DEMOCRATIZAR A LA DEMOCRACIA

Votar o no votar

El 10 de abril de este 2022 los que acudan a las casillas se encontrarán con la siguiente pregunta en la boleta electoral: «¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?» Ante este dilema la vida pública mexicana se divide de manera curiosa. El progresismo apuesta por un buen caudal de votos que afirmen a la presidencia. Los opositores, quienes afirman la soledad creciente del presidente, no llaman a revocarlo sino a no votar. ¿Clara conciencia de su debilidad y de la fuerza presidencial?  En este primer ejercicio de un nuevo derecho ciudadano domina el choque de dos fuerzas políticas dispuestas a pelear el rumbo de la nación, centradas en fortalecer o debilitar al presidente. El grado de interés del ciudadano común, es una interrogante que podemos suponer. Según Mitofsky, en febrero de este año 7 de cada 10 mexicanos quiere que se realice la Consulta, y de ese segmento, el 90% quiere que AMLO siga.[1] Entre opinar por teléfono y salir a votar hay un trecho. Hasta el 10 de abril hay una moneda al aire.

Vivir en postdemocracia

La llamada “transición a la democracia”, junto al avance en los derechos políticos trajo también una muy costosa institucionalidad que prohijó a una clase política dueña de la vida pública mexicana con sus aliados mediáticos y empresariales, el alma de acero oculto en un entramado hegemónico sobrado de recursos culturales, de alianzas y de medios masivos. No es un asunto mexicano sino global con nombres diversos: postdemocracia, estados de derecho oligárquicos o “mafias de poder”.  Un monopolio vacunado contra la irrupción popular en la política que de inmediato viró en contra de los derechos políticos fortalecidos para degradarlo con un enorme catálogo de compra, clientelismo, corrupción e inducción mediática. La gente estaba dentro del sistema, pero fuera de las decisiones. De ahí la importancia de la cuantiosa votación del primero de julio del 2018 que logró una mayoría indisputada, pero sin desarmar su entramado institucional, de lobbys poderosos y de prensa asociada. Lo que abrió el 2018 no fue el derrumbe de ese sistema, sino importantes fisuras para entablar una guerra de posiciones al interior del monstruo. Un tiempo de transformaciones en férrea lucha con poderes vigentes a escala institucional, social, política y cultural. Así, la revocación del mandato, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, adquieran nueva vigencia para ir ampliando las vías de acceso que la postdemocracia clausuró. Su inserción legal exige, a la vez, el crecimiento de la formación del ciudadano de a pie en la cosa pública. En otras palabras, que la ola ciudadana del 2018 no cese, sino que se desarrolle y crezca.

La batalla hermenéutica

En esa guerra de posiciones, vivimos un diario combate que interpreta los mismos datos y sucesos de manera confrontada. Una guerra hermenéutica.  Según las oposiciones vivimos en caída libre al abismo. Un escenario digital de “sociedad dividida” y de “concentración de poder”. Y obviamente la revocación del mandato es un “revocafraude” según Gustavo de Hoyos Walther, ex dirigente de la COPARMEX ahora en Sí por México. Es tan intenso el bombardeo mediático que segmentos importantes de las clases medias ilustradas asumen esta perspectiva. Y en el otro bloque, el progresista, al parecer todo avanza y sin errores. La pregunta obvia es si a tres años del clímax de la ola ciudadana hay un avance sensible en el obrar del gobierno y sus mandatos, o está frenado. Hay áreas estratégicas claves apuntaladas para recuperar el control del Estado (Hacienda, ejército, bienestar), se logró superar la crisis económica y la pandemia, y se fortalecen los programas de crecimiento y redistribución del ingreso. El eje de su estrategia se consolida: separar al Estado de las grandes corporaciones y poderes de facto, para abrirle brecha al regreso de la justicia social.  En la actual ola de progresismo en América Latina, México es su caso más avanzado. Tiene límites y ausencias graves, pero con todo, es posible otra hermenéutica, otra clave de interpretación, centrada en la construcción de fuerzas en condiciones de una cerrada e intensa guerra de posiciones.  Aunque en política no hay garantía de nada, el problema no es la caída al abismo, sino el grado de avance en las transformaciones durante los tres años restantes.

¿La tormenta perfecta?

Este 2022 tiene enlazados tres eventos para la 4T que definirán el alcance de sus cambios futuros. La revocación del mandato del 10 de abril adquiere tres dimensiones: continuar con la ciudadanización de la política y reformar al sistema electoral actual; ejercitar el músculo social previo al proceso electoral en los estados, y refrendar el apoyo popular al presidente. Luego vendrá el 5 de junio, fecha en que se realizarán elecciones por las gubernaturas en 6 estados de la república (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas). Se trata de consolidar a más de la mitad de los estados mexicanos bajo la 4T, entre 20 o 22 de los 32 existentes, una plataforma territorial excepcional de cara al 2024. Y al último en fecha, pero en primer lugar por su hondo sentido político, la realización en el segundo semestre de este año, de la Reforma Eléctrica, la fractura de leyes e instituciones que sometieron al Estado al apetito corporativo en este campo. Una lucha a escala global y nacional, contra lobbys poderosos, calumnias y compra de diputados.  Por todas estas facetas el año de 2022 es un tiempo decisivo. Coincide la ciudadanización y reforma del sistema electoral, la mayor presencia en territorios y poblaciones, y la prueba de fuerza para desmontar el aparato jurídico que incrustó el interés corporativo como interés público.

Cero resonancias

En la revocación del mandato se definieron dos fuerzas políticas con posiciones antagónicas y sin mayor presencia activa ciudadana. Por un lado, la estrategia del vacío: las oposiciones que defienden a toda costa el entramado institucional actual. Con muchos ingredientes a la mano, sembraron interferencias legales y de procedimientos, repelen la revocación del mandato como ocurrencia populista al servicio del gobernante, y le atizaron duro a la autoridad moral del presidente con las acusaciones de corrupción en el círculo más estrecho de sus colaboradores y parientes. El INE, arbitro y con el monopolio de decisiones para implementar, difundir y ejecutar, tomó partido por la estrategia del vacío. Su apuesta:  que el 10 de abril se coloque en un nivel cercano al de la votación de los 6.5 millones obtenidos en la consulta previa para enjuiciar a expresidentes y así fabricar la debilidad de AMLO, reforzar a sus escasas fuerzas en la lucha electoral inminente, salvo en Aguascalientes, y afianzar la atracción de diputados del bloque de la 4T y del PRI para derrotar la reforma eléctrica.

Esperando abril Por el otro lado, el bloque de la 4T se propuso impulsar la revocación del mandato en un contexto apabullante de popularidad presidencial, y también hizo visible sus propósitos electorales al pedir que en las pasadas elecciones por gobernadores  del 2021 apareciera en las boletas la revocación del mandato. Tiene a favor el peso de la popularidad presidencial y de sus bancadas en el Senado y el Congreso, quienes por cierto lograron que pueda hablar sobre la revocación el 17 de marzo. Vetados los partidos en la promoción del evento, surgió una organización civil, Que siga la Democracia, con personajes cercanos a la Cámara de Diputados y a la bancada de Morena, que, en medio de denuncias y polémicas, trata de romper el cerco del silencio. Esta peculiar organización revela el gran hueco, la gran ausencia en la 4T, en Morena y en su clase política, de fomentar una cultura ciudadana y enlazarse a redes ciudadanas para fortalecerlas, en una intención de efectiva ciudadanización de la política. De eso depende que no pierda el rumbo, su radicalidad y su permanencia a futuro. Si el 10 de abril se duplica la cantidad de votantes de  la Consulta, o alcanza los 15 millones de votos, lejos aún de los requeridos legalmente para hacer vinculante su decisión, se abre un margen real para impulsar la reforma electoral, habrá un efecto positivo en las elecciones estatales y puede aumentar la fuerza cohesionadora de la 4T para la madre de todas las batallas: la reforma eléctrica.  


[1] 7 de cada 10 ciudadanos aprueba el proceso de revocación de AMLO: Consulta Mitofsky, https://www.eleconomista.com.mx/politica/7-de-cada-10-ciudadanos-aprueban-la-consulta-de-revocacion-de-AMLO-Consulta-Mitofsky-20220214-0125.html