APUNTES SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA

Hoy queremos decirles que ni la verdad ni la justicia son una constante o una excepción para las decenas de familias con desapariciones, que nos azotan desde hace más de 40 años.
También hemos entendido algo más: después de varios años de estar buscando […]: llegamos a la conclusión de que también hay una desaparición de poderes; no hay Estado que los busque, que procure verdad y justicia, y ni digamos de la reparación del daño.
Madres de desaparecidos. Marcha de la Dignidad, 10 de mayo de 2015

En Latinoamérica, la llamada desaparición forzada ha sido un fenómeno constante desde hace seis décadas. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, México. En cada país, en cada contexto, en cada temporalidad. En regímenes dictatoriales y también en “democracia”. Los contamos por miles, los buscamos por años.

Durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), Jorge Rafael Videla, representante de la Junta Militar, dio una definición que se tornaría histórica sobre desaparecido para el Estado, una noción todavía hoy asumida por los gobiernos latinoamericanos: “Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera, tendría un tratamiento X; y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial; es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está muerto ni vivo; está desaparecido”.1 

¿Dónde están? ¿Cuándo vuelven? Lo que sí hay es una familia, que sabe, que siente, que busca sin encontrar respuestas, pero que no calla. Las familias de las personas desaparecidas no claudican, se organizan. Construyen desde la pérdida. En Argentina, las madres y abuelas de la Plaza de Mayo lograron, tras años en lucha, colocar el tema de los desaparecidos en la agenda política. Se juzgó y se continúa juzgando a los responsables. La justicia se asoma para algunos casos. Pero aun con ello, en el resto de Latinoamérica la justicia, a diferencia de las desapariciones, no es una constante. La impunidad se ha vuelto cotidiana.

México

En México, las desapariciones no cesaron durante los decenios de 1970-1990. Pero la peor de las crisis comenzó en 2006, con la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada por el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa. En medio de una crisis de legitimidad electoral y a tan sólo 10 días de haber protestado el cargo, el 11 de diciembre de 2006 Calderón anunció el Operativo Conjunto Michoacán, mediante el cual desplegó a más 5 mil efectivos del Ejército y de la Policía Federal en las calles, con el objeto de “fortalecer la seguridad de los ciudadanos”.2 La situación con Enrique Peña Nieto no mejoró, pero sí cambió de estrategia. Ya no se habló de “guerra”, mas ésta continuó. Desde entonces, las desapariciones se han convertido en parte de nuestra cotidianidad, y los militares siguen en las calles.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta el corte en febrero de 2018, arroja 35 mil 417 en México, reportadas en el fuero federal a partir de 2006 y en el común desde 2014.3 Esto responde a las cifras oficiales; es decir, contabilizan únicamente las denuncias interpuestas por desaparición. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de familias estiman que se denuncian apenas 2 de cada 10 desapariciones. Hagamos las cuentas… Empero, hay también desaparecidos, más difíciles de contabilizar, como el caso de la población migrante nacional o extranjera, que está de tránsito hacia Estados Unidos, o que busca llegar a México como destino. Se trata de una población muy vulnerable a cuyo respecto organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado y documentado4 las violaciones.

Por otra parte, las familias se fueron encontrando en los pasillos de los Ministerios Públicos, compartiendo sus experiencias y luego organizándose. Hay hasta ahora más de 35 colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país. Su organización ha formado el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México,5 el cual incluye no sólo colectivos nacionales: lo forman asimismo los comités de familiares de migrantes desaparecidos en Guatemala, El Salvador y Honduras. Esto devela una crisis que ha rebasado nuestras fronteras.

Parece increíble que con tan aterradoras cifras aún no haya por el Estado mexicano un reconocimiento de la grave crisis de derechos humanos que vivimos, un verdadero reconocimiento a la altura de las circunstancias. Por el contrario, hemos sido testigos de la denegación del problema hecha públicamente cuando los organismos internacionales han increpado al Estado, como sucedió con el caso de Ayotzinapa, acaecido en septiembre de 2014: el gobierno de Enrique Peña Nieto descalificó las investigaciones realizadas por el grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes –creado mediante un acuerdo entre el gobierno mismo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, quienes señalaron las omisiones de las autoridades en las pesquisas, pero también llamaron la atención sobre la participación directa del Estado,6  refiriéndose a una desaparición forzada, con todas sus letras.

Los desaparecidos en el país no son una apuesta política pues, hasta ahora, el costo no ha sido político: las masacres de migrantes en San Fernando y Cadereyta, las desapariciones de estudiantes en Iguala, las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato y Tlatlaya, los asesinatos de activistas sociales (48 reportados sólo en 2017), los homicidios de periodistas (104 victimados y 25 desaparecidos entre 2000 y octubre de 2017), los feminicidios (2 mujeres violadas y asesinadas diariamente) en todo el territorio y los más de 2 mil cuerpos que llenan las fosas comunes que suman mil 75, descubiertas entre 2007 y 2016, que atraviesan un país que es un cementerio. Estas vidas humanas no han pesado suficiente en la retórica estatal y federal para, por lo menos, reconocer de manera pública la existencia de una crisis de derechos humanos como problema nacional que requiere una política estatal integral.

Impunidad

La era de impunidad es tan antigua como el primer caso de desaparición en el país. El Estado mexicano arrastra consigo la carga de no haber podido resolver los casos de desaparición forzada de las décadas de 1970 y 1980, de la Guerra Sucia. El sistema de procuración de justicia no pudo, no ha podido o no ha querido resolver casos tan emblemáticos como el de la desaparición de Rosendo Radilla, incluso cuando pesa una sentencia internacional que recibió México en 2009;  o el caso de Jesús Piedra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra, incansable madre, fundadora del primer comité de familiares, en 1977.8  A poco más de cuatro décadas, las autoridades no han investigado ni sancionado a los responsables de las desapariciones.

Pero en un país donde no se esclarecen las desapariciones del pasado, ¿cómo hacer justicia a las del presente? En 2002, Vicente Fox Quesada creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en un intento de establecer una comisión de la verdad. Fue “un rotundo fracaso”.9 La fiscalía gastó 300 millones de pesos, y no resolvió caso alguno, pero sí perpetuó la impunidad. Fue disuelta en 2006 por la Procuraduría General de la República (PGR), pues “cumplió su objetivo”;10 mientras, su titular, el fiscal para delitos del pasado, era señalado por mal uso de recursos públicos.

En el informe del Estado mexicano ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas presentado en 2014 se indica que, en el ámbito federal, entre 2006 y 2013 la PGR inició 99 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada de personas y las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades comenzaron 192, en el mismo periodo. No se reportan sentencias.11 

Han sido insuficientes más de 35 mil personas desaparecidas y más de 234 mil muertos, contados en cifras oficiales en el marco de la “guerra contra el narcotráfico”, para doblegar la voluntad política y llevar a cabo investigaciones que realmente entreguen resultados: hacer justicia. Pese a las pesquisas, el Estado no ha podido encontrar a Abel García Hernández, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, aun cuando ha hecho todo “a su alcance”.12 No olvidemos la investigación del caso de Rubén Limón Ramos, presuntamente desparecido por policías municipales en Saltillo, Coahuila, en marzo de 2011, con dos personas más. Tampoco la investigación para la búsqueda de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974. Ni las fallidas investigaciones de abril de 2018 para encontrar a Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz y Marco Ávalos, que ha sacudido al país. Tampoco olvidemos la versión oficial de la Fiscalía de Jalisco: a estos tres estudiantes los disolvieron en ácido, pues se encontraban en el lugar y el momento inadecuados.

No olvidemos el crimen organizado, como se nombre, verdugo pero también chivo expiatorio del que el gobierno ha echado mano para establecer una “verdad histórica” repetida una y otra vez para dar “respuestas” a las familias y dar carpetazo a las investigaciones. Para el Estado, los desaparecidos no merecen “tratamiento especial”, “ni vivos ni muertos”, “no están”, “no hay cuerpo”, “no hay delito”. Menos justicia.

El motor: la lucha de las familias

Han logrado empujar el tema, hacerlo visible e incorporarlo a los espacios políticos las familias que buscan y se organizan. Apenas el 17 de noviembre de 2017, tras años de lucha y demandas de las familias y de la ciudadanía que las ha acompañado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.13 Ello se da en medio de diversas discusiones de trascendencia nacional, como la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, la reforma de la PGR y el inicio del calendario electoral.

Con dicha ley se crea un sistema nacional de búsqueda, una comisión nacional de búsqueda y 32 comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas. En ella se definen los tipos penales de desaparición, y se crean o concentran diversas herramientas para la búsqueda y la investigación, como el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Fosas.

El producto es una ley perfectible, diseñada desde la desconfianza de las familias hacia el sistema de procuración de justicia, que garantiza 99 por ciento de impunidad en los casos, que no busca y no protege a los familiares mientras investigan y encuentran. Por esas razones, la Comisión Nacional de Búsqueda quedó anclada a la Secretaría de Gobernación, en lugar de la PGR, como sería natural en un Estado garante.

Las familias han dado muestra, desde el dolor y el amor, de lo que implica enfrentarse a un aparato estatal que parece inmóvil. Han sabido ser tenaces y pacientes para construir procesos de abajo hacia arriba; desde la propia investigación y búsqueda han realizado ellas mismas en cada rincón del país, desde la necesidad de moverse, escalar, y llegar al presidente de la República,14 pensando que él podría resolver la búsqueda de un hijo o hija. Han logrado abrirse camino en la participación de la construcción de una ley histórica para el país y el mundo, o impulsar políticas como la comisión forense15 o el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación.16 

Sin saber de leyes, de política o de cómo funciona la administración de justicia, las familias se convirtieron en expertas en búsquedas, en análisis criminal, en forenses, en negociadoras, y se han abierto paso en el sistema para seguir obteniendo pistas que acerquen a la verdad, para saber dónde están los desaparecidos. Han venido haciendo labores del Estado, pues también éste desaparece.

Seguir desapareciendo

En México no basta desaparecer una vez: las autoridades vuelven a desaparecerte, pues no los nombran, ni los buscan y, menos, los encuentran. Justicia no significa sólo sancionar. Las familias han resignificado el concepto: justicia es buscar y encontrar, nombrar, para no olvidar ni seguir desapareciendo.

En 2006 comenzamos un conteo que no hemos podido detener. En 2008 surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; y en 2009, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila –después Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México–. Antes que terminara el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, ya contábamos innumerables hechos violentos, masacres como la de los 72 migrantes en San Fernando en 2010 y desapariciones masivas como la sucedida en 2011 a 300 pobladores de Allende, Coahuila.

Y llegamos a 2018, terminando un sexenio que ha duplicado la cifra de ejecutados y desaparecidos. Y amenaza poseer el récord del gobierno más violento, con más muertos en la historia reciente del país, y que ha abonado para sumar más de 35 mil personas desaparecidas y miles de violaciones de derechos humanos: tan sólo 10 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército puestas ante la CNDH desde 2006 hasta julio de 2016, incluidas más de 2 mil durante el régimen actual. Sin embargo, el tema de la violencia, los derechos humanos y los desaparecidos no fue eje principal en las propuestas de los candidatos a la Presidencia en 2012. En marzo, las campañas comiciales comenzaron sumando 30 aspirantes a puestos de elección popular asesinados mayoritariamente en municipios de Guerrero, Chihuahua y Jalisco, según cifras de la Segob.

Mientras se desarrolla la coyuntura electoral, los desaparecidos se “ausentan” de las campañas políticas. Los candidatos presidenciales han hecho pocas menciones del asunto, y casi nula sobre la lucha de las familias, su búsqueda, su llamado a la justicia y la verdad, al derecho a la vida. Comienzan a ser nombrados en el momento de las promesas, pero siguen desaparecidos de los programas políticos. Hasta ahora, ninguno de los cinco aspirantes ha planteado alguna propuesta o proyecto concreto para combatir las desapariciones forzadas en el país.

En 2015, el entonces canciller José Antonio Meade Kuribreña declaró: “De ninguna manera, las desapariciones forzadas han hecho de México un enorme cementerio”,17 como respuesta a las denuncias de los familiares de víctimas en la CIDH. En marzo de este año, ya como candidato presidencial por la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal), señaló que este tribunal no iba a tener necesidad de ejercer acciones legales contra el presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios con relación al caso Ayotzinapa, pues el Estado mexicano mostró “convicción, voluntad y capacidad” para resolverlo.18 

Ricardo Anaya, abanderado de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), ha declarado que su política de seguridad pondrá en el centro a las víctimas de violencia… manteniendo al Ejército y la Marina en las calles y prometiendo duplicar y profesionalizar a los efectivos de la Policía Federal.

Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), “dedicó” su campaña presidencial a los desaparecidos políticos19 y ha propuesto como parte de una política de seguridad alternativa una ley de amnistía, que no termina de quedar clara y permanece ambigua respecto a la resolución de la tragedia de la desaparición forzada.

Los candidatos independientes también han sido tibios. Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ex gobernador de Nuevo León, fue increpado por familiares de desaparecidos en 2015 tras afirmar que la mayoría de las víctimas dio motivos para ser afectada por ese delito; criminalizó a los desaparecidas. El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) dirigió una carta abierta al entonces gobernador, donde le recordaban que el estado es el tercero con más desaparecidos en México, contando sólo los casos denunciados.20 

Mientras, Margarita Zavala Gómez del Campo se ha llenado la boca con declaraciones que prometen combatir la desaparición de niños, adolescentes y jóvenes como una de sus prioridades.21 

Días antes del primer debate presidencial, efectuado el 22 de abril, Irma Leticia Hidalgo Rea, integrante de Fundenl y madre de Roy Rivera, desaparecido por presuntos policías municipales, increpó a Margarita Zavala en Nuevo León, en una reunión privada. Dijo a la ex primera dama: “No somos daños colaterales; nosotros les llamamos hijos […] Los daños colaterales tienen nombre, rostro, familias”. Cuestionó que la estrategia de seguridad continúe siendo por la vía militar, con las fuerzas policiales en la calle, sin regulación de su actuar ni procesos de juzgamiento.22 

Salvo la propuesta de la coalición Juntos Haremos Historia, el resto de los programas de los candidatos presidenciales ha asumido la continuación de la estrategia de la “guerra contra el narcotráfico”, que promete mantener a la Policía Federal y las Fuerzas Armadas en las calles desempeñando tareas de seguridad. Son omisos respecto a los hechos que evidencian la participación de las policías municipal y federal, del Ejército y la Marina en los crímenes de desaparición. La PGR investiga 39 casos de desaparición forzada que involucran al Ejército y la Marina, ocurridos en 19 entidades, en su mayoría Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y Baja California.23 

Aun así, en medio de este contexto de cifras de desapariciones que no dejan de subir, durante el primer debate presidencial los grandes ausentes fueron los desaparecidos. Los temas para discutir el asunto y la crisis de derechos humanos eran los idóneos: corrupción e impunidad, seguridad pública y violencia, y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Vistas de manera más amplia, la agenda de derechos humanos y su transversalidad en las políticas públicas son aún un reto para las plataformas políticas actuales.24 Pese a la reciente promulgación de la ley de desaparición y a los casos emblemáticos, que son tantos, los desaparecidos fueron desaparecidos una vez más de la agenda política nacional pendiente. La estrategia sigue extraviada. Los desaparecidos no figuran en las estrategias y los programas gubernamentales.

En abril último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se alistaba para realizar una audiencia pública con el propósito de resolver la demanda interpuesta contra el gobierno de México por la desaparición forzada de los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, presuntamente realizada por agentes estatales en Chihuahua el 29 de diciembre de 2009, en el marco de la implantación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñó tareas de investigación criminal. Los familiares han declarado que “este caso viene a dar voz a miles de familias, a los 35 mil desaparecidos en todo México; es ponerles rostros”.25  El Estado tenía una vez más la oportunidad de reconocer la grave crisis humanitaria del país. Pero esto, de nuevo, no ha sucedido.

Propuestas para la búsqueda y la investigación hay muchas. Las familias y las organizaciones que las acompañan han acumulado experiencia y desarrollado una expertiz que no tiene la generalidad de los ministerios públicos en el país. Es un reto encontrar a los 35 mil desaparecidos mientras no se aborden los problemas estructurales de México y se trabaje en la actual crisis humanitaria. La guerra continúa de manera cruenta en muchos estados, y mientras avanza no hay que dejar de buscar y documentar la omisión, la aquiescencia y la complicidad de las autoridades de todos los niveles de gobierno para que el día que logremos construir las condiciones pueda saberse qué pasó, por qué pasó, quiénes son los responsables. Para sancionar pero también para reparar los daños, los traumas, la sangre, el dolor de los afectados directamente y de toda la sociedad.

O elevamos el costo político o seguimos desapareciendo. La responsabilidad no debe seguir recayendo en las familias, a quienes el gobierno mexicano ha dejado solas y en indefensión. Se ha abandonado a las madres y los padres, las hermanas y los hermanos que buscan no sólo a sus hijos y consanguíneos sino a los familiares de otros, a miles, en su mayoría jóvenes, pues se están desapareciendo el presente y la posibilidad de futuro.

El Estado desaparece, no procura la justicia: encubre; no busca: da carpetazos; inventa verdades históricas, miente sistemáticamente. Parece querer decirnos que estamos en el lugar equivocado en el momento equivocado: México.


* Alma Rosa García Guevara es defensora de los derechos humanos, ha trabajado el tema migratorio y desapariciones desde la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila (Frontera con Justicia, AC); el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras; el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC; y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC. Nayely Lara García es egresada de la licenciatura en estudios latinoamericanos, UNAM, defensora de derechos humanos, trabaja en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC, en el área de acompañamiento a familiares de migrantes desaparecidos.

1 Video: “Videla y los desaparecidos”. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=9czhVmjeVfA Consultado el 27 de abril de 2018.

2 Anuncio sobre la operación conjunta Michoacán, 11 de diciembre de 2006. Disponible en http://calderon.presidencia.gob.mx/2006/12/anuncio-sobre-la-operacion-conjunta-michoacan/ Consultado el 27 de abril de 2018.

3 Registro Nacional de Personas Desaparecidas, http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-migrantes-mexico-2013.pdf

5 Véase http://sinlasfamiliasno.org/

6 Informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, http://centroprodh.org.mx/GIEI/?cat=6

7 Ésta es la primera sentencia que recibe el Estado mexicano por desaparición forzada: Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos.

8 “La desaparición forzada, una práctica sistemática del Estado: Rosario Ibarra”, http://www.jornada.unam.mx/2017/06/04/politica/011n1pol

9 “La investigación de la Femospp sobre el 68, un rotundo fracaso”, en La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2008/10/02/index.php?section=politica&article=010n1pol Consultado el 25 de abril de 2018.

10 “Desaparece la Femospp”, en Proceso, 19 de abril de 2006, https://www.proceso.com.mx/216874/desaparece-la-femospp Consultado el 25 de abril de 2018.

11 Comité contra la Desaparición Forzada, Naciones Unidas, Examen de los informes presentados por los Estados parte en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención Informes que los Estados partes debían presentar en 2012 México [Fecha de recepción: 11 de marzo de 2014], página 16. Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/StatesReportsarticle29/29.1_CED_Mexico_sp.pdf

12 Creando una fiscalía especial para el caso, equipo de autoridades, equipo independiente, seguimiento ante instancias internacionales, etcétera.

13 Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, 2017, 17 de noviembre de 2017. De Diario Oficial de la Federación. Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017

14 Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México comisionó a una representante para participar en los Diálogos de Chapultepec con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en cuya intervención logró colocar el tema de Coahuila y que un funcionario de alto nivel le diera una reunión para otro momento. Más información en https://fuundec.org/2011/07/12/entre-el-escepticismo-y-la-esperanza/ La mayoría de familiares en la búsqueda solas y después en colectivo ha tratado de reunirse con funcionarios de alto nivel de diversas dependencias, pensando que ellos pueden mover sus influencias para lograr búsquedas más efectivas. Esto, desgraciadamente, no ha dado resultados para la gran mayoría.

15 Diario Oficial de la Federación. Convenio de colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas; y Cadereyta, Nuevo León, que se llevará a cabo por conducto de una comisión forense, que celebran la Procuraduría General de la República, el equipo argentino de antropología forense, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, el Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC, la asociación civil Voces Mesoamericanas, la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en Guatemala, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, AC, y el Foro Nacional para la Migración en Honduras, 2013, septiembre de 2013. De Diario Oficial de la Federación. Disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312887&fecha=04/09/2013

16 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo número A/117/15, por el que se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y se establecen sus facultades y organización, 2015. Diciembre de 2015. De Diario Oficial de la Federación. Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420681&fecha=18/12/2015 Véase además el Acuerdo A/012/18, por el que se reforma el diverso A/117/15, por el que se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación y se establecen sus facultades. Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513520&fecha=16/02/2018

17 “Rechaza SRE que desapariciones forzadas conviertan a México en un cementerio”, http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/rechaza-meade-que-desapariciones-forzadas-conviertan-a-mexico-en-un-cementerio-257 Consultado el 25 de abril de 2018.

18 Rafael Croda, “Meade, Peña, Ayotzinapa y el acecho de la Corte Penal Internacional”, en Proceso, 5 de marzo de 2018, https://www.proceso.com.mx/524857/meade-pena-ayotzinapa-y-el-acecho-de-la-corte-penal-internacional Consultado el 25 de abril  de 2018.

19 Arturo Rodríguez. “López Obrador dedica su campaña a los desaparecidos políticos”, en Proceso, 2 de abril de 2018, https://www.proceso.com.mx/528196/lopez-obrador-dedica-su-campana-a-los-desaparecidos-politicos

20 Luciano Campos Garza, “Reclaman a El Bronco por criminalizar a desaparecidos en Nuevo León”, en Proceso, https://www.proceso.com.mx/419967/reclaman-a-el-bronco-por-criminalizar-a-desaparecidos-en-nl Consultado el 25 de abril de 2018.

21 Excelsior, http://www.excelsior.com.mx/nacional/sere-la-primera-presidenta-de-mexico-zavala/1234041 Consulta: 22 de abril de 2018.

22 Sin embargo, “Tu esposo nos destrozó la vida y no moviste ni una uña. El silencio es cómplice, Margarita” (video), 17 de abril de 2018. http://www.sinembargo.mx/17-04-2018/3408768

23 “Involucran a Marina y Sedena en 39 casos de desaparición”, en Milenio, 7 de noviembre de 2016, http://www.milenio.com/policia/marina-sedena-ejercito-desaparicion_forzada-personas_desaparecidas-milenio_noticias_0_843515654.html Consultado el 25 de abril de 2018.

24 Borde Jurídico, “La no tan extraña desaparición de los derechos humanos en las plataformas electorales del 2018”, Daniel Vázquez, 2018. Abril de 2018, disponible en http://bordejuridico.com/2018/04/la-no-tan-extrana-desaparicion-de-los-derechos-humanos-en-las-plataformas-electorales-del-2018/

25 “Caso de desaparición forzada en la CIDH busca poner rostro a miles de víctimas en México”, http://www.24-horas.mx/2018/04/28/caso-desaparicion-forzada-en-la-cidh-busca-poner-rostro-a-miles-victimas-en-mexico/ Consultado el 25 de abril de -2018.