La actual crisis política del gobierno francés resulta del radical giro provocado en mayo por el movimiento contra la ley del trabajo, pese al creciente autoritarismo gubernamental. Sustentado en las fructíferas alianzas entre el tradicional movimiento obrero y los desempleados y precarizados, generalmente desprovistos de una forma de representación, un nuevo espíritu colectivo de participación se ha desarrollado más allá de la protesta contra un proyecto de ley antisocial.
Desde el marco teórico del “estatismo autoritario” de Nicos Poulantzas, en este documento se analiza el contexto político de Francia. Así, se destacan los elementos que han favorecido la radicalización del movimiento y desencadenado así una crisis gubernamental.
Estatismo autoritario en Francia
En la década de 1970, Poulantzas desarrolló el término estatismo autoritario para dar cuenta de las respuestas del Estado de bienestar frente a su crisis. La tendencia general de esta transformación yace en un “intensificado control estatal de cada esfera de la vida socioeconómica, combinado con el agudo declive de las instituciones políticas democráticas y una restricción multiforme de las llamadas libertades formales”.1 El estatismo autoritario se caracteriza por la ruptura del equilibrio de la separación de poderes propia de la democracia burguesa. Concretamente, el Poder Ejecutivo se refuerza en detrimento del Legislativo. Tal transformación va acompañada del desplazamiento de las esferas de decisión política. Así, se instaura una red de poder paralelo que no pasa por los vectores formales de representación en el Estado. Las herramientas de configuración de la política, como el parlamento y los partidos, pierden influencia, mientras que la administración se impone como el centro de las decisiones políticas que rigen el antagonismo social. Esta burocratización de la política implica también el endurecimiento de la línea represiva.
De acuerdo con Christos Boukalas, el periodo de las décadas 1980-1990 –marcado por la ofensiva capitalista bajo la tutela de las finanzas– corresponde al desarrollo de una segunda fase de estatismo autoritario. Ahora bien, la estrategia estatista se desarrolla en torno a la idea del workfare. “Con base en una concepción del trabajador como costo de producción, se efectúa una concentración drástica de la riqueza social a través del estancamiento de los salarios y las pensiones, el despojo de la protección legal de los empleados, la flexibilización de los trabajos temporales y de tiempos parciales, impuestos regresivos y restricción de la protección social. Los sindicatos son excluidos de los espacios de decisión política, y se deja al capital como único interlocutor del Estado. En este contexto… el Estado se transforma en coordinador de una economía privatizada y ejecutor de la desregulación”.2 Simultáneamente, la escala nacional deja de ser el marco de la estrategia política y, como veremos, en el contexto de la elaboración de la ley del trabajo la Unión Europea ha desempeñado un papel importante.
De cara al desarrollo de la acumulación fundada en la estanflación hacia finales de la década de 1990 y al inherente riesgo de protesta social, el estatismo autoritario intensificó de una parte la exclusión política de la población y, por otra, expandió drásticamente el control coercitivo de la población. “El ritmo deliberativo y la lógica del Poder Legislativo fueron severamente interrumpidos”, lo cual condujo a “leyes vagas, flexibles y mal definidas”, en beneficio del Ejecutivo. Así, el Judicial perdió parte de su control sobre la policía.3 Con el pretexto de la “lucha antiterrorista”, el dispositivo de seguridad interior corresponde a “una reconfiguración de la forma Estado que autoriza una acción del Ejecutivo ultrarrápida y arbitraria tanto en materia económica como en seguridad, que produce una megamáquina para prevenir, reprimir y abatir el antagonismo social”.4
Las recomendaciones del capital en Francia y la Unión Europea
Estas reflexiones teóricas llevan directamente al contexto en que la lucha contra la ley del trabajo emergió. El proyecto de normativa laboral cuestiona la idea básica del derecho laboral de que en el modo de producción capitalista, los trabajadores requieren protección por la desigualdad estructural entre capital y trabajo. Ahora bien, este amparo implica automáticamente una limitación del poder de los patrones.
El factor principal del proyecto de reforma, que convoca a la transformación de las leyes, está en la eliminación de esta barrera. Hasta ahora, los acuerdos negociados entre la empresa o la industria no podían ser más favorables para los trabajadores que las normas de jerarquía superior de la pirámide de los ordenamientos.
El proyecto de ley del trabajo propone acabar con ese “principio a favor”, evitar los sindicatos por medio de un referéndum empresarial y debilitar la protección de los trabajadores frente a los despidos. En caso de un despido abusivo, el proyecto prevé disminuir el monto máximo de las compensaciones del asalariado; y la jornada de trabajo, actualmente de 7 horas, podría ser extendida a 12 horas y, en paralelo, el pago de tiempo extra se rebajaría de 25 a 10 por ciento.
El presidente François Hollande y su primer ministro, Manuel Valls, han conseguido invertir el eslogan poco popular “trabajar más para ganar más” del anterior mandatario, de derecha, Nicolas Sarkozy; sin vergüenza, se propone a la gente “trabajar más para ganar menos”. Ahora bien, incluso si el Movimiento de Empresas de Francia (el lobby nacional de los industriales) apoya con firmeza el proyecto de ley, éste no es avalado sólo por la burguesía gala.
En el contexto de la estrategia europea 2020 para un “crecimiento inteligente, sostenible e incluyente”, cada año la Unión Europea (ue), y con más precisión la Comisión Europea, fija las directrices para las políticas económicas de los Estados miembros. Las recomendaciones de 2015 para Francia incluyen “facilitar a nivel de empresa las derogaciones de las disposiciones jurídicas generales, en especial las relacionadas con la organización de los tiempos de trabajo”.5
Dicho documento señala que las “rigideces” (como la protección contra los despidos) limitan el crecimiento y destaca positivamente las reducciones de las cotizaciones sociales patronales de 2015, como se verá. Puede sospecharse entonces que estas recomendaciones concretas han inspirado de modo directo el proyecto de ley del trabajo.
Tal orientación política de la ue no es sorpresa: ya en 2012, su reporte Labour market developments in Europe de la Comisión Europea había predijo que se iban a facilitar los despidos, aumentar las jornadas de trabajo y disminuir el pago de horas extra.6 Si los tratados de la ue imponen esas medidas económicas a los Estados, de todos modos resultaría simplista atribuir la responsabilidad del proyecto de ley del trabajo a la Unión.
En todo caso, enfrentamos la correlación de intereses entre la ue y el gobierno francés. Y contra éste último se ha dirigido la cólera popular pues, a diferencia de la ue –cuyas competencias exclusivas establecidas en los tratados protegen únicamente los intereses del capital–, el movimiento social impuso una agenda nacional a su gobierno.
François Hollande, la decepción
El movimiento contra la ley del trabajo se nutre del contexto inmediato de rechazo a un proyecto de ley antisocial y, además, responde a circunstancias de mediano plazo. La política liberal-autoritaria del presidente Hollande se aceleró con la nominación de Manuel Valls como primer ministro en 2014.
Por lo que concierne a la política económica del gobierno, deben indicarse las normativas de 2013 y 2014 que disminuyeron las cotizaciones sociales de las empresas a 65 millones de euros.7 En el verano de 2015 –en el periodo de vacaciones, con bajo riesgo de huelgas– fueron adoptadas las leyes Macrons y Rebsamen, que retrospectivamente pueden considerarse predecesoras del actual proyecto de ley. El economista Michel Husson las resume en dos aspectos: la protección del empleo simplificado y la extensión de prácticas derogatorias.8
Cuando Hollande nombró a Valls primer ministro, los verdes (centrados en las leyes de liberalización) dejaron el gobierno y su jefe, Cécile Duflot, declaró que aquél “propone una síntesis liberal autoritaria”.9 De hecho, antes Valls era ministro del Interior y se hizo notar porque señaló que los Roms (romaníes) no tenían vocación para integrarse en la sociedad francesa. De esa forma ha justificado su brutal política de destrucción de los Roms. Ha optado así por la indiferencia como cuando, en octubre de 2014, el militante Rémi Fraisse fue asesinado por un policía.
En esa lógica autoritaria, el gobierno ha aprovechado los atentados de octubre de 2015 en París y Saint-Denis para proclamar el estado de emergencia. Los derechos fundamentales han sido limitados o suspendidos; y la separación de poderes, mermada en beneficio del Ejecutivo. Las manifestaciones –en especial ecologistas y feministas–; se han prohibido las pesquisas, hecho sin orden judicial; y los ciudadanos, arrestado sin sentencia. Amnistía Internacional señala que el estado de emergencia no se relaciona con la “lucha antiterrorista”, pues sus víctimas son militantes políticos y, sobre todo, musulmanes, lo cual dice mucho del clima islamófobo en Francia.10
Se hallan por tanto las características del estatismo autoritario, y es evidente que todo esto cambia las posibilidades de acción del movimiento social. En 2012, el entonces candidato presidencial François Hollande prometió un cambio, pero después no hizo más que decepcionar al electorado. Así se explica la fuerza de la respuesta desencadenada por el proyecto de ley de trabajo. Para finalizar el contexto, debe destacarse un elemento que manifiesta la profundización del descontento contra el gobierno: nunca antes uno formalmente de izquierda había tenido que enfrentar una protesta masiva en Francia.
Hacia la protesta radical
A fin de comprender el giro radical de la lucha contra la ley del trabajo en Francia, resulta indispensable conocer las circunstancias de su surgimiento. La lucha estalló gracias a los jóvenes, pues tras el anuncio del gobierno sobre la nueva reforma de liberalización de la economía (luego de las leyes Macron y Rebsamen), el movimiento sindical parecía desorientado.
A finales de febrero de 2016, jóvenes bloggers y youtubers tomaron la iniciativa de publicar el video On vaut mieux que ça (Valemos más que eso). Además de dicha producción, vista por varias centenas de miles en algunos días, cierta solicitud en línea que demandaba el retiro de “la ley del trabajo” fue firmada por 1 millón en una semana. En este contexto, las organizaciones de jóvenes de izquierda comenzaron a preparar la protesta en los liceos (preparatorias) y las universidades. Particularmente, las movilizaciones de los preparatorianos posibilitaron un movimiento autónomo, compuesto en esencia por jóvenes, de suyo estructurado y dibujado por nuevas personas fascinadas por una actitud determinada a manifestarse incluso si la prefectura policiaca lo prohibía, así como a atacar los símbolos del capitalismo (como los bancos y las agencias de trabajo temporal) y del Estado (la policía).
Los orígenes del movimiento en marzo, por tanto, fueron estructurados por las manifestaciones dirigidas por los jóvenes, pues los sindicatos se distinguieron por una postura vacilante. Entre los universitarios, los estudiantes hicieron asambleas generales y organizaron a escala nacional la coordinación de las luchas universitarias contra la ley del trabajo a través de la Coordinación Nacional Estudiantil (CNE); esto, sin pasar por el mayor sindicato de estudiantes del país, conocido por su cercanía con el Partido Socialista, ahora en el gobierno. Los estudiantes se dotaron de una estructura democrática y radical que organizó las protestas universitarias. Así comenzó la lucha, pero el gran potencial de movilización de los trabajadores (más de 70 por ciento de la población ya se oponía a la ley) aún no estallaba.
Los sindicatos convocaron a una primera gran jornada de huelgas el 31 de marzo, un mes después del anuncio del proyecto gubernamental. Ahora bien, a fin de profundizar el efecto de esta jornada de huelgas, se llamó a ocupar la Plaza de la República, en París. La acción tendría consecuencias considerables para la lucha contra la ley, como en las diversas revueltas y las recientes revoluciones –Tahrir, Syntagma o Maidan–, caracterizadas por el papel estratégico de la ocupación de plazas. Pese a la lluvia batiente, la huelga del 31 de marzo fue un verdadero éxito, con más de 1.2 millones de manifestantes en toda Francia, de las que un número importante se reunió en la Plaza de la República para crear la Nuit Debout (La noche de pie).
De ese modo, dicha plaza se transformó en el punto neurálgico de una dinámica difusa del descontento general y del desarrollo más o menos simultáneo de luchas que buscan una forma de expresión adecuada: las acciones como ocupar la calle de la casa del primer ministro, erigir barricadas en el aburguesado barrio 7 para demandar la liberación inmediata de los militantes detenidos por el comisariado, bloquear los accesos a los centros comerciales, todo organizado por quienes organizaron los debates sobre el vegetarianismo, la huelga general, la islamofobia y otros crímenes policiacos. Fuera de los caminos tradicionales del movimiento obrero nació el segundo pilar de la lucha que ha permitido a miles articular la lucha contra una reforma antisocial en el contexto de crítica del orden existente.
De cualquier modo, Nuit Debout no se opuso a los sindicatos sino que los complementó: “Nuit Debout depende del movimiento de lucha contra la ley del trabajo, y éste depende de la manifestación de la revuelta global que cristaliza en Nuit Debout”.11
La huelga se generaliza
Durante las primeras semanas, Nuit Debout era susceptible de encarnar una dirección alternativa a los sindicatos que parecían evitar una confrontación directa y a gran escala con el gobierno. Mientras que Nuit Debout animaba la protesta de forma continua, los sindicatos vacilaban en acelerar el ritmo de las huelgas y las manifestaciones. No obstante, a inicios de mayo, en un clima de tensión fuerte por la crisis política, la fecha de la votación de la ley del trabajo en la Asamblea Nacional se aproximaba, el gobierno observó que un número considerable de diputados del Partido Socialista rehusaron votar la ley.
En esas circunstancias, el primer ministro Valls decidió utilizar el artículo 49-3 de la Constitución, el cual permite evitar el voto de un proyecto de ley si cuestiona la confianza en el parlamento. La apuesta de Valls rindió frutos, pues consideraba que de todas formas si ciertos diputados socialistas se oponían a la ley del trabajo no querrían, sin embargo, que el gobierno cayera.
Por ello, pese a la ocupación de la plaza frente a la Asamblea Nacional por Nuit Debout, el 10 de mayo la mayoría de los diputados expresó su confianza en el gobierno, y la ley fue aprobada en la primera lectura. Sin embargo, ello no significa que la ley haya sido adoptada definitivamente, pues el proceso legislativo francés prevé una segunda lectura, por el Senado (la cámara alta del parlamento); y, finalmente, una tercera, de la Asamblea Nacional, lo cual dejó tiempo para la continuación e intensificación de la lucha.
El recurso al 49-3 fue recibido como una declaración de guerra por los sindicatos vinculados a la lucha contra la ley. A los pocos días se produjeron los avisos de la huelga restringida, y en algunos casos ilimitada, en numerosos sectores clave: el ferroviario, el transporte por carretera y el aéreo, la industria química, los estibadores y muchos otros sectores; y una fuerte ola de paros comenzó el 19 de mayo. En la semana del 23 de mayo se extendió de modo progresivo a las ocho refinerías del país y, al mismo tiempo, los sindicalistas y otros sectores militantes bloquearon los depósitos de combustible y de carreteras estratégicas a fin de acelerar el bloqueo de la economía francesa.
Paralelamente, los trabajadores de la terminal petrolera de Le Havre, por donde transita 40 por ciento de las importaciones de hidrocarburo del país, decidieron unirse a la huelga. En el contexto del paro de los trabajadores de la electricidad se disminuyó la alimentación para la gran industria, con lo cual se golpeó el corazón del Movimiento de Empresas de Francia local y estatal, al tiempo que se redujeron las facturas de electricidad de más de 1 millón de personas en la región parisina.
La semana del 30 de mayo, la huelga se amplió a sectores como el de los transportes aéreos, y amenazaba la Eurocopa, prevista para el 10 de junio en Francia. La expansión del paro cambió la composición de las manifestaciones del 19 y 26 de mayo, que reunieron a más de 300 mil personas cada una. Pese a la fuerte presencia de la cne y de militantes autónomos, la mayoría de los manifestantes eran trabajadores en huelga gracias a sus sindicatos. De tal modo, para ese momento los sindicatos (CGT, FO, Solidaires y CNT) estaban oponiéndose plenamente a la ley del trabajo.
Crítica y reapropiación de la violencia
El estatismo autoritario se desarrolla cuando, en el contexto de la forma liberal-parlamentaria del Estado capitalista, la intensidad de los conflictos sociales desborda los canales institucionales de negociación. En esta perspectiva, ante el elevado número de manifestantes resulta cada vez más relevante desde el punto de vista político que el gobierno use una multitud de herramientas represivas reforzadas para disuadir a los manifestantes de protestar. En noviembre de 2015, el gobierno utilizó los atentados de París y Saint-Denis para instaurar el estado de emergencia.
Ello se tradujo, concretamente, en una lógica doble que, de un lado, permite que el Estado transforme las cuestiones políticas en asuntos de seguridad y, del otro, estimula a que la policía utilice la violencia física, pues la extensión del Poder del Ejecutivo sintoniza con la creciente impunidad policial.
Al inicio de la lucha, las provocaciones policiales estaban dirigidas contra los jóvenes, en un intento de ahogar el todavía frágil motor de la protesta. La estrategia policial consistía en provocar incidentes en los bloqueos de los liceos y en las manifestaciones de los chicos para intervenir de forma violenta.12 Además de la orden de desacreditar la participación política de los jóvenes,13 muchos uniformados aprovecharon el clima de impunidad para golpear a los manifestantes.
Ahora bien, a diferencia de los grandes movimientos sociales del pasado, ahora todo mundo estaba equipado con un smartphone, fotos y videos que documentaban la violencia policial y proliferaron por ello en internet. Este proceso de violencia coincide con la determinación de una parte de los manifestantes de atacar ciertos símbolos del capitalismo. Así, el asunto de la violencia política nos hace pensar en dos niveles complementarios lo dicho por Walter Benjamin: de un lado, la aceptación de la violencia de abajo, que crea un nuevo derecho; y, del otro, el rechazo a la violencia de arriba, que protege el orden establecido.
El gobierno y buena parte de los medios de comunicación han intentado despolitizar la violencia policial y establecer una separación entre los manifestantes respetables y los “destructores” irresponsables. De ese modo se tiende una trampa: en tanto que es imposible separar a los manifestantes dispuestos a utilizar la fuerza del resto del mitin, una separación de los sindicatos de otra parte del movimiento debilita toda la corriente social.
Conscientes de esa trampa, los sindicatos han rehusado denunciar a una parte de los manifestantes, y en la toma de la palabra de la cne se indicó que el movimiento es diverso en cuanto al uso de las herramientas de lucha, pero que está unido en torno al rechazo de la ley del trabajo. Durante todo un sábado, Nuit Debout organizó los debates sobre la violencia policial y después tomó la misma posición de la CNE.14
Los dominados se apropian así de la violencia como herramienta potencial de lucha y, al mismo tiempo, desafían el uso legítimo de la violencia de Estado. Vale recordar lo que dijera Herbert Marcuse en su ensayo de 1965 sobre la violencia represiva: cuando los oprimidos “usan la violencia, no comienzan una nueva cadena de actos violentos sino que rompen la cadena establecida”.
No obstante, estos debates han colocado a una parte del movimiento autónomo en condiciones de desencadenar una dinámica susceptible de poner en peligro el movimiento. De la crítica a las fuerzas del orden expresadas en Nuit Debout y en las manifestaciones deducen amplia oposición de los manifestantes no sólo a la policía sino también a los delegados sindicales. Además, a mediados de mayo, la prefectura de París publicó un comunicado: se hacía creer en él que los delegados colaboraban con la policía para entregarle a algunos manifestantes. Desafortunadamente, los sindicatos (salvo Solidaires) no han denunciado esa tentativa de manipulación.
La combinación de los elementos referidos termina por provocar enfrentamientos en el seno de la manifestación; y ello pone al movimiento autónomo en una situación insostenible, pues las tensiones de ambos frentes (la policía y los sindicatos) se cristalizan. La “dialéctica entre unidad de acción y desbordamiento” fue quebrada por los autónomos que parecían abandonar “los batallones organizados de la clase obrera y piensan recomponer un movimiento obrero nuevo para una práctica exclusiva del desbordamiento”.15
No obstante, dos elementos paralelos han propiciado una nueva confianza relativa. Primero, muchos prefectos han prohibido a una veintena de militantes y periodistas participar en las protestas y el gobierno no dudará en utilizar los dispositivos de la “lucha antiterrorista” contra los manifestantes. Sin importar que en la mayoría de los tribunales administrativos se hayan levantado las prohibiciones de manifestación, que de suyo constituyen una violación de las libertades formales, ciertos prefectos han sido encarnizados con los militantes. El caso emblemático es el de un militante de Ensemble, en Rennes, quien recibió cuatro “restricciones de viaje” sucesivas antes de haber participado en una marcha a finales de julio.
Por razones del todo prácticas, los tribunales pueden destruir esas decisiones administrativas tras las manifestaciones, y el gobierno ha logrado impedir la participación de militantes particularmente activos. Dicho acoso administrativo se inscribe en un contexto donde la violencia policial se duplica por una justicia en extremo severa: los militantes que organizaron una acción de “metro gratis” en Rennes fueron acusados de constituir una “asociación ilícita”, motivo que viene de manera directa de la “lucha antiterrorista”. En segundo lugar, como se ha mencionado, los sindicatos comenzaron una gran ola de huelgas que los militantes autónomos apoyan.
Pese a las consecuencias de las huelgas, como la escasez de gasolina, en la vida cotidiana francesa alrededor de tres de cada cuatro personas apoyan la huelga y se oponen a la legislación laboral. Mientras que el primer ministro sigue diciendo que no va a dar marcha atrás en esta ley, el jefe del grupo parlamentario socialista anunció que el gobierno debe “retirar la ley”.16 La participación en las manifestaciones es alta, y el presidente Hollande parece indeciso.
Todas las contradicciones expuestas no pueden más que alentar el movimiento social. El 49-3 aceleró la crisis política del poder. La marcha del 14 de junio, la más masiva del movimiento, reunió a más de 1.3 millones de personas. Durante ella, las tentativas policiales de bloquear el flujo o de golpear en muchas pequeñas partes se frustraron por los manifestantes. El gobierno parece descubrir que parte considerable del poder se encuentra entre las manos de los trabajadores: las huelgas lo mantienen en crisis, y sobre todo los sindicatos han hecho crecer las protestas.
El movimiento social vigente en Francia constituye una crítica a las tesis del Comité Invisible que inspira a una parte de la corriente autónoma. Ésta considera que “el poder reside ahora en las infraestructuras” y en deducir una estrategia basada en el bloqueo de los nudos de circulación.17 Sin embargo, romper una huelga es mucho más difícil que enviar a la policía a los bloqueos de los depósitos de combustible y de las rotondas como lo hace hoy el gobierno. Bien entendidas, las acciones de bloqueo y los disturbios callejeros desempeñan un papel importante para hacer subir las tensiones, pero el éxito de la movilización será determinado por su capacidad de articular masificación y radicalidad.
En vista del fracaso del gobierno y de la policía del 14 de junio, aquél decidió intensificar la represión. De inicio, intentó prohibir las manifestaciones previstas para finales de junio (algo inédito desde la guerra de Argelia, en 1962), después las autorizó, pero en condiciones severas, con lo cual desalentó a muchos participantes: las prohibiciones de manifestarse en grupos superiores a 100 personas, la multiplicación de los controles de identidad antes de incorporarse a la marcha. Durante esas inspecciones, la policía disuadió a cierto número de unirse a la protesta mediante la amenaza de confiscar sus objetos personales, varias centenas de sindicalistas reunidos en la bolsa de trabajo de París fueron arrestados arbitrariamente por la policía. Finalmente, el proyecto de ley fue adoptado en tercera lectura en la Asamblea Nacional el 6 de julio, de nuevo con el “49-3”.
Hasta aquí podría estarse tentado a analizar el fracaso del movimiento social: se constatan la ausencia de movilización larga y perene entre los jóvenes, y la falta de un sector económico particularmente combativo y dispuesto a desempeñar un papel de locomoción del movimiento de huelga y dar ritmo a los otros paristas. En sentido inverso, cabe destacar los impresionantes acontecimientos de los últimos cuatro meses: en el complicado contexto del estatismo autoritario de cara a un gobierno formalmente de izquierda, que por lo general no favorece las movilizaciones ni las huelgas, en una lucha social los sindicatos lograron dar forma durante cuatro meses al debate público respecto a los derechos laborales y, la izquierda radical se impuso como un punto de referencia política; las nuevas formas de lucha en torno a Nuit Debout, pero también un importante desarrollo de la movilización autónoma, constituyen en conjunto la prueba de las ganas de luchar contra el capitalismo en perspectiva de una sociedad poscapitalista.
Sin embargo, también es posible considerar que la lucha contra la legislación laboral no se ha completado. Pese a los intentos del gobierno y los medios de comunicación para denunciar esa pugna como una minoría violenta, el grueso de la población apoya aún el movimiento. Además, el gobierno es débil porque no cuenta con la mayoría en la Asamblea Nacional.18 Tal como Poulantzas hace hincapié: el estatismo autoritario es propenso a la crisis.
Frente a un gobierno minoritario entre la población y el parlamento, la izquierda radical parece dispuesta a continuar la lucha en septiembre. Esto no es sólo un sueño de algunos militantes infatigables; la idea se basa en la experiencia social victoriosa reciente: el movimiento social contra el Contrat Première Embauche (o ley de contrato de primer empleo) de 2006 que no abandonó la lucha tras su entrada en vigor. Finalmente, dos meses más tarde, el primer ministro Dominique de Villepin retiró la disposición.
* Militante de Ensemble, miembro de la redacción de la revista Période.
1 State, Power, Socialism, 203.
2 http://goo.gl/bOIVQM
3 http://goo.gl/bOIVQM
4 http://goo.gl/bWrgsv
5 http://goo.gl/9W5OML
6 http://goo.gl/4f5sC1
7 https://goo.gl/diS5dT
8 https://goo.gl/mp9zvo
9 http://goo.gl/xVpdoB
10 http://www.amnesty.fr/etat-urgence
11 http://goo.gl/VvMlBz
12 La técnica de la ratonera es buen ejemplo: consiste en rodear arbitrariamente un grupo de manifestantes, a veces durante horas. Esto crea con rapidez un clima tenso.
13 Dos sindicatos de policía han denunciado públicamente el uso político de ésta a través de la provocación dirigida de los manifestantes.
14 También ayudó a implicar a las asociaciones contra el racismo de Estado y las violencias policiales, en el movimiento que ha mostrado el interés común entre las luchas sociales y las antirracistas.
15 http://danielbensaid.org/?lang=fr
16 http://goo.gl/EY94sJ
17 https://goo.gl/0wdDyT
18 http://goo.gl/6fO1wK