RECONFIGURACIONES DE UN CONFLICTO PERSISTENTE

RECONFIGURACIONES DE UN CONFLICTO PERSISTENTE

A 10 AÑOS DEL MOVIMIENTO DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA

Hace 10 años, en 2006, escribí en esta revista1 que en Oaxaca el viejo régimen autoritario reventó en pedazos en uno de los enclaves regionales caracterizado por la desigualdad y pobreza de la mayor parte de la población. Efectivamente, a partir de ese año la estabilidad y la certeza de la dominación política se fragmentaron y abrieron paso a una etapa de crisis que se prolongó en el transcurso de la siguiente década.

La crisis se expresó con mayor claridad durante seis meses, de junio a noviembre, en un acontecimiento sin precedente en la historia del régimen político mexicano. Se sintetizó en un emergente proceso de subjetivación política respecto a la conciencia de un agravio, la identificación de un responsable –el entonces gobernador–, la configuración de un conflicto para exigir su salida y las posibilidades de emancipación con una agenda política que fue ampliando demandas y reivindicaciones.

El conflicto estalló la madrugada del 14 de junio de 2006, cuando una concentración de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que enarbolaba una serie de reivindicaciones laborales y se manifestaba con un plantón en el zócalo de la capital, fue agredida por la policía, que intentó desalojarla.

Como consecuencia de la represión, más de 300 organizaciones, sindicatos, asociaciones civiles y comunidades se solidarizaron con el gremio magisterial. Así, el 17 de junio se formó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la cual asumió como demanda básica la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, identificado como el responsable de la agresión.

En esta etapa, los tres poderes se encontraban postrados: el gobernador permanecía escondido, el congreso sesionaba en la clandestinidad —en hoteles y casas particulares—, y las oficinas judiciales se encontraban cerradas. Mientras, los insurrectos ensayaron distintas formas de organización y participación, en un horizonte difuso y cargado de contradicciones.

A partir de ese año, en rutas accidentadas, con intervenciones policiacas, coacción, represión y recursos electorales, han ocurrido restauraciones de los fragmentos del poder político en medio de expresiones contestatarias que se han ido renovando y configurando otra normalidad política, centrada en la persistencia del conflicto.2

La proliferación de grupos que protestan en las calles y en los espacios públicos ha desbordado los cauces para su solución, ante una clase política pasmada, que no alcanza a comprender el agotamiento de los instrumentos de control que resultaron funcionales durante mucho tiempo.

Así, las restauraciones han ido construyendo una institucionalidad difusa, articulada por viejos desgarramientos de los antiguos grupos de poder, de los arrebatos de los nuevos inquilinos que arribaron a la alta burocracia estatal en 2010 a través de componendas partidistas, pero sobre todo por la constante irrupción de una contestación que se reinventa en fragmentos y ampliación de demandas.

xx benitoEl autoritarismo y la disidencia magisterial

El contexto político de Oaxaca remite a una de las historias del autoritarismo que, convertido en norma, ha regido largos periodos de estabilidad, de concentración del poder público en estructuras locales rígidas, favorables al ejercicio patrimonial y rapaz de los gobernantes en turno. Esta situación fue favorecida por el corporativismo que ejerció y aún ejerce el viejo partido de Estado (el Revolucionario Institucional), que se había perpetuado en el ámbito local, mediante relaciones clientelares entre las elites políticas y la población empobrecida.3

La estabilidad o normalidad política en Oaxaca había dependido de la concentración del poder en manos de la persona detentadora del Poder Ejecutivo estatal, la cual mantenía la subordinación del Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo se imponía, además, ante la debilidad de los opositores electorales y los organismos identificados como autónomos, pues el régimen mismo había impedido la organización política independiente.4

En torno a esta pirámide de jerarquías se había amalgamado una cultura política patrimonial y corporativa, nutrida de intercambios clientelares, de lealtades no hacia instituciones o reglas sino hacia los parientes, amigos, padrinos, compadres.5 La historia política de Oaxaca da cuenta de que las expresiones autoritarias habían ido desde la plena arbitrariedad en las decisiones gubernamentales, la falta de transparencia en el manejo del dinero público y la discrecionalidad en la aplicación de la justicia hasta la represión abierta de las disidencias.

Ante las condiciones de dispersión poblacional, de desigualdad social y pobreza de la mayoría de los oaxaqueños, el sector magisterial ha constituido uno de los grupos de intermediación más importantes entre las comunidades de la entidad y la clase gobernante. En los lugares más aislados y marginados, los profesores han llegado a desempeñar un papel preponderante no sólo en las aulas escolares sino como líderes comunitarios, de organizaciones locales y, en muchos casos, como presidentes y concejales municipales.

Los comportamientos de los docentes han ido desde el acomodo y la adecuación a las estructuras de dominación local hasta la adopción de posiciones críticas y de rechazo a las formas tradicionales de control político. Estas condiciones son importantes para comprender el carácter contestatario de los profesores oaxaqueños. Destaca la lucha emprendida desde principios de la década de 1980 contra el anquilosado corporativismo mexicano; de manera particular con uno de sus gremios más importantes, el snte.

Con secciones sindicales disidentes de otras entidades federativas, los profesores oaxaqueños formaron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a fin de alcanzar la democratización de las representaciones locales del gremio, contra el verticalismo en la toma de decisiones y el rechazo a las prácticas corrompidas de las cúpulas del sindicato. Las primeras inconformidades del sector magisterial son producto de la reducción del gasto educativo y los bajos salarios de los trabajadores de la educación. La insurgencia logró sacudir el férreo control del SNTE.6

La posición disidente de la sección magisterial oaxaqueña se ha mantenido durante más de 35 años, periodo en el que se ha identificado por la visibilidad de sus reclamos de reivindicación gremial mediante paros periódicos de actividades, así como marchas y plantones en el zócalo de la capital del estado. Registra una historia de represión de sus movilizaciones y el asesinato de algunos de sus dirigentes.

Aun cuando las dirigencias seccionales han sido acusadas en múltiples ocasiones de reproducir prácticas corruptas, de centralizar decisiones y de formar alianzas con los gobernantes locales, lo cual en varios casos les ha valido su incorporación directa a posiciones burocráticas del gobierno, las bases magisteriales han constituido uno de los pocos actores de protesta social en una entidad caracterizada por sus condiciones de injusticia y profunda desigualdad social.

Asimismo, un sector importante del magisterio ha incidido en la formación de organizaciones locales independientes cuya lucha es atender diversas demandas sociales y dar batalla a los cacicazgos, promoviendo la democratización de las formas de representación local y la defensa de los derechos humanos.

Tales derroteros marcan el papel político de los docentes oaxaqueños como factor de ajuste y continuidad de las estructuras de dominación local, pero también de ruptura, de protesta e insurrección ante la toma de conciencia de los agravios infligidos desde el poder gubernamental, así como ante la disolución de los vínculos de control corporativo y la descomposición gremial que ocurren en la etapa de reorganización del trabajo en el sistema económico dominante.

El movimiento magisterial de 2006 inició el 22 de mayo, con propósitos de reivindicación gremial. Entre sus demandas principales planteó la rezonificación económica de Oaxaca como una entidad de vida cara, peticiones de tipo sindical y apoyo comunitario a zonas de mayor marginación, afrontando la falta de respuesta del gobierno estatal, instancia que asumió una supuesta falta de competencia respecto a los reclamos económicos.

La ruptura de las negociaciones se expresó con el desalojo del zócalo el 14 de junio de 2006, que se convirtió en un momento clave de agravio colectivo y generó la solidaridad de organizaciones y comunidades para la formación de la appo, la cual colocó como primera demanda la destitución del gobernador, aunque con el paso de los meses fue desplegando una serie de reivindicaciones políticas de mayor alcance.

La APPO, quiebre de la dominación y apertura de posibilidades

El 2006 constituyó un punto de quiebre, de desgaste de los medios de cooptación y corrupción de las relaciones políticas y sociales. La atrofia de negociaciones con la sección sindical y la recurrencia a la represión policiaca del gremio abrieron el espacio público a la generalización de la protesta social, a expresiones de rechazo ante los agravios antes tolerados, y al replanteamiento de viejas reivindicaciones colectivas.

Si bien el movimiento popular comenzó con demandas específicas de tipo gremial por el magisterio oaxaqueño, la respuesta represiva del gobierno local provocó y enlazó solidaridades de otras agrupaciones sociales hacia los manifestantes, quienes encontraron un denominador común para rechazar el ejercicio autoritario del poder público. Articularon un “ya basta” colectivo y abrieron el espacio para el encauzamiento de una serie de demandas añejas, nunca resueltas.

Al inicio, la mirada estaba puesta en la salida de un gobernador represor; más adelante, la organización y el reconocimiento de muchos actores llevaron a la ampliación de demandas democráticas de mayor alcance. En su andar para enfrentarse al conjunto de instituciones locales, la appo desarrolló acciones de protesta como marchas masivas y toma de edificios públicos, y enlazó alianzas políticas más allá de Oaxaca, en relaciones directas y virtuales.

En su documento constitutivo, la APPO definió la búsqueda de transformaciones desde las comunidades, desde las bases. Planteó una agenda de temas: desde la comunalidad, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la honradez y transparencia, la equidad de género, la autonomía de los miembros y el respeto de la diversidad hasta la solidaridad internacionalista, entre otros.7

En el ámbito local y durante el auge del conflicto, un conjunto de organizaciones civiles impulsó la Iniciativa de Diálogo por la Paz, la Justicia y la Democracia, que planteaba la necesidad de la participación de los ciudadanos en la resolución del conflicto político. Desde este espacio se anteponía la recuperación de la política mediante el diálogo y el rechazo a la intervención de la fuerza pública, advirtiendo que su recurrencia podría tener consecuencias morales de largo plazo.8

El movimiento encontró eco en otras entidades del país, con las particularidades de las historias locales y de sus procesos de organización política —en la Otra Campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en los partidos de izquierda y en los que no tienen partido—, como posibilidad de formar un poder popular capaz de enfrentarse a las políticas excluyentes de los gobiernos neoliberales.

La composición del movimiento se presentó diversa, múltiple, compleja y contradictoria; al tiempo que se escucharon viejos reclamos de actores perseguidos por el poder, también lo hicieron personajes excluidos por el gobierno en turno y sus grupos de ascendencia. Ello mostró rupturas en las relaciones corporativas tradicionales en la misma elite local.

Uno de los momentos más importantes en términos de nuevas reivindicaciones ocurrió el 1 de agosto de 2006, cuando más de 2 mil mujeres de la appo tomaron las estaciones públicas estatales: la radiodifusora 96.9 en frecuencia modulada y el canal 9 de televisión. En esta etapa, dichos medios pasaron de difusores de propaganda gubernamental y de autoalabanza de los grupos de poder a medios que expresaban una diversidad de problemas sociales y políticos por activistas del movimiento, muchos de ellos tradicionalmente excluidos de los micrófonos de radio y de las cámaras de televisión. Esta agrupación se convirtió más adelante en la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca 1 de Agosto, afiliada a la APPO. La participación femenil fue crucial en el desarrollo del movimiento.9

La aspiración de los sublevados por constituirse como asamblea de asambleas supuso un momento clave de definición política pensada más allá de los juegos electorales, de la denominada “democracia representativa”, y de los intereses de las elites de los partidos políticos, pero fue interrumpido por la represión policiaca.

La organización de la resistencia oaxaqueña no pasó por las formas organizativas convencionales dominantes en el periodo posrevolucionario, centradas en el corporativismo, sus jerarquías de líderes charros y relaciones clientelares en torno al partido de Estado o de presuntos opositores partidistas.

El movimiento mostró un desarrollo complejo, cargado de tensiones entre quienes operaban por propia cuenta y quienes han insistido en el establecimiento de consensos y otra forma de la política. Las diferencias y los desencuentros pasaban desde los impulsados por intereses oportunistas, con metas de corto plazo, hasta quienes idealizaban la transformación del estado de cosas.

Independientemente de la nomenclatura appo, los actores del movimiento social oaxaqueño se dispersaron en los siguientes meses y años; algunos se vincularon a partidos políticos y burocracias de gobierno, muchos más han seguido caminos de lucha en diferentes organizaciones.

Las agendas se han abierto. Hay reivindicaciones de la educación popular; de la defensa de los recursos naturales y de los territorios; de la defensa de los derechos humanos y exigencia de justicia ante los usos facciosos de la ley; de las autonomías locales ante el sometimiento avasallante de los poderes centralizados, y de la equidad de género, de la construcción de ciudadanía y democracia radical en un contexto social caracterizado por la desigualdad, la exclusión y el racismo.

En síntesis: desde 2006, en Oaxaca ya nada es igual. Si ese año el orden local reventó en pedazos, su restauración ha sido accidentada; los caminos del movimiento social y de sus distintos actores registran encuentros y desencuentros. Las incidencias institucionales también han sido diversas.

Una difusa reconfiguración institucional

Podría decirse que en materia institucional, el conflicto político fue uno de los detonantes de las alternancias en el gobierno estatal para el periodo 2010-2016 y en los municipios con mayor concentración de población. De la misma manera, incidió en la composición mayoritaria de partidos opositores al pri en la legislatura local, terminando así 70 años continuos del dominio de ese partido en la entidad.10

Esas alternancias puede considerarse de manera más amplia como producto de tres condiciones configuradas a partir del inicio del siglo xxi: la primera tendría que observarse en la alternancia en la Presidencia de la República de 2000, que precipitó el desgaste de una forma de dominio autoritario articulado en torno del presidente-partido de Estado e influyó en la organización política local; la segunda, en el conflicto político entre un movimiento popular y el gobierno estatal, que una década, aun con la salida del PRI, sigue vigente; y la tercera, como parte de una estrategia de alianzas entre los partidos opositores al tricolor en 2010, para alcanzar la gubernatura en las elecciones de ese año y como parte de su reubicación en el ámbito nacional.

Si bien se abrieron algunos espacios en el gobierno y en la agenda legislativa para apuntalar demandas sociales y políticas surgidas del movimiento social, el proceso resulta complejo. Por una parte, la situación cambió, pero no puede dejar de mencionarse la persistencia de prácticas autoritarias de viejos grupos enquistados en los gobiernos estatal y municipales, así como en las burocracias de los partidos políticos.

Algunas iniciativas del movimiento fueron retomadas, al menos en términos formales, como la Ley de Participación Ciudadana. Ésta buscaba establecer y garantizar el derecho de la gente a participar directamente en la toma de decisiones públicas fundamentales para asegurar, mediante la opinión y participación, el ejercicio legal, democrático y transparente del poder público.

Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que después de 2006, el conflicto se ha normalizado, lo cual da cuenta de un entramado de problemas que, sin resolverse, se han ido convirtiendo en la nueva cotidianidad de Oaxaca: la violencia, el conflicto, las protestas en las calles, la impunidad, que configuran una amalgama de dificultades y contradicciones propias de un poder político en descomposición, pero fuerte y latente.

Un balance inicial del primer sexenio de alternancia en el gobierno estatal ha pasado de las altas expectativas al desencanto y a la frustración por los sectores movilizados. Hay continuidad de los grupos que protestan en las calles y en los espacios públicos; también se observan la diversificación y el divisionismo de actores y demandas. Los espacios públicos han sido tomados por los antiguos agraviados por el régimen autoritario, pero también por las corporaciones oficiales vinculadas a lo que fue el partido de Estado.

La conflictividad y la persistencia del autoritarismo han marcado los límites de la alternancia gubernamental ocurrida en 2010 en Oaxaca, como la derivación de un proceso político de largo plazo en donde se amalgama lo local con el entorno nacional.

Incidencias locales del regreso del PRI a la Presidencia de la República

A partir de 2012, con el regreso del pri a la Presidencia de la República, las condiciones de la política local se modificaron aún más; el entorno nacional, particularmente en regiones del norte y centro, se caracteriza por la violencia entre grupos del crimen organizado y sus infiltraciones en diversos niveles del gobierno. La vida política también lleva la huella de una escalada de protestas ante las reformas estructurales emprendidas por Enrique Peña Nieto, entre las que destaca la reforma educativa.

Sin embargo, la continuidad de las expresiones de protesta en las calles revela la descomposición del pacto de dominio que aseguró la relativa estabilidad del sistema político mexicano a partir de relaciones de carácter corporativo, las cuales habían resultado funcionales durante las primeras décadas del periodo posrevolucionario, pero han ido mostrando desgastes en el proceso de instauración del modelo económico neoliberal; un ejemplo se observa en la relación con los sindicatos y las organizaciones disidentes. Las expresiones de protesta se multiplican en espacios públicos, en las plazas, y en la toma de oficinas gubernamentales y edificios públicos o instituciones privadas.

Como algunas referencias se consideran las manifestaciones de los pueblos indígenas, las expresiones locales del movimiento juvenil #YoSoy132 en el marco de la campaña por la Presidencia de la República que llevó al regreso del PRI en 2012. En el telón de fondo se observa un México convulsionado por una crisis política de mayores proporciones, por escándalos de corrupción que cometen gobernantes y burocracias de los partidos políticos, por una profunda desigualdad económica y por el ascenso de una espiral de violencia que ha tenido sus episodios más oscuros, por mencionar sólo dos, en las ejecuciones de Tlatlaya, México, que involucró a elementos del Ejército, y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 y en la cual han sido implicadas diversas autoridades, desde las municipales hasta algunas federales.11

Este último suceso ha provocado que miles de personas salgan a protestar en calles y espacios públicos de diferentes ciudades del país, incluida la capital, en concentraciones sin precedente, con el reclamo de la presentación con vida de los desaparecidos y la exigencia de justicia.

Como corolario de las expresiones de conflictividad aparece el fuerte activismo de la Sección 22 del snte, a la cabeza de la disidente cnte, no sólo en el plano local sino en el escenario nacional, para impugnar la reforma educativa del gobierno federal.

El magisterio disidente se ha sumado a la protesta por la desaparición de estudiantes normalistas y contra las “reformas estructurales” del gobierno federal. La Sección 22 es una de las expresiones disidentes de mayor peso en el ámbito nacional, que ha tenido actividad no sólo en Oaxaca sino en la capital del país, y en su agenda ha mostrado abierto rechazo al conjunto de reformas asociadas al modelo neoliberal.

Para contrarrestar la fuerza política del magisterio oaxaqueño y como una de las incidencias institucionales de mayor efecto político en el penúltimo año del gobierno de la alternancia y el tercero del federal del pri, destaca la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, una medida que se justificó en términos formales por la aplicación de la reforma educativa federal, pero que revela la descomposición de la relación corporativa, lo cual a su vez marca un nuevo punto de fragilidad entre los disidentes y el Estado.

Rutas y horizontes de emancipación

El conflicto en su conjunto se considera parte del realineamiento de fuerzas en el régimen político mexicano, que procura el orden social a partir del restablecimiento de sus vínculos corporativos que le dieron sustento político en más de 70 años, durante el predominio de un partido de Estado, pero ahora con vigilancia policiaca aunada a acciones de contrainsurgencia.

La recurrencia estatal a las instancias de seguridad y fuerza públicas se justifica en el discurso oficial por la lucha que se libra contra los poderes fácticos del narcotráfico y de la delincuencia organizada, pero al mismo tiempo permite a las elites propagar el temor a la autoridad entre los disidentes políticos del orden.

La accidentada trayectoria del movimiento y el conflicto persistente muestran los estragos de la represión ejercida desde el poder estatal en un contexto de ajustes del régimen político mexicano, pero también la disgregación y el surgimiento de una variedad de iniciativas de organización molecular con reivindicaciones muy específicas que han ido aprendiendo de la experiencia.

Se observa el cambio de las demandas del movimiento: inicialmente, de rechazo a la represión; después, de exigencias políticas por la democratización; y después de la represión por las fuerzas federales, en denuncias por las múltiples violaciones de los derechos humanos de los manifestantes, las cuales quedaron cubiertas bajo el manto de la impunidad, aun cuando se realizaron investigaciones por diversos organismos humanitarios nacionales e internacionales y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se integró una comisión de la verdad.

Por su intensidad y complejidad, el conflicto persistente de Oaxaca se halla en el intersticio de inconformidades sociales que han estado ocurriendo en diversos territorios del país y del mundo, surgidas de las protestas contra los abusos y las arbitrariedades de los detentadores de los poderes gubernamentales locales y centralizados, en rechazo de condiciones de opresión y exclusión. La persistencia del conflicto podría observarse en tanto espacio de incubación y desarrollo de resistencias y nuevas subjetivaciones que se han mostrado a través de diversas formas en el transcurso de una década.

Las reconfiguraciones han dependido de las características específicas de Oaxaca y de su historia local, pero vinculada a condiciones de mayor alcance, situando el escenario y los actores más allá del momento que irrumpen, que expresan desenlaces de un largo proceso de acumulación de agravios, pero sobre todo como prólogo y apertura de posibilidades para construir alternativas de formas autogestivas de organización social y política.

Uno de los saldos de la primera década del conflicto sociopolítico es que el antiguo orden autoritario ha quedado trastocado, el corporativismo de Estado se ha fragmentado, la legalidad se ha mostrado como mero disfraz para encubrir operaciones facciosas y la institucionalidad se muestra averiada y frágil, mientras que en las calles y los espacios públicos se multiplican las expresiones de inconformidad y protestas de todo tipo.

La institucionalidad ha sido una balsa frágil en medio de tormentas y un mar embravecido. Hay mucha energía en las luchas colectivas, aunque también contradicciones e impurezas que, como remolinos, arrasan con los atisbos de los pequeños avances progresistas. Afortunadamente, siempre despunta la insistencia de muchos en trabajar por un cambio más favorable; asoma la esperanza.

Lo más claro en medio de estas tormentas es que no hay certidumbre política, y la lección más constructiva estriba en que el futuro colectivo no puede quedar en manos de una sola persona ni de un pequeño grupo de poder; la construcción del presente y del futuro corresponde a todos, y el reto es colectivo.

Es preciso aprender del movimiento y las limitaciones de los actores, pero también de que las impurezas y contradicciones de la contestación se multiplican en las restauraciones, llámese alternancia, transición y el regreso del PRI en el marco de la llamada “gobernabilidad”, para que las grandes expectativas no se conviertan en grandes frustraciones.

Más allá de cualquiera de sus derroteros, podría decirse que el movimiento sentó marcas en el ánimo colectivo y en las subjetividades, con lo cual imprimió sentido a las inconformidades de buena parte de la población oaxaqueña con el rechazo a las formas de ejercicio despótico del poder público. Esto permite plantear que tras las rupturas de las estructuras locales de dominación o la recomposición de la clase gobernante, nada queda igual que antes, aun cuando los desenlaces no se muestren en el corto plazo.

El persistente conflicto oaxaqueño sigue marcando la necesidad de una interpretación de mayor complejidad, más allá de las transformaciones progresistas encabezadas por sujetos en singular, para mostrar la irrupción de una pluralidad de experiencias y expectativas, de batallas lanzadas hacia delante, dejando huella de saberes y nuevos aprendizajes para las resistencias.12


* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

1 En la coyuntura del conflicto de 2006, compartí dos artículos en espacios de esta revista. Bautista, Eduardo. (2006). “La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca: una apuesta por la democratización y la ciudadanía”, Memoria 212, octubre; y “Descomposición del régimen y articulación de resistencias”, Memoria 214, diciembre, Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, México, Distrito Federal.

2 Siguiendo la idea de que la normalidad está inmersa en las relaciones de poder, que lleva a interrogar ¿qué hacer para que los individuos cambien?, se considera que lo difícil no es modificar la conciencia de la gente o lo que tiene en la cabeza, sino el régimen político, económico e institucional de producción de verdad. Michel Foucault, Vigilar y castigar, Siglo xxi, México, 1980.

3 Oaxaca, al sureste de México, se caracteriza por el predominio de una población empobrecida, sobre todo indígena, proveniente de 16 grupos etnolingüísticos. Éstos sobreviven dispersos en más de 10 mil pequeñas localidades, agrupadas en torno a 570 municipios. La mayoría de la población se caracteriza por un conjunto de rezagos que sitúan a Oaxaca como una de las dos entidades más pobres de México. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010), Censo de Población y Vivienda, México.

4 Entre la amplia historiografía de Oaxaca, podrían consultarse los textos de Romero, Ángeles (1990). Lecturas históricas del estado de Oaxaca, cuatro volúmenes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México; Sánchez Silva, C. (1998). Indios, comerciantes y burocracia en la Oaxaca poscolonial, 1786-1860, Foro de Economía Social y Colaborativa de Canarias, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México; y Carmagnani, M. (1988). El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución étnica en Oaxaca, Fondo de Cultura Económica, México.

5 He desarrollado la historia de estas relaciones de poder en mi libro Los nudos del régimen autoritario. Ajustes y continuidades de la dominación en dos ciudades de Oaxaca, Miguel Ángel Porrúa, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, 2010.

6 El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uno de los más grandes y fuertes del país y de América Latina, se encargaba hasta ese momento de facilitar las relaciones de los profesores con la Secretaría de Educación Pública. La historia local de esa relación, en Yescas y Zafra (2006). “La insurgencia magisterial en Oaxaca”, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México.

7 En su declaración pública, la appo estableció un diagnóstico sobre la recurrencia de asesinatos de dirigentes políticos sin aclarar, de violaciones de los derechos humanos, de represión contra la libertad de expresión, de afectaciones de la vida independiente de los sindicatos, del fortalecimiento de los cacicazgos, de la aplicación discrecional de la justicia, de la falta de transparencia en las acciones de gobierno, de las prácticas corruptas en la asignación de la obra pública y del uso arbitrario de los programas sociales. Documento de la appo (2006), Declaración del pueblo de Oaxaca, México.

8 Pueden consultarse el resumen final del foro nacional Construyendo la democracia y la gobernabilidad, Oaxaca, México, 16 y 17 de agosto de 2006; y el documento del Congreso Constitutivo de la appo, Oaxaca, México, 13 de noviembre de 2006.

9 Castellanos, A.; y otros (2006). Voces de la valentía, Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil, Equidad de Género, México.

10 En los comicios estatales del 4 de julio de 2010, una coalición de partidos opositores al Revolucionario Institucional ganó la gubernatura; también propició la primera composición plural en el congreso: triunfó en 16 de los 25 distritos electorales y en 73 de los 152 municipios oaxaqueños que eligen a sus autoridades por el régimen de partidos políticos. El proceso registró la participación de 56 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, la mayor cifra verificada en la historia electoral de la entidad. Datos consultados el 6 de octubre de 2010 en la página del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca http://www.juriselectoral.org.mx/tee/oaxaca/content/view/208/51/

11 Un análisis más detallado en mi nuevo libro, La política y las calles, coeditado por Miguel Ángel Porrúa, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, Asociación Civil, México, 2015.

12 Comparto la perspectiva de la política como resistencia, que surge y se inventa en lo social, en los rechazos a la opresión, en el enunciado de nuevos derechos que transforman a las víctimas en sujetos activos, quienes recurren a la política como estrategia de sobrevivencia. Anguiano, Arturo. (2005). “La política como resistencia”, en Gerardo Ávalos (coordinador). Redefinir lo político, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.