Introducción
Colombia no ha podido transitar una opción medianamente democrática en 200 años de historia republicana. En el siglo XX, el bipartidismo entre liberales y conservadores restringió la posibilidad de participación y apertura democrática, generando serios conflictos que perduran en la actualidad. Sólo en el siglo XX fueron asesinados siete candidatos presidenciales. Explicar la misión histórica de estos comicios electorales implica repasar a fondo las continuidades para evaluar las posibles rupturas en el diseño institucional más sangriento del continente.
¿De quiénes hablamos cuando pensamos en el poder real que domina a Colombia? ¿A qué se enfrentan las fuerzas progresistas nucleadas en el Pacto Histórico? Estas y otras preguntas habremos de resolverlas pese a la efervescencia de los acontecimientos que se agolpan en esta coyuntura electoral.
Una burguesía que ya no es
La formación de la burguesía colombiana contemporánea no se suele corresponder con ningún esquema predeterminado acorde a los etapismos neoclásicos. No podemos hablar de una vía industrial o acaso semi-industrial de desarrollo. Si la industrialización brilla por su ausencia, el rubro agrario también se liberó tempranamente de la ruta neodesarrollista impuesta por la CEPAL. La burguesía colombiana no es meramente rentista o especuladora; la burguesía colombiana es ante todo narcotraficante y sus representaciones institucionales, antaño bipartidarias, se han aggiornado y han contribuido a la consolidación del narcotráfico al interior de las instituciones del Estado, así lo aseveró en su momento la senadora comunista Aída Avella.
En los últimos años distintos organismos internacionales no han dudado en apuntar contra la fallida política antidrogas, coordinada por los gobiernos locales de derecha aliados de Estados Unidos. El más importante sigue siendo el Plan Colombia, firmado en 1999 por el entonces presidente conservador Andrés Pastrana y el demócrata Bill Clinton. El fracaso de la política antinarcóticos en Colombia tuvo su clímax en el cumpleaños número 20 del mentado plan. En un informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas se reveló que en 2019, durante el gobierno de Iván Duque, se produjeron 951.000 kilos de cocaína, 64.000 más que el año anterior.
La base monetaria que representa la producción, circulación y venta del oro blanco colombiano, no sólo afecta a sus circuitos asociados; lejos quedó el modelo Pablo Escobar. El narcotráfico en la actualidad goza de buena salud como consecuencia de la proliferación de una cadena de producción mucho más descentralizada a nivel nacional e internacional, misma que se entrelaza con la estructura básica de producción de bienes y servicios; que se vincula directamente al andamiaje del poder político y el financiero, y que se potencia con la capacidad de coacción paramilitar de las burguesías regionales. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), determinó que para el 2019 el peso del narcotráfico en el PIB podría llegar al 3%, incluyendo sus negocios colaterales, es decir casi la mitad de lo que pesan los ingresos de la economía cafetera en las cuentas nacionales. La situación puede ser mucho peor si tenemos en cuenta la subdimensión que suelen reconocer los estudios sobre el mercado ilegal de estupefacientes.
Para el 2017 las regiones más afectadas por la expansión de los cultivos ilícitos fueron el Pacífico, con 65.567 hectáreas, y un crecimiento de 13%; en segundo lugar la Región Central, con 52.960 hectáreas y un alza de 31% respecto a 2016; y finalmente la región de Putumayo y Caquetá con 41.382 hectáreas. Estas zonas de periferia se caracterizan por la falta de intervención social del Gobierno. En departamentos como Chocó, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas no hay siquiera inversión vial, y los índices de homicidio y confrontación armada no terminan de encontrar su techo.
Desgraciadamente la Constitución de 1991, al descentralizar los recursos y jurisdicciones, dotó de mayores ingresos e instrumentos de autorregulación a las nacientes burguesías narcotraficantes. El mapeo de las zonas productoras de cocaína no sólo se corresponde con el afianzamiento de las bandas paramilitares y en consecuencia con la persistencia de altos índices de criminalidad; también con el retroceso del programa de paz firmado en la Habana entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. En estas regiones las circunscripciones especiales de paz quedaron en manos de políticos tradicionales.
El programa político de la burguesía colombiana se centra en el sostenimiento de la guerra y la especulación financiera. La expansión del comercio de cocaína y el consiguiente lavado de activos subsana cualquier pretensión industrialista. Para la burguesía, la guerra es el principal instrumento de despojo y la especulación su mayor cualidad, incentivada con creces a partir de la apertura neoliberal de 1991, firmada por el entonces presidente y actual jefe del Partido Liberal, César Gaviria.
En un artículo titulado “Cocaína, ¿estabilizador macroeconómico colombiano 2015-2018?”, el exministro de agricultura Luís Felipe Arias -actualmente preso por adjudicación ilícita de tierras-, sostuvo que “la bonanza del narcotráfico entre 2015 y 2018 le restituyó a la economía colombiana un porcentaje considerable de lo que perdió” tras la crisis del petróleo. Más allá de la asertividad, el análisis puede leerse en clave apologética si tenemos en cuenta que Luís Felipe Arias fue el mayor cuadro de la política agraria del uribismo.
La composición de la derecha colombiana se transformó con la avanzada de la burguesía narcotraficante. No podemos sostener que su representación institucional partidaria difiera en ideologías o prácticas de gobierno. Desde la apertura neoliberal, dos de sus principales demiurgos, los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, hoy jefes supremos de la bancada liberal y conservadora respectivamente, dotaron de cuadros de gestión al armazón uribista.
La ultraderecha
Como le ocurrió a Luís Felipe Arias, durante la era uribista cientos de empresarios, políticos y burócratas de carrera han sido investigados por articulaciones non sanctas. La constitución del paramilitarismo de Estado sólo fue posible con la consolidación del desdoble financiero del lavado de activos, la cual también responde a las estrategias de desplazamiento y concentración agraria.
Comandantes paramilitares como alias HH, aseveraron que la estrategia general del paramilitarismo se basó en aniquilar primero a los referentes movilizados de la lucha campesina, luego desplazar de sus tierras a miles de familias a través del terrorismo, y finalmente entregarlas a la administración transnacional de empresas como Coca-Cola o Monsanto. Cuando no asesinaban, amedrentaban al campesinado para obligarle a vender sus tierras a precios irrisorios para venderlas luego a los grandes ganaderos. Uno de los sectores locales más beneficiados con estas prácticas genocidas fue la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), cuyo presidente, José Félix Lafaurie, se encuentra investigado por apropiación ilegal de tierras. Su esposa, María Fernanda Cabal, llegó al Senado en 2018 gracias a la compra de votos impulsada por funcionarios del Distrito.
Cualquier distinción entre la burguesía nacional y la ultraderecha debe observarse con el mayor detenimiento. Una de esas fronteras grises tiene que ver con la gestión de la muerte. La burguesía organiza la economía que la ultraderecha “depura”.
Según el analista Gustavo Duncan, para el caso del Estado colombiano no opera la vieja tesis weberiana sobre el monopolio de la violencia. En Colombia funciona un oligopolio del ejercicio de la violencia en el que intervienen las fuerzas de seguridad nacionales y extranjeras -mayoritariamente norteamericanas-, las burguesías locales en mancomunión con los intereses del narcotráfico, y los ejércitos irregulares.
En 2018, el coordinador del Observatorio de Memoria y Conflicto, Andrés Suárez, aseguró que “hay 94.754 cuya responsabilidad sería de grupos paramilitares y 5.000 de sus disidencias. Las guerrillas 35.600; cerca de 16.000 por las FARC y de agentes del Estado 9.8000 víctimas fatales”. La letalidad del paramilitarismo es posible gracias a la articulación programática con las instituciones del Estado y los estamentos dominantes de la sociedad. Dicho fenómeno recibe el mote de parapolítica.
El escándalo de la parapolítica estalló en el 2006 con el debate suscitado por el senador de oposición y hoy candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Para el 2013 habían sido condenados 60 congresistas por nexos con paramilitares usualmente ligados al narcotráfico. La totalidad de los investigados pertenecen al arco de influencia del uribismo. Buena parte de ellos, empezando por el mismo Uribe, empezaron sus carreras políticas en los dos partidos oligárquicos clásicos.
Huelga recordar que la mejor hazaña del uribismo fue generar amplios consensos con los partidos hegemónicos. La formación de la ultraderecha contemporánea fue consecuencia del acuerdo programático entre los partidos Liberal y Conservador, impulsado durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006). La ultraderecha contemporánea es, en suma, la síntesis superadora de las viejas estructuras de gestión del poder.
En los últimos 9 años esta reforma ultraconservadora se ha visto torpedeada por las movilizaciones sociales que se desataron desde el Paro Agrario de 2013, pasando por los paros del 2018 y el sanguinario 2021. El Paro Nacional del año pasado dejó en evidencia la cohesión entre los nuevos ricos, el paramilitarismo, el Estado y la aquiescencia de la comunidad internacional.
El uribismo no se crea ni se destruye, sólo se transforma
Contando con la conciliación de los dos partidos históricos, el uribismo logró perpetuarse en el gobierno nacional por 20 años. La política de Seguridad Democrática le granjeó el apoyo estadounidense; la oposición a la revolución bolivariana convenció a la Unión Europea; con el Tratado de Libre Comercio cerraron filas los agiotistas internacionales, y el lessaiferismo hacendatario puso guardianes paramilitares y narcos como financistas de campaña en cada elección.
Los nexos entre Uribe y las mafias son antiquísimas. Su padre mantuvo relaciones comerciales con el patriarca del clan de los Ochoa y fue asesinado por estos, supuestamente, por malversar los fondos de los narcotraficantes. Álvaro Uribe fue director de la Aeronáutica Civil en la época de Pablo Escobar. Era él quien aprobaba las rutas aéreas para el traslado de la cocaína del Patrón.
Las organizaciones privadas de seguridad conocidas como Convivir -semilla del paramilitarismo- fueron creadas en 1994 por el presidente liberal César Gaviria. El entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, incentivó a los gamonales a armarse. Miles de personas siguen muriendo como efecto del amalgamamiento entre narcos, empresarios, gamonales y políticos de carrera. Esa es la esencia del uribismo.
En el 2012 Uribe escogió a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, como presidente de la República. Las negociaciones de paz con las FARC rompieron el matrimonio y en 2018 eligió a Iván Duque con los dineros de grandes narcogamonales.
En los comicios del 2002 los paramilitares aceptaron constreñir a la población para que votara por el candidato Álvaro Uribe, y en las elecciones pasadas se descubrió que la mano del criminal de José Ñeñe Hernández fue la principal responsable de la compra de votos para el candidato Duque en la costa Caribe colombiana. Entonces ¿quién es el actual candidato del uribismo?
¿Quién es Federico Gutiérrez?
Federico Fico Gutiérrez es el actual candidato del uribismo y el principal heredero de este modelo. De 2016 a 2020 fue alcalde de Medellín. Su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, fue inhabilitado para ejercer por 16 años funciones públicas y condenado a 33 meses de prisión por alianzas con el cartel criminal conocido como la oficina de Envigado. Según la exfiscal nacional contra el crimen organizado, Claudia Carrasquilla, el secretario Villegas se reunía con los cabecillas de las bandas criminales de Medellín para que bajaran o aumentaran los niveles de violencia. En esa tónica solamente en el 2018, durante su alcaldía, fueron asesinadas más de 600 personas. La estrategia de seguridad de FicoGutiérrez se basó en dar de baja a algunos jefes de las organizaciones criminales para presentar cifras favorables en los medios de comunicación. Sin embargo, la estrategia de hacer la guerra en territorios donde la ausencia del Estado es constante conllevó a una inusitada competencia delincuencial por los dominios vacantes. Esa fue la estrategia de la Seguridad Democrática del uribismo con idénticos efectos.
Si historizamos la carrera del exalcalde de Medellín dentro de la historia general del uribismo, debemos preguntarnos por sus apoyos parapolíticos. Según testimonios del exparamilitar Carlos Villa alias Móvil 8, en la escombrera de la comuna 13 de Medellín fueron enterradas decenas de personas víctimas de grupos paramilitares. El paramilitarismo tomó control de la comuna 13 luego de la Operación Orión de 2002. Esta operación fue organizada desde el Ministerio de Defensa precedido por Martha Lucía Ramírez -hoy vicepresidenta y canciller del gobierno de Iván Duque-, por mandato del entonces presidente Álvaro Uribe en alianza con la fuerza pública y las organizaciones paramilitares. Según las lideresas del movimiento Mujeres Caminando por La Verdad, en 2016 Federico Gutiérrez incumplió la promesa de adelantar las excavaciones en la zona. Esta decisión sólo pudo favorecer a los parapolíticos del uribismo comprometidos con la que puede ser la fosa común más grande de Colombia.
En su coalición Equipo por Colombia, Fico defendió y minimizó el escándalo de su coequipero y también candidato presidencial Alex Char, señalado por la compra de votos con apoyo de parapolíticos y narcotraficantes.
El Pacto Histórico ¿Colombia puede?
El Pacto Histórico se presenta como la antítesis del modelo uribista. Su programa contiene propuestas de avanzada como la Reforma Rural Integral, el respaldo a los acuerdos de Paz de la Habana, la reestatización de los fondos pensionales, la transición energética, el sistema de salud público y preventivo, la gratuidad de la educación superior, y la salida negociada al conflicto social y armado.
Su candidato presidencial, Gustavo Petro, fue militante del movimiento insurgente 19 de abril que nació como respuesta al fraude electoral de 1970, gracias al cual fue elegido presidente Misael Pastrana, padre del expresidente y máximo jefe del Partido Conservador, Andrés Pastrana.
El fraude es una constante en el sistema electoral colombiano y los partidarios del Pacto Histórico bien lo saben. En 2018, Petro tuvo que competir con la financiación del narcotráfico a su contendiente uribista Iván Duque. El proceso fue archivado por el Consejo Nacional Electoral con total descaro.
Las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo brindaron elementos contundentes para atajar la guerra sucia del establecimiento cooptado por el uribismo. Cerca de 480.000 votos del Pacto Histórico no fueron contabilizados por las autoridades electorales. Tras el recuento, el Pacto Histórico pasó de obtener 16 a 19 escaños en el Senado, sin contar las dos curules afro e indígena, y los dos aliados estratégicos del partido verde.
De esta forma el Pacto Histórico se ha convertido en la fuerza política más votada en la historia de los comicios legislativos. Luego del escándalo, el Partido Conservador, la Coalición Centro Esperanza y el Centro Democrático perdieron una curul en el Senado. Esto quiere decir que quedaron con 15, 13 y 13, respectivamente. Por su parte el Partido Liberal sostuvo 15 curules, Cambio Radical 11, el Partido de la U 10, y la Coalición Mira Justa Libres 4.
Pese a las cifras históricas el Pacto no obtuvo la mayoría legislativa y el contrapeso de la concertación de derechas ya se hace sentir.
Francia Márquez, lideresa afrocolombiana, feminista, sobreviviente del conflicto y galardonada con el Nobel Medioambiental, fue designada como la carta vicepresidencial de Gustavo Petro luego de superar en votos a importantes contendientes presidenciables de la talla de Sergio Fajardo, de la Colación Centro Esperanza, y Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo.
¿Qué hay y qué nos queda?
La crisis social que develó el Paro Nacional del 2021 resquebrajó los últimos indicios de confianza en el modelo uribista. La política de la muerte y las leoninas reformas neoliberales han terminado por desangrar al país. El maquillaje de los índices macroeconómicos no guarda coherencia con la realidad.
Según cifras de Human Right Watch, en Colombia hay por lo menos 9 millones de personas víctimas del desplazamiento forzado. Sólo en Cali, la capital del Paro Nacional, el 60% de los jóvenes no tiene trabajo. En los meses de confinamiento las familias más pobres indicaban a sus vecinos que no tenían con qué comer usando trapos rojos que amarraban a las ventanas. El panorama en los barrios más necesitados se tornó escarlata. Sin embargo, los desahucios no se hicieron esperar y cientos de familias fueron expulsadas de sus viviendas carentes. Mientras el pueblo se moría de hambre, las corporaciones concentraban aún más sus riquezas. El grupo financiero Aval, precedido por el multimillonario Sarmiento Angulo, afirmó en su balance anual que “la utilidad neta atribuible de Aval para el primer semestre de 2021 fue de 1.74 billones de pesos, mostrando un crecimiento de 70.1% en comparación con el mismo periodo de 2020”. Sarmiento Angulo ha sido el principal sostén financiero del uribismo.
La crisis del modelo paraestatal del uribismo no implica, necesariamente, su fin. De hecho, decenas de cuadros de gestión del uribismo se replegaron en los partidos Conservador y Liberal. No es de sorprender que el candidato Fico Gutiérrez llame hoy a la unidad con esos sectores. Andrés Pastrana y César Gaviria se vuelven a amalgamar en el uribismo, como lo han hecho por cien años entre liberales y conservadores, propiciando la asfixia de la participación social que explica nuestra guerra interminable.
La elección de Francia Márquez como vicepresidenta del Pacto Histórico dejó inquietudes en algunos y esperanzas en otros. Para los primeros, Francia atenta contra los acuerdos indispensables con el Partido Liberal en aras de garantizar la gobernanza. Para los segundos, Francia apela a todos los sectores olvidados, desenamorados de la política tradicional.
En últimas, Francia Márquez nos invita a pensar que la unidad no hay que buscarla en los costados de la política amañada, sino en el subsuelo de la patria.
Bibliografía
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Cepeda, I., Rojas, J.E. (2008). A las puertas de El Ubérrimo. Bogotá: Panamericana.
Duncan, G. (2014), Más que plata o plomo. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial Colombia.
Guillén, G. (1995). Un país de cafres. Bogotá: Planeta.
Perry, S. (1980). La crisis agraria en Colombia: 1950-1980. Bogotá: El Áncora Ed.
Piezas documentales:
Juan J.L,, Hollman M. (2010). Impunity. Documental. Coproducción Suiza-Francia-Colombia; arte, Dolce Vita Films, Intermezzo Films S.A, arte, SRG SSR Idée Suisse.
Periódicos:
Akerman, Y. (12 de diciembre de 2021). Licencias que matan. El Espectador. https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/licencias-que-matan/
Agencia de Periodismo Investigativo. (3 de mayo de 2021). El día que Rodrigo Lara Bonilla descubrió un helicóptero de Uribe. https://www.agenciapi.co/investigacion/politica/el-dia-que-rodrigo-lara-bonilla-descubrio-un-helicoptero-de-uribe
Avila, J. (19 de septiembre de 2018). A la cárcel funcionarios del Distrito por comprar votos para María Fernanda Cabal. RCN Radio. https://www.rcnradio.com/judicial/la-carcel-funcionarios-del-distrito-por-comprar-votos-para-maria-fernanda-cabal
Cofradía Para El Cambio COPEC (17 de marzo de 2022). EL PRESIDENTE DE LA OFICINA DE ENVIGADO”: 3 razones para no votar por Fico Gutiérrez. https://www.youtube.com/watch?v=oLyJdASuGqE&t=464s
* Diana Carolina Alfonso es historiadora de la Universidad Nacional de La Plata y becaria doctoral del CONICET. Analista y comunicadora colombiana radicada en Argentina.