MINERÍA, POLÍTICA Y PROTESTAS EN EL PERÚ DE HOY

La cólera que quiebra al hombre en niños,
que quiebra al niño en pájaros iguales,
y al pájaro, después, en huevecillos;
la cólera del pobre
tiene un aceite contra dos vinagres.
Cesar Vallejo, “Poemas Humanos”

Los últimos meses, nuevamente se sucedieron violentas protestas al sur del Perú. En esta ocasión agricultores, jornaleros y vecinos de valle de Tambo, en Arequipa,  se enfrentaron a las fuerzas policiales, empeñadas en garantizar las operaciones del proyecto minero Tía María, de la Southern Coopper, propiedad de Grupo México. Tras semanas de movilización y un saldo de tres muertos y numerosos heridos y detenidos,  la empresa comunicó la suspensión temporal del proyecto, mientras el Estado decretaba el estado de emergencia. Nuevamente también, se instaló  en el debate público la tensión generada por la continuidad del neoliberalismo extractivo (y represivo) y el descontento de buena parte de la población, que sigue sin recibir los beneficios del modelo. Resulta importante entonces analizar los últimos eventos de protesta en el marco de esta continuidad con visos de agotamiento económico y crisis política, profundizando para ello tanto en la dinámica política estatal  como en la respuesta de los actores sociales movilizados y sus posibilidades de articular un proyecto transformador para el Perú.

sismo03mini

Economía extractiva, conflictos, represión o más de lo mismo 

A fines de los años sesenta, durante el gobierno del general Velasco Alvarado fueron nacionalizadas actividades estratégicas como la minería y los hidrocarburos; se crearon sendas empresas estatales para dirigir la producción y comercialización. Tras un progresivo desmantelamiento de las medidas velasquistas,  pocos meses después del autogolpe de 1992, como parte del paquete de reformas estructurales, Alberto Fujimori promulgó la nueva Ley General de Minería, con una serie de dispositivos, exoneraciones y beneficios orientados a promover el ingreso del capital transnacional en este rubro. Este nuevo marco normativo sentó las bases para la andanada de privatizaciones y concesiones del sector generando, además de graves casos de corrupción, un sostenido crecimiento de la importancia de la actividad extractiva en la economía nacional.

La caída del Fujimorismo no significó mayor variación en materia de política económica, afirmando los sucesivos gobiernos dicha centralidad extractiva. Según cifras oficiales, en diez años el valor de las exportaciones mineras se multiplicó siete veces: pasó de poco más de 3 mil millones de dólares en 1999 a la cifra histórica de 21,723 millones en 2010. Asimismo, para 2014, 78% de las exportaciones nacionales correspondía a actividades extractivas, mientras que solo un 22% se refiere a las no tradicionales. Desde el gobierno y los grupos de poder empresarial no ha dejado de publicitarse lo favorable de la inversión minera; se resalta el gran crecimiento del PIB1, lo cual dinamizaría el consumo y potenciaría el sector servicios, con la generación de rentas que el Estado puede utilizar para la redistribución y la lucha contra la pobreza.

No obstante, la política extractiva en el Perú más que una reforma redistributiva, ha generado una dinámica de “acumulación por desposesión”, que mercantiliza y depreda los bienes ambientales, y abarca procesos como la privatización de la tierra, la expulsión forzosa de poblaciones campesinas o indígenas y la conversión de diversas formas de derechos de propiedad —comunal, colectiva, estatal— en derechos de propiedad exclusivos.2 Frente a ello se multiplican también los “conflictos socioambientales” referidos a las incompatibilidades sociales, políticas, culturales o económicas relacionadas con el control, uso, manejo, acceso o explotación de espacios o recursos naturales. Según Defensoría del Pueblo en lo que va de 2015 se tienen 210 conflictos sociales, de los cuales 66%  corresponde  al ámbito  socioambiental.3

En este contexto de centralidad económica extractiva y fuerte conflictividad social, Ollanta Humala llegó al poder enarbolando un discurso de tintes progresistas que le facilitó capitalizar el voto de quienes rechazaban cómo se venía imponiendo y desarrollando la actividad minera. Sin embargo, a pocos meses de asumir la presidencia, Humala optó por la estricta continuidad del modelo extractivo, incluso por lo que a represión y criminalización de la protesta se refiere. Con ello continuaron también el descontento social y  la protesta; destacan las masivas movilizaciones contra el proyecto Conga en Cajamarca o la Bilington Tintaya en el Cusco.

En el caso de las protestas en Arequipa, el guión seguido por Humala suena más desgastado que repetido. Obcecadamente, el gobierno se aferra al discurso sobre la dependencia de las actividades extractivas y sus supuestos beneficios para la inclusión social. El Ministerio de Economía hace lo suyo, y “congela” las cuentas bancarias de los distritos comprendidos en la protesta. A ello sigue en la descalificación y la represión contra quienes se movilizan: los nuevos enemigos del desarrollo, “los terroristas antimineros”. Los gremios empresariales respaldan al Ejecutivo, y la comparsa de los medios de comunicación  hace eco de sus afirmaciones. La violencia escala, y solo después de varios heridos y muertos emerge cierto retroceso que deja el tema en situación de latencia.

En el fondo, el tema sigue siendo la incapacidad de Humala y de la clase política que ha gobernado el país los últimos veinte años para abordar a profundidad asuntos estructurales, como la  diversificación productiva, la redistribución de los beneficios de la renta minera y el ordenamiento territorial más allá de la hegemonía extractiva. Durante este gobierno poco o nada se ha avanzado en fortalecer la autoridad ambiental, generar mecanismos de consulta efectiva, gravar las sobreganancias de las empresas y garantizar derechos y bienestar para todas y todos los peruanos superando los programas sociales cortoplacistas. A casi un año de terminar su gobierno, sin aliados, con una bancada parlamentaria debilitada y sendas acusaciones de corrupción, lo más probable es que Humala sobreviva limitándose a  hacer más de lo mismo, con la mediocridad que lo caracteriza. El asunto es cómo se posicionan ante ello los actores sociales y  las organizaciones políticas que reclaman una transformación del país

Política del estallido; antagonismo sin articulación

En el Perú las reformas neoliberales se desarrollaron en un contexto autoritario, signado por la crisis de los partidos de izquierda  y la debilidad de un tejido social golpeado por años de cruento conflicto armado interno. Posteriormente, con la caída del fujimorismo y en el marco más amplio de movilización antineoliberal experimentado en Latinoamérica los primeros años del siglo xxi, también se abre un nuevo ciclo de protesta, donde sobresalen los reclamos de comunidades y pueblos indígenas afectados por la expansión de la industria extractiva. Los denominados “conflictos socioambientales” dominan la escena y cobran protagonismo los “Frentes de Defensa”, organizaciones locales que surgen inconexas en diversas zonas del país y canalizan los reclamos de la gente; es el caso del Frente de Tambogrande en Piura, que expulsó a la minera canadiense Manhattan en 2005; el Frente de Defensa de Cajamarca, que paralizó el proyecto minero Conga de la Newmont en 2011; o el Frente de Defensa del Valle del Tambo, enfrentado hoy a la Southern por el proyecto Tía María, en Arequipa.4

Todos estos conflictos cuestionan directamente la hegemonía neoliberal extractiva, y colocan en el al centro del debate político y económico las tensiones de un modo de crecimiento económico que beneficia a los mismos grupos de poder, permite bolsones de pobreza y pobreza extrema, depreda el ambiente y niega el desarrollo de otras opciones productivas. La capacidad de resistencia de los  pobladores a la represión y al poder mediático, así como sus esfuerzos por socializar las causas de sus luchas, podría decirse que configuran un momento antagonista, donde las inercias propias de la dominación se quiebran; organizan así el desacuerdo y pasan al estallido. Un antagonismo entendido principalmente como formación subjetiva, construido en función de experiencias colectivas de insubordinación y caracterizado por la impugnación y enfrentamiento a un orden considerado injusto, asumiendo los actores el conflicto, pero también la disputa política.5

No obstante, a diferencia de lo ocurrido en  países vecinos donde las protestas antineoliberales cambian correlaciones de poder y llegan a colocar “gobiernos progresistas”, la etapa antagonista en el Perú consigue llevar al poder al Partido Nacionalista, de Ollanta Humala. Sin concretar mayores alianzas ni compromisos, el voto crítico al sistema se inclinó por el encendido discurso humalista y sus promesas de un progresismo que no ha realizado. Justamente, el rápido alineamiento del gobierno con la continuidad neoliberal extractiva acarrea la continuidad de las protestas, y más específicamente de los conflictos socio ambientales como los mayoritarios y recurrentes en el país.

Volviendo a las últimas protestas en Arequipa, nuevamente la población organizada en el Frente de Defensa despliega la acción colectiva, moviliza recursos, responde con violencia a la represión, centra atención mediática para generar solidaridades y forzar la respuesta del gobierno. Y sin embargo, nuevamente también la protesta replica limitaciones anteriores  expresadas en dificultades para trascender lo local, articularse con otras luchas que rechazan la continuidad del neoliberalismo y superar liderazgos caudillistas. Peor aún: en esta ocasión, la dirigencia se contagia de la corrupción que envuelve al país; se filtró un audio donde uno de los líderes negocia con cierto abogado de la Southern una suma de dinero para “no incendiar Troya”.6 Más allá del eventual desenlace, la protesta se desgasta, se deslegitima; y la política del estallido muestra también signos de agotamiento, pues la  tendencia al antagonismo sin representación política complica la posibilidad de transformaciones duraderas.

A las puertas de un nuevo proceso electoral, no se distingue aún una alternativa política  que recoja este sostenido descontento con el modelo neoliberal extractivo, articule diversas luchas opuestas al modelo y logre representar una plataforma política progresista o de izquierdas. Los grupos que podrían situarse en dicho espectro no han sido capaces de trascender la dicotomía minero/antiminero impuesta por la derecha. Así, mientras un sector prefiere mantener distancia del tema pensando que la moderación suma más votos,  el otro grupo, liderado por Tierra y Libertad, plantea casi una agenda única en torno a lo extractivo. En general, las organizaciones socioambientales  y los grupos de izquierda mantienen todavía dificultades para asumir que constituirse en un referente político nacional transformador y con opciones de triunfo requiere tanto mantener las banderas de la lucha contra el modelo extractivo como sumar la insatisfacción social con la desigualdad, la informalidad y la inseguridad urbana también asociada al modelo.

Breve epílogo temporal

La dependencia de la economía peruana respecto a la dinámica extractiva y la cerrazón de la clase política a mantener el modelo no pasan por su mejor momento; peor aún: deben  enfrentar un escenario internacional donde los precios de los comodities tienden a la baja. En particular, el precio del oro, la plata y el cobre, principales productos metálicos que produce el Perú, cerraron el 2014 con caídas de entre 4% y 10%.7 También el crecimiento del PIB muestra signos de estancamiento, y difícilmente volverá  el superávit que experimentó la economía los últimos años y que se gastó en programas y reformas intrascendentes; habrá menos  recursos y mayor crisis política.

Son tiempos de crisis, entendida ésta como un período de cambios y reacomodos, que acarrea inestabilidad y, por ello, amplía los márgenes de contingencia. Hasta hoy, “la cólera del pobre” a la que alude Vallejo ha logrado en Arequipa, en la Amazonia, interpelar al sistema. Sin embargo, para transformar esas condiciones que empobrecen la vida en múltiples aspectos se requiere también concretar praxis y proyecto político. Y ello implica la articulación con las fuerzas de izquierda,  las mismas que deben exorcizar sus fantasmas, superar la sobreideologización y los procidementalismos que encorsetan la potencialidad de una renovación discursiva, generacional y anímica mucho más empática con los tiempos; una apuesta  histórica de largo alcance que no se limite a lo electoral, pero que no se ponga de espadas a ello. Nada hay que impida renovar el escenario político y acabar con la continuidad conservadora instalada desde hace décadas en el país. Quizás en ese esfuerzo de articulación radica ahora el desafío mariateguista de la creación heroica.


* Socióloga, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

1 Desde 2002 la variación del PIB se ha mantenido entre las más altas de Latinoamérica, con picos de 8%; para 2015 se proyecta 5.5%. Fuente:  www.mef.gob.pe

2 Harvey David, “El nuevo imperialismo, acumulación por desposesión”, en Socialist Register, 2004, www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar

3 Reporte de Conflictos Sociales N°131, www.defensoria.gob.pe

4 Si bien existe, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería nunca logró articular todos los frentes ni posicionarse como el referente organizativo nacional.

5 Modonessi Massimo. 2010. Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y Subjetivacion política, Consejo latinoamericano de ciencias Sociales, CLACSO. Buenos Aires, Argentina

6 http://www.rpp.com.pe/2015-05-21-pepe-julio-gutierrez-difunden-nuevo-audio-sobre-presunto-soborno-noticia_799379.html

7 http://elcomercio.pe/economia/mercados/precios-oro-plata-y-cobre-bajaran-entre-4-y-10-2014-noticia-1721138