ARGENTINA FIN DE CICLO

ARGENTINA FIN DE CICLO

I. Introducción

Cuando en octubre próximo se celebren en Argentina elecciones presidenciales, se completará un ciclo de tres gobiernos consecutivos del matrimonio de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015), que le dieron forma al proceso político abierto tras la crisis de diciembre de 2001. Una peculiaridad de este ciclo es que toca a su fin sin que —pese a feroces disputas políticas creadas o amplificadas por los medios masivos de comunicación— se esté en presencia de un escenario de crisis económica, social y política de gravedad terminal —como sí sucedió con las alternancias de 1989, 1999 y 2002—, y que encuentra a la presidenta en pleno ejercicio de su poder político y conservado un nivel de popularidad muy importante. No obstante, la incertidumbre sobre el rumbo político que sobrevendrá después de octubre es el otro dato relevante de la coyuntura, mientras las distintas fracciones de la oposición liberal y conservadora van articulando alianzas políticas y sociales bajo un mismo paraguas electoral y el oficialismo parece encaminado a decantarse por un candidato que no expresa cabalmente el proyecto y la figura de la presidenta saliente.

ocombate 58 canal1El cambio político que se perfila encuentra al país en un marco mundial signado por la continuidad de la crisis europea, la creciente y decisiva presencia de China a escala global, más la recuperación económica y la ofensiva política estadounidenses, todo lo cual tiene importantes implicancias geopolíticas para América Latina. En el plano regional, el fortalecimiento del dólar y la baja del precio del petróleo y de los commodities dibuja un horizonte mucho más complejo, especialmente para los gobiernos que surgieron en los años 2000 como producto de luchas sociales y políticas de resistencia a las reformas neoliberales y sus consecuencias. La restricción externa derivada de los cambios en la economía mundial perfila un estrechamiento de los márgenes de maniobra conquistados por los estados latinoamericanos durante la primera década del siglo, para definir y sostener cursos de acción con mayor autonomía, en la medida en que dispusieron de recursos para sortear las imposiciones de los organismos financieros internacionales y para impulsar políticas públicas inclusivas. Sin embargo, aún con una merma en el crecimiento de China, su irrupción como nueva potencia de influencia planetaria sigue siendo significativa. Más aún, el gigante asiático tiene como característica central que su economía no es competitiva (como en el caso de EEUU), sino complementaria con la producción regional de commodities, por lo que aunque pueda mermar el auge de su demanda de hidrocarburos, minerales y alimentos que fogoneó el alza de los precios internacionales y que redundó en un período de crecimiento significativo del conjunto de América Latina, su papel no va a desaparecer en el tablero mundial. Su capacidad de financiamiento de obras de infraestructura y de actuar como prestamista de última instancia, la convierten en un factor de contrapeso relevante al tradicional poder de los centros y organismos financieros internacionales. Pero a la vez, la exacerbación de la demanda de productos primarios fogoneada por China llevó a la profundización de las políticas extractivistas en la región, sea de recursos minerales o agrícolas, produciendo nuevas tensiones y conflictos en torno a la sustentabilidad medioambiental.

En el plano político, la fatiga producida por la morosidad, la dificultad o la escasa voluntad de los gobiernos reformistas, posneoliberales y neodesarrollistas de la región para implementar los cambios profundos prometidos, esperados y necesarios, está dando lugar al crecimiento de fuerzas y liderazgos políticos de derecha que intentan restaurar la influencia plena y directa de los factores de poder dominantes, aupados activamente por sectores importantes del sistema político estadounidense, lo que augura la apertura de frentes de conflictividad importantes. Los intereses de la potencia del norte se despliegan con intensidad, tanto a nivel militar con la profusión de bases en distintos países, como en términos económicos y políticos, con presiones, sanciones e intervenciones directas o indirectas. La muerte prematura de Hugo Chávez, cuyo incuestionable liderazgo a escala regional se ha demostrado difícil de sustituir, ha sido un fuerte golpe que plantea nuevos desafíos para los proyectos transformadores. Que Barak Obama decrete que Venezuela constituye “un peligro” para los intereses estadounidenses subraya la estrategia que se perfila para toda la región. Sin embargo, y al mismo tiempo, la presencia de movimientos sociales y populares en lucha en la región, aún con dificultades y en condiciones difíciles, es la contrapartida de esta tendencia regresiva y donde pueden cifrarse las mejores expectativas.

Para entender el momento argentino actual, haremos una breve revisión del significado del  llamado ciclo “kirchnerista”, que puede comprenderse como un proceso general en el que se distinguen las circunstancias económicas y políticas que signan los tres gobiernos sucesivos: Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011) y (2011-2015).

II. Néstor Kirchner y la sutura de la crisis (2003-2007)

El virulento derrumbe del andamiaje neoliberal dejó al desnudo, a fines de 2001, el agotamiento de un régimen de acumulación basado en la valorización financiera y la entronización del libre mercado como demiurgo creador de riqueza y felicidad. La consigna “que se vayan todos”, que aglutinó las protestas de los más diversos sectores sociales, resumió la fatiga social frente a las promesas incumplidas del retorno democrático. La caída del gobierno del radical Fernando de la Rúa precipitó la salida de la Convertibilidad —el sistema que por una década puso en paridad el peso argentino con el dólar— y produjo una pronunciada devaluación del tipo de cambio, que extremó y expandió los niveles de desigualdad y pauperización popular y abrió un periodo de grandes luchas sociales, que desembocó en las elecciones de 2003, de las que surge el gobierno de Néstor Kirchner.

En términos políticos, significó el comienzo de resolución de la crisis de legalidad institucional —expuesta en la ruptura de todos los contratos bancarios y financieros, la sucesión de cuatro presidentes en pocos días y el cuestionamiento al orden vigente—, a partir de la recomposición de la autoridad presidencial, extinguida durante el gobierno de la coalición liderada por la centrista Unión Cívica Radical. Aunando elementos materiales y simbólicos, Kirchner planteó una retórica en torno a la recuperación de la dignidad y soberanía nacionales, el rechazo al neoliberalismo y sus políticas y, sobre todo, una fuerte reivindicación de los derechos humanos a través de políticas concretas, tales como el impulso a los juicios a los militares involucrados en la represión de los años 70, reclamadas por los organismos de Derechos Humanos que, a partir de entonces, tuvieron especial protagonismo en la administración gubernamental. La renovación de la cuestionada Corte Suprema de Justicia de la Nación, con juristas independientes y de prestigio, fue otra de las medidas celebradas por una sociedad que la exigía activamente.

A partir de 2003, la economía empezó a crecer al ritmo del 9% anual, en un contexto internacional muy favorable para el país y la región, con bajas tasa de interés y precios en alza de los bienes primarios exportables, empujados principalmente por la constante demanda china. Este proceso de tipo “neodesarrollista” supuso la reversión del ciclo desindustrializador de los noventa y se apoyó en la utilización de la capacidad fabril ociosa, en el abaratamiento inicial de la fuerza de trabajo por efectos de la devaluación y en el alza internacional de los precios de materias primas y alimentos. Pero a diferencia del modelo desarrollista de los años 50 y 60, el Estado no tuvo un papel central en la conducción del proceso ni en las inversiones necesarias para generar o incentivar la acumulación.

ocombate 37 canal1Mientras el sistema hegemónico neoliberal se había sostenido sobre la base del terror a la inflación y al caos social, y aplicó un programa que desintegró el tejido social y productivo, el que empieza a emerger tras la crisis de 2001 apostó a generar un tipo de consenso más profundo y duradero que la superficial aceptación resignada nacida en los noventa del terror hiperinflacionario. El kirchnerismo basó la recomposición sistémica en promover la ampliación del consumo, con políticas sociales masivas y defensa del trabajo. De hecho, revertir los altos índices de desocupación dejados por el ciclo neoliberal y lograr avances en materia de empleo (formal e informal) se constituyeron en el núcleo central de la estrategia política oficialista y en la base de su apuesta hegemónica.

La resistencia de los sectores populares, acumulada desde mediados de los 90 y expresada en la acción de actores colectivos —movimientos piqueteros, docentes, empleados públicos y otros— le puso un límite claro a las políticas neoliberales cuando estalló la crisis de 2001. Frente al desempleo y la pobreza que iban amplificando la rebeldía y la organización popular, no había margen político para las clásicas recetas ajustadoras, por eso la devaluación de comienzos de 2002 fue la respuesta capitalista a la impugnación popular a la vía neoliberal más ortodoxa, que pretendía profundizar la dolarización, el desempleo y la pobreza. La devaluación, que fue inicialmente muy costosa para los sectores populares, abrió la posibilidad de reactivar la producción local y con ella aumentaron el empleo y el consumo populares.

El sistema fiscal se organizó para captar la extraordinaria renta de los sectores agrario y petrolero (aunque llamativamente excluyó al minero), lo que le dio a la administración central una amplia capacidad redistributiva. El ingreso fundamental lo constituyó el sistema de retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios (soja, girasol, maíz, trigo, aceites derivados), el petróleo y otros productos. Este impuesto se estableció, centralmente, para recuperar para el estado el plus de ganancia de las exportaciones generado por el tipo de dólar alto y para poder moderar el impacto sobre los alimentos y la energía de los altos precios de bienes que son consumidos por la población. Porque uno de los rasgos centrales de la economía argentina es que sus mayores bienes de exportación han sido históricamente los alimentos, por lo que el aumento de su precio en el exterior tiene un inmediato impacto sobre los precios internos y debe ser compensado.

La mayor disponibilidad de recursos, combinada con la subordinación del Banco Central y el Ministerio de Economía al ala política del Poder Ejecutivo, dieron al gobierno una mayor capacidad para responder a demandas sociales y arbitrar entre fracciones del capital. En este sentido, sobresale la amplia política de subsidios con el fin de contener precios y tarifas sensibles para la determinación del salario y de los costos industriales en general. El proceso de recuperación de la tasa de ganancia y de la acumulación expresa una recomposición de sectores de la clase capitalista, pero, al mismo tiempo, una recuperación gradual y sostenida de las clases populares en términos de ingresos y consumo. En efecto, al sustituir importaciones y generar empleo, implementar políticas sociales semi universales, captar renta agraria y petrolera que, entre otras medidas, subsidia a las empresas pero también a los hogares, se fortalece a la clase trabajadora y a la capacidad de negociación de los sindicatos y se cristalizan institucionalmente relaciones de fuerza sociales que emergieron como producto de la resistencia popular a las políticas neoliberales y que ganaron el espacio público en la rebelión del 2001.

En cuanto a la cuestión nodal de la deuda externa, Néstor Kirchner asumió la presidencia planteando la intención de hacer que el pago de la deuda fuera compatible con un conjunto más amplio de objetivos económicos y políticos. La negociación que encaró muestra el carácter pragmático de la política destinada a lograr que la deuda fuera financiera y políticamente sostenible en los años siguientes. En abril de 2005 se cierra el primer canje de deuda, con la adhesión del 76% de los bonistas. Contra los pronósticos agoreros de los economistas ortodoxos locales e internacionales, la renegociación mostró que tras la cesación de pagos no se produjo la desvinculación catastrófica de la Argentina de la economía mundial augurada y la reestructuración resultó exitosa. Sin embargo, la deuda no se auditó, como en Ecuador y, a diferencia de Brasil, que pactó la emisión de nuevos bonos bajo legislación local, el canje argentino incluyó la aceptación de la competencia de los tribunales de Nueva York, lo que a la larga traería numerosos problemas. En esa línea, y en coincidencia con la política aplicada por Brasil —y antes por otros grandes deudores, como Rusia, Turquía y México—, en 2006 el gobierno encaró la estrategia llamada de “desendeudamiento” con el FMI, por la que dispuso saldar anticipadamente toda la deuda con éste en un solo pago. Se proponía así recuperar márgenes de acción en materia de política económica, para aplicar recetas heterodoxas que soslayaran la supervisión y exigencias del organismo. La posición del gobierno de Kirchner no fue expresión de una posición política coherente de ruptura con los imperativos de la globalización neoliberal y las formas de subordinación que el Fondo representaba. Más bien, la postura del gobierno argentino se fue desplegando como respuesta pragmática frente a las dificultades políticas y económicas que planteaba la inflexibilidad del FMI y los intereses que representaba, en un escenario en el qué éste había visto debilitado su poder de veto, en razón del descrédito resultante de su responsabilidad en la producción de la crisis.

ocombate 44 canal1Pese a la declamada recuperación del papel del Estado, en materia de servicios públicos el gobierno desechó la oportunidad de revisar a fondo la política privatizadora —lo que no estaba en sus planes— y de denunciar los ruinosos tratados bilaterales firmados en los noventa, que protegían a los inversores extranjeros. En cambio, optó por dar batalla en el tribunal arbitral del Banco Mundial por los reclamos que las empresas extranjeras efectuaron por los efectos de la pesificación y por resolver los problemas de las empresas privatizadas a medida que se fueron planteando. Los casos en que se dispuso la vuelta a la órbita estatal obedecieron a problemas específicos de las empresas: el Correo Argentino (2003) estaba virtualmente en quiebra; Aguas Argentinas (2006) enfrentaba déficit de financiamiento y de gestión, mientras la operadora francesa replanteaba su inserción regional; y Aerolíneas Argentinas (2009) estaba prácticamente vaciada. Estos traspasos no se inscribieron en una política global y definida para el conjunto del sector público, ni fueron el producto de análisis rigurosos sobre el sector afectado, sino que constituyeron respuestas a necesidades coyunturales impuestas por la dinámica empresaria. En sectores clave como el energético y la infraestructura ferroviaria, dónde hacían falta inversiones de envergadura y abundaban recurrentes y millonarios incumplimientos empresarios, los cambios fueron más morosos aún y se concretaron recién bajo los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner.

En contraste con la represión y el ajuste de los años precedentes, Kirchner apostó a encauzar la protesta social internalizando algunas demandas populares, tolerando las manifestaciones públicas, institucionalizando a parte de la dirigencia de los movimientos sociales y dando más espacio al sindicalismo. Al compás de la reactivación económica y el crecimiento del empleo, estas acciones hicieron posible la desactivación paulatina de la alta conflictividad del período precedente y la reconducción del proceso social sobre otras bases, en las que las luchas sindicales empezaron a tener un nuevo protagonismo. Se configuró una coyuntura que permitió inscribir una modalidad de poder gubernamental con mayores márgenes de acción con relación a los sectores dominantes, a partir de ocupar el vacío dejado por la disolución de la vieja estructura política y el empate social irresuelto. Se generó un ciclo de autonomización estatal relativa, bajo las nuevas condiciones económicas internacionales y las relaciones de fuerza sociales reconfiguradas a partir de la rebelión popular de 2001-2002.

Un aspecto significativo de la política inaugurada por Néstor Kirchner y continuada por Cristina Fernández se vincula al plano internacional. La recomposición de los vínculos con América Latina marca un punto de inflexión importante con relación a la política exterior argentina. La aproximación a Brasil para intentar trascender los límites del MERCOSUR, el acercamiento estrecho con la Venezuela de Hugo Chávez, el apoyo a Bolivia y Ecuador marcan una tendencia que tuvo en la Cumbre de Mar del Plata de 2005 —donde se le dijo no al ALCA en presencia de George Bush—, un hito central. También lo fue la intervención argentina frente a los golpes en Honduras y Paraguay y a los intentos desestabilizadores en Bolivia, Ecuador y Venezuela, el impulso a la  UNASUR y la ampliación del MERCOSUR.

Como todo proceso complejo, hay que considerar distintos y contradictorios efectos. Si nos quedáramos solo con la creación de empleo y el fortalecimiento de los sindicatos, estaríamos obviando un componente fundamental del carácter dual de este proceso. Esto es: mediante un nuevo tipo de cambio alto, una fracción concentrada de la clase capitalista logró salir del pozo y aprovechar al máximo las condiciones del mercado mundial y el abaratamiento en dólares de los salarios nacionales, lo que permitió un aumento de la explotación y el beneficio. Por el contrario, si nos quedáramos sólo con que en este período aumentó la tasa de ganancia, estaríamos asimilando el componente del capital, pero no el hecho de que la forma que adquiere este proceso de recomposición capitalista reconstruye, al mismo tiempo, muchas de las instituciones que el neoliberalismo había arrasado, precisamente porque implicaban una barrera para el libre desarrollo del capital y constituían una muralla defensiva de la clase trabajadora.

III. Cristina Fernández: confrontación y profundización del rumbo (2007-2011)

Las condiciones generadas favorecieron la configuración de una nueva hegemonía, basada en la reivindicación de la capacidad del estado de absorber recursos de la sociedad y de colocarse como “árbitro” social. Para consolidarla y proyectarla a futuro, la conducción política define una estrategia de recambio presidencial que descarta la reelección de Néstor Kirchner y, en cambio, propone la candidatura de la senadora Cristina Fernández de Kirchner —esposa y compañera política del mandatario—, que gana las elecciones de octubre de 2007.

La conformación de la hegemonía kirchnerista no estuvo exenta de conflictos con y en el seno del bloque social que sostenía el proyecto, integrado por parte de la cúpula empresarial local, bancos, multinacionales mineras, sindicatos y una parte del movimiento piquetero. A comienzos de 2008, las perspectivas de la economía mundial parecían encaminadas a un crecimiento infinito. La demanda de granos, para alimentación y biocombustibles, con la consecuente y sostenida alza de precios —también propulsada por la especulación—, creó las condiciones para una nueva confrontación en torno a la renta producida. A poco de asumir, la Presidenta decide aumentar el porcentaje del impuesto a la renta agraria (retenciones) proveniente de la exportación de cereales y oleaginosas, para regular los precios internos y financiar el gasto social, y se enfrenta con la cerril resistencia de los sectores del “campo”, encabezados por las patronales de producción y transporte, que se extiende por varios meses. La disputa que estos sectores emprendieron por la conducción del ciclo económico y social, puso en tela de juicio el papel del Estado para definir gastos e ingresos y tensó las cuerdas del escenario político nacional.

ocombate 69Fue notable la capacidad de las patronales agropecuarias para interpelar desde su interés particular al conjunto de la sociedad e instalarlo como interés general, asentada sobre bases que no eran puramente mediáticas. Porque más allá del crudo antagonismo de los medios de comunicación dominantes, que fogonearon las protestas y confrontaron abiertamente con el gobierno, en el conflicto no solo se expresó el rechazo a las retenciones por parte de los grandes y medianos productores afectados, sino también de los pequeños, y se expandió la beligerancia por ciudades y pueblos enteros ligados a la bonanza de la actividad agropecuaria. Pero más aún, en el conflicto del campo se articularon otros malestares. En amplios segmentos de las capas medias urbanas pudieron expresarse tanto viejos rencores hacia las formas de construcción política oficialista —ligada a su retórica emparentada con la izquierda peronista de los años setenta—, como el rechazo a la reivindicación garantista frente a la inseguridad y, de modo significativo, al manejo gubernamental -vía la intervención del INDEC, organismo encargado de medir la evolución de los precios- de la resurgida, pero negada, cuestión inflacionaria. En los sectores populares, en tanto, se conjugó el descontento hacia la gestión gubernamental en materia social, ya que —pasado el pico de la crisis— la asistencia se había vuelto más focal —continuando los enfoques neoliberales— e insuficiente para contener las carencias populares derivadas del rebrote inflacionario. Estas impugnaciones llevaron, primero, al fracaso oficialista en el Congreso al tratar de imponer las retenciones móviles y luego, a la derrota en las elecciones legislativas de 2009. Parecía, entonces, que una nueva hegemonía podía empezar a fraguarse, articulada en un sentido opuesto al que había surgido de la crisis del 2001 y que el núcleo agrario iba a ser capaz, con apoyo de masas y sostén mediático, de moldear a la medida de sus intereses la totalidad social y subordinar la acción estatal y las instituciones democráticas a sus particulares requerimientos.

Sin embargo, lejos de retroceder, en plena puja con “el campo” y ante los primeros síntomas de la crisis internacional, el gobierno redobla la apuesta y amplía los márgenes de intervención pública. En julio de 2008, la presidenta anuncia la estatización de Aerolíneas Argentinas (controlada por el grupo español Marsans desde 2002), que se concreta mediante una ley sancionada a fines de ese año. Simultáneamente, toma la estratégica decisión de reestatizar el sistema de jubilaciones y pensiones, en sintonía con una vieja demanda de organizaciones de jubilados y movimientos sociales, políticos y sindicales. La privatización de dicho sistema, realizada en 1993, no solo contribuyó de modo importante al desfinanciamiento del sector público que llevó a la crisis de 2001, sino que implicó una transferencia improductiva de recursos a manos privadas de ruinoso resultado. En 2007, con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, la situación de las llamadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) —empresas privadas que cobraban suculentas comisiones por recaudar, administrar e invertir los aportes jubilatorios de los trabajadores, incluidos en un régimen de capitalización individual establecido por ley— se encontraban en un punto crítico económica y políticamente insostenible. La vuelta al sistema de reparto y gestión estatal del sistema previsional dispuesta a fines de 2008 fue un corolario apoyado por la mayoría de la sociedad y del espectro político argentino.

Pero lo más significativo es que el malestar social de fondo, que las políticas de promoción de empleo no habían podido remediar, es tomado en cuenta como dato central para la recuperación política gubernamental. Así, tras las elecciones de 2009, que merman el caudal electoral oficialista, el gobierno lanza la Asignación Universal por Hijo (AUH), que reconoce el derecho de todo trabajador desocupado o informal con salario mínimo, a percibir una asignación monetaria por cada hijo. La AUH implica un corte respecto de los esquemas de asistencia social neoliberales: suplanta los parámetros restrictivos de los esquemas de asignación focalizada, amplía la población destinataria con parámetros más objetivos, limita el carácter discrecional en la asignación y reduce los manejos clientelares. Aún con sus limitaciones, la AUH representó la mayor ampliación de derechos sociales de las últimas décadas y concitó un apoyo significativo en la población a la par que dinamizó el consumo.

En medio de una intensa batalla con los grandes grupos de comunicación masiva, el oficialismo también logra sancionar en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que apunta a democratizar la producción y circulación de contenidos informativos y culturales. La batalla con el multimediático Grupo Clarín que se abrió  desde entonces, logró teñir la relación del gobierno con la prensa hasta el presente. Con la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario, que posibilita el casamiento de personas del mismo sexo, y los masivos festejos del Bicentenario de la Independencia nacional, en 2010 el gobierno logra revertir la tendencia negativa que se había configurado en su contra durante el conflicto del campo y recupera aprobación ciudadana. La imprevista muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, marca un nuevo punto de inflexión en la consideración pública del proyecto político presidencial, que se consolida con la reelección de Cristina Fernández de Kirchner en octubre del año siguiente, con un histórico caudal del 54% de los votos.

IV. Cristina Fernández en su laberinto (2011-2015)

Ya durante el final del primer mandato de Cristina Fernández, los dilemas económicos se fueron agudizando frente a un escenario internacional oscilante entre el crecimiento débil y una crisis mundial en pleno despliegue. Así, a medida que emergían las tensiones propias de la etapa de acumulación de capital abierta en 2002 y que la crisis global se manifestaba en el país, al ritmo del desarrollo histórico de las disputas intra e inter clases, las políticas estatales asumieron modalidades y caminos crecientemente contradictorios. Por una parte, el gobierno hizo grandes esfuerzos por reintegrar la economía argentina en el mercado global, intentando resolver aquellas consecuencias pendientes de la crisis de los 2000 y ofreciendo condiciones ventajosas para atraer inversiones externas. A la vez, desafiando las recetas de la ortodoxia neoliberal, gestionó las tensiones del proceso de crecimiento sin tener que apelar a medidas que repercutieran de modo directo y negativo en los sectores populares, como aumentos de tarifas o recortes de los presupuestos sociales. No obstante, el distanciamiento de uno de los líderes sindicales que había sostenido a Néstor Kirchner, el camionero Hugo Moyano, marca una de las contradicciones centrales de un gobierno que, por la tradición política del peronismo, siempre tuvo a los trabajadores sindicalizados como base de apoyo central.

Las mismas condiciones que habían posibilitado una estrategia política de crecimiento de la producción y el consumo —tipo de cambio alto, precios elevados de las mercancías de exportación, costos salariales iniciales históricamente bajos y acumulación predominantemente extensiva—, con el tiempo fueron mostrando sus límites. El alza de la inflación, el incremento de los salarios conseguida en paritarias libres, la  apreciación cambiaria y el agotamiento de los llamados “superávit gemelos” (fiscal y comercial) fueron minando los pilares del “modelo” del kirchnerismo. En ese cuadro, la aplicación del impuesto a las ganancias a los trabajadores de mayores ingresos nominales generó un punto de tensión con los sindicatos, que se iría acentuando con el tiempo ante la intransigencia gubernamental para reemplazar esa fuente de ingresos estatales de fácil cobro, por otras menos regresivas pero más complejas (como el impuesto a las transacciones financieras).

La disputa por los dólares en la economía doméstica fue adquiriendo renovado vigor, convirtiendo a la presión sobre el mercado de divisas y la fuga de capitales en uno de los problemas más serios a gestionar. Con un stock limitado de divisas, se debía hacer frente a la demanda de particulares ansiosos por cubrirse de la inflación dolarizando sus ahorros o de obtener billetes para viajar al exterior; de importadores necesitados de comprar bienes y servicios afuera; de las multinacionales para girar utilidades a sus casas matrices y de empresas privadas endeudadas en el exterior para saldar los vencimientos; y todos ellos, compitiendo con el Estado, que siempre precisa divisas para cancelar obligaciones externas y para acumular reservas internacionales que lo protejan de las corridas cambiarias y de las crisis externas. En noviembre de 2011, frente a la aceleración de la fuga de divisas y con el propósito declarado de combatir el lavado de dinero, la evasión y la inflación, el gobierno restringe la compra de dólares para empresas y particulares, medida que fue bautizada por la oposición como “cepo cambiario”.

La utilización de divisas para pagar la creciente importación de combustible también explica el drenaje de reservas: en 2011, por primera vez desde la privatización de la petrolera YPF, Argentina tuvo que importar más gas y petróleo que el que produjo. Ante la gravedad de la situación energética y el consecuente desbalance comercial, la presidenta decide la estatización de YPF, en manos de la española Repsol, cuya ruinosa gestión (1998-2011) había llevado a que la caída drástica de las reservas de petróleo y de gas. Con un amplio consenso político nacional, en mayo de 2012 se sanciona la ley de expropiación y se abre una etapa de conflicto con la firma y el gobierno españoles.

En el plano político, al gobierno se le abren diversos frentes de inestabilidad y confrontación. En febrero de 2012, un grave accidente ferroviario pone en primer plano el desmanejo de la política nacional en materia de ferrocarriles. El impacto de la tragedia se hizo sentir sobre la popularidad gubernamental y obligó a emprender los demorados cambios en el sistema de concesiones heredado de la década menemista. En simultáneo, una denuncia sobre corrupción cayó sobre el vicepresidente en ejercicio, Amado Boudou, y a partir de entonces, un denso proceso plagado de nuevas denuncias por negociados y abusos en la gestión pública signó la suerte política del equipo de gobierno, lo que se haría sentir en las elecciones legislativas de 2013. En ellas, si bien el oficialismo retiene su lugar como primera fuerza a nivel nacional en cantidad de votos (33,15%), sufre una importante derrota en los principales centros urbanos del país (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza) a manos de fuerzas políticas diferentes y no unificadas. El malestar de capas medias y altas urbanas, amplificado por los medios masivos de comunicación, se canalizó en una oferta dispersa de candidatos opositores, que se hicieron eco de los reclamos en torno a inseguridad, inflación, cepo cambiario y corrupción. El resultado adverso de la compulsa de medio mandato sepultó la expectativa de ciertos núcleos oficialistas de impulsar un cambio constitucional para permitir la reelección de la presidenta Fernández y abrió el abanico de candidatos a disputar la sucesión en 2015.

Las tensiones en torno a la inflación y a las crecientes restricciones externas llevan a un cambio en la política económica, y tras una larga prédica de desendeudamiento, el gobierno decide volver a procurar financiamiento con deuda. Para ello, en 2013 encara negociaciones con el Banco Mundial para obtener un préstamo, arregla las demandas que arrastraba en el tribunal arbitral del CIADI con empresas extranjeras, que reclamaban por la pesificación dispuesta en 2002 y en 2014 llega a un acuerdo con REPSOL —ratificado por ley—, en el que se le reconoce a la empresa española una compensación por la expropiación de YPF. Poco después, firma en la capital francesa un acuerdo que cierra la deuda impaga con el Club de París. Todas estas acciones eran parte de una apuesta para normalizar las relaciones financieras externas, pero chocan con la realidad de la decisión jurídica y política de Estados Unidos de no dar tregua en materia de deuda externa.

ocombate 64 canal1El país venía arrastrando, desde 2011, un litigio con los fondos de capital o de inversión que se rehusaron a ingresar a los canjes de deudas abiertos en 2005 y 2010. En ambos procedimientos se ofrecieron bonos con quita del valor y pagos en diferentes plazos, los que fueron aceptados por el 92.4 % de los bonistas. Sin embargo, un grupo de acreedores (7,6%) no entró en la reestructuración y un subgrupo aún más pequeño (1%), los llamados “fondos buitres”, siguieron reclamando el pago de la deuda a su valor nominal, sin quitas, y utilizaron diversas estrategias para lograr el pago. A fines de 2011, el fondo NML —del magnate republicano Paul Singer— y otros, demandaron a la Argentina ante los tribunales de Nueva York, donde obtuvieron un fallo favorable del juez distrital Thomas P. Griesa, quien sentenció que Argentina había violado el trato igual y proporcionado entre los acreedores y dispuso que debía pagarle a los demandantes el 100% de los U$S 1.330 millones reclamados, al mismo tiempo o antes de pagarles a los tenedores de bonos reestructurados. El gobierno planteó que, de aceptar tal exigencia el país se vería obligado no solo pagarle a los litigantes, sino a la totalidad de los bonistas en paridad de condiciones, lo que suponía elevar la deuda externa nuevamente a cifras impagables e implicaba desbaratar la reestructuración ya lograda. Por eso, ante otro fallo adverso de segunda instancia, llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que en junio de 2014 no aceptó considerar la cuestión. Quedó en evidencia en este caso el enorme poder que acumulan los segmentos más concentrados y belicosos de las finanzas mundiales, como para evitar cualquier decisión que acote su lógica de lucro. Lo que algunos en Argentina y el mundo interpretaron como una muestra de independencia de la Corte Suprema estadounidense, fue un claro ejemplo de subordinación de ésta a los intereses más concentrados.

El revés judicial descalabró la estrategia económica argentina, que incluía la vuelta a los mercados para paliar el mermado crecimiento. El malestar social y los conflictos sindicales tuvieron una escalada y, encaramados sobre el disgusto por la inflación y por las restricciones a la compra de dólares para atesoramiento, segmentos de la oposición liberal y conservadora con base en capas medias y altas, incrementaron sus protestas con cacerolazos y marchas, arropando sus reclamos en una retórica institucionalista y republicana contra la inseguridad y la corrupción. En tanto, también desde los sindicatos se ampliaron las protestas por la pérdida de poder adquisitivo del salario tras la devaluación.

Después de sortear las fiestas navideñas con una calma social distinta a otros años agitados por protestas y saqueos, el gobierno se disponía a arrancar la última etapa de gestión timoneando las variables económicas para evitar sobresaltos que complicaran el fin del mandato de la presidenta. Pero una muerte impactante cayó en el tórrido enero: el fiscal general a cargo de la investigación del atentado terrorista perpetrado en 1993 contra la mutual judía AMIA, Alberto Nisman, apareció muerto en su casa, un día antes de declarar en el Congreso en contra de la presidenta de la Nación, acusándola de encubrir a sospechosos iraníes. El grave hecho irrumpió en un contexto enrarecido por las disputas del gobierno con un sector de la Justicia (jueces y fiscales), tradicionalmente subordinado a los intereses de grupos dominantes y estrechamente ligada a los servicios de inteligencia estatales, y por el reciente desplazamiento de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la que estaba vinculado el fiscal muerto. La oposición conservadora —judicial, social y política— tomó la causa del esclarecimiento de la muerte del fiscal como eje articulador del polo opositor, disperso y con varios referentes disputando el liderazgo. Pese a que el caso pronto decantó en novela policial por entregas y fue perdiendo encarnadura por el rechazo judicial a proseguir la inconsistente acusación del fiscal contra el gobierno, sirvió para apurar la definición de la candidatura de Mauricio Macri, el alcalde porteño de centro-derecha, en alianza con la centenaria Unión Cívica Radical. Pero tras una previsible baja en la imagen presidencial a causa de la muerte del fiscal, ya en marzo Cristina Fernández volvió a remontar su índice de popularidad hasta niveles que, con variantes, superan el 50% y se mantiene firme en la conducción del estado.

V. De cara a las elecciones de octubre

El campo político, de este modo, comenzó a establecer delimitaciones más precisas, aunque siempre fluidas, de cara a las elecciones de octubre. La trayectoria de los doce años de gobiernos kirchneristas a punto de concluir, muestra la naturaleza problemática de las estrategias pos-neoliberales como forma de acción del estado y de desarrollo económico. Los gobiernos reformistas de la región que accedieron a la conducción estatal luego de la crisis de las políticas neoliberales, construyeron su legitimidad tomando distancia de dichas políticas y sus consecuencias, lo que abrió la puerta al despliegue de oportunidades de mejorar las condiciones de vida de las masas populares, pero también implicó nuevas tensiones. Porque el imperativo de todo estado capitalista de generar condiciones favorables para la acumulación de capital —y, por ende, para la reproducción sistémica—, entra en constante tensión con el igualmente central imperativo de capturar porciones crecientes del excedente social para asegurar la sustentabilidad y legitimidad políticas. En el caso de los gobiernos genéricamente denominados pos-neoliberales y/o neo-desarrollistas, como los encabezados por los Kirchner, la tensión entre ambos requerimientos se fue volviendo cada vez más evidente, al compás del aumento de la inflación y de los déficit fiscal y comercial, en un esquema que no revirtió —porque no quiso o no pudo— la tradicional dependencia de la exportación de productos primarios ni el diagrama de poder económico y social consolidado en los noventa.

La propuesta declamada de impulsar el desarrollo mediante el aliento a una supuesta “burguesía nacional”, que tendría intereses compatibles con los de las clases populares y el despliegue del mercado interno, no puede ocultar sus severos límites. El principal es confiar en la existencia —o en el aliento a su constitución— de sectores capitalistas locales, que no solo tengan intereses contradictorios con los del capital global dominante, sino que estén dispuestos a encabezar un proyecto económico y político que incluya las aspiraciones y demandas de las clases populares. Es posible, como lo mostró la salida de la crisis de 2001, que ante situaciones límite el estado pueda articularse con fracciones del capital, industriales y extractivas -vía importantes subsidios y exenciones impositivas-, y que del crecimiento resultante aumente el empleo y el consumo de masas. Pero el ciclo “virtuoso” abierto en la etapa crítica inicial, si decanta en un mayor poder relativo del polo del trabajo —por alza de la ocupación, capacidad de organización y presión sindical—, como sucedió en la Argentina al menos hasta 2007, pronto se topa con la resistencia burguesa —cualquiera sea su tamaño y sectores— a ceder beneficios —materiales o, incluso, simbólicos- a manos de los sectores populares. La mediación estatal para brindar protecciones sociales y laborales a los más desfavorecidos comienza así a ser crecientemente resistida.

Desde la pelea con las patronales agropecuarias —“el campo”— en 2008, importantes segmentos de las burguesías localmente arraigadas comenzaron una escalada de antagonismo con el gobierno de Cristina Kirchner que tuvo altibajos, pero que no cesó. En ese tiempo, lo que los enfrentaba al gobierno era la intención de manejar en forma directa y sin mediación estatal el producto de la bonanza derivada del auge sojero. Luego, la restricción para el atesoramiento en dólares y la inflación agregaron nuevos elementos de disconformidad frente a un gobierno percibido por ellos como extractor abusivo de recursos obtenidos legítimamente mediante su trabajo, para asignarlos vía subsidios a sectores populares que así evitan el esfuerzo de trabajar y premian con su voto al gobierno benefactor. Esta concepción refuerza la fractura social entre las clases populares y unas capas medias lábiles y de postura oscilante según el ciclo económico. En ese marco, el tema de la corrupción aparece como el gran catalizador de justificativos para enfrentar cerrilmente a la conducción gubernamental. El robo de recursos públicos por parte del gobierno es puesto así como la causa principal de los males económicos y sociales, por lo que los cambios postulados se resumen en la remoción de los corruptos y su reemplazo por políticos probos. Este es el relato clásico de las capas medias y altas refractarias a cualquier intromisión estatal en la orientación del ciclo económico que no las tenga como protagonistas respetables y explícitas destinatarias de medidas gubernamentales.

Sin embargo, hay que destacar que, a diferencia del ciclo neoliberal de los noventa, en la etapa kirchnerista se produjo un reconocimiento de la dimensión política que entraña toda definición y estrategia económica de crecimiento, de desarrollo, lo que implica diversas opciones en disputa y la existencia de conflicto y antagonismo. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner reinstalaron el lugar de la política en sentido amplio, como fundamento del gobierno y del estado, asumiendo que no hay ámbito técnico a salvo de la disputa política acerca de los objetivos, los programas, la orientación de cada una de las áreas de intervención estatal. Si en los noventa el discurso gubernamental apuntaba a conformar una idea del estado como conjunto de aparatos técnicos, despolitizado en su funcionamiento y orientación, con los Kirchner el Estado —sus instituciones y sus políticas— se empieza a presentar como un sujeto con racionalidad propia y capacidades y recursos para ejercerla, por encima de intereses sectoriales y aún en contra de ellos.

Las clases burguesas, es un clásico, desconfían de y denostan la acción estatal que no esté dirigida a proteger sus interés de forma directa. La función de “capitalista colectivo” del Estado, que garantiza la estabilidad sistémica, aparece opaca frente a los intereses burgueses inmediatos, por lo que cualquier medida tomada a favor de las clases populares y para preservar la legitimación, difícilmente sea aceptada de buen grado. Por el contrario, toda intervención estatal que tienda a otorgar derechos o concesiones materiales a los sectores populares —y más aún si las conquistan con sus luchas— será abierta o veladamente resistida por la burguesía, aún cuando suponga la preservación del orden que la beneficia como clase. Esto está en la base del rencor, la inquina y el rechazo irreductible que las clases propietarias sienten por los gobiernos que las acotan, aunque sus ganancias y niveles de vida no se vean afectados o, incluso, crezcan. Como en Brasil contra Lula y Dilma o en Venezuela contra Chávez, en Argentina con el kirchnerismo se dio un fenómeno de abierta hostilidad hacia la figura presidencial —especialmente contra Cristina Fernández— por parte de importantes segmentos de las clases medias y altas. Una sucesión de protestas se desplegaron a lo largo de los últimos tres años, con formatos de caceroleos, marchas y concentraciones, bajo consignas difusas como “seguridad”, “anti-corrupción” o “justicia”.

Una peculiaridad destacable del caso argentino es que, pese a la virtual fractura social que se perfila para las próximas elecciones de octubre de recambio presidencial —con clases medias y altas mayoritariamente opositoras y clases populares principalmente oficialistas—, ninguno de los candidatos de la oposición asume públicamente un perfil conservador, neoliberal o de derecha nítido. Aún cuando por sus trayectorias y preferencias políticas y económicas, varios de ellos encuadran en tal perfil, su principal interpelación se asienta en el rechazo al estilo de conducción presidencial, considerada autoritario y cerrado al diálogo, además de ineficiente en el manejo de la economía y con altos niveles de corrupción. Ninguno se atreve a plantear abiertamente que se propone desandar medidas clave como la Asignación Universal por Hijo, la estatización de las AFJP y de YPF, la vuelta al sector público de las empresas de servicios privatizadas, los juicios a los militares represores o el Matrimonio Igualitario.

Más allá de sus intenciones, lo que pone en evidencia esta circunstancia es el peso que han adquirido las medidas tomadas a favor de los intereses populares y en virtud de las luchas que se desplegaron para obtenerlas. Y aún cuando una parte importante del electorado de la oposición de centro-derecha abomina de tales medidas, los candidatos de este sector saben que no solo para ganar sino para gobernar necesitan atraer un espectro amplio de voluntades, y que la afirmación de derechos sociales se ha hecho un valor permanente e irrenunciable. La intensa capacidad de movilización y acción que demuestra la sociedad civil argentina para reclamar y defender conquistas, sea del sector social que fuere, es un dato duro de la realidad política nacional con el que debe lidiar todo gobernante.

Pero no obstante este límite, es interesante ver cómo se va configurando el campo político hacia la disputa central de octubre. Por el lado opositor, tras la candidatura del actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, van confluyendo distintas expresiones de la centro-derecha, desde los núcleos más rancios del conservadorismo tradicional y los neoliberales, hasta los sectores de derecha del radicalismo y el peronismo. Con una imagen de gerente de empresa moderno y un discurso difuso de “buena onda”, voluntariado social, gestión eficiente y rechazo al conflicto, amalgama los valores de segmentos sociales refractarios a cualquier estrategia política que incluya a las clases populares en un plano igualador, porque creen en un orden social bien organizado a partir de la iniciativa individual, en el marco del cual se expresen con legitimidad las diferencias de ingresos. Este discurso está cosechando fuertes adhesiones en capas medias urbanas de todo el país, sobre todo por el atractivo que tiene la concentración opositora en torno a una candidatura unificada, pero la gran incógnita es si logrará seducir a una porción suficientemente significativa de las clases populares, sin cuyo concurso Macri no podrá alcanzar la presidencia.

Por el lado del oficialismo, se da la paradoja de que aunque la presidenta Fernández retiene un alto nivel de consenso en la sociedad, no ha podido —o no ha querido— transferirlo a un candidato capaz de seguir con su proyecto político. El kirchnerismo, que se reivindica heredero de la izquierda peronista de los años setenta, es parte del Justicialismo pero no logra trascenderlo como sector completamente autónomo. Dentro de este partido-movimiento, tan central en el sistema político argentino, coexisten tendencias diversas, que se disciplinan –mal o bien- a partir del ejercicio del poder estatal. Así como Carlos Menem en los 90 condujo el partido que impulsó una de las mayores transformaciones neoliberales del estado en la región, Néstor y Cristina Kirchner lideraron un ciclo de cuestionamiento a aquel ajuste privatizador en nombre de la misma identidad política. Hoy el recambio de mando, sin embargo, encierra la incógnita que produce Daniel Sciolli, el gobernador justicialista de la Provincia de Buenos Aires que se postula como el candidato de la continuidad oficialista y que cuenta con las mayores chances electorales pero no con la confianza y el beneplácito del núcleo duro kirchnerista, desconfiado de su perfil más conservador y conciliador con los núcleos de poder concentrado.

Para la izquierda, la ubicación frente a gobiernos reformistas es siempre más compleja que ante los que son abiertamente anti-populares. Porque como aún la más tibia reforma provoca el encono de las derechas políticas y sociales, el impulso a luchas y protestas que apunten en un sentido que supere los límites de las medidas reformistas, choca con el peligro de ser absorbidas o subordinadas por el altisonante descontento de las capas más conservadoras. Si apoyar las medidas populares de los gobiernos reformistas conlleva, para las fuerzas de izquierda, el riesgo de la cooptación y la parálisis reivindicativa, la confluencia puntual o táctica con la oposición conservadora en torno a algunos ejes o reclamos presenta el de contribuir al derrumbe de una opción limitada o insuficiente, para dar paso a otra aún más regresiva. Plantear, así, una opción que supere por izquierda los límites de los gobiernos posneoliberales para encarar transformaciones profundas, se convierte en una tarea tan imprescindible como compleja. Para las elecciones de octubre, la izquierda va perfilando una coalición electoral que incluye a agrupamientos independientes y de otras tradiciones populares que exceden la alianza de tres partidos trotskistas que conformaron un frente (FIT) en 2011 que ha venido creciendo y que puede llegar a tener un buen desempeño para cargos legislativos, si consolida un perfil más amplio y unitario que el que ha tenido hasta el presente. Para ello, deberá superar no solo la oscilación entre subordinación y oposicionismo que caracteriza a algunos grupos, sino la abstracta, inalterable y siempre idéntica impugnación principista al reformismo que distingue a otros. Y, sobre todo, tendrá que resolver la carencia de una teorización más profunda sobre los procesos populares latinoamericanos recientes, que desnudan las complejidades específicas de la dimensión estatal y las posibilidades revolucionarias de la periferia en el contexto actual del capitalismo global.

En suma, el panorama que se abre de cara a octubre no es alentador en términos del recambio presidencial, ya que las candidaturas con más chances electorales tienen perfiles franca o moderadamente derechistas. El ciclo del reformismo kirchnerista en el gobierno parece cerrarse con un recambio políticamente más proclive a la restauración conservadora que, como sería deseable, a una superación por izquierda de los límites —propios o impuestos— que ha demostrado en su gestión. Sin embargo, la capacidad de movilización e impugnación que caracteriza a los sectores populares de Argentina, su memoria histórica, su vitalidad y su dinamismo son un activo fundamental y auspicioso para impedir regresiones, defender conquistas y empujar transformaciones mucho más profundas.


* Doctora en Derecho Público-Teoría del Estado por la Universidad de Buenos Aires. Profesora y Directora del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aaires). Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO “El Estado en América Latina: logros y fatigas de los procesos políticos del nuevo siglo”.