LA BATALLA DEL AEROPUERTO

LA BATALLA DEL AEROPUERTO

El conflicto sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México (NAIM) en medio de la coyuntura del periodo de transición sintetiza una serie de antagonismos y choques de fuerzas que necesitan análisis e interpretación.

El presente texto se nutre de tres vetas: por un lado, de nuestra investigación sobre conflictos socioambientales en América Latina; por otro, de nuestra participación directa en la iniciativa #YoPrefieroElLago; y, por último, de la reflexión sobre el papel de los movimientos sociales en el continente y en el ciclo del progresismo latinoamericano que hoy parece eclipsarse.

Comenzaremos por analizar las grandes contradicciones estructurales condensadas simbólicamente en el proyecto aeroportuario. Hablaremos luego de la movilización no convencional representada en el activismo en red de la campaña #YoPrefieroElLago. Finalizaremos con el proceso de polarización social acelerado con la cancelación del aeropuerto en Texcoco en la triada de movimientos sociales, Estado y capital.

I. Antagonismos comunitario, ambiental y progresista

El proyecto aeroportuario abrió tres conflictividades de distintas dimensiones. La primera se inscribe claramente en la expansión de las inversiones sobre el territorio, como modo de refugio frente al estancamiento del crecimiento mundial de la economía. La territorialización del capital busca valores de uso creados por la naturaleza en distintas formas (agroindustria, biomercantilización de bienes comunes naturales, industria extractiva, hiperurbanización en busca de suelos para construcción). Además de esas formas de despliegue del capital sobre la naturaleza (Pineda, 2016), el desarrollo de lo que denominamos megainfraestructura busca construir y dotar de condiciones a la reproducción del capital; requiere un control territorial estratégico direccionado por el Estado, generalmente en proyectos integrales que conectan nodos comerciales a escalas nacional, regional y mundial. Es lo que Marx nombró condiciones comunales y generales de la producción social.

La capacidad tecnológica transformadora del capital tiene tal intervención en la naturaleza que puede rehacerla a su modo, como plantea James O’Connor. Ello puede revestir consecuencias devastadoras en los sistemas naturales complejos y las relaciones bióticas. Las externalidades de la megainfraestructura quizá no sean visibles, debido a su conceptualización como proyectos acotados y aislados entre sí, pero cuyas alternaciones combinadas y sinérgicas, así como sus resultados no lineales e impredecibles, poseen la capacidad de transformar de modo irreversible la biosfera. Un ejemplo de ello es la ruptura del ciclo hidrológico del agua por la intervención humana con la construcción de más de 50 mil represas en el mundo (Delgado, 2012).

La perspectiva de la máxima ganancia conceptualizó un proyecto de transformación del ex vaso del lago de Texcoco con una refinada y abrumadora capacidad ingenieril, pero de consecuencias irreversibles en su modo de territorializar el espacio natural. Esa transformación no sólo conlleva un elevado costo ambiental para sostener materialmente una intervención en un suelo no apto para la edificación, sino que implicó la emergencia de una segunda dimensión conflictiva en la utilización del espacio geográfico creado por la naturaleza: el uso del territorio en un proyecto comercial de megainfraestructura; o bien, su uso como base material de servicios ambientales para los habitantes de la metrópoli edificada en la cuenca de México.

El conflicto entonces se centraba en dos proyectos y visiones opuestos sobre el uso del espacio geográfico natural: el primero argumentó que los servicios ambientales del lago Nabor Carrillo –refugio de aves migratorias, enfriamiento de la región– y el uso de la zona como regulador de aguas eran compatibles con el proyecto aeroportuario y sus intereses comercial-financieros. Una segunda visión increpó el proyecto con el argumento no sólo de la afectación y alteración de la zona sino de la cancelación del potencial de las miles de hectáreas hacia un nuevo tipo de plan de manejo hídrico para la metrópoli no basado en el desaprovechamiento del vital líquido. Durante décadas, numerosos expertos –urbanistas, geólogos, hidrólogos, arquitectos, biólogos– habían llamado a recuperar ese territorio para servicios ambientales. Hasta ahora, la primera fuerza se había impuesto como un vendaval de intereses económicos y políticos con la clásica visión de desarrollo y crecimiento. La segunda fuerza, de forma totalmente asimétrica, reunía apenas algunas voces aisladas. El conflicto actual cambió esa dinámica, en el ámbito de la contradicción capital-naturaleza, entre un territorio común y uno mercantilizado.

Una segunda dimensión de conflicto, más conocida, se inserta en una oleada de resistencia socioambiental y comunitaria a lo largo y ancho del continente ante del despliegue del capital en el territorio. Es la contradicción entre las relaciones de mercado y las sociedades comunitarias, basada en la “acumulación por desposesión” (Harvey, 2003), así como las externalidades y los costos ambientales desde donde emerge el ecologismo de los pobres (Martínez, Roca, 2013), una defensa de la tierra y el medio, como modo de supervivencia ante los efectos destructores sobre el entorno.

La contradicción por la apropiación de la tierra era más evidente en el primer proyecto aeroportuario promovido en la administración panista de Vicente Fox, pues necesitaba la expropiación directa de las tierras ejidales de San Salvador Atenco. Esa primera intentona fue derrotada en 2002 por la movilización campesina y popular de las comunidades aglutinadas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT): San Salvador Atenco, Acuexcomac, Nexquipaya, San Andrés Rivapalacio, Chimalpa, Coatlichan, San Pablito Chiconcuac, Magdalena, Francisco I. Madero, Tocuila y Santa Cruz de Abajo (Pineda, 2011).

Pero a lo largo de los años posteriores, con una política contrainsurgente, se dividió, compró, acosó, persiguió y encarceló a la resistencia representada en el FPDT. Con ello logró su parcial debilitamiento como coalición comunitaria. Junto a la estrategia de desarticulación del frente, una política hormiga de apropiación de tierras colectivas se inició en el gobierno de Felipe Calderón y, también de manera paralela, los estudios para el nuevo aeropuerto sobre el vaso del lago de Texcoco. La segunda versión del proyecto aeroportuario es en realidad un plan transexenal del gobierno calderonista y del sucesor, Enrique Peña Nieto, quien implantaría de inmediato el ambicioso proyecto constructivo.

Los intereses de apropiación sobre el territorio, aunque derrotados momentáneamente por la resistencia al aeropuerto en 2002, lograron reactivarlo cambiando la edificación hacia tierras federales, apenas a unos kilómetros del proyecto original. El gobierno federal evaluó la movilización social sólo como producto de la afectación de la propiedad colectiva de la tierra. Subestimó que las protestas son también la resistencia y defensa de un modo de reproducción material e inmaterial de raigambre comunitaria y agroproductiva, pese a la contracción de las economías campesinas en la región. Sin embargo, la desposesión a través de la construcción ya no se realizaba de manera directa. Esto cambió las coordenadas del conflicto.

Aun así, el corrimiento del proyecto no resolvía la necesaria usurpación de tierras ejidales en Atenco, Tocuila y Nexquipaya para construir la autopista Pirámides-Texcoco, que penetró y dividió las tierras colectivas campesinas sin que mediara recurso legal alguno en 2015. Ese despojo de facto llevó a los ejidatarios del FPDT a ampararse ante el gobierno federal, a través de varios recursos jurídicos. En uno de ellos se argumentó la violación del derecho a la consulta de los pueblos por edificar el NAIM. En el proceso de amparo 14/2015 “se logró que se presente un peritaje antropológico para demostrar que las comunidades aledañas a la construcción del NAIM sí son pueblos y comunidades equiparados a pueblos indígenas”.

De manera paralela, el inicio de los trabajos provocó la especulación con la tierra que anunciaba ya lo que sobrevendría si el proyecto llegaba a concluirse: la urbanización de Atenco, Texcoco, Tezoyuca y Tepetlaoxtoc, entre otros municipios. Dicho proceso sería el tiro de gracia para las economías agrarias de la zona y, junto a ellas, los modos de vida comunitaria (Pineda, 2018). El antagonismo comunitario frente al capital refleja la contradicción clásica entre el despliegue de las economías de mercado y la resistencia a desaparecer como modos de vida no capitalistas o parcialmente no capitalistas.

A ello se suma que una docena de municipios de la región oriente del estado de México comenzó a movilizarse debido a los efectos ambientales de la extracción pétrea destinada al aeropuerto. El equivalente a 53 veces el volumen del estadio Azteca en materiales se requería para estabilizar los suelos del viejo lago de Texcoco. Ello arrasó territorialmente muchos pueblos, que comenzaron las protestas y resistencia, por la contaminación, expoliación y destrucción de cerros, zonas arqueológicas, afectación de viviendas y caminos, daños a la salud y un caudal más de daños considerados colaterales por los planificadores, pero que cambiaron para siempre la vida de los pueblos. Aquí emerge el conflicto de cuidado por la naturaleza, pues de ella dependen la vida, la seguridad y la cultura de esos pueblos. Es la dimensión de afectaciones socioambientales de esos pueblos yuxtapuesta con la desposesión y posible destrucción de las economías agrarias de las comunidades más cercanas a la construcción.

La contradicción central, en resumen, se encuentra entre la expansión territorial de las relaciones de mercado a costa y con el debilitamiento de los modos de vida comunales que, condenados a la desaparición y a cargar con los costos ambientales, resistieron dicha invasión.

Finalmente, una tercera dimensión de conflicto sobre el aeropuerto es por supuesto la reacción empresarial contra la decisión del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador de llevar a consulta ciudadana la posible cancelación y, luego, refrendar el fin del proyecto realizado en Texcoco. Lo presentado con la apariencia discursiva de lucha contra la corrupción o, desde otro punto de vista, disputa entre distintas fracciones de capital –desde nuestro análisis, interpretaciones equívocas de esta dimensión conflictual– es en realidad el afianzamiento del progresismo ante el capital financiero y la disputa por el campo de intervención estatal en la direccionalidad y gestión de la economía. Expliquémonos.

En una conferencia de prensa, el capital financiero, representado en la banca y el Grupo BBVA-Bancomer, expresó su abierta oposición a la decisión de la cancelación de Texcoco, “no por la cancelación en sí misma del proyecto sino por el mensaje de incertidumbre que se envía a los inversionistas”. En otras palabras: no el negocio en particular sino la relación del Estado mexicano para asegurar, proteger y promover la acumulación estaba en entredicho, pues durante las últimas tres décadas el Estado neoliberal no sólo fue cómplice corrupto de los inversionistas sino, esencialmente, supuso la forma política de imposición de las condiciones del gran capital.

Ello implica recordar la relación entre los Estados neoliberales y el capital financiero y sus diferencias con el progresismo en ese vínculo. Alberto Bonnet plantea al respecto que “buena parte de la capacidad de ejercicio de la dominación política por los Estados neoliberales descansa en su capacidad de convalidar políticamente las sanciones que los flujos y reflujos de capital ejercen sobre las condiciones de explotación y dominación vigentes en los distintos rincones del mercado mundial” (Bonnet, 2015: 138).

La reconfiguración del poder político con el progresismo en Latinoamérica modificó dicho vínculo de convalidación. El temor del gran capital es el mismo vivido en Brasil ante el ascenso del Partido de los Trabajadores al poder, encabezado por Lula da Silva; la respuesta consistió en un ataque de especulación financiera en 2003. El gran capital se resiste a cualquier tipo de intervencionismo estatal lesivo de sus ganancias, incluso el menos radical del progresismo, catalogado como de “utopía reformista en la globalización financiera” por algunos autores (Sand, 2005). El capital se resiste incluso a un intervencionismo estatal tenue, redistributivo, que mantiene la estructura económica en funcionamiento y continuidad, pero con injerencia y conducción suficientes para estabilizar la polarización económica y combatir la pobreza, como base material de la reproducción del capital en su conjunto. El gran capital resiste y combate a la izquierda más moderada y no está dispuesto a ninguna concesión ni negociación de las anteriores condiciones de acumulación.

Así, en palabras del reconocido economista argentino Julio Gambina, lo progresista “pasaría por la crítica al neoliberalismo y el intento de reformas, las que no modifican cambios estructurales en la organización económica de la sociedad contemporánea, el capitalismo (…) Una prueba la constituye la extensión de las políticas sociales masivas para compensar a los sectores más vulnerables. (…) Se omite la posibilidad de la construcción no capitalista, anticapitalista y por el socialismo” (Gambina, 2017: 58).

La tercera dimensión conflictual tiene que ver entonces con la defensa del margen de intervención del gobierno electo no para desarticular la acumulación y las inversiones sino para regularlas; el aeropuerto representó además la disputa de López Obrador para asegurar que su gobierno tenga un campo de acción con recursos suficientes para sus programas sociales; pero es también la resistencia a que el gran capital cambiara la faz de la región central del país, que tomaba por asalto la conducción del desarrollo económico y social con un proyecto que implicaba mucho más que pistas de aterrizaje adicionales: representaba la reconfiguración radical del crecimiento económico para las siguientes décadas, basadas en la aerotrópolis, la especulación inmobiliaria y la competitividad internacional fundada en los macronegocios ligados a un nuevo centro urbano.

Lo relevante de la batalla del aeropuerto y sus antagonismos esenciales es que confluyeron en una coyuntura: la fuerza comunitaria, el proyecto histórico de otra relación con la naturaleza en la cuenca y el progresismo de López Obrador y su base social chocaron con la fuerza del gran capital, aunque –como he destacado– con objetivos distintos, horizontes disímbolos y escalas de lucha y conflicto asimétricas y separadas entre sí. Esa disputa tuvo un momento de movilización y politización popular muy importante, protagonizado no por el progresismo sino por los pueblos y sus aliados, agrupados en la campaña #YoPrefieroElLago, el vehículo para provocar la acción colectiva masiva desde abajo, convertida en fenómeno viral.

II. #YoPrefieroElLago: racionalidad ambiental, movilización comunal y activismo en red

Movilizar a un gran sector metropolitano en defensa de lo común y el ambiente y no sólo en solidaridad con la lucha contra el despojo de los pueblos fue la propuesta estratégica a que llegó el propio FPDT modificando su forma de lucha histórica por 17 años. El aeropuerto, como ataque a la viabilidad de la reproducción de la vida en la cuenca central de México, significaba un peligro para todos y no sólo para las economías campesinas situadas a la orilla del lago. El razonamiento propuesto por el FPDT exigió una estrategia de acción distinta.

En esa línea, la defensa de los pueblos tendría que estar articulada, además de con los municipios afectados por la construcción, con un sector social que se expresaba en dos formas: en los movimientos sociales y en las clases medias no organizadas, pero con visibilidad y presión política a través de las redes sociales. El FPDT buscó sumar aliados en esos campos a la par de fortalecer la resistencia y organización comunales. Ganar un apoyo masivo contra Texcoco significaba apelar, convencer, politizar, informar y movilizar a esos sectores.

El FPDT, tras presionar varias veces al gobierno electo para intentar incidir en su estrategia de consulta –anunciada de manera ambigua– y esperar una respuesta de definición sobre la cancelación exigida públicamente en varias movilizaciones, decidió no esperar más, y convocó a varias de sus organizaciones aliadas a crear una iniciativa propia para la movilización contra Texcoco. El resultado fue la campaña #YoPrefieroElLago.

La campaña partía del balance que hacía el FPDT sobre ganar a otros sectores señalando el problema común del aeropuerto como peligro para la cuenca central de México en su conjunto, pero también al cambiar el centro de las afectaciones del aeropuerto, reconocía que otros actores sociales tendrían centralidad en el proceso, además de que una parte de la lucha se realizaría en la opinión pública. Así, se impulsó una política de disputa en los medios de comunicación pese a la asimetría y el total apoyo de muchos de ellos al proyecto aeroportuario. Y tomaba para sí la idea de que la política y el discurso propios tendrían también un campo decisivo a través de las redes sociales no obstante su relativo elitismo. Dicha campaña opuso una racionalidad ambiental a la instrumental-mercantil, donde residía la legitimidad del megaproyecto. Todos esos elementos se condensaron en el hashtag #YoPrefieroElLago, convertido desde su lanzamiento en un fenómeno en redes sociales.

El HT #YoPrefieroElLago cambiaba las coordenadas de debate, desbordando la discusión técnica e ingenieril-constructiva; se rehusaba además a defender la opción de Santa Lucía propuesta por el gobierno electo. El HT, en vez de ser una refinada explicación estructural del funcionamiento del capitalismo depredador, permitió que el internauta fijara posición y se interconectara con otros a partir de un eslogan simple pero poderoso y lleno de contenido. No proponía una dualidad entre dos proyectos o sedes aeroportuarios sino una decisión en favor de la vida y, por ende, contra el dinero, el proyecto inmobiliario y sus intereses financieros.

Convocaba a académicos emisores de contenidos, a personalidades y tuiteros como catalizadores y a movimientos y organizaciones a participar como replicadores de información esencial contra el proyecto aeroportuario. Sobre todo, llamó a partir de un cambio estético, simbólico y político del discurso, a la gente común, a la multitud en red (Rovira, 2016) a sumarse a la iniciativa. El exhorto urgente fue atendido.

A partir del 24 de septiembre, fecha de lanzamiento de la iniciativa, más de 10 mil internautas participaron desde twitter y replicaron el hashtag de la campaña, para volverlo trendtropic. Los materiales elaborados por un equipo interdisciplinario eran viralizados: un solo hilo en twitter llegó a 400 mil personas. Un video con la voz de cierto académico se reprodujo más de 1 millón de veces. Otro más cuenta hasta hoy con 7.5 millones de visualizaciones. La convocatoria nacional de la campaña fue respondida en 2 días por 500 organizaciones de todo el país, y luego durante las siguientes semanas por cientos y cientos más de adhesiones. Que conocidos integrantes de la comunidad artística nacional se sumaran por iniciativa propia y replicaran en sus cuentas el hashtag de la campaña hacía estallar el alcance de la iniciativa a millones más. Yo Prefiero el Lago se había convertido en un fenómeno viral. La respuesta de los defensores del aeropuerto, sumamente agresiva en redes sociales, sólo hizo crecer el fenómeno.

En los medios de comunicación, los académicos propuestos por la campaña como defensores del lago fueron invitados a un centenar de entrevistas y debates en la prensa comercial, en radio, televisión y prensa escrita impresa y digital. La polarización en los debates con integrantes del Grupo Aeroportuario intentaba descalificar a los académicos de la campaña y catalogaba como radicales las demandas ambientales. La altisonancia de la confrontación sólo atrajo más la atención hacia los argumentos de los opositores.

Por otro lado, más de 150 conferencias, talleres, charlas y foros se realizaron en apenas 3 semanas: desde pequeñas reuniones de no más de 30 personas en plazas públicas hasta auditorios abarrotados en las facultades universitarias, desde reuniones sindicales informativas hasta masivas reuniones del movimiento urbano popular: 14 mil universitarios participaron en una consulta en más de 20 escuelas y facultades, donde 80.9 por ciento votó contra Texcoco. Yo Prefiero el lago había salido de las redes sociales para convertirse en cientos de pequeñas acciones en toda la zona metropolitana; se movilizaron miles.

La resistencia comunitaria había comenzado hacía años y se realizaba de manera menos mediática. El FPDT inició un lento y minucioso proceso de reintegración de los ejidatarios, que desde el inicio de la construcción del NAIM se reagruparon contra la usurpación y los poderes locales ligados a los intereses del gran capital. Montaron plantones como el de Tocuila para detener el avance de las obras de la autopista que llevaba al aeropuerto y pasaba por encima de sus tierras y derechos. Instalaron también campamentos en las tierras del El Paraíso y el cerro de Huatepec. Pese a la represión sufrida para disolverlos, dieron muchos dolores de cabeza al Grupo Aeroportuario.

En San Luis Tecuautitlán, municipio afectado por la extracción minera de grava, los ejidatarios montaron también un plantón, formando el Comité de Defensa de los Cerros; sus habitantes, movilizados, llegaron incluso a retener funcionarios para frenar las excavaciones. Los pueblos unidos en defensa del Cerro Gordo, de Ixtlahuaca, junto a otras comunidades, bloquearon la autopista Peñón-Texcoco y montaron también un plantón para impedir la extracción minera. En San Marcos Tlaxuchilco, los habitantes retuvieron a los transportistas que llevaban material hacia la construcción. Otros municipios, como Temascalapa, Acolman o San Martín de las Pirámides, se habían unido en movilizaciones en Teotihuacán para oponerse al proyecto. Los pobladores de Tepetlaoxtoc se movilizaron en defensa de la laguna de San Telmo y los ajolotes que viven en ella. En otros lugares la lucha contra las mineras llevaba muchos años de antecedentes, como en Tezoyuca, donde la mina El Tezoyo ya había provocado literalmente una lluvia de piedras sobre sus habitantes, dañando autos y viviendas por la utilización ilegal de explosivos y su uso irresponsable. El aeropuerto reactivaría la mina que ya había sido clausurada en una ocasión aumentando la explotación y llevando a su habitantes a bloquearla. En decenas de comunidades se interpusieron amparos, demandas y numerosas impugnaciones jurídicas. No hay espacio aquí para narrar tan larga resistencia comunitaria, de la cual nombramos sólo algunos ejemplos.

El llamado del FPDT a formar la Plataforma Organizativa contra el Aeropuerto y la Aerotrópolis hizo converger todas estas luchas comunitarias. Llevaron sus protestas hacia la casa de transición del gobierno electo en la Ciudad de México; realizaron caravanas, brigadas y recorridos de denuncia con virtuales funcionarios del gobierno electo y representantes del Poder Legislativo, que tuvieron cobertura mediática nacional e internacional.

La campaña #YoPrefieroElLago movilizó a las comunidades en torno al análisis de las consecuencias del proyecto: donde no había condiciones de seguridad por posibles represalias a los opositores se realizaban reuniones nocturnas entre familias; se dejaba información en tortillerías y otros comercios para distribuir de manera oculta propaganda. Empero, en otros lugares a mano alzada en asambleas ejidales o comités del agua se votaba contra el aeropuerto. En algunos casos, cientos de ejidatarios o comuneros acudieron a foros realizados en sus pueblos para analizar los efectos del NAIM. Fue un proceso de politización acelerado, que familia por familia, casa por casa se realizaba en muchas comunidades con núcleos opositores. El caudal de amenazas, amedrentamientos y procesos legales contra ellos es un cúmulo impresionante de violaciones de los derechos humanos que llegó a su punto máximo, por un lado, con las amenazas de muerte a Nieves Rodríguez, quien nunca abandonó su casa, en medio del trazo de la autopista que llevaría al aeropuerto; y, por el otro, con el asesinato del ingeniero Jesús Javier Ramos Arreola, defensor del cerro del Tenayo y quien había recibido intimidaciones previas. Las comunidades opositoras hicieron un gran esfuerzo de resistencia desde años antes y durante la campaña para que su voz fuera escuchada.

La iniciativa #YoPrefieroElLago provocó entonces una movilización comunal, metropolitana, mediática y viral que alcanzó a millones de personas y desató una disputa por los significados, los contenidos y argumentos en torno del megaproyecto. Quizá por ello la revista Forbes encontró que 60 por ciento de los usuarios de internet desaprobaba la construcción del NAIM y reconocía que el principal HT en las 38 mil 366 conversaciones del periodo analizado era el de la campaña, considerando que ecocidio y corrupción eran los principales conceptos utilizados por los internautas al referirse al NAIM.1  Un sondeo realizado por el Colectivo de Investigación y Análisis Estratégico en Ciencias Sociales encontró que la mayoría de los encuestados nombraba como principal fuente de información sobre el aeropuerto medios digitales y la campaña #YoPrefieroElLago, con 69.41 por ciento de opiniones desfavorables a Texcoco.2

Miles escucharon la voz de los pueblos y la historia del despojo. Muchos más comprendieron la contradicción del mercado con la naturaleza, condenaron el proyecto, entendiendo que era un símbolo de la máxima ganancia y de la lógica del poder financiero y empresarial. Ese enorme esfuerzo comunitario, ambiental, popular, estudiantil y ciudadano se realizó por supuesto en medio de condiciones no decididas por ellos. Si la primera batalla del aeropuerto fue ganada en 2002 por las comunidades contra el despojo, una segunda, defensora de los argumentos ambientales, fue ganada en la opinión pública por esta coalición en defensa del lago. Texcoco había sido derrotado antes de ser realizada la consulta nacional, pero desde una condición subalterna, pues otra fuerza definió el proceso, el modo y los tiempos para la decisión final. El progresismo, como nueva hegemonía en proceso, había llevado el conflicto a la agenda nacional, pero también marcado un dudoso camino para enfrentarse al poder financiero y empresarial.

III. Consulta, hegemonía y emergencia antagonista

#YoPrefieroElLago perdió centralidad al acercarse la consulta México Decide. Sucedió tanto por el revuelo de su realización como por las reacciones contra ella. La consulta fue un medio parcialmente fallido del gobierno electo para un aterrizaje suave en su relación con el capital financiero. La consulta legitimaría la cancelación de Texcoco, sin abrir un conflicto con los empresarios, con el anuncio sumamente publicitado de la posibilidad de cancelación. El progresismo movilizó también sus recursos contra el fastuoso aeropuerto en construcción. Empero, el modo y la forma de la consulta no dejaron satisfechos al poder económico, por un lado, ni a los pueblos y quienes integraron la coalición opositora a Texcoco, por el otro.

Del lado de los inversionistas, abrir una decisión de esa magnitud a la voluntad popular trajo el rechazo antidemocrático y conservador que niega los medios de la democracia directa. Del lado de las comunidades, la demanda de consulta libre, previa e informada, realizada en torno a los derechos de los pueblos y basada en el convenio 169 de la OIT, fue simplemente ignorada. De ahí se derivará la segunda contradicción sobre el aeropuerto en Santa Lucía, cuyos efectos ambientales y socio-comunitarios pueden ser también muy graves.

Por un momento, la polarización del empresariado y del capital bancario pareció llegar a una confrontación directa contra el gobierno de López Obrador. Pese al vendaval mediático, el deslizamiento del peso y el altisonante repudio del poder económico, el gobierno lopezobradorista salió avante.

La cancelación implica triunfos relativos en cada dimensión antagonista. Es inusitado cancelar el mayor proyecto de infraestructura del continente. En términos ambientales se gana con la anulación de la posibilidad de un manejo hídrico alternativo, y la recuperación de los lagos y, con éstos, de la biodiversidad dependiente de ellos; además, se obtiene tiempo para contener la urbanización de toda la región oriente que se aceleraría con la construcción del aeropuerto. Son posibilidades abiertas; y de no haber fuerzas suficientes que obliguen a un proceso restaurativo de la región, de poco o nada habrá servido la batalla. Es evidente que ganar esa posibilidad en la cuenca no resuelve la crisis ambiental de la metrópoli.

La cancelación también abre la posibilidad de recuperar tierras despojadas a los ejidatarios, como base material de una posible reemergencia comunal-productiva; se aleja de modo relativo un peligro inminente para los modos de reproducción comunitaria, abriendo la posibilidad de reintegrar el tejido social y una posible gestión colectiva no sólo de las tierras productivas sino del área en disputa. Pero ello depende de que la autonomía y autoorganización de los pueblos permitan reconstruir una fuerza social que se instituya a sí misma y obligue al gobierno electo a respetar sus directrices territoriales. Es obvio que esa batalla no detiene la lógica del despojo a escala nacional.

Por último, si bien la apariencia es que López Obrador ganó la partida, en realidad la contradicción entre progresismo y capital financiero está lejos de haberse resuelto. De hecho, desde nuestra visión, el reformismo débil del progresismo constituye una contradicción inherente a los gobiernos posicionados en el centro equilibrado entre acumulación y redistribución de la riqueza. Ese imposible centro político los mantiene en la inestabilidad: ganan los pueblos o los empresarios, ganan los bancos o los tarjetahabientes. El antagonismo de intereses opuestos y su aparente sana medianía puede satisfacer algunos horizontes, necesidades y demandas de las clases subalternas, pero no las del capital. El progresismo apuesta a apaciguar las contradicciones entre unos y otros, pero el capital, fiel a su lógica de crecimiento infinito, no puede ser domesticado. Las derechas políticas del continente y el capital financiero toleraron, pero nunca aceptaron a los distintos progresismos en el poder y su reformismo regulador en el continente.

Si reconocemos que el ciclo progresista en Latinoamérica pudo ser posible por la oleada continental de repudio al neoliberalismo, ello significa que hubo un cambio favorable en las fuerzas populares y que de éste emergen directa o indirectamente los gobiernos como respuesta y resultado del debilitamiento de las élites neoliberales, cuya legitimidad se erosionó, debilitó y, en algunos casos, fracturó por la movilización e insubordinación populares. Por supuesto, a ello debe añadirse el liderazgo fuerte de los dirigentes carismáticos del progresismo.

Ese cambio en la correlación de fuerzas también sucedió en México. Esa emergencia popular –aun cuando no se exprese programáticamente anticapitalista– asusta y asustó a las élites en el continente y en el país. Y esa emergencia tiene una traducción política en el poder de carácter progresista que intenta equilibrar y regular las aristas más intolerables del capital, como ha expuesto el López Obrador mismo, quien propone emular el modelo del capitalismo nórdico. Pedro Salmerón ha sido todavía más explícito cuando caracteriza el proyecto: “Morena no propone ningún socialismo del siglo XXI, sino el desarrollo del capitalismo nacional con un Estado garante de derechos, que acabe con la corrupción y la impunidad”. Un “capitalismo benévolo”, como lo llama críticamente Eduardo Gudynas.

Si López Obrador aparece como total ganador del proceso, ello se debe también a la debilidad de sus opositores y no sólo a su capacidad política. Los empresarios salieron a defender directamente sus intereses en Texcoco, pero sobre todo a impedir cualquier cambio de las reglas sustantivas de la acumulación. El empresariado más radical no quería aceptar las reglas del progresismo relativamente regulador, pero otros aceptaron presurosos un nuevo acuerdo con el gobierno electo. Es decir, el empresariado se dividió y una parte decidió no confrontar a López Obrador. Que los grandes capitales hayan aceptado la cancelación obedece también a que ninguna fuerza política pudo aglutinar el repudio y defender abiertamente los intereses mercantiles de las élites. El comité al servicio de la burguesía les falló, con los partidos de la derecha ensimismados en su crisis. Empero, la reacción de los mercados ante las iniciativas reguladoras del progresismo hablan con claridad del poder del capital financiero y los límites de la fuerza simbólica de los 30 millones de votos, donde el gran capital hace sentir su poder, incluyendo a López Obrador.

Por otro lado, desde hace unos años los signos frente a la emergencia de la movilización popular son de una creciente oleada reaccionaria en México. Las opiniones homofóbicas ante los avances democrático-liberales de derechos, la reacción misógina ante la movilización y las demandas feministas, el clasismo ante la movilización popular en Ayotzinapa, la sobrerreacción discursivamente antipopulista y antisocialista contra López Obrador y la realidad venezolana, y la xenofobia mostrada ante las caravanas migrantes son señales de un mismo fenómeno de polarización estructural conservadora.

Aun cuando todas esas voces eran apenas murmullos, pueden encontrar rápidamente formas políticas de articulación, como la marcha a favor del aeropuerto en Texcoco, o el repudio por la inestabilidad económica de la caída de la bolsa provocada por la iniciativa presentada por Morena en el Congreso para regular el capital bancario. Los viejos partidos de la derecha no logran articular este sector emergente. Si estas fuerzas hoy fragmentadas, episódicas, sin orientación común, logran autoconfigurarse, serán la base social de tintes autoritarios, dictatoriales y de ultraderecha que se sumarían al fenómeno mundial conservador, sintetizado en el caso brasileño con la elección de Jair Bolsanaro. Pondrían en riesgo el progresismo, su continuidad y proyecto. De no lograrlo, el progresismo se volverá hegemónico. En el primer caso, los movimientos sociales quedan atrapados en una polarización extrema de fuerzas descomunales. En el segundo, pueden quedar anulados ante la estabilización del progresismo reformador.

La batalla del aeropuerto permite ver los límites del progresismo, y las posibilidades y contradicciones de las luchas populares. Pero debería llamar a reflexión sobre la reacción altisonante del capital. Si el empresariado y la base social conservadores han reaccionado así en los últimos tiempos ante un proyecto que sólo busca “un Estado garante de derechos que acabe con la corrupción”, cabe preguntarse cómo reaccionarían ante una política anticapitalista.

Sortear a la reacción conservadora, afrontar las contradicciones del progresismo y abrir posibilidades de lucha anticapitalista son retos por afrontar. La batalla del aeropuerto es un símbolo de esas contradicciones, antagonismos y fuerzas. La batalla del aeropuerto parece haber terminado, pero las contradicciones del sistema-mundo capitalista y sus posibles salidas y opciones siguen abiertas y vigentes. La batalla del aeropuerto representó la lucha de fuerzas sobre el territorio, la naturaleza, las finanzas y el poder gubernamental. Fue una batalla decisiva de nuestro tiempo. Sus lecciones, quizá, pueden ayudarnos a pensar sobre el mañana en las luchas que claramente se aproximan.


1 https://www.forbes.com.mx/6-de-cada-10-internautas-mexicanos-estan-en-contra-del-naim-estudio/

2 http://colectivoiae.com/estudios-de-opinion-publica/nuevo aeropuerto/?fbclid=IwAR1-vXQ3UmLcgeFHf3XV3ai4PPtY7FqqGJYPgOxXlTP7AsVxj3pzNjs-i-w

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