BRASIL: ESTADO DE EXCEPCIÓN

BRASIL: ESTADO DE EXCEPCIÓN

Introducción

Está siendo dañada la democracia y golpeadas las instituciones republicanas de los Estados latinoamericanos por algunas de las clases dominantes y castas políticas que las usufructuaron durante decenios. En particular, en Brasil se ataca a las instituciones vigentes que datan de hace 30 años, desde que se aprobó la asamblea constituyente de 1988, momento constitutivo en que se reconstituyó la vieja república nacional por medio de un pacto sociopolítico nacional que tuvo legitimidad mayoritaria y participación de las diversas fuerzas histórico-políticas, no obstante copiosos y notorios legados de continuidad de leyes patrimonialistas y autoritarias que la Constitución contuvo (Oliver, 2012).1 

En Brasil estamos ante un aventurerismo de las derechas neoliberales que, cuestionadas por sus políticas excluyentes y por el fracaso electoral en su intento de imponer candidatos que legitimaran institucionalmente una forma transnacional, neoexportadora y financiera de acumulación de capital basada en la sobreexplotación de los recursos naturales y humanos y en el despojo, deciden echar por la borda la democracia restringida que ellos constriñeron, estatizaron y dirigieron: destruyen la legitimidad del núcleo del Estado moderno, las instituciones de los poderes ejecutivo, parlamentario, judicial, mediático, electoral. Todo eso se va a pique por las maniobras de la derecha política. Está en curso lo que podríamos caracterizar como la sustitución del Estado parlamentario con su régimen de partidos por un Estado capitalista neoliberal de excepción de seguridad interior. Vemos en ello una tendencia general en América Latina, y el ejemplo de Brasil se constituye en el momento más avanzado de esta sustitución, a dos años del golpe sin bases constitucionales contra la presidenta Dilma Rousseff y a unas semanas del encarcelamiento sin pruebas del ex mandatario Lula da Silva.

Por las derechas se ataca la figura de la república moderna y se promueve su implosión. En Brasil, por ejemplo, no es que esta figura gozara de plena salud (véase La rebelión juvenil popular de junio de 2013: Nogueira, 2013, Cattani, 2014),2  pero el pacto del Estado de 1988 aún mantenía legitimidad y lograba un grado de cohesión social y política que servía para canalizar los conflictos y las luchas en el marco de la dirección de un partido de los trabajadores bajo las condiciones de la dominación férrea del capital transnacional.

Auge y crisis del lulismo

Cumplimos este 12 de mayo dos años de que en Brasil se generó la suspensión en el cargo y el inicio del juicio político (impeachment) por crimen de responsabilidad en el manejo administrativo a la mandataria Dilma Rousseff (quien facilitó la investigación desde la presidencia y nunca fue acusada de enriquecimiento ilícito). El impeachment afectó a la institución ejecutiva por la parcialidad inconstitucional con que una mayoría de derecha aventurera y fundamentalista en el parlamento votó por la destitución y entronizó a un personaje de dudosa reputación, sin méritos y que enfrentaba acusaciones de corrupción, un hecho que se produjo el 31 de agosto de 2016.

El Poder Judicial, por su parte, se desprestigió por el uso político “justicieramente tergiversado”, sin pruebas, como declaró el propio Juez Moro, “con convicciones nada más”, de las resoluciones del proceso “Lavado Rápido” (Lava Jato) contra Lula da Silva. Sergio Moro, un personaje orgánico de derecha del Partido de la Socialdemocracia Brasileña que terminara dictando la sentencia que llevó a la cárcel al ex presidente Lula.

También se vino abajo la credibilidad social en el poder mediático por su parcialidad a favor de la difusión propagandista del mensaje de la derecha, y hoy se está poniendo en riesgo incluso la institución electoral ante la posibilidad de que se rechace la inscripción del candidato Lula a la presidencia que cuenta con absoluta mayoría en las encuestas para la campaña electoral de octubre de este año.

Conviene revisar en qué situación se produjo todo este viraje y cuáles son sus perspectivas.

El Estado de 1988

A finales de 1988 se aprobó en Brasil una nueva constitución. Fue una salida democrática, nacional y social a la inconformidad mayoritaria con el estado de contrainsurgencia (Marini, 1978).3 Intensas luchas democráticas de más de una década lograron posicionar a la sociedad contra una dictadura del capital transnacional en declive, que ya duraba 20 años (1964-84).

Elemento central del pacto constitucional de 1988 fueron las nuevas instituciones que permitían una lucha política abierta y legal de distintos partidos, el reconocimiento legal de las diferencias ideológico-políticas y un capitalismo con derechos sociales. Sobre esa base se logró la conciliación política de clases y se mantuvo el funcionamiento institucional. Diez años después, cuando se produjo la crisis del gobierno de Cardoso,4 y cuatro años más tarde, cuando Luiz Inácio Lula da Silva triunfó y logró ser presidente, las instituciones de la democracia funcionaron con normalidad.

En 2003, Lula llegó a la presidencia, como resultado de un mosaico de inconformidades acumuladas5 y una década de luchas sociales y políticas por derechos y soberanía en el marco del Estado de 1988. El nuevo mandatario puso límites y controles al lineamiento de Brasil como Estado dependiente de competencia neoliberal, y se abrió el periodo de cambio de políticas hacia un Estado de administración progresista de las contradicciones y conflictos. Lula buscó recuperar el carácter del país como Estado regulador democrático por medio de políticas sociales cuasi universales, en el contexto de una continuidad del capitalismo transnacionalizado de exportación. Ese fenómeno estatal ha sido comúnmente conocido como “lulismo”, verdadero cesarismo progresista en términos de Gramsci.6

En la primera década del siglo actual, los movimientos sociales continúan su lucha por el derecho de la sociedad a tener derechos, sin que durante el lulismo se hubiese logrado gran avance. Esa demanda fue mediatizada a través de la propaganda del Partido del Trabajo con su apuesta por un proceso de cambio en 100 años en el que los derechos plenos se obtendrían sin politización popular, pero con la buena administración y una prolongada conciliación económico-social de clases.7

Así, Brasil vivió la hegemonía del lulismo durante los 12 años siguientes a 2003. Y con este régimen, junto al protagonismo internacional, regional y nacional de las nuevas políticas, florecieron en el país la transnacionalización del capital, la neodependencia, el agronegocio de exportación, el neoextractivismo y el dominio financiero (Paulani, 2013).  Las políticas sociales y la administración progresista del Estado rescataron de la miseria a cerca de 35 millones de habitantes, lograron un margen importante de pacificación social, incrementaron los derechos sociales, legales y educativos y aumentaron de manera significativa el salario de los trabajadores. También se fortaleció la organización económico-corporativa de los sindicatos y las centrales de trabajadores. Pero lo políticamente decisivo es que en todo ese tiempo no hubo reformas profundas que empoderaran a los trabajadores, matizaran la política de conciliación de clases ni renovaran de modo sustancial las instituciones que mantienen rasgos autoritarios en el orden de la dominación del Estado de 1988: ni reforma agraria, estatal, impositiva, judicial, política, mediática ni otras.

El fraile dominicano y escritor Frei Betto, de 73 años, cree que una posible prisión de Lula debe generar algunas manifestaciones aisladas, pero el pueblo no va a tomar las calles de Brasil. La falta de iniciativa popular es el resultado de las prioridades políticas de los gobiernos petistas. “Estamos desmovilizados. ¿Por qué? Porque en los 13 años del PT en el poder invertimos más en ofrecer bienes personales que sociales. Fortalecimos la mentalidad consumista y no la ciudadana…” Frei Betto critica el hecho de que ninguna reforma estructural (“ni la tributaria, ni la política, ni la agraria”) haya salido del papel en el periodo de los gobiernos del PT. “La impresión que tuve es que los movimientos sociales pensaron que el gobierno era una gran vaca con grandes tetas”, ilustró.9

En los dos gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y el primero de Dilma Rousseff (2011-2014), los movimientos sociales se subalternizaron al lulismo. Si bien la mayoría de sus integrantes no se subordinó al PT y desarrolló su organización y formación ideológico-política, tampoco debatió públicamente con el gobierno, sino que a cambio del respeto de la actividad de sus integrantes y actividades, aceptó pasivamente la política del lulismo como el mal menor (con la notable excepción del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, que prácticamente no se benefició de las mínimas políticas agrarias progresistas).

En términos generales, sin embargo, de 2003 a 2014 creció la influencia social de la ideología mercantil capitalista liberal; desde el Estado se estimuló la incursión de los nuevos beneficiados de los programas sociales (beca familiar, apoyo a pequeños agricultores, etcétera) en la vida monetaria mercantil para que ingresaran en las escuelas privadas de educación elemental y media, y en las entidades privadas de salud; se otorgó un reconocimiento especial a los impulsores del agronegocio y se apoyó la proyección de empresas brasileñas integradas a compañías transnacionales de alto calado (véase Zibechi, 2012).10 

La rebelión de las juventudes

Las limitaciones de las políticas estatales del lulismo, que mantuvieron en todo momento las formas sumamente burocráticas separadas de la sociedad, fortalecieron una corrupción histórica, en especial porque prevalecieron en la política la influencia de los negocios público-privados y las prácticas del mandonismo. Ello dio lugar a una inconformidad juvenil masiva, la cual estalló en junio de 2013, un poco antes del mundial del futbol, con protestas de cientos de miles de jóvenes en todas las ciudades importantes de Brasil (Nogueira, 2013, Cattani, 2014). La exigencia principal fue el reclamo de servicios públicos de calidad, el vale de transporte y un alto a la corrupción de los fondos destinados a la renovación de la infraestructura deportiva, e implantación de reformas profundas. Fue el acontecimiento de oposición más importante de la época lulista, y la presidenta Rousseff misma propuso al congreso una reforma política.

Después de 18 días actuando a remolque de la calle, Dilma Rousseff sorprendió a la clase política, a la prensa y, quizás, también a la calle. Se sabía que iba a reunirse con representantes del Movimiento por el Pase Libre, la organización que consiguió la anulación de la subida en las tarifas del transporte público. Y que después recibiría a los 27 gobernadores del país y a 26 alcaldes de las principales ciudades. Pero entre ambos encuentros, dejó pasar las cámaras al palacio presidencial de Planalto y advirtió: “Las calles nos están diciendo que quieren que el ciudadano, y no el poder económico, esté en primer lugar. […] La energía que viene de las calles es mayor que cualquier obstáculo. No tenemos que quedarnos inertes, incomodados o divididos. Por eso traigo propuestas concretas y la disposición para que discutamos al menos cinco pactos”.

Los otros cuatro pactos implican acuerdos fiscales, de sanidad, transporte y educación. Pero el principal es el que plantea una reforma política. Muchas veces se había planteado en Brasil esa reforma. Pero las propuestas terminaban siempre frenadas por el Congreso. Ahora, Rousseff plantea la convocatoria de un referéndum que autorice para convocar una asamblea constituyente. Y que esa asamblea se encargue de abordar la tan ansiada reforma. Era una propuesta a la altura de las mayores manifestaciones que ha vivido Brasil desde la década de 1980, cuando tras salir de la dictadura, partidos y sindicatos organizaron movilizaciones para exigir elecciones directas. “Brasil ya está maduro para avanzar”, señaló Rousseff. Diario El País.11 

La propuesta fue de nuevo archivada por el Legislativo, lo que no extrañó a nadie. Sin embargo, sorprendió el acato sin lucha de la mandataria a la decisión mayoritaria en las cámaras, lo cual significa que no lidió social ni políticamente por sacar adelante su iniciativa.

La derecha, al descubrir el distanciamiento del lulismo con la juventud popular, decidió pasar a la ofensiva en el Estado con una política de aventurerismo. Lo hizo tras constatar que el Partido de los Trabajadores ya no tenía la hegemonía en los sectores populares y que, por el contrario, éstos cuestionaban abiertamente sus políticas sin hacerlo todavía respecto al gobierno.

La derecha política entonces puso en marcha una política de activismo violento de conservadurismo cerrado en la sociedad civil, verdadero fascismo societal (De Sousa Santos, 2004).12 Por una parte, observaba la inconformidad juvenil popular con el lulismo y, por otra, sentía que ese movimiento podría ir más allá, hasta llegar a cuestionar el neoliberalismo y poner en el centro de la vida política una etapa de reformas profundas. Estimuló el odio ideológico, racial, clasista, antijuvenil y el rechazo a la diversidad. El partido del orden se convirtió en el del conservadurismo autocrático y repercutió en una sociedad civil despolitizada que fue confundida en sus apreciaciones sobre el sentido del lulismo por los medios de comunicación y las agitaciones políticas.

Circuló ampliamente en ese momento en los medios críticos de Brasil cierta anécdota reveladora: una destacada militante del activismo de derecha denunció en YouTube el carácter comunista de todo el parlamento, revelado para ella cuando invadió sus instalaciones en Brasilia y vio pintada en tamaño monumental en el pasillo de entrada en el salón de sesiones una bandera con un círculo rojo en un fondo blanco. En su video dijo textualmente: “Miren: aquí ya cambiaron la bandera de Brasil por una bandera roja. Es un parlamento comunista”. Después le aclararon que esa bandera era un homenaje del parlamento a los cien años de inmigración japonesa, y por ello el lábaro nipón en el recinto.

El proyecto Temer

La destitución de Dilma llevó a ocupar la presidencia del país latinoamericano más poblado y dinámico a un grupo de ancianos conservadores, blancos y adinerados que velan autoritariamente por una acumulación sin freno del capital transnacional. Su propósito: transformar las instituciones en un Estado de los negocios, de espaldas a la sociedad y a lo que ha sido su crecimiento y desarrollo en los últimos 30 años. Para ello se han propuesto obtener su legitimidad por la vía de ser el vehículo y los gestores del gran capital transnacional, aunque en el ámbito interno su aceptación esté en 3 por ciento de la sociedad. Su programa mostró tres ejes: 1. Promover una nueva integración del capital doméstico con el externo y una expansión y un dominio abierto del capital transnacional, notoriamente el estadounidense; 2. Liquidar por ley los derechos y las políticas sociales conquistados por los trabajadores; y 3. Por medio de decretos, leyes y políticas gubernamentales, acabar con la influencia ideológica y política del lulismo, del Partido de los Trabajadores, del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra y de la izquierda en su conjunto en la vida política y social de Brasil, aun cuando en ese camino se lleven por los pies a todas las instituciones del Estado de 1988.

La primera medida de temer fue hacer aprobar en el parlamento la ley (el PEC 55) que limita durante 20 años el gasto público en educación, salud, trabajo, servicios, etcétera.13 La última fue el intento de abril, no logrado aún, de hacer aprobar en el Legislativo la liquidación del Código del Trabajo, la tercerización, el fin de la seguridad social pública. En el medio está excluir a Lula y al PT de las candidaturas a la presidencia en las elecciones de octubre de 2018. Para ello, el gobierno ha echado a andar decretos presidenciales fascistas como el de escuela sin partido y el apoyo del activismo en la sociedad civil de los movimientos fascistas Brasil Livre, Vem para a Rua y Revoltados On Line, promotores abiertos de la polarización social y el odio político y social. Ese fenómeno ha abierto paso a otro mencionado al inicio: la transformación de las instituciones democráticas en un autoritarismo del Estado de excepción; es decir, en un Estado que aplica su programa sin legitimidad y consenso de la sociedad, por medio de medidas y decretos y que cada vez más hace del ejército y la policía los medios de fiscalización e imposición de estas medidas.

La gran masa popular del inmenso país que es Brasil, constituida por una acentuada y viva diversidad social, política y cultural, con múltiples organismos propios, se mostró pasiva ante la ocupación del Estado por la derecha y el avance del Estado de excepción. Habiendo sido esa masa popular la expresión activa y dinámica más importante de la diversidad en América Latina, la explicación de su comportamiento –como manifestó Frei Betto en su análisis citado al principio de este artículo (nota 9)– está en la despolitización de los años del lulismo y en un desapego popular a la conducción burocrática y hegemonista del PT.

En la caída del PT, la gran masa popular no defendió a los dirigentes oficiales del PT que se fueron distanciando de esa masa y se convirtieron en una élite burocrática ajena a los sentimientos y planteamientos de los trabajadores de la ciudad y el campo. En las recientes caravanas de Lula, realizadas por él para promover su candidatura, y en el paro masivo contra la propuesta del gobierno de hacer pasar una ley contra los derechos laborales se hizo evidente cierta inclinación de amplios sectores populares a apoyar la candidatura del dirigente Lula, sin que eso significase una empatía con su partido, el PT. Ahora que se ha constituido el Frente Brasil Popular, con cerca de 70 organizaciones participantes, movimientos, partidos y asociaciones diversas de la sociedad civil, se produce una fuerte resistencia al Estado de excepción.

La mediación del ejército en los asuntos políticos camina por senderos peligrosos: junto al pronunciamiento del general jefe del ejército de la necesidad de que en el juicio a Lula los jueces debían ser severos y no permitir la impunidad está la decisión reciente de que 17 mil militares intervengan en Río de Janeiro para cuidar la seguridad pública, desde abril hasta diciembre de este año, con lo cual se da un paso más en la configuración del Estado de excepción.

¿Hacia dónde parece dirigirse el rumbo político social en Brasil y, siguiendo su ejemplo, en cierta medida también en América Latina? ¿Cuál es el paso a dar para enfrentar el afianzamiento del Estado de excepción?

La sociedad civil y la democracia

La resistencia política en las instituciones es un elemento importante, pero no sólo ahí se puede revertir la tendencia actual y abrir opciones reales. Ahí están presentes la resistencia democrática y la crítica política directa de algunos grupos liberales y demócratas. Ése es el ámbito de la disputa institucional por la construcción democrática. Eso es lo que en Occidente el centro-izquierda ha hecho en el Estado parlamentario con régimen de partidos, la principal forma política de la modernidad, sobre todo porque ahí adquiere consistencia y fuerza la lucha por derechos.

Pero desde Hegel, la ciencia política crítica sabe que el Estado incluye, sintetiza y expresa en un todo único y orgánicamente a la sociedad civil y, con sus seguidores críticos, comenzando por Marx y siguiendo con Gramsci, Marini, Zavaleta y Martínez Verdugo, las sociedades dominadas por la relación de capital saben que, incluso bajo la relación del capital son posibles avances político-culturales y que las contradicciones de la estructura se comprenden y resuelven por las masas en el ámbito ideológico-político amplio que articula sociedad política y sociedad civil. Y en nuestras sociedades, donde hay una historia de buen sentido y algo de pensamiento crítico, ese ámbito dejó de reproducir ideológicamente el dominio del capital como única verdad, aun cuando en general esa concepción siga siendo el sentido común prevaleciente.

Pero se ha ampliado la concepción crítica y la lucha social autónoma con la conquista de libertades y derechos de y en la sociedad civil, donde la coerción del Estado de excepción tiene límites, por más que las nuevas oligarquías neoliberales excluyentes intenten dominar la ideología social, busquen una subordinación a sus concepciones y valores, como sucede con las políticas de control de la información y comunicación de los dueños de los medios, con el uso arbitrario de las leyes por los poderosos, por las medidas de “escuela sin partido” de los que tienen en sus manos el Estado y por la actividad del fascismo societal.

La sociedad civil de los países latinoamericanos es el espacio donde los movimientos sociales y comunitarios pueden actuar organizando a los trabajadores de los barrios, a los campesinos e indígenas de las comunidades, a ciudadanos de poblaciones diversas, agrupándose para disputar las concepciones y los valores, y luchar por establecer el sentido de los derechos y mostrar que la democracia no es sólo la actividad restringida al ámbito electoral sino, sobre todo, el trabajo de organización popular autónoma y la lucha por conquistar y afirmar derechos y avances sociales de solidaridad y conciencia en todos los ámbitos de la vida. Y ésa es lucha política cuando se crea la catarsis: cuando los movimientos sociales y políticos luchan conjuntamente por la hegemonía civil; esto es, se organizan, actúan para debatir el sentido común y desarrollar el buen sentido sobre los derechos y las políticas, trabajan unidos y crean una unidad política y programática a partir de sus luchas. Eso puede o no suceder articulándose con actores políticos que operan en las instituciones, pero lo fundamental es el empoderamiento de la propia sociedad civil, lo cual exige su reforma con la participación activa de los movimientos. La resistencia se transforma ahí en propuesta colectiva de masas. Como se mencionó, en Brasil se ha constituido un frente amplio (Brasil Popular) que, como agrupa los principales movimientos, tiene capacidad de ser el espacio democrático de interacción e interlocución de movimientos sociales y políticos, de constitución de un programa común de democracia popular que, además de poner un alto a las políticas del gobierno de Temer, construya una opción de fortalecimiento autonómico, ideológico y político, de la sociedad civil. En dicho frente podría estar el propio Partido de los Trabajadores, de Lula, en tanto acepte ser parte de una corriente colectiva decisoria y no la palabra de orden preestablecida.

Los grupos políticos que imponen el Estado de excepción buscan implantar la idea de que el peso de la coerción, la imposición de su programa privatizador y antinacional, el despojo y el avance del capitalismo políticamente excluyente, dominando por la fuerza y por las leyes utilizadas a su medida, son el único horizonte posible: el Estado dependiente de competencia del neoliberalismo global. Y ello busca mermar la resistencia y obligar a las fuerzas de la democracia y el anticapitalismo a pensar y actuar en términos de la espontaneidad de la indignación. Pero ello no bastará para enfrentar y superar la situación de opresión actual ni llevará por la pura espontaneidad a que las mayorías se inclinen a construir una sociedad diferente y justa. El avance del Estado de excepción se produce en el contexto del dominio mundial ideológico-político de las fuerzas del capital. La espontaneidad conducirá de modo natural a la defensa o a la lucha mayoritaria por el retorno al Estado parlamentario con régimen de partidos de una democracia restringida, sin crítica del capitalismo neoliberal ni conquista de organización y derechos generales.

Para que sea distinto y el retorno afirmativo de la democracia lo dirijan organizaciones políticas populares cuyo proyecto sea formar un poder democrático radical se requiere la lucha programática por la hegemonía en la sociedad civil, la catarsis de los movimientos, la construcción colectiva de una propuesta de Estado y de democracia subordinadas a la sociedad organizada y a la nación. Eso está en proceso aún en una sociedad civil polarizada y en ebullición interior.


1 Véase Oliver, Lucio, “Sistema político, relaciones elitistas y participación popular en Brasil hoy”, en Silvia Gómez Tagle y Willibald Sonnleitner, Mutaciones de la democracia: tres décadas de cambio político en América Latina (1980-2010), México, El Colegio de México, CES, 2012.

2 Nogueira, Marco Aurélio. As ruas e a democracia. Ensaios sobre o Brasil contemporâneo. Brasilia, Contrapunto, 2013. También véase Cattani, Antonio David (organizador). #protestos. Análises das ciencias sociais. Porto Alegre, Tomo, 2014.

3 Marini, Ruy Mauro, “El Estado de contrainsurgencia, 1978”, intervención en el debate “La cuestión del fascismo en América Latina”, Cuadernos Políticos, México, Era, número 18, octubre-diciembre de 1978.

4 En la segunda presidencia de Cardoso, la crisis resultó del ocultamiento con motivos electorales que hizo dicho político del derrumbe de las condiciones sociales y de la inestabilidad económica aceleradas por la reinserción subordinada de Brasil en el capitalismo transnacional, el mayor dominio del capital financiero, la imposición de un orden neoliberal excluyente que afectó la gobernabilidad.

5 Como refirió acertadamente el sociólogo brasileño Francisco de Oliveira en su contribución al primer número de la revista Margem Esquerda, Brasil, Boitempo Editora, julio de 2003.

6 Término que Gramsci utilizó para designar a personalidades arbitrales situadas más allá de la lucha de clases, en situaciones encontradas en pugna abierta y prolongada entre ellas, que podría inclinar las relaciones de fuerzas un poco hacia la izquierda o a la derecha. Véanse Cuadernos 13, parágrafo 23, y 14, parágrafo 27, de los Cuadernos de la cárcel, México, Era, 1999.

7 Para conocer en documentos esta estrategia cabe consultar el sitio de internet pagina13.org.be

8 Véase Leda María Paulani, “A dependencia redoblada”, en Le Monde Diplomatique, Brasil, edición 61, 3 de agosto de 2012.

9 Entrevista a Frei Betto en Resumen latinoamericano.org, versión digital del 18 de marzo de 2018.

10 Zibechi, Raúl, Brasil potencia, Bogotá, Desde Abajo, 2012.

11 “Dilma Rousseff propone un referéndum para reformar la Constitución”, en El País, 25 de junio de 2013, España.

12 Véase Boaventura de Sousa Santos, Reinventar la democracia, reinventar el Estado, Abya-yala, Quito, Ecuador, 2004.

13 “La considerable administración brasileña no podrá subir el sueldo a sus trabajadores, contratar funcionarios nuevos ni conceder incentivos fiscales si no se ciñe a sus objetivos. En las dos áreas más sensibles, educación y sanidad, este límite entrará en vigor en 2018, pero no por ello deja de suponer un cambio existencial en la administración brasileña. Hasta ahora, su Constitución establecía un piso de gastos en estas materias, no un techo”, en El País, 14 de diciembre de 2016.