EL MÚLTIPLO OBSCENO:

SALARIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS

Era de esperarse que varias de las ideas centrales y de las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno federal, que había anunciado repetidamente una “transformación” de la república, generaran amplios, profundos y polémicos debates –precisamente porque no se trataría de pequeñas mejorías para determinados sectores sociales y, mucho menos, de simples correctivos técnico-administrativos–. Independientemente de si se concuerda o no, por las razones que sea, con determinadas decisiones, se crean situaciones sumamente interesantes desde el punto de vista teórico y llenas de impulsos para pensar y repensar en la sociedad y la cultura.

Uno de los primeros debates se desató por el tope anunciado para los salarios de los servidores públicos. Como se ha visto, la propuesta ha llevado a discusiones importantes, y todavía no concluidas, sobre los derechos de los trabajadores, la división republicana de poderes, la reestructuración de la administración pública, el servicio civil de carrera e, incluso, la motivación para optar por ingresar en el servicio público y sobre las ideas populares acerca de éste.

Lamentablemente, estas polémicas han sido empañadas por información sobre más y más ramas y puestos de la administración pública, cuyos empleados –altos funcionarios y algunos de sus colaboradores más cercanos– reciben salarios inconcebiblemente altos en comparación con los ingresos de la mayoría de los conciudadanos, a cuyo servicio dicen desempeñarse. De hecho, sus ingresos (salarios nominales y prestaciones de todo tipo) parecen más propios de un régimen imperial o feudal que de un segmento de ciudadanos particularmente comprometidos con el buen funcionamiento de la sociedad.

Pero ¿no estamos, más allá de estos datos y de las discusiones mencionadas, ante la oportunidad y la necesidad de analizar más a fondo el tema de la remuneración del trabajo, independientemente de si éste se realiza en la administración pública, la empresa privada, una fundación sin fines de lucro, una institución de tipo social e, incluso, como cuentapropista?

Nadie duda de que ciertos trabajos exigen más tiempo de preparación y entrenamiento, mayor responsabilidad, atención, dedicación y desgaste que otros, aparte de aspectos aquí no considerados, como la existencia de un talento específico y del resultado obtenido, el cual incluso puede depender también de la suerte. Es evidente también que el promedio semanal o mensual de horas dedicadas al trabajo socialmente útil debe tomarse en cuenta al fijarse o legitimarse la retribución en dinero, especie o prestaciones. Y todo esto es en términos generales pues, por ejemplo, un restaurantero puede comprar sus insumos en función de ciertas facilidades y rapidez, mientras que otro los escoge con base en una cuidadosa búsqueda y detallada revisión; algunos profesores universitarios simplemente implantan una guía docente modular o parafrasean un libro de texto, cuando otros dedican un múltiplo de una hora de clase para prepararla y otras más para actualizarse de manera constante; hay médicos que no hacen otra cosa que “aplicar” de modo esquemático determinados protocolos institucionales y medicamentos, y algunos más dedican mucho tiempo para asegurar la veracidad de sus diagnósticos e identificar las mejores soluciones terapéuticas.

Suponiendo, pues, cierta equivalencia debida al tiempo dedicado al trabajo, criterios como los arriba mencionados justifican ciertas diferencias entre las percepciones de quienes realizan dichos trabajos, por más difícil que sea en la práctica determinarlas con precisión y justicia. Hay que dejar aquí de lado un argumento esgrimido a menudo para defender la diferencia abismal entre los ingresos del dueño de una empresa y los de los trabajadores: el “riesgo” que corre por crear fuentes de trabajo con su capital. Aparte de otras consideraciones sobre los orígenes de los capitales existentes, ¿de cuántas unidades productivas quebradas hay ex propietarios que viven en la misma miseria que quienes aceptaron el riesgo de trabajar para ellos?

La problemática se agudiza por el hecho de que, en nuestro tipo de sociedad, si uno no puede vivir de la herencia, de la beneficencia pública o de la limosna, hay sólo el juego de azar, la especulación financiera, la corrupción y el crimen organizado como fuentes de ingreso –aparte del trabajo–. Por tanto, en nuestro tipo de sociedad, la remuneración obtenida a través del trabajo, es el principal medio por el cual el individuo (y sus dependientes económicos) obtiene su parte de la riqueza socialmente generada por la especie humana a lo largo de la historia y en el tiempo presente. La retribución por el trabajo se convierte así en una especie de valoración social del individuo; opera en los hechos como marca de ninguneo de muchas personas, como señal de que valen poco o nada: población sobrante, pues.

Si esto es así, entonces surge inevitablemente la pregunta por las diferencias entre dichas retribuciones, con independencia del tipo de institución en cuyo marco los individuos llevan a cabo su trabajo. Más en concreto, surge la pregunta por las diferencias entre quienes trabajan en la misma dependencia gubernamental, empresa pública o privada, asociación. Y la pregunta es ¿cuántas veces la retribución de cierta persona por una hora, un día o una semana de trabajo puede valer lo que recibe otra?

Si bien habría cierto consenso sobre diferencias de ingreso, por las razones arriba explicadas, ¿cuán grandes podrían ser las diferencias entre la mayor y la menor retribución? ¿Es justificable que en una secretaría, una dependencia, una fábrica, un taller, una empresa que vende productos, servicios o informaciones, una clínica, un centro de investigación científica, un juzgado, una escuela, una diócesis, una asociación filantrópica o artística, una editorial, una granja, un hotel, una línea aérea o de autobuses, o lo que sea, haya personas cuyo trabajo valga 50, 100 o más veces más que el de otro colaborador de la misma empresa privada, pública o social?

En muchos países, la creación de salarios mínimos ha sido un intento de desactivar el descontento con la enorme desigualdad que, como sabemos, hay respecto no sólo al consumo, el necesario y el suntuario, sino también a la procuración de la salud, el esparcimiento, el disfrute del “tiempo libre”, el acceso al conocimiento, la dedicación a las artes y la vida espiritual. El debate actual en muchos lugares sobre el ingreso ciudadano incondicional prolonga e innova tal intento. Pero no responde a la pregunta sobre lo injusto de la desigualdad.

Ha habido en los últimos años propuestas no logradas en varios países de establecer que en una dependencia administrativa, empresa económica, centro académico, instancia judicial o asociación, la persona que gana más por su trabajo no puede obtener más de 12 veces lo de quien recibe menos ahí. Otras propuestas han señalado el factor 7 o 10 o 20 como múltiplo máximo justificable del menor salario efectivamente pagado en la misma institución.

¿Cuál múltiplo se justificaría y por qué? ¿Cuál múltiplo es exagerado, incluso obsceno?

Como se ve, el tema del posible tope salarial en la administración pública abre interesantes perspectivas para repensar en la función del trabajo humano y, especialmente, en los criterios de su remuneración, con independencia del tipo de institución o de empresa donde la actividad laboral se lleve al cabo.