisis y potenciación van los siguientes fragmentos.

La Universidad Nacional Autónoma de México vivió una experiencia de convocatoria al apoyo ante el desastre que superó todas las expectativas, y se llegó a vivir el caos de la abundancia. Desde la Facultad de Arquitectura se dijo: “El contagio de querer hacer mucho, en poco tiempo, sin herramientas ni conocimiento, se tradujo en pequeños campos de batalla de tomas de decisiones y luchas personales que por momentos rallaron entre lo trágico, lo cómico y lo absurdo”.5 En esas circunstancias críticas,

“El Laboratorio de Vivienda tomó las riendas y marcó las directrices que definieron el programa de apoyo y brigadas de valoración de primer contacto de la facultad. Se fueron puliendo y perfeccionando en el lapso de pocas horas. Para cuando salió el segundo gran grupo de alumnos y profesores, la maquinaria ya se había echado a andar. Las miles de solicitudes que llegaron lo hicieron por diversas vías, la mayoría por internet, pero un número importante por teléfono, correo electrónico y algunos casos, desesperados, de manera personal. El modelo fue copiado y aplicado después por otras iniciativas, privadas y colegiadas para atender los miles de casos (…)6

“En la costa de Chiapas, la pérdida del patrimonio material es también la de una historia de esfuerzos humanos materializados en una casa y en los bienes que resguarda. Necesitamos reconstruir el ánimo, la alegría, la seguridad y la esperanza”, es el llamado de la brigadas psicosociales del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que convocan a terapeutas, psicólogos y artistas populares del clown, teatro, música, cine. Esas brigadas y otras iniciativas lúdicas, como la creación de bibliotecas infantiles y centros de memoria comunitaria, son algunas de las estrategias que se están promoviendo y concretando en la costa de Chiapas y otros municipios afectados.7

En el corredor de clases medias afectadas de la Roma-Condesa, en la Ciudad de México, surgieron iniciativas civiles que organizaron información y apoyos. El Centro Cultural Horizontal convocó a más de un centenar de desarrolladores, diseñadores, economistas, matemáticos, internacionalistas, antropólogos y psicólogos, quienes crearon la plataforma #Verificado19S, que comprueba y organiza información para hacer más eficiente la respuesta ciudadana. Uno de los testimonios desde esa experiencia vivida dice:

Para reducir las triangulaciones entre quienes enviaban, los que recibían y los transportistas, creamos la regla de los siete indispensables de información: origen y destino, evidencia de lo que se envía y las cantidades, nombre y teléfono de la persona y el tipo de vehículo y horarios requeridos debían ser enviados en un solo mensaje de whatsapp sin excepciones. Las llamadas sonaban por doquier, se creaban cientos de grupos de whatsapp, al cual los actores de la transacción tenían que enviar evidencia durante toda la transacción.

En tres días, los millenials habían logrado que Liverpool, Bimbo y Trapoist nos donaran servicios de envíos; enviamos alrededor de 60 toneladas de cargo a lugares en Morelos y Puebla y nos pusimos en contacto con las redes de la aplicación de Zello de los ciclistas y motociclistas de la Ciudad de México. Una noche, uno de los líderes de #Verificado19s pedía desesperadamente que alguien consiguiera discos de 14 pulgadas para motocortadora de concreto. Diez minutos después una chica los tenía, y verificamos el envío de inmediato. Una hora después habían rescatado a alguien de entre los escombros en alguno de los 40 edificios que se fueron cayendo al pasar los días. Ese día se aplaudió muy fuerte”.8

En el pueblo náhuatl de Hueyapan, trepado en la falda del Popo, 90 por ciento de las casas de sus casi 6 mil 500 habitantes fue derrumbado, con el palacio municipal y la iglesia. La asamblea popular activó la guardia comunitaria, que organizó al pueblo y las ayudas de los brigadistas que empezaron a llegar.9

Y en los linderos entre Morelos y Puebla, en una microrregión con fuerte memoria del zapatismo y cerca de Ayoxuxtla, el lugar de la Mixteca poblana donde Emiliano Zapata firmó el Plan de Ayala, surgió el testimonio de Indira Pérez, joven pobladora de Contla, comunidad de 140 habitantes:

El pueblo ya tiene lo principal, sus prioridades. Primero, que esa reconstrucción conserve la belleza del lugar y sus tradiciones de habitar. Luego, que se levanten casas seguras, no vulnerables a la condición sísmica del terruño. (…) interesa probar con técnicas y los materiales alternativos de construcción, tal vez las pacas de avena y arroz que luego se recubren de lodo o adobe. O las mezclas de tierra, cal y un poco de cemento que se vierten en bolsas o costales y se cohesionan con alambre de púas. O el uso de placas de microconcreto, ligero y térmico.

Quieren también que haya un orden en las entregas, pues luego resulta que se concentran sólo en algunas personas los beneficios, y no por mala voluntad sino por falta de información y organización. También que se dé prioridad a las mujeres solas, a los adultos mayores y a las familias con niños. Quieren tener certidumbre sobre la naturaleza de los suelos y de las peñas que rodean al pueblo. (…) En esta fase de la reconstrucción, el pueblo pide a las universidades que lo apoyen con el conocimiento especializado en técnicas y materiales alternativos de construcción. Es la hora de geólogos, topógrafos, ingenieros y arquitectos, especialistas en energías solares, en cuidados ambientales. El orden interno que procuran tiene que organizar las ayudas de universidades, de los pueblos vecinos, de gobiernos y de empresas, no al revés, como está ocurriendo mayoritariamente en el centro-sur del país. Ese orden interno les dice que van a reconstruir su pueblo en respeto de su antigua belleza.10

En ese abanico tan dispar y abarcador, entre popular y ciudadano, urbano y rural, interclasista, intergeneracional, con presencia masiva de los jóvenes, surgió esa fuerza civil plural y diversa que rescató y puso en pie la vida cuarteada en las primeras horas y días de la catástrofe. Sin embargo, estas potencias de energía social, de saberes, lenguajes y capacidades cooperativas diversas vivieron una paradoja: su sobreabundancia y el adelgazamiento de las redes sociales, culturales y políticas preexistentes que le permitieran coagular como en 1985. Tampoco tuvo el espacio abierto por el pasmo gubernamental de entonces. Y es probable que, con sus muy importantes excepciones, la cultura comprometida con las causas sociales, la organización política y la reflexión alternativa se desplazara masivamente desde el cuerpo social hasta guetos culturales, nichos de periodismo convencional; o bien, al terreno de la política institucional. No pudo surgir un cauce de convergencias que permitiese alterar las relaciones de poder asimétricas como en 1985 con la fundación de la Coordinadora Única de Damnificados. Sin esa palanca sustantiva, las mutaciones hacia la emergencia de un “pueblo organizado” se cancelaron, aunque se expresaron muchas experiencias diversas. Y en el terreno simbólico faltó el mito que impulsara asociaciones crecientes.

Limpiar el escenario

Las muchas experiencias no tardaron en demostrar que los espacios del desastre y sus tejidos vinculantes de solidaridad era también el territorio del despliegue de varias técnicas gubernamentales con un propósito central: no compartir con algún actor social emergente las secuelas ineludibles de decisiones que sembró el sismo, desde los rescates hasta la reconstrucción. Se creó así en las zonas golpeadas por el temblor una atmósfera cargada de tensión, conflicto y desplazamientos.

A las 3:02 horas del miércoles 20 de septiembre de 2017, la brigada de los topos denunció mediante un mensaje enviado por whatsapp: “[Hay] 45 puntos de la Ciudad de México donde está atrapada la gente. El Ejército y la policía no dejan que la gente ayude, que los miles de personas cooperen donde están las personas atrapadas, ni siquiera para hacer cadenas humanas para acarrear escombros”.

El gobierno federal activó casi al mismo tiempo dos dispositivos, uno militar y técnico en los ámbitos más visibles y disputados del terreno devastado; el otro de decisiones presupuestales y del objetivo por conseguir en el centro-sur. Respecto al primero, la presencia gubernamental más inmediata no fue con expertos rescatistas sino con la Marina, el Ejército y la policía, en una operación urgente para desalojar las redes sociales ya presentes. Fue una técnica militarizada para ocupar el espacio y desarticular las nacientes redes de solidaridad civil.

En un segundo momento se emplazó el control técnico y de comunicación social, esencial este último para frenar el crecimiento de una comunicación libre por redes sociales. La comunicación social oficial y de los grandes medios masivos recurrió, como es habitual, a crear “burbujas informativas” que capturaron la atención y pretendieron, con pésimos resultados, magnificar la presencia de marinos y políticos percudidos, como fue el caso lamentable de la escuela Rébsamen. Dio preferencia y relegó ámbitos de desastre, más sobre lo urbano y menos lo rural, más enfoque a los corredores urbanos y de clases medias y menos a las zonas de pobreza en Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa.

Por su lado, es muy probable que el control técnico gubernamental intentara en lo inmediato regular la amplificación de conflictos contra los dueños e inmobiliarias ante posibles fraudes cometidos con materiales empleados en la construcción o actos de corrupción para evadir las reglamentaciones vigentes.

Pero sorprenden dos hechos con relación a este sismo: el primero, la fuerte incidencia en las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, que en otros sismos no habían sido seriamente afectadas y donde en los últimos años se ha dado fuerte actividad inmobiliaria; y el segundo, que los edificios afectados sean relativamente nuevos y no de gran altura.11

Sin embargo, su objetivo principal consistía en preparar una secuencia decisiva de decisiones en esos focos visibles del daño: proceder a las demoliciones, hacer los dictámenes técnicos sobe lo que quedaba en pie y cuantificar las afectaciones, realizar los censos de damnificados y asignarles folios para entrar en paquetes de apoyos. Todo ello ocurría de manera caótica por la desorganización reinante en las agencias gubernamentales y las resistencias sociales. Se concentró en áreas densamente pobladas y dejó al garete a muchas comunidades periféricas. Ahí se jugaba la posibilidad de manejar el tamaño de lo dañado, controlar de manera unilateral el diseño de la nueva vivienda, reducir o ignorar la renovación del trazo urbano y sus infraestructuras de servicios. En las áreas rurales también se resolvía de manera muy precaria, en el mejor de los casos, la reconstrucción de las infraestructuras productivas, de comunicación y de abasto. Y se culminaba con los mecanismos de asignación de recursos a la población afectada. Fue la apariencia de una respuesta rápida.

Al paso de los días, ese monopolio autoritario dio sus frutos: se impusieron coberturas preferentes para los asentamientos dañados pero atractivos en lógica de mercado o clientelas políticas. Fue promovida la individualización extrema de la atención que disolvió todo horizonte de gestión propicio a las redes sociales, a menos que se adaptaran a la lógica del mercado. Se consolidó un mecanismo de mercado donde se asignaban entre 15 mil pesos para daños superficiales y hasta 120 mil para demolición y casa nueva y que les serían entregados mediante una tarjeta. Se creó un registro de constructoras y casas de materiales que a cambio del folio del damnificado, suministraban el servicio íntegro o sólo materiales. ¿Cuál era la novedad? Que la experiencia de reconstrucción pública, solidaria y con fuerte participación social de 1985 quedaba sepultada.

En su lugar se consolidó el modelo mercantil de la vivienda, vigente desde hace años tanto para los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o del Mexicano del Seguro Social, como de las clases medias asalariadas del sector privado en manos de bancos y constructoras privadas. Ahora, el damnificado tenía como máximo derecho contratar una deuda.

Desde el gobierno se promovió la expansión mercantil con gente urgida de otro trato, en clave de bien común y solidario. Se rehízo lo público y lo convirtió en otro momento de estímulo de la cultura mercantil vigente. Pero ¿era una novedad? Sólo para la atención de desastres, pues la mercantilización de la vivienda y de una amplia gama de servicios y derechos públicos está muy avanzada en México y el mundo. El instante del desastre sólo la estimula.

En Irak, Sri Lanka y Nueva Orleans, los procesos engañosamente llamados de reconstrucción se limitaron a terminar la labor del desastre original, echando abajo los restos de las obras, las comunidades y los edificios públicos que aún quedaban en pie para luego reemplazarlos rápidamente con una especie de Nueva Jerusalén empresarial.12

La otra cara de las decisiones para reconstruir ocurría de manera plena en el espacio político republicano. Se trataba de definir la cuantía de los recursos por destinar y su objetivo final; es decir, el alcance de esta reconstrucción. Al paso del tiempo se fue mostrando un Ejecutivo federal que de manera autónoma y vertical decidió una “reconstrucción” mínima que repusiera lo dañado sólo a la mínima escala, según su diagnóstico y cura, sin propuestas para modificar la alta vulnerabilidad de las poblaciones del centro-sur y de las infraestructuras de servicios y de producción. Como ha ocurrido en el ciclo del “capitalismo del desastre”, desde las crisis del decenio de 1970, la urgencia justificaba acciones ejecutivas no debatidas social ni políticamente y que cambiaban las formas del convivir.

En ese formato ya conocido de autoritarismo de los Ejecutivos, la reconstrucción se blindaba. No se debía presionar el equilibrio presupuestal, recurrir a la deuda pública ni generar presiones para el incremento de los ingresos vía impuestos para el año siguiente. No debía modificarse el modelo de gestión macroeconómica que valida la desigualdad creciente. No había resquicios para la colaboración con la sociedad sino instrumentos verticales para atenderla como damnificado-consumidor o cliente político, sin debates parlamentarios que cuestionaran su superficialidad ni posicionamiento de los partidos políticos atrapados por la designación de candidatos a las elecciones presidenciales de 2018. La reconstrucción no tomaba en cuenta las dos grandes fallas que recorren el centro-sur y, por tanto, mantenían su vulnerabilidad como objetivo no dicho.

Con focos importantes de resistencia y crítica cultural, pero impotentes ante el control monopólico y mediático, la agenda pública nacional no recuperó la crítica social y cultural que permitiera debatir el objetivo, los recursos, los medios técnicos y financieros para la reconstrucción en el espacio político republicano. Surgió así una reconstrucción unilateral, no pactada social ni políticamente. A la falla que escinde el centro-sur se agregó la falla en el orden republicano.

De ese modo, la potencia social asomada en el segundo 19 de septiembre se encontró con un cambio de terreno en la política. El poder aprendió de su pasmo en 1985. Tiene ya un camino muy recorrido para promover mercados en toda necesidad social aprovechando los quebrantos del orden cotidiano y ejerciendo un poder autoritario. En la primera semana posterior al sismo vimos la limpieza de esa escena a fin de desplazar a todo actor o coalición que desafiara el control de la agenda pública. A la semana ya se habían colocado sólo dos sillas en su centro: una para el Ejecutivo autoritario, ¿y la otra?

La segunda silla

El sismo provocó reacciones de opinión pública y de emociones colectivas que acentuó la representación colectiva sobre los dos grandes motores del México desigual, los gobernantes y sus socios cada vez más dominantes, los grandes conglomerados y las organizaciones cupulares empresariales.

En los primeros días posteriores al sismo, las redes sociales se fortalecieron como comunicación alternativa para orientar la acción ciudadana, pero también expresaron su hartazgo hacia la casta política gobernante. Con fotos o videos se mostró que cualquier político asomado a la calle de inmediato fue repudiado. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario federal de gobierno, no pudo ni acercarse a unas fábricas siniestradas en la colonia Obrera, pues los ciudadanos que laboraban en el rescate lo abuchearon y obligaron a tomar las de Villadiego. Y lo mismo ocurrió con los ex presidentes panistas, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, que dejaron de tuitear sus “ideas” ante la reacción irónica de las audiencias digitales. Prosperó el hashtag #PartidosDenSuDinero para la reconstrucción, se criticaron los altos sueldos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y en videos se mostró el uso clientelar de donaciones. Todo ello desató una ola de ira y desconfianza hacia los tres niveles de gobierno. La opinión pública regulada por la media colocó la corrupción de los políticos como el principal asunto por atender a la hora de la reconstrucción. Pero no ocurrió así con la otra parte del tándem.

Al día siguiente del sismo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Kuribreña, aceptó la propuesta formulada por los Consejos Mexicano de Negocios, y Coordinador Empresarial (CCE) para crear un fideicomiso con donaciones privadas destinadas a la reconstrucción. Se llamaría “Fideicomiso Fuerza México”, cuya irrupción apenas ocurrido el sismo hizo visible el gran actor social, político y cultural del presente escenario mexicano. Subrayo varios aspectos en el despliegue de su iniciativa.

Fuerza México se hizo pública en febrero de este año para afrontar la amenaza del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, que apuntaba al sostén del modelo económico exportador mexicano, el Tratado de Libre Comercio (tlc). Fue planteada como una iniciativa de difusión de los productos mexicanos y de cabildeo de mercados alternativos, intentando un símil con el añejo nacionalismo del presidente Miguel Alemán Valdés, donde nación era sinónimo de una gran fábrica productiva y su población trabajadora.13

En respuesta del american first de Trump, los grandes conglomerados del país asociados a multinacionales o con monopolios propios llamaron a la defensa de su imaginario nacional. Se propusieron asimilar al código de sus valores competitivos y de ganancia a la compleja, plural y contradictoria masa de imaginarios nacionalistas. “México Unido”, “Estoy con México” y otros eslóganes publicitarios parecidos se diseminaron en la media con imágenes de empleados en oficinas, campesinos en labores agrícolas, jóvenes estudiantes que se levantaban confiados y comprometidos con un México productivo y exportador.

El portal del Fideicomiso Fuerza México ya como fideicomiso para la reconstrucción se centra en dos imágenes: las jóvenes brigadistas y el marino que rescata a una niña,14 en un país imaginario con grandes patrones benefactores que proponen la unidad nacional ante la desgracia. Con una mínima inversión de capital, combinada con las aportaciones ciudadanas, se alistaron para cosechar a su favor las emociones colectivas despertadas por el sismo. Sus propuestas de fideicomisos, cobijadas por la hacienda federal, hacían ostensible el contraste con el gobierno al menos en el discurso, pues falta que lo prueben con hechos. Eficiencia en lugar de tortuguismo. Articulación con especialistas. Acciones tangibles sobre sus objetivos por atender: áreas poblacionales diversas y el patrimonio cultural inscrito en circuitos turísticos rentables. Consejos o comités plurales que vigilan. Información en tiempo real. Auditores. Su iniciativa logró fuerte cobertura mediática, cierta credibilidad y autoridad en un momento cuando se intensificó la crítica a la clase política.

En esas circunstancias, una variedad de personajes y organismos coincidieron –con sus matices– en ver y diagnosticar el desastre con anteojos peculiares. En medios tan disímiles como El País y Proceso, Enrique Krauze abrió fuego sobre el papel de la sociedad en días críticos. El problema por resolver consiste en el manejo de los recursos para la reconstrucción, evitar las manos sucias de la corrupción e ineficiencia de los políticos, y honrar la nueva era que abre la intensa solidaridad social vuelta a demostrar en el sismo. Se requiere una comisión ciudadana de reconstrucción. “Esta comisión debe tener una participación ciudadana mayoritaria. Bastará que se animen una decena de empresarios, intelectuales, académicos, periodistas, religiosos. Nombres sobran”.15 Dados los valores entendidos, no hay políticos.

En una entrevista posterior a la pregunta de cómo deben actuar los miles de jóvenes que revitalizaron la solidaridad social, afirmó: “Como auditores de la política. Hay muchas cosas que los jóvenes (estos magos de la comunicación digital) pueden hacer. Y ya no hay vuelta de hoja: tienen que encontrar formas de organización perdurable y activa”.16

También recomendó, en otra de “sus consignas”, que los empresarios adoptaran pueblos y comunidades para reconstruirlas. Krauze avanzó de inmediato en la lucha por moldear símbolos y dar sentido a la gesta social recién vivida. Con pocas y contundentes frases daba sepultura al sentido simbólico de 1985 y rehacía el aún palpitante de 2017.

En lugar de su configuración como pueblo que se constituye y actúa en las decisiones públicas que le atañen, ahora procedía su reducción a “auditores”. En lugar de múltiples negociaciones con poblaciones organizadas, una comisión de notables que garantiza las manos limpias y valida la verticalidad autoritaria del Ejecutivo. En una espesa historia de relaciones peligrosas entre políticos y empresarios que devoran lo público (mercados de gobierno, obra pública, presupuesto), la crítica moral se descarga sólo sobre los políticos sustituibles gracias a una amplia gama partidaria, sin tocar al iceberg de poder de familias oligárquicas permanentes y añejas.

Desde otro espacio relevante, un grupo plural de académicos, ex servidores públicos y activistas sociales plantearon una propuesta avanzada que advertía sobre la multiplicidad de instituciones, fondos de recursos, saberes especializados que concurrían de manera desorganizada, ineficiente y traslapada. Pidieron la constitución “del fondo único de reconstrucción nacional vía decreto presidencial como un instrumento que regule y coordine la planeación, las acciones y el uso de recursos en casos de desastres naturales de múltiples actores y fondos nacionales –públicos y privados–, internacionales, de entidades de interés público y de donadores nacionales e internacionales para reactivar la vida social y económica de las personas y comunidades afectadas”.17 Hubo cierto efecto mediático y de apoyos partidarios a la propuesta, pero en realidad no poseía espacio real de incidencia en decisiones ya tomadas, pues las locomotoras gubernamentales y privadas ya corrían a toda velocidad por sus rutas.

Aparecía sin embargo un imaginario que capturó a muchas organizaciones civiles organizaciones no gubernamentales y académicos. El imaginario de la gobernanza. La promesa de gobiernos horizontales que desplacen el verticalismo autoritario. Diseños institucionales donde se suprime el trazo vertical de gobiernos por la colaboración horizontal; el poder político despótico, corrupto e ineficiente es superado por la colaboración racional de múltiples actores. Así, intenta una reconstrucción de la “vida pública” y la política donde, en nombre de la eficacia y la colaboración horizontal, se cancela la deliberación sobre algunos asuntos; por ejemplo: la justicia, el tipo de bienes comunes, los valores y propósitos que orientan la acción ejecutiva, los símbolos de la vida en común, los diagnósticos profundos de los problemas y las cuantías de recursos y de propósitos a mediano plazo. Las tareas sustantivas de la “res pública” se desplazan por una racionalidad técnico-económica en red, eficiente y auditada. “En su lugar, la vida pública se reduce a la solución de problemas y la implantación de programas, una forma que pone entre paréntesis o elimina la política, el conflicto y la deliberación sobre los valores y los fines comunes”.18

El contraste entre este imaginario nacido de la gestión empresarial moderna y que acompañó la reestructuración estatal neoliberal en los decenios de 1980 y 1990 como discurso avanzado ni entonces ni ahora se compadece de los ejercicios brutales del autoritarismo presidencial. Oculta el vaciamiento político del espacio público y del sistema republicano. Crea escenarios imaginarios donde se borra el esfuerzo social y político para formar coaliciones que disientan y abran un tiempo de debate, propuesta e incidencia. Sin alteraciones de las relaciones de fuerza en el Estado, la horizontalidad es una máscara que encubre. Bajo el placebo de la gobernanza, la escena pública se despolitiza.

La corrupción sostenida de los gobiernos nacidos de la alternancia durante 17 años y el elevadísimo costo de gobiernos y partidos, así como su alejamiento de las causas y esperanzas sociales, permitieron un lavado y planchado de la otra gran casta de poder, la de los negocios. Una peculiar amnesia en los medios masivos y en los opinantes de la mayoría de la prensa borró sus archivos negros: privatizaciones realizadas sin trasparencia, los salvamentos bancarios, carreteros y de empresas como Grupo Alfa, orgullo de Monterrey, ahogada por deudas e ineficiencia, hasta su asociación delictuosa con grupos gobernantes, miembros del Poder Legislativo y partidos políticos para aprobar leyes complacientes que han favorecido a los grandes monopolios; o bien, para incursionar asociado al gobernante en turno a conseguir licitaciones y contratos en los mercados y en la obra pública. Casi se ha vuelto “políticamente incorrecto” criticar a la elite empresarial, aunque muestre las manos sucias.

Por múltiples vías, la transformación cultural neoliberal de los últimos años intentó salir fortalecida. Se impregnó el mensaje escrito y de imágenes de la media con esta apropiación simbólica de las energías plurales surgidas con el sismo. La nación convertida en marca país. Una noción falsa de probidad, eficiencia y coordinación pública que emerge del mercado. La potencia social reducida a auditoría. La autoridad moral del socio capitalista en el maridaje de corrupción pública y privada. La dirección moral, diría Gramsci, el núcleo ético de la república, en manos de uno de los dos que la desfondan. Mientras una silla aparecía con huellas fétidas, la segunda resurgió rechinando de limpia.

República cuarteada

Con el sismo, el tiempo fuerte, el del cambio, corrió por las vías de fortalecer la hegemonía previa consolidando sus fibras empresariales y afectando las de las castas políticas. Pero como una radiografía, el movimiento telúrico reveló las grandes fracturas que recorren a la nación y sus saldos de irritación, ira y desconcierto de poblaciones que empiezan a ver su factura deudora; o bien, que permanecen al margen de toda respuesta de gobierno o de la filantropía empresarial.

En analogía gramsciana, la dirección cultural mercantil surgida de gobiernos desacreditados y de empresarios rehabilitados hizo crecer las trincheras y casamatas que defienden el orden del mercado, aprovechando el acontecimiento inesperado. Desplegaron una constante “guerra de posiciones” para regular a su favor la ampliación momentánea de lo posible.

Y en ese sentido parece que se cierra un tiempo con un saldo favorable a la hegemonía de los grandes tiburones empresariales, aunque la negociación del tlc sigue incierta. Por lo pronto, redensificaron su presencia en la república y fusionaron el financiamiento público y las donaciones con el negocio de la reconstrucción. Se plantan ya iniciativas para que los megapatrones se apropien de más espacio urbano para su modelo sumamente concentrado de urbanización. Es previsible que la amenaza de freno en la inversión por el tambaleante tlc sea sustituida por una burbuja financiera de crecimiento inmobiliario. Mientras, la devastación del sur propició la activación inmediata de las zonas económicas especiales, que a sus paquetes de estímulos fiscales y de infraestructura agregan población disponible y recursos baratos. El modelo de expoliación, que requiere poblaciones vulnerables, se consolida y reproduce.

Desde esta perspectiva adquiere más importancia el combate cultural y de resignificación simbólica. Al parecer, se consolida una escena antipopulista previa al electoral de 2018. José Antonio Meade fue el aplicador de las recetas neoliberales para que los desastres de septiembre no alteraran el gobierno de la economía. También de los programas que canalizan los recursos hacia los damnificados y los registros de empresas asociadas a la reconstrucción o a las inmobiliarias y bancas. Palomeó esa poderosa red de intereses que convergen. Las del clientelismo político y del mercado. Cobijó la iniciativa de Fuerza México y al cierre de octubre, con todo el escenario de la reconstrucción mercantil, formuló sus primeras declaraciones políticas fuertes, como si ya fuera candidato en campaña. “Si oímos a alguien que nos dice que conviene que fijemos los salarios por decreto, que los precios se establezcan por ley; si vemos a alguien que quiere regresar a que el Estado maneje el desarrollo económico del país; si vemos a alguien cuyas políticas suenen entre norcoreanas, de Alemania del Este o venezolanas, debemos ver esas propuestas con atención, pues no son la mejor alternativa para crecer hacia adelante”.19 Cuidado con quienes hablan el lenguaje de los populistas. Cuidado con sus recetas. Uno nunca sabe, pero habló como si contara con un bloque de fuerzas cohesionado ante la desgracia.

Las elites empresariales mexicanas tuvieron la amarga experiencia de sobrevivir y remontar relaciones de fuerza en el Estado que le fueron, en momentos, muy desfavorables, como en el cardenismo. Son expertas en el antipopulismo y en ambicionar hombres de Estado con cabeza empresarial. Desde la fundación de la Asociación Cultural Mexicana (por Grupo Monterrey y siete de los principales bancos del momento) en 1946 y de organismos como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) o el CCE, no cejaron en una lucha contra la “ideología cardenista” para “cambiar la mentalidad de la gente”, según afirmaba uno de sus fundadores, el hombre de negocios Aníbal de Iturbide Preciat.20

De ahí nació el Instituto Tecnológico de México, ahora ITAM. El acto que hizo pública la colaboración entre el Ejecutivo federal y la cúpula empresarial se realizó entre el secretario de Hacienda y el Comité Mexicano de Negocios, el antiguo CMHN y el CCE. Y el acto donde presentan buenas cuentas del esfuerzo realizado tuvo entre sus protagonistas al mismo secretario de Hacienda y el Consejo Coordinador Empresarial, donde un eufórico Claudio X González afirmaba: “Llegó el momento y tenemos que entrarle duro. Aquí he hablado de quién no (debe ganar). Pero debemos decir quién sí, porque tenemos alternativas viables y existen”.21 No por nada, José Antonio Meade y su amigo Luis Videgaray Caso son egresados del ITAM y representan un producto muy elaborado de esos gobernantes “técnicos”, que realizan sus tareas en la cúpula de gobierno, no sólo en diversas secretarás sino bajo colores partidarios distintos. Piensan ya con otra mente.

El “miedo al populismo” adquiere entonces su verdadero rostro. Un acto de poder que envuelve las estructuras y los símbolos de la convivencia común en su código de valores, desplazando toda presencia considerada antagónica si se atreve a cuestionar el orden de máxima valorización capitalista. El populismo convertido en estigma es el modo de impermeabilizar la res pública de toda invasión ajena a estos chatos intereses y de posible alteración de la relación de fuerzas. Es una operación monopólica sobre la cosa pública a fin de mantener su abrumador predominio sobre el Estado y la república, y con ello la desfondan como autoridad política creíble y respetada, como instancia de equilibrio entre intereses plurales, como espacio ético que decide con referentes de justicia social.

El septiembre de los dos temblores y sus secuelas hasta octubre abrieron dos frentes estratégicos: inhibir el surgimiento de una coalición de fuerzas donde asomara el pueblo de los acontecimientos inesperados, y luego, la vacuna al escenario político contra el populismo a la hora electoral.

Su costo es muy elevado. México se vacía por tres grandes fallas. La territorial, donde el centro-sur agrario, de ciudades medias y pequeñas, es recolonizado al servicio del centro-occidente y el norte industrializado y para los capitales globales interesados en explorar las zonas económicas especiales y las concesiones en energía, minerales, biodiversidad y agronegocios. La social, que excluye de mínimos de bienestar a más de la mitad de la población del país. Sin ellas no hay futuro para una nación quebrada. Y la gran falla de la representación política y de la regulación republicana por la expulsión del sistema representativo de los intereses populares, el autoritarismo del Ejecutivo, que subordina a los otros poderes, un sistema de partidos cooptado en su mayoría por el gran dinero para fusionar castas y negocios.

Sin una reactivación del pueblo y la apertura regeneradora de las instituciones, México seguirá preso y desangrándose en la jaula de lo instituido.


1 Armando Bartra, Hacia un marxismo mundano, México, UAM-Xochimilco-Itaca, 2016, página 83.

2 Miguel Ángel Paz Carrasco, “De la respuesta humanitaria a la reconstrucción con contraloría comunitaria: una propuesta desde y para Chiapas”, en Brújula Ciudadana, página 37.

3 Servicio Sismológico Nacional, Reporte del sismo, www.ssn.unam.mx

4 Juan Manuel Ramírez Saiz, “Organizaciones populares y lucha política”,en Cuadernos Políticos, número 45, México, df, Era, enero-marzo de 1986, páginas 38-55.

5 Elisa Drago Quaglia, “Crónicas catárticas 19-9”, en Brújula Ciudadana, página 69.

6 Elisa Drago Quaglia, Ídem, página 71.

7 Miguel Ángel Paz Carrasco, obra citada, páginas 39-40.

8 Stéphane Keil Ríos, “Mi segundo 19S: crónica de un millenial”, en Brújula Ciudadana, páginas 60-61.

9 Aída Hernández Castillo, “Los Tigres de Hueyapan, el sismo y la solidaridad”, en La Jornada, Opinión, 28 de septiembre de 2017.

10 Carlos San Juan Victoria, “Contla, la reconstrucción que quiere un antiguo pueblo zapatista”, en Mundo Nuestro, http://mundonuestro.mx/index.php/secciones/sociedad/item/1140-19s-contla-la-reconstruccion-que-quiere-un-antiguo-pueblo-zapatista

11 Roberto Eibenschutz, “19 de septiembre 1985-2017, una reflexión para el futuro”, en Brújula Ciudadana 93, nueva época, septiembre de 2017.

12 Klein, Naomi, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Argentina, Paidós, primera edición 2008, página 10.

13 Véase el libro de Ana Santos Ruiz Los hijos de los dioses, el grupo Hiperión y la filosofía de lo mexicano, Bonilla Artigas Editores, 2015, 488 páginas.

14 http://fideicomisofuerzamexico.com/

15 Enrique Krauze,“Por una comisión ciudadana de reconstrucción”, en El País, 21 de septiembre de 2017,https://elpais.com/internacional/2017/09/21/mexico/1506003335_944146.html

16 “Esto ya cambió: los partidos políticos son indignos de esta juventud”, entrevista de Jenaro Villamil con Enrique Krauze, en Proceso, http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=417666

17 Luis F. Fernández, Los retos de la reconstrucción y de un fondo único.

18 Wendy Brown, El pueblo sin atributos, la secreta revolución del neoliberalismo, Barcelona, Malpaso, 2015, página 170.

19 La Jornada, miércoles 25 de octubre de 2017.

20 Sergio Negrete, “Entrevista a Aníbal de Iturbide, fundador de la Asociación Mexicana de Cultura”, en Opción, 8 (40), 1988, páginas 9-11.

21 La Jornada, miércoles 25 de octubre de 2017.

Publicado en MEMORIA 264