LA HUELGA DE LA CANADIENSE

LA HUELGA DE LA CANADIENSE

 La historia que aquí se cuenta forma parte del libro
Que sean fuego las estrellas. Barcelona 1917-1923
una historia narrativa,
de próxima edición.

A mediados de enero de 1919, con el movimiento sindical en una situación de semiclandestinidad y la tensión creciendo, los activistas y los comités seguían laboriosos, y se estaban formando en Barcelona grupos importantes de afiliados entre los trabajadores de agua y gas, tranviarios, dependientes de comercio y electricidad. La Confederación Regional catalana de la Confederación Nacional del Trabajo declararía varios meses más tarde: “A pesar de la clausura de centros obreros, persecución de militantes, prohibición de reuniones y suspensión de periódicos, los sindicatos seguían funcionando”.

Y la ciudad bullía alucinada por rumores “muy serios” que decían que el anarcosindicalismo preparaba la huelga general y que los grupos de acción iban a organizar una carnicería, o absolutamente disparatados que aseguraban que Lenin había desembarcado encubierto en Barcelona (según un cable de la American News Agency) y a eso se sumaba la leyenda, porque más de uno había visto al ruso calvo. Y de postre se decía que había reuniones entre catalanistas y sindicalistas.

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Previendo que el conflicto de los pantanos de Camarasa se extendiera, el 22 de enero de 1919, el ministro de Gobernación ordenaba a los gobernadores de Lérida y Tarragona que dispusieran lo necesario para que la guardia civil vigilara las instalaciones de La Canadiense y cuidara el fluido que suministraba a Barcelona.

La Canadiense era el nombre que la orgullosa fábrica de las tres chimeneas informalmente ostentaba, realmente se llamaba Barcelona Traction Light and Power; y la llamaban así porque el principal accionista de la empresa era el Canadian Bank of Comerce, de Toronto, también propietario de Riegos y Fuerzas del Ebro. El grupo de empresas generaba, transformaba y distribuía la mayor parte del fluido eléctrico que abastecía a Barcelona y poseía incluso una línea de ferrocarril.

Pero curiosamente, el esperado movimiento, aunque iba a surgir de La Canadiense no lo haría de la caliente zona del pantano de Camarasa, centro de los conflictos de noviembre, sino de las oficinas centrales de la compañía.

En enero varios oficinistas fueron pasados de eventuales a fijos en un reacomodo de la plantilla y les rebajaron el salario mensual de 150 pesetas a 125 y de 125 a 105. El reajuste se tornaba más ofensivo aún si resultaba cierto el rumor de que Fraser Lawton, el gerente de La Canadiense, ganaba por su cargo 30 mil pesetas oro mensuales (el autor desconoce la diferencia entre las “pesetas oro” y las vulgares pesetas, pero no por ello la cifra dejaba de ser astronómica). Joan Salvat-Papasseit habría de escribir: “Se puede ir con la izquierda y ser ladrón; lo que no puede ser, lo que no ha sido nunca, es ir con las derechas y ser persona honrada”.

Los oficinistas levantaron la demanda de “a trabajo igual salario igual”. El 2 de febrero ocho empleados de La Canadiense, que encabezaban la protesta y miembros del Sindicato Único fueron despedidos. Cinco de los sancionados pertenecían a la sección de facturación y sus compañeros, en acto de solidaridad, el 5 de febrero de 1919 se declararon en huelga. Tiraron papeles, rompieron las plumas, arrojaron al suelo los tinteros, y se negaron a seguir trabajando hasta que se readmitiera a sus compañeros. Los 117 empleados de la sección de facturación salieron a la calle y fueron a ver al gobernador, quien les prometió que intercedería por ellos ante la empresa si volvían al trabajo. Cuando éstos volvieron, se encontraron con fuerzas de la policía que les impedían el paso, no dejándoles entrar al interior del edificio. En la práctica se les dijo que estaban también despedidos.

La empresa se negó a proporcionar mayores explicaciones que una frase de unos de los directivos extranjeros, mister Coulton, que dijo que eran unos ineptos y a eso se debía el despido. El 8 de febrero, la brigada de Martorell, llamada por la empresa, hizo acto de presencia con 50 o 60 policías armados ante los huelguistas. La primera medida que tomó Martorell fue decirles que “no se acercasen a la puerta; que todo aquel que lo hiciera sería conducido a la cárcel”. Luego los policías desalojaron las oficinas y la empresa los despidió masivamente. Esa misma tarde el gobernador civil informaba al ministro que 120 de los expulsados pertenecían al Ferrocarril de Sarriá, un tren de cercanías también propiedad de la empresa y que “la huelga puede ser importante si la secundan los obreros”.

La Canadiense se había identificado por una política de bajos salarios y el descontento entre los obreros era grande. Ángel Pestaña comentaba: “Había obreros en la factoría de La Canadiense, hombres jóvenes de 23 y 25 años, que trabajaban diez horas consecutivas y ganaban la enorme suma de 75 pesetas al mes, en Barcelona, donde el precio de las subsistencias es fabuloso”. Por eso, el trabajo realizado durante los últimos meses comenzó a prender, y una comisión de los distintos sindicatos únicos que tenían labor organizativa dentro de la empresa: agua, gas, madera, comenzó a reunirse (Con las nuevas reglas creadas por el congreso de Sans) y se hizo cargo del conflicto.

El comité presentó a la patronal anglocanadiense unas bases en las que exigían la readmisión de los 8 despedidos y los 140 expulsados; el aumento de sueldo; el despido de esquiroles; la destitución de un alto empleado (Coulton) y el que no se tomaran represalias. La empresa respondió con la publicación de un anuncio en el que se pedía personal y ofreció aumento de sueldo a parte de los huelguistas, quienes se negaron a retornar. Al salir del gobierno civil, el gerente de la empresa Fraser Lawton, como si fuera una caricatura de una novela de Dickens, contestó a los periodistas en una entrevista improvisada:

“Mi pagar y mandar; los obreros no tener ningún derecho. ¡Fuera, fuera!”

Mientras tanto, respondiendo a una petición de las esposas de los cenetistas encarcelados, los detenidos del Pelayo habían sido trasladados a la Cárcel Modelo de Barcelona, situada en la calle Entenza; y se celebraban en toda España actos pidiendo su liberación y el retorno a la normalidad sindical. En particular era importante la declaración de la ejecutiva de la Unión General de Trabajadores (UGT) socialista exigiendo el levantamiento de la suspensión de garantías en Barcelona, la reapertura de locales y la liberación de los presos. Las autoridades, sin embargo, en lugar de ceder apretaron produciendo nuevas detenciones y persecuciones de activistas. Ángel Samblancat fue encarcelado por un delito de opinión: “A las 10 de la mañana se presenta un policía en mi casa y me dice: Vístase y acompáñeme a la dirección, lo reclaman de Zaragoza. ¿De Zaragoza? Yo no escribo en ningún periódico de allí. A no ser que sea por algún robo o asesinato… ¡Hombre! Usted no es capaz, me dice el agente riendo. “Yo soy capaz de todo”. Desde la cárcel escribirá un artículo en que registra que además de los detenidos previos, lo estaban el periodista Francisco Madrid, Malibrán, dirigente de una cooperativa y empleado de La Canadiense, Miranda, Gallifá… La detención el 6 de febrero de Daniel Rebull, conocido como David Rey fue un golpe importante para la estructura clandestina porque desarticulaba una de las redes de edición y distribución de Solidaridad Obrera. Daniel fue trasladado al Cuartel de Caballería de Numancia, incomunicado y puesto a disposición de la autoridad militar.

Mateo Soriano, corresponsal de España Nueva desde París, siguió escribiendo, aprovechando la información que le enviaban sus contactos. En su primera nota denunciaba la existencia de un Santo Oficio que “encarcela, martiriza y mata a los honrados obreros de la Cataluña libertaria”, y describía al jefe de la brigada especial Martorell como un “perro polizonte, cretino, zaresco, canallesco sobornador”.

El 10 de febrero la empresa publicó un ultimátum llamando al retorno al trabajo y acusando a los sindicatos de aprovecharse del conflicto para fines políticos y revolucionarios. Las presiones sobre el gobierno civil ejercidas desde Madrid crecieron. El embajador inglés se reunió con el ministro de Estado y éste transfirió la presión al de Gobernación diciéndole que el gobernador de Barcelona no “había sido enérgico”, no se reprimió las reuniones en la empresa sino hasta el día 8.  A pesar de la censura la prensa informó que el gobernador ofreció su mediación a los obreros (hasta esta sencilla maniobra era interpretada como pecado de debilidad), lo que ayudó a decidir a los indecisos. Y pedía que el ministro presionara para que el gobernador de Barcelona actuara en el sentido que indicaba la empresa.

El ministro de Gobernación decía en conversación telegráfica: “Considero conveniente que intervenga Martorell”, a lo que el gobernador contestaba: “Martorell interviene por encargo mío desde el primer momento. Estoy muy atento. Hoy la compañía se propone admitir personal para sustituir a los huelguistas”.

Reaccionando ante las medidas del gobierno y la patronal, el siguiente paso del movimiento fue que los que cobraban y registraban los contadores de luz dejaran de hacerlo, con lo cual la empresa dejaba de recibir dinero. El tesorero Coulson denunció a los huelguistas ante el juzgado, argumentando que se habían quedado con un dinero indebido, al negarse a liquidar los talonarios de recibos de usuario, a pesar de que los trabajadores habían ya advertido a la empresa que liquidarían los talonarios una vez restablecido el trabajo.

Ese día se produjo el primer acto de terrorismo patronal, cuando un grupo de desconocidos hirió de gravedad al delegado sindical de Tarrasa, Santiago Pascual, de 29 años, agredido varias veces antes por la policía.  Tres días más tarde, un grupo de acción, formado por tres hombres enmascarados con pañuelos, respondió hiriendo gravemente en la calle Calabria al cobrador de La Canadiense Joaquín Baró Valero, quien murió tres días después. Baró era el único cobrador que se había negado a colaborar en la no lectura de los contadores de luz y en no pasar recibos a los consumidores. El único esquirol en el departamento. La empresa ofreció una recompensa de 10 mil pesetas (10 años de salario de uno de sus obreros) a quien ofreciera información sobre los asesinos. No obtuvo ningún resultado. De cualquier manera, es importante señalar cómo los actos de terror individual fueron escasos en los tres primeros meses del año, como si la militancia más extremista hubiera sido cooptada por el movimiento.

El tercer atentado fue el 12 de febrero, cuando los grupos volvieron a tirotear en la barriada de San Martín al contramaestre textil que actuó como provocador de la policía, Luis Más Tarrades, un personaje de bastante turbio pasado contra el que los grupos atentaron en mayo anterior. El 12 de febrero a las 10 de la mañana, un par de desconocidos, tirotearon a Tarrades a quien produjeron una herida grave en la región lumbar con salida en el abdomen que le provocó la muerte un día después. Mientras agonizaba acusó a los obreros Luis Prida y Jaime Sabanés (ex presidente de la Sociedad La Constancia, de 24 años), del grupo de los metalúrgicos, quien acababa de salir de la cárcel tras ser acusado en falso por Bravo Portillo de haber intervenido en el atentado contra Barret y estaba procesado en rebeldía, a consecuencia del ataque contra el señor Vale. Detenidos Sabanés y Prida serán declarados inocentes pero pasarán ocho meses en la cárcel.

Con la huelga conquistando a los empleados en las oficinas de la empresa y los departamentos administrativos, las comisiones sindicales comenzaron a escalonar la ofensiva, mientras que la empresa se preparaba para el estallido de la huelga en los departamentos de generación de energía. El 14 de febrero aparecieron en la ciudad cables de luz destruidos. El gobernador pidió a Capitanía ingenieros militares y el alcalde de Barcelona inició una mediación, tratando de impedir que obreros de otras empresas secundaran el conflicto, a través de conversaciones con las direcciones de las tres fábricas que proporcionaban fluido eléctrico a la ciudad: La Canadiense, Energía Eléctrica de Cataluña y Catalana de Gas y Electricidad. La Canadiense (Riegos y fuerzas del Ebro) distribuía a través de la Fábrica Barcelonesa de Electricidad el 60% de la energía que consumía la ciudad, así como a Tarrasa, Sabadell y toda la provincia de Lérida, mientras que Energía Eléctrica de Cataluña generaba el 30% y Catalana de Gas tan solo un 10%, pero distribuía el gas del alumbrado público en las zonas de la ciudad donde aún no se había substituido por eléctrico.

Mientras tanto, la tensión iba en aumento. La Canadiense colocó un cartel en sus instalaciones ofreciendo empleo a todo guardia civil o policía municipal activo o retirado que quisiera trabajar, diciendo que habría buen sueldo. El cartel fue pintarrajeado con injurias por los trabajadores.

El comité de huelga decidió aumentar la presión y el día 17 los metalúrgicos del Ferrocarril de Sarriá, se fueron a huelga, por lo cual la empresa no contaba con posibilidades de reparaciones, porque ahí estaban sus talleres. El gobernador informaba al ministro de Gobernación a las 12:40 de la mañana las consecuencias graves que podría tener la huelga: al paralizarse la empresa se paralizaban los servicios públicos, tranvías y fábricas. Y proponía al gobierno la militarización de los obreros.

Cuatro horas después añadía a su nota inicial un informe, en el que se reseñaba que tras haberse comunicado con la capitanía general se veía que no era suficiente el personal técnico con que contaban los militares, que eran necesarios 100 individuos más del centro electrotécnico del ejército. Y aunque decía que la presencia de militares en las subcentrales podía precipitar el conflicto, terminaba: “ La situación de ayer a hoy se ha agravado considerablemente (…) preparados para un conflicto de suma gravedad que pudiera estallar en cualquier momento”.

En respuesta, el ministro de Gobernación apuntaba, en una nota confidencial, que la militarización que proponía González Rothwoss era peligrosa, pues los trabajadores podrían, como en 1916, aceptar ser militarizados, pero no servir a la compañía y, además, tal medida provocaría la huelga general no solo en Barcelona, también en otras provincias. Por último, señalaban que no era conveniente que se infiltraran en el ejército “individuos contaminados de rebelión”.

Lo que procedía según el consejo de ministros era “el destierro de los directores y aun de los presuntos sucesores de las juntas directivas de la huelga de La Canadiense a otras provincias, ejercitando la facultad extraordinaria que le atribuye la suspensión de garantías”. Sugerían como alternativa que el ejército se encargara de sustituir a los actuales huelguistas. ¿Y quién está dirigiendo la huelga? ¿A quién tienen las autoridades que deportar? No lo saben.

El comité estaba reunido permanentemente (“todo el día”), variando siempre los lugares y las formas: en una casa, bares, una playa, frente al Hospital Clínico, en unos depósitos de materiales de la empresa Miró i Trepat y operaba con enlaces. A veces, Pere Foix cuenta, se movía por la ciudad una “conductora (un camión) de trabajadores de mudanzas del sindicato del transporte que iba recorriendo Barcelona y recogiendo a los delegados y que allí adentro se hacía la reunión”. Lo formaba un grupo de jóvenes que en esos momentos se hacían cargo de la Federación Local: Simón Piera, el dirigente de los albañiles, Ricardo Fornells, representante del Sindicato de Vidrieros (antes maestro, excelente orador, colaborador de la prensa ácrata), Emilio Mira (a veces llamado con el seudónimo Antonio Valor, nativo de Alcoy) quien representaba al Sindicato de la Madera, Manuel Mascarell (vidriero), Francisco Botella (soldador metalúrgico) y Paulino Díez, el representante de los carpinteros y secretario general de la Local. El menos conocido de ellos es Paulino Díez Martín quien lleva apenas dos meses en Barcelona y es poco conocido por la policía; nacido en Burgos el 4 de mayo de 1892, a los 14 años ingresó en el sindicato de carpinteros como aprendiz. Se va a vivir a Melilla junto al hermano, donde participa en la organización y las huelgas. Es encarcelado varias veces, forma grupos de afinidad, sufre un atentado. En octubre de 1918 llega a Barcelona de nuevo hurtando el cuerpo a la represión y en busca de trabajo. Ahí ingresa en el sindicato único de la Madera, y en diciembre es nombrado delegado del sindicato a la Federación Local de Barcelona.

El comité tenía un infiltrado en el aparato gubernamental, un alto funcionario de prisiones, amigo personal del primer ministro conde de Romanones y conocía los pasos de las autoridades de Barcelona. Su problema era cómo ir escalonando el movimiento y manteniendo la solidaridad económica con los sectores que iban entrando en lucha.

En el fluido tráfico de conversaciones telegráficas y mensajes mantenido a lo largo de aquella semana entre el ministro de Gobernación y el gobernador de Barcelona sorprende que en ningún momento las autoridades buscaran una manera de resolver el conflicto que no pasara por la derrota de los trabajadores y su sumisión a la voluntad de La Canadiense. Sin duda, las presiones de los industriales y de la embajada británica tenían gran eco en Madrid. En la noche del 17 nuevamente el ministro de Gobernación se dirigió al gobernador pidiendo:

“Extreme vigilancia, director Canadiense. Embajador de Inglaterra dice que está amenazado de muerte”. González Rothwoss contestó: “En el domicilio de éste y otros jefes compañía hay parejas de guardia civil y agentes de seguridad”.

El mismo día 17 se presentaron las peticiones de los trabajadores textiles, un gremio compuesto en 80% por mujeres. Las bases presentadas a la patronal exigían el reconocimiento del sindicato, jornada máxima de 8 horas, sábado inglés, abolición del destajo, pago de jornal íntegro en caso de accidente, prohibición del trabajo de menores. En el origen del movimiento estaba la respuesta al intento de la patronal de disminuir los salarios anunciado a principios de febrero y la disminución de operarios en la industria algodonera y, tras esto, la disminución de los pedidos para exportación al haberse terminado la guerra, que constituyeron una fuente fundamental de ganancias para los patrones catalanes en los años anteriores. La existencia en las bodegas de abundantes tejidos, según la patronal, obligaba a disminuir los precios de los destajos que habían aumentado en años anteriores.

El sindicato que había surgido en los últimos meses y con posteridad al congreso de Sans, dentro de un sector con una fuerte tradición de lucha, pero con un nivel muy bajo de sindicación, había crecido enormemente en los últimos meses. El tintorero Ricardo Sanz recordaría cómo “las mujeres acudían en masa al sindicato en demanda de ingreso”, en buena parte gracias al trabajo de organización de los cuadros formados en la lucha de las mujeres en enero del 18: Lola Ferrer, Rosario Dulcet, Ramona Berni. Con esta nueva fuerza el sindicato decidió pasar a la ofensiva; buscaba que los trabajadores no pagaran los efectos de la crisis que el fin de la guerra mundial imponía al textil catalán.

El 17 de febrero, la policía irrumpió en una reunión sindical en el centro obrero de la calle San Pablo, con el argumento de que no había permiso; 62 trabajadores de empresas cinematográficas fueron detenidos. En la reunión se habían repartido hojas clandestinas donde se proponía un paro en el sector de los espectáculos. Seis de los detenidos permanecieron en la comisaría. Ese día el gerente Lawton cedió y abrió negociaciones. La primera cita es en el edificio de La Canadiense, donde llegan los cinco delegados encabezados por Simón Piera. Lawton, vio a un dirigente de la CNT entre los negociadores, y no aceptó el diálogo; abandonó la sala sin discutir las propuestas (libertad de sindicación, no represalias, restitución de los salarios originales).

Para los que seguían la huelga a través de las notas periodísticas y de los informes gubernamentales, resulta difícil imaginar la inmensa red que la CNT, a pesar de la falta de muchos de sus cuadros dirigentes y la represión en las calles, la clausura de los locales y la imposibilidad de hacer asambleas masivas, estaba logrando. El comité de huelga, encabezado por Piera y Paulino Díez, había cubierto las bajas, estaba en contacto con Pestaña, se habían activado multitud de enlaces con las fábricas y talleres y, gracias a la labor de entre otros muchos Eugenio Martínez Fernández (que sería juzgado por eso dos años más tarde), se comenzaron colectas, que llegaron a reunir la sorprendente cantidad de 50 mil pesetas en una semana.

El 19 de febrero, González Rothwoss se reúne con las patronales. Hay huelgas de brazos caídos en las barriadas de Gracia y Sans. Los rumores dicen que están preparados para entrar en acción los trabajadores de La Canadiense en la ciudad y cortar la distribución, así como los que trabajan en la generación en los saltos de agua de Lérida. Un día más tarde, a las 18:15 horas, el gobernador telegrafía al ministro de gobernación: “Tras conferenciar con elementos de La Canadiense, ésta insiste en inmediata movilización. Creo procede”. Cinco minutos más tarde el ministro responde: “Ruego a usted me diga si considera en absoluto preciso e indispensable movilización”. Ambos se han vuelto sordos.

A las 19:45 el gobernador insiste: “Sí, capitán general de acuerdo. Envié guardias civiles a las subcentrales para custodia.” Los obreros les informaron que si no se retiraban inmediatamente abandonarían el trabajo. “Claro está que ante ello he ordenado se retiren las fuerzas”. A las 20:30, el gobernador insiste al ministro: “Firme decreto de movilización. Lo usaré en el momento oportuno. Hay razones. Ruego encarecidamente al gobierno se haga en la forma que propongo”. A la una y media de la madrugada del 21 de febrero, el ministro responde que “el Consejo de Ministros estudió el asunto y decidió no movilización militar sino incautación por el Estado de la compañía a las 15:00 horas. De acuerdo embajador de Inglaterra. Hable usted dirección compañía (incautación será temporal y con garantías) e informe. Sale más personal militar”. La incautación significaba que el Estado era el administrador y operador temporal de la empresa.

A las 4 de la tarde del viernes 21 de febrero, el comité de huelga lanza su tercera gran ofensiva: entra en huelga la totalidad de los obreros de La Canadiense, 1 200, dejan el trabajo a los operarios de transformadores de La Canadiense en el Paralelo Se suspende la distribución del fluido eléctrico en Barcelona que llega de las centrales. Tranvías paralizados en las calles, unos 60, porque el resto, cerca de 700, tienen tiempo para irse a las cocheras; 70% de las fábricas en la provincia de Barcelona paralizadas. Los obreros fabriles recorren las Ramblas. Cierre de comercios. No hay luz ni en el gobierno civil. “El paro ordenado por el comité de huelga fue matemático”. La fábrica está custodiada por agentes de seguridad y guardias civiles, al mando del inspector Grimaud y los agentes Espejo y Arnaldo. La policía disolvió grupos en el Paralelo. Seis obreros más detenidos. La mayoría de los cines y teatros suspendió funciones. Los ingenieros de La Canadiense presionan a la empresa diciendo que si no ponen todo de su parte para resolver el conflicto abandonarán el trabajo, muchos faltaron hoy.

La compañía de capital alemán “Energía Eléctrica de Cataluña” continuaba suministrando energía a sus abonados y algunas empresas pudieron trabajar incluido el diario Las Noticias. Hay un completo acuartelamiento militar. En el despacho de Capitanía, desde las 5 de la tarde, además de Milans del Bosch estaban reunidos los representantes de la Lliga Regionalista (Cambó, Puig i Cadafalch), empresarios del Fomento Nacional del Trabajo y asesores militares. La Secretaría de Marina nombra técnicos y oficiales y los manda a Barcelona. Al anochecer no hay alumbrado público, las fuerzas de orden patrullaban con antorchas y hachones. La población usa lámparas de carburo y velas. Sin embargo no se producen choques, solo el contratista de obras Joan Vila, de quien se dice que tenía nexos con La Canadiense, sufrió un atentado frente a su casa, en la calle Diputación y fue herido en un pie por un desconocido solitario. Ingenieros militares entran en la empresa en la noche.

El editorial de España Nueva se titula: “¿Hablará el Máuser?” Denuncia cómo el presidente del consejo de ministros habla de la huelga y dice que parece preparar las condiciones para una mayor represión.

Sábado 22. El suministro de fluido eléctrico es anormal y con grandes interrupciones. Averías, medio voltaje cuando lo hay, la luz en las calles solo hasta las 8 de la noche. Problemas con la luz en el Hospital Clínico. Los obreros al ir al paro no han saboteado las instalaciones. Siguen llegando militares del cuerpo de ingenieros. En la ciudad hay fuertes rumores de que dos soldados se electrocutaron, el gobierno desmentirá más tarde la noticia, para finalmente en una nota que pasa por la censura, una semana más tarde, reconocer que sí lo fueron.

Los depósitos de carbón de La Canadiense en los muelles están inmovilizados porque el sindicato de transportistas se niega a distribuirlos; tienen que intervenir carros militarizados. La ciudad se estaba paralizando casi totalmente. En el colmo del cinismo el gerente de La Canadiense, Lawton, publicaba una carta en los periódicos de la ciudad donde aseguraba que no había recibido demanda concreta de los huelguistas.

El alcalde de Barcelona, Manuel Morales Pareja, crea un pequeño gabinete que intenta restablecer el fluido eléctrico de El Paralelo, mientras que el jefe de la Guardia Urbana recorría con varios de sus agentes recorrían las principales calles de la ciudad para convencer a los comerciantes de que no cerraran e iluminaran sus establecimientos.

Los ingenieros militares logran restablecer el alumbrado público parcialmente, en algunos lugares de la ciudad, con cortes continuos. Para el gobierno, el problema de poner en marcha la empresa es casi irresoluble: el general Joaquín Milans del Bosch, el capitán general, propone una y otra vez que se militarice la ciudad y se decrete el estado de guerra. Milans, nacido en Barcelona, veterano de guerras coloniales, y muy cercano a la oligarquía catalana es un hombre unido a un informe, en su pecho izquierdo lleva dos docenas de imponentes medallas; en la foto oficial levanta la mirada hacia el cielo y cultiva el estilo Alfonso XIII: pelo corto, bigotillo. Y hoy es el representante de la línea más dura.

Los informes técnicos que dan los oficiales de zapadores y el cuerpo de ingenieros de la armada es que tomarían al menos cuatro días normalizar, incluso con la militarización de los obreros. Mientras tanto, en las reuniones con el gobierno participan las otras empresas eléctricas a las que todavía no se ha extendido el movimiento.

Del otro lado, el movimiento ha tenido que actuar en condiciones extremadamente difíciles, pero con eficacia sorprendente. Ángel Pestaña cuenta: “El Poder Ejecutivo radicaba en la asamblea de todos los sindicatos de Barcelona, que se reunía a pesar del estado de guerra y la cotidiana persecución, y cada día tomaba acuerdos para el siguiente, y cada día se ordenaba qué fracciones o qué trabajos debían paralizarse al día siguiente”. Pestaña no participaba de esas reuniones, pero se mantenía enlazado por su condición de director de la precaria Soli, “porque tengo el deber de conocerlo”. Suponiendo su papel en la huelga el gobierno dicta acta de procesamiento en rebeldía contra Pestaña el 22 de febrero.

La detención de David Rey había obligado a restablecer la manera de imprimir la Soli clandestinamente. José Viadiu da noticia de que se hacía en 20 o 30 imprentas clandestinas de Barcelona y da información sobre dos de ellas, una en la calle Poniente y otra en Tallers y una más en Tarragona. Cuenta que el periódico salió diario durante la huelga y que varias veces la imprenta donde se estaba haciendo fue asaltada por la policía. Pestaña y Carbó redactaban, Paulino Díez organizaba la distribución.

Ante la incautación, el comité de huelga da un paso adelante e invita a sumarse al movimiento a los trabajadores de las otras empresas generadoras. El Sindicato Metalúrgico de Barcelona acuerda entregar 2 pesetas diarias a cada huelguista, siempre que no fueran a levantar la huelga sin salarios caídos (de tal manera que el apoyo funciona como un préstamo). Pestaña cuenta: “En Cataluña los trabajadores en sus sindicatos pagan una cuota que oscila entre 20, 25, 30 céntimos por semana; pero como hemos tenido un cuidado especial en cultivar el despertar de la solidaridad (…), cuando llega el sábado, no tiene inconveniente en dar una peseta, seis riales o dos pesetas de cuota extraordinaria (…) para sostener a los trabajadores que luchan”. Así se mantenían “mil y pico de huelguistas que percibían 20, 25, 30 pesetas semanales”. El narrador no puede dejar de pasar de la admiración al asombro ante una estructura hormiga, de base, extraordinariamente compleja de la organización que permitía recaudar y distribuir entre los huelguistas estos fondos, sin locales ni asambleas. El mismo sábado a las 11 circularon algunos tranvías del ferrocarril de Sarriá. Arriban a Barcelona constantemente más soldados.

El domingo 23 los sindicatos, informados de la incautación por el letrado Montalvo, se dirigen por escrito al gobernador y le dicen que como el gobierno es causante de la suspensión de garantías constitucionales en la provincia de Barcelona, la interrupción del libre ejercicio de los sindicatos obreros y la detención de obreros, la comisión “sólo tratará con el gobierno” para acabar esto, y por otro lado con la compañía respecto a las bases presentadas. Firman los Sindicatos de Gas, Agua y Electricidad, Madera, Construcción y Metalurgia.

La militarización, como si quisiera mostrar un poder del que carece, es ostensible. El coronel Madrid ocupó la sede de la empresa en el Paralelo, con el 4º de Zapadores y algunos marinos de los barcos fondeados en el puerto. A las 11 de la noche, los militares consiguen que una pequeña parte de la ciudad tenga luz. Gracias a ello algunos diarios son distribuidos, pero cierta normalidad en el fluido eléctrico no se consiguió hasta la mañana siguiente, aunque por el momento con una potencia limitada de voltaje. “Los servicios mejoran, pero no se normalizan”.

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Ricardo Sanz cuenta que “las líneas de baja como alta tensión, así como los transformadores, fueron atacados primero con prudencia, en vista de dejar abierta la posibilidad de una solución”, Paulino Díez añade que “En Tremps y Camarasa se volaron las torres de alta tensión y en la calle Baja de San Pedro hizo explosión una tubería de gas que levantó los adoquines de la calle a la altura de un cuarto piso.” Al establecerse la electricidad salieron de nuevo los tranvías a la calle y se armó una gresca en la calle Pelayo, donde un tranvía fue apedreado y tiroteado, hirieron al conductor, quien murió a los pocos días.

Romanones presenta su renuncia, el rey no se la acepta. Al día siguiente llegaba a Barcelona desde San Sebastián el nuevo Gobernador Militar de la provincia, el general Severiano Martínez Anido. Se trata de reforzar el mando militar, Milans del Bosch en la región, Martínez Anido en Barcelona, dos de los duros en materia social.

Siguiendo la lógica del avance gradual, como si fuera una epidemia que se expande al contacto, el comité de huelga ordena y comienza a informar en las fábricas que, si la energía eléctrica de su empresa la producen esquiroles, no entrarán a trabajar. El domingo 23 de febrero se informa que los trabajadores de la otra empresa de fluido eléctrico —”Energía Eléctrica de Cataluña”— se unen a la huelga; el paro en las compañías eléctricas es absoluto.

El lunes 24 se acaba el plazo que La Canadiense dio para retornar al trabajo, advirtiendo que los que no lo hicieran serían despedidos permanentemente. A pesar de las presiones y la amenaza solo se reintegran al trabajo 24 empleados.

Para el miércoles 26 de febrero el Sindicato de Luz, Agua y Gas de Barcelona decreta la huelga general en el sector. Secundan el paro todos los obreros. Entre ellos los trabajadores de las grandes compañías, una de las cuales, la Lebon, era de capital francés. De nuevo está suspendido el fluido eléctrico en Barcelona, cortes en el suministro de agua. En fábricas y talleres se trabajaba con continuas interrupciones del fluido. Faltan tranvías. El gobernador incauta la traída de agua. El comité de huelga clandestino se niega a una entrevista pública con el alcalde que desea mediar.

El gobernador pide al ejército un barco con maquinistas y electricistas. Le envían el crucero Extremadura desde Valencia. A las 8 de la noche, desesperado, Rothwoss conferencia con el ministro de Gobernación quien dice: “Van técnicos militares, déme requerimientos específicos”.

Gobernador: “Algunos ingenieros civiles se han ofrecido. Uno huyó cuando los obreros lo amenazaron. Los que cobran y revisan los registros también se han declarado en huelga. Población a oscuras. Cónsul de Francia vino a pedir se proteja la casa Gas Lebón” (se interrumpe un rato la conversación).

—El presidente del consejo propone propiciar una reunión obrero-patronal. “¿Qué piensa usted?”

Gobernador: “Medida muy comprometida. Si no da resultado, empeoraría la situación. Haré consultas”. El ministro de Gobernación le contesta con un seco: “Urge solución”.

Jueves 27 de febrero. El ayuntamiento propone que el gobierno local acepte las tres condiciones del comité de huelga: restablecimiento de garantías, libertad para los detenidos y reconocimiento de los  Sindicatos. Los catalanistas se abstuvieron.

La crisis gubernamental crece: el jefe de gobierno califica la situación en Barcelona como “mala, malísima”. Se suspenden las garantías constitucionales en Lérida en previsión de que se sumen los trabajadores de los saltos de agua. El Gobernador de esa provincia dice que, si estalla la huelga en las centrales eléctricas, no cuenta con medios militares.

El primer ministro Romanones anuncia que dimitirá en cuanto se resuelva el conflicto de Barcelona y suspende las sesiones en las cortes. Hay consultas sobre si debería ir el ministro de Gobernación a negociar; “improcedente”, dicen los grandes patrones catalanes,  los condes de Caralt y de Figols.

El viernes 28 de febrero llegan, procedentes de Zaragoza, 30 militares electricistas más para dar soporte a los soldados ya instalados en las centrales eléctricas. Mientras tanto,  el Manifiesto de la Federación Local de Barcelona reitera las tres condiciones: apertura de los sindicatos clausurados. Libertad para los detenidos desde la proclamación de la suspensión de garantías. Retirada de la suspensión de las garantías constitucionales. Y denuncian que algunos periódicos dan información falsa.

En esos momentos, el comité de huelga es ampliado con la presencia del secretario nacional de la CNT, Evelio Boal y lo asesora Manuel Buenacasa (detenido en el Castillo de Montjuich), así como por miembros del Comité Regional.

Sábado 1 de marzo. Escasez de agua, el gobierno ha incautado el servicio pero no puede ponerlo a funcionar. Circulan pocos tranvías. Aprovechando la coyuntura, los conductores de carros de alquiler logran que se firmen unas bases que incluyen el aumento salarial. La Canadiense ofrece readmitir a los huelguistas (de nuevo, tras haberlos despedido dos veces); tienen que presentarse antes del día 6, pero no reconoce al sindicato de empleados y no reinstala a los 8 despedidos. Sus posiciones no se han movido un milímetro; apuesta al desgaste de la huelga, que llegará el lunes a su cuarta semana.

1919 assemblea a les Arenes pel final de la vaga de la Canad

Domingo 2 de marzo. En una entrevista con el alcalde, el comité le pide que transmita los tres puntos y dan 48 horas al gobierno para que responda. En Madrid, el gobierno responde que el plazo es muy corto y la negociación no prospera. Los abogados Guerra del Río y Companys negocian en la capital con el ministro de Gobernación y transmiten las tres condiciones. El subsecretario de la Presidencia José Morote, en nombre del gobierno, pide más tiempo, lo que produce una queja del gobernador por su intervención.

El lunes 3 de marzo continúa la escalada; se unen a la huelga los trabajadores de la central eléctrica de Sant Adrià del Besos. En Barcelona un esquirol que manejaba tranvía fue casi linchado por haber atropellado a un niño (de manera leve). Se defendió a tiros: un herido; fue detenido.

4 de marzo. Capitán general a ministro de la Guerra reporta: Amenazas contra empleados de confianza extranjeros. Sabotajes al alumbrado público. “Situación se pone cada día más difícil”. Ministro de Estado transmite a ministro de Gobernación, la queja del embajador inglés porque el coronel a cargo de la incautación de La Canadiense anunció que incautarían las recaudaciones. Sin embargo, ciertas voces en Cataluña apoyan al gobierno. El gobernador agradece que Madrid no haya cedido y Portela escribe al ministro de Gobernación que las autoridades lo están haciendo con “verdadera fortuna” y, de pasada, reporta que hay 78 crímenes cometidos.” La cifra es evidentemente falsa. Los atentados han decrecido en Barcelona durante la huelga, de hecho han prácticamente desaparecido.

El comité considera rotas las negociaciones; ha concluido el plazo otorgado a las autoridades. Hay huelga en los talleres de San Feliu de Guixols. Los trabajadores de la madera de Tarragona obtienen las 8 horas y 20% de aumento. Al día siguiente se suman a la huelga los obreros que faltaban de las fábricas de gas, sobre todo de La Catalana. La policía responde con absurdas redadas de extranjeros.

El 6 de marzo el movimiento pasa de nuevo a la ofensiva. Se extiende la huelga a los electricistas de los saltos de agua de las centrales eléctricas de Tordera, que envía fluido a Sabadell y Panadés y de Tremp, que envía a Igualada, donde la guardia civil tomó la planta. También en Molins del Rey hay huelga. Rumores de que Lérida también se sumará. Las averías hacen que se detenga totalmente en Barcelona el tráfico de tranvías.

Se produce una conferencia con el gobernador; en la que participan el Presidente del consejo, el ministro de Gobernación y el general Martínez Anido. El ministro informa de las gestiones de los abogados: José Puig D´Asprer, Ramón Aguiló, Rafael del Val, José del Río del Val, que piden que el gobierno explicite que no es patrón sustituto para que los sindicatos traten con la compañía, aunque reconocen que no representan a la organización, se ofrecen como mediadores. El Gobernador informa en la conferencia: “Me vinieron a ver y no hay inconveniente, no he querido cerrar puertas”. El ministro de Gobernación pregunta: “¿Cuáles son las condiciones de los sindicatos?” (Tras un mes parece no haberse enterado) “¿Qué reacción de las patronales?” Gobernador: “Condiciones ya las conoce, confirmadas. Patronal no quiere que gobierno ni compañía entren en tratos con los sindicatos”. Ministro: “Que quede claro que el gobierno solo les ha garantizado el servicio público. En cuanto a la solución el gobierno se abstiene”.

Gobernador: “Así es. La compañía se niega a tratar con el comité de huelga por no ser obreros de la compañía sino representantes de los sindicatos”.

Ministro de Gobernación: “¿Y si trataran con los abogados de los sindicatos?” (Nadie contesta). Gobernador: “La huelga se extendió a Badalona y Villafranca y Sabadell, electricidad y fábricas de gas. Huelga en la central eléctrica de Molins del Rey y subestación de Corbera. Paradas en las fábricas de Igualada.” Capitán general: “Hay que apurar la solución de la huelga. No hay motivo para declarar el estado de guerra. No hay tumultos”. Ministro: “Díganle a la compañía. Que no podemos mantener indefinidamente a los soldados”.

El viernes 7 de marzo terminó el nuevo plazo patronal para volver a trabajar en La Canadiense. Solo entraron 12 de 1200 obreros y empleados. El ejército no pudo normalizar el servicio de las fábricas de gas. Badalona queda a oscuras por  la huelga en la fábrica La Propagadora.

Y al día siguiente el gobierno cede a las presiones de la compañía y de la patronal; declara el estado de guerra. Según un bando del capitán general, se militariza a los trabajadores huelguistas de 21 a 38 años de las empresas La Canadiense, Ferrocarril de Sarriá —Las Planas— Rubí, Servicio de transportes de Barcelona, Catalana de Gas y Electricidad, Energía Eléctrica y Gas Lebón. Los obreros deben presentarse en sus zonas de reclutamiento. Los que no lo hicieran están bajo amenaza de cuatro años de cárcel.

El comité de huelga se reúne. ¿Cómo neutralizar la medida? Tras una larga discusión se decide que se presenten, pero que se nieguen a trabajar como esquiroles en las empresas. El domingo emite un bando para invitar a que cada trabajador decida en conciencia: “tendrá que aceptar las consecuencias en su propia persona.”

León Ignacio contará: “Acudieron en masa a las cajas de reclutamiento. Así lo indicaban las notas oficiosas de los periódicos para tranquilizar a la burguesía. No obstante, una vez que les señalaron destino (para trabajar en las diferentes empresas), se negaron a obedecer sin que hubiera modo de convencerlos con razonamientos ni con amenazas. El activista anarquista madrileño Mauro Bajatierra completa: “Ni uno de los obreros y empleados militarizados y formados en los diferentes cuarteles de Barcelona dieron un paso para cumplir la orden. Las autoridades no esperaban esta reacción. Materialmente no podían obligarlos y eran demasiados para someterlos a un consejo de guerra. Al fin decidieron encerrarlos en el Castillo de Monjuich (…) Formaron con los movilizados largas cuerdas de presos y bajo la vigilancia de la guardia civil, les condujeron a pie y a través de la ciudad”.

Las cifras de los movilizados detenidos varían: mientras que Balcells hablará de casi 3 mil. Joan Ferrer dice que llegaron hasta 4 o 5 mil y España Nueva dará la cifra de 815 detenidos. Fueran más o menos, el caso es que se trataba de una insubordinación pacífica y masiva muy peligrosa para los que la habían adoptado, pero que contenía por su enorme valor moral fuertes elementos de contagio en los demás soldados acuartelados. Bajatierra lo anota: “Las demás tropas entusiasmadas por lo que presenciaban, daban muestras de que su moral disciplinada podía romperse en cualquier momento”. Los juicios producidos en agosto de 1919 contra varios soldados revelan que se insubordinaron decenas de ellos, desobedecieron órdenes, insultaron a sus mandos o desertaron. Cinco días después, más de un centenar de soldados estaban acusados de insubordinación y el resto detenidos en un limbo jurídico.

Albert Balcells piensa “Si se tiene en cuenta el grado de tensión a que se había llegado en Barcelona, resulta asombroso que no se hubiera desatado la violencia de los audaces e impulsivos”. Más bien, los “audaces e impulsivos” habían sido absorbidos por el movimiento de masas y estaban tremendamente ocupados en coordinar las acciones de la organización sumergida en la clandestinidad; mantener el inmenso aparato en pie.

La violencia vendría del otro lado. El día en que se declara el estado de guerra, el capitán general Milans encargó al desprestigiado y odiado Bravo Portillo la jefatura de los servicios policiales de la capitanía y le ofreció un sueldo; llegaba recomendado por el patrón Bertrán i Musitú al general Turner, jefe del Estado Mayor. Su primera misión era descubrir las imprentas donde elaboraban La Soli y los bandos del comité. El socialista Rafael Vidiella narra: “La burguesía catalana entregada a cuerpo y alma a los generales del rey aplaudió el nombramiento del policía dependiente de Capitanía General y los pollos pera, hijos de los burgueses, admiraban tanto al comisario que cuando iban a la peluquería pedían al barbero: péiname, ¿sabes? Con la raya en medio, y rízame el bigote a lo Bravo Portillo, ¿sabes?”

Ese mismo día 9 por la noche estalló una bomba en la imprenta Heinrich, en la calle Córcega; causando cuatro heridos. Los sindicatos acusaron a la policía de haber montado una provocación.

El 10 de marzo, amenaza de huelga en el puerto de los descargadores de carbón para impedir el suministro a La Canadiense. La compañía Transatlántica hace un donativo de 7 mil pesetas para los esquiroles del ejército y se disuelve una manifestación ante las oficinas de la empresa.

En esos momentos, repletos de enorme tensión, la huelga produce una nueva iniciativa. Salvador Caracena, en reunión de la sección de prensa del Sindicato Único de Artes Gráficas propuso la “censura roja.” En principio, la dirección de los periódicos de Barcelona recibió una nota del sindicato donde se decía que se había decidido suprimir “toda nota o comentario” relativo a la información sobre la huelga de La Canadiense, “venga por conducto de quien sea”. En una segunda nota se decía que “se han cursado las correspondientes órdenes para que no se publiquen en los periódicos de Barcelona (…) sueltos noticiosos o anuncios pago de las compañías en conflicto. El periódico que lo viole se verá con la huelga”. Si el gobierno impedía la salida de La Soli y censuraba la previamente la información que podría aparecer en España Nueva y otros diarios progresistas, el sindicato se creía en derecho de efectuar la contramedida.

El primer choque se produjo cuando el capitán general redactó el bando que declaraba el estado de guerra. La mayoría de los periódicos la acató y solo apareció en el Diario de Barcelona y algunos menores. La tensión se mantuvo tres días, durante los cuales el sindicato impuso una multa de mil pesetas al Diario del Comercio por publicar el bando y los pagó; El Progreso lo publicó al día siguiente y le fijaron 2500 pesetas de multa y el delegado del diario pagó una sanción de 50 pesetas por no haberlo impedido.

Pronto se extendió la censura a otras informaciones. En Las Noticias, los tipógrafos decidieron censurar el periódico por las declaraciones del fiscal en el caso del juicio del Rádium. El diario no sale por decisión patronal. En La Publicidad, el linotipista Ácrato Vidal era el delegado y ejercía fielmente el acuerdo.

El 11 de marzo, el gobierno de Romanones establece la jornada laboral máxima en la construcción en 8 horas para toda España. Ése será el prólogo para un cambio en la política respecto a la huelga catalana. En la noche se conoce en Madrid el nombramiento de un nuevo gobernador civil para Barcelona, Carlos E. Montañés, ingeniero, diputado independiente, quien conocía bien La Canadiense ya que estuvo en el proceso de puesta en marcha de la empresa, y un nuevo jefe de policía, Gerardo Doval.

Durante los siguientes dos días se producen detenciones de obreros que pegaban propaganda y hay explosiones en cañerías de gas y en la subcentral eléctrica, probablemente accidentes, causadas por los soldados que desconocen la operación. Albert Balcells, que hizo en los años sesenta un excelente estudio de la huelga, cree que en esos momentos el movimiento se encuentra en el límite de su resistencia. Sin embargo, los testimonios con que contamos, en particular el de Ángel Pestaña, parecen desmentirlo “La noche anterior se había celebrado una reunión y había la duda para nosotros (…) de si lanzando a los tranviarios a la huelga, por solidaridad con los obreros de La Canadiense, hundíamos el sindicato y lanzábamos a los obreros al paro. ¿Qué hacer después de dada la orden, a las 11 de la noche, de parar los tranvías? A las 5 de la mañana ya había trabajadores en todas las cocheras, debidamente autorizados para que aconsejaran a los tranviarios que continuaran trabajando y no fueran al paro hasta nueva orden. Y efectivamente así sucedió: nosotros esperábamos saber qué hacían (los obreros movilizados) y los obreros de La Canadiense, firmes en su propósito, continuaron convencidos de que ellos tenían el deber de obedecer la llamada para la movilización (…) pero no el deber de servir a una compañía que pretendía hundirlos si llegaban a obedecer (…) El conocimiento de este hecho nos incitó al día siguiente a que los tranviarios fueran a la huelga (…) obedecieron como un solo hombre”. El gobierno responde con la militarización de los tranvías; los soldados los conducen, dirigidos por el coronel Ibáñez. Circulan muy pocos coches.

Fructificaba en esos momentos el trabajo realizado por Daniel Rebull (David Rey) antes de caer en la cárcel, que era considerado “una pequeña leyenda en los medios confederales”. Pepe Gutiérrez contará que “los tranviarios dieron ese día un ejemplo de disciplina y de unidad de acción que tiempo atrás parecía impensable”. A David se le instruyó un nuevo proceso por insultos e incitación a la rebelión, se le añadió “otro por asociación ilegal —la organización del Sindicato de Tranviarios—, condenándolo asimismo a seis años, más seis meses por empleo de nombre supuesto”.

Si la situación era difícil para los trabajadores, peor era para las empresas de luz, agua y gas, que estaban al borde de la quiebra; los soldados no podían suplir a los obreros calificados. Pestaña cuenta: “Las estaciones de transformación eléctrica se quemaban, los dinamos se abrasaban (…) los cables y todo el material se echaba a perder.”

Con una Barcelona ocupada militarmente y ametralladoras montadas en la vía pública, el mismo día 13 llega a la ciudad José Morote, subsecretario de la Presidencia, para iniciar la mediación; y el 14 los dos hombres nombrados por el conde de Romanones para dirigir la provincia, Montañés y el nuevo jefe de la policía, Gerardo Doval, un gallego liberal, abogado criminalista que trabajaba en un juzgado de Madrid. A su arribo, Montañés es aplaudido en la estación: quizá no tanto por lo que es, sino porque su presencia significa el final de González Rothwoss.

Ese mismo día, Lawton y Montañés se reúnen y el nuevo gobernador convence al británico para que acepte negociar con el Comité de Huelga, que se encuentra en la clandestinidad. Por mediación del diputado y abogado José Guerra del Río se localizó al comité (la prensa lo llamaba “comité fantasma” y hablaba de su primera aparición pública diciendo que eran un grupo de jóvenes de menos de 25 años). Joan Ferrer ofrece los nombres de los miembros del comité asistentes a la reunión: Piera, Camilo Piñón, transportista, Saturnino Meca, zapatero, Francisco Botella, soldador, José Duch, Salazar y Penya, de La Canadiense. Morote representa al gobierno. La reunión se realizó en el Instituto de Reformas Sociales, junto al Borne, a las 3 de la tarde del 15 de marzo. El comité de huelga se presentó con dos horas de retraso, lo suficiente para irritar a la patronal. Las reuniones habían de prolongarse por tres largos días.

Montañés reportó al ministro de Gobernación que el sindicato presentó las bases de la negociación, las cuales había “retocado” y usado al alcalde para transmitirlas a la empresa y que creía que podrían ser aceptables. Lo que no dice es que él aceptó las tres demandas previas de la CNT: liberación de los presos, restablecimiento de garantías, apertura de locales sindicales. A la empresa se le pedía:

1) Readmisión de despedidos.

2) Aumento de sueldos

3) Garantías para evitar represalias

4) Jornada de 8 horas

5) Abono de jornal íntegro en caso de accidente

6) 50 mil pesetas por indemnización

7) Pago de salarios caídos durante la huelga

La Canadiense respondió aceptando las 8 horas y el pago del salario en caso de accidente, más se negó a pagar la indemnización y propuso aumentos salariales de 10 a 50%. Incluso aceptó, a petición de Montañés, pagar los salarios caídos durante la huelga si los obreros se presentaban antes de tres días. Donde se mantuvo firme fue en la readmisión restringida de los despedidos, Lawton declaraba al día siguiente que muchos empleados son ladrones, que por eso no puede readmitirlos. De tal manera que dejaba en pie las represalias contra una parte de los huelguistas.

Mientras, el ministro de Gobernación felicitaba a Montañés: “Le felicito por la acogida que ha recibido de todos los ambientes sociales”. El comité de huelga rechazó la contraoferta patronal a las 7 de la tarde. Se inició una nueva negociación.

El 15 de marzo reapareció la Soli editada en Valencia y se distribuyó en Barcelona. El director del ferrocarril MZA reportaba que se sindicalizaron los trabajadores de la estación 3 (el Puerto) y temía que se extendiera la sindicalización. El alumbrado es casi nulo en Barcelona. Doval tomó posesión de la jefatura de policía.

Para aumentar la presión, la CRT catalana sumó el 16 de marzo a un nuevo sector a la huelga: “Ha llegado el momento de la solemne prueba de nuestra organización y nuestros sentimientos (…) compañeros de la prensa diaria (…) por orden del comité cesad el trabajo hasta nuevo aviso”. La huelga de tipógrafos dejó a Barcelona sin periódicos.

Van a la huelga —también— los operadores de teléfonos. La CRT planea sumar a la huelga a los bancarios de Barcelona. Pestaña cuenta: “Fijaos el conflicto que esto representaba para Barcelona; estábamos a 17 o 18 del mes y si se cerraban todos los establecimientos bancarios por falta de dependencia, el conflicto hubiera sido terrible.”

Segunda reunión conciliatoria. Morote la prepara entrevistándose con Milán del Bosch y luego con una comisión de los presos cenetistas de enero (según él a petición de éstos): Miranda, Salvador Quemades, Tomás Herreros, Jaime Gallifé, Eusebio Carbó, Antonio Martínez (curiosamente están ausentes Seguí y Buenacasa, los dirigentes de la CNT nacional y la CRT catalana).

El 17 de marzo, Romanones desde Madrid presionaba al Gobernador Civil de Barcelona para que resolviera el conflicto en 24 horas. De lo contrario, le dice que había recibido una amenaza de Largo Caballero (dirigente de la UGT socialista), de convocar una huelga general en todo el país si no se solucionaba el conflicto de Barcelona.

Una hora después el gerente Lawton (que también recibía presiones) aceptaba todas las condiciones de los huelguistas de La Canadiense y añadía que no habría represalias. El comité de huelga acepta entonces levantar el movimiento siempre y cuando esta resolución fuera aceptada por una asamblea de los huelguistas. En un documento que firmaba la empresa, el comité de huelga y los sindicatos involucrados (madera, electricidad, agua y gas, metalúrgico) contenía 9 puntos:

1) Readmisión de despedidos y huelguistas. 2) Movimientos de personal como facultad de la empresa. 3) Aumentos: a los que ganan 100 pesetas mensuales 60%, los de 100 a 150 el 40%, los de 150 a 200 el 20%, los de 3000 a 400 el 15%, los de 400 a 500 el 10%. No aplicables a menores de 17 años. 4) Equiparación de salarios con los de la Federación Patronal de Barcelona. 5) Pago de sueldo de medio febrero y completo desde el 1 de marzo con aumento, pero con suspensión de vacaciones. 6) Jornada de 8 horas. 7) Jornal íntegro en caso de accidente de trabajo. 8) No represalias. 9) Reanudación de labores en 48 horas.

La huelga se había sostenido durante 45 días.