Presentación
El tema de la justicia ha sido abordado desde diversas posturas. En el ámbito filosófico su conceptualización es diversa, destacan los planteamientos de Platón y John Rawls; el primero la concibe como virtud del gobernante y el segundo como razón de existencia de las instituciones sociales. En cambio, la dimensión política sustenta la teoría y práctica de la justicia en la necesidad de apreciar al ser humano como persona, por reconocerle derechos y aspiraciones como integrante de una sociedad, para lo cual las instituciones públicas tienen la impronta de posibilitar el desarrollo de sus capacidades. De modo que la concreción de la justicia se fertiliza con la práctica de la eficiencia de normas para amparar racionalmente las relaciones entre hombres y mujeres, y sustancia la materialización de los principios de libertad e igualdad.
Así, las instituciones sociales, con base en los principios prescritos de lo justo y de la justicia, tienen la función de ofrecer las mejores opciones para establecer los cimientos que permitan a las personas realizar sus planes de vida y su desarrollo individual, en condiciones de igualdad y con la máxima libertad posible.
En efecto, los acuerdos entre hombres y mujeres acerca de los principios para edificar la estructura de la sociedad y con los cuales promover los intereses de todas y todos en condiciones de libertad e igualdad de oportunidades, son resultado de luchas victoriosas, históricamente establecidas mediante pactos al refundar proyectos societarios.
En el caso de México, y por extensión de América Latina, lo que ha predominado ha sido la injusticia, como lo prueba la creciente desigualdad, de ahí que el ideal de la justicia social se ha constituido en principio vertebrador de la participación de sectores desposeídos como protagonistas de los cambios, tal como lo evidencia nuestro desenvolvimiento histórico. Por ello, el gobierno surgido de la rebelión electoral de 2018 se ha convertido en referente para materializar un nuevo pacto social, el que identifica y debemos sutanciar como cuarta transformación.
Génesis de la lucha por la justicia social
El problema principal de México desde su génesis como nación lo constituye la desigualdad social, problema estructural cuya raíz procede de la conquista de los pueblos originarios por parte de la corona española; quiso ser afrontado desde el mismo proceso independentista pues sus principales impulsores la tomaron como una de sus banderas de lucha. Al consumarse la independencia, expresión y fuente de la primera transformación, fue soslayada la atención a tan patético problema por la impronta de sentar las bases políticas para la construcción de la nación. A mediados del siglo XIX, el problema se había profundizado y fue irresuelto porque la atención de la Generación de la Reforma, encabezada por Benito Juárez, que concretó las bases de la segunda transformación, no atendió el problema de la desigualdad social al priorizar la defensa de la soberanía nacional y la institucionalización de los principios de la modernidad para consolidar la existencia del país. A principios del siglo XX el problema de la injusticia social había alcanzado una situación límite lo cual llevó al pueblo a impulsar una revolución armada contra el régimen político reeleccionista y la imparable desigualdad social, cuyo triunfó concretó la tercera transformación nacional y si bien atenuó las injusticias, no las resolvió. La traición a las banderas sociales de la revolución mexicana fue instrumentada por políticos tecnócratas que se hicieron del control del partido gobernante a finales del siglo XX, quienes al llegar al poder instrumentaron políticas neoliberales con las cuales profundizaron la desigualdad.
Justicia social, eje del proyecto de la cuarta transformación
Como la historia política de México está marcada por el impulso de transformaciones radicales para intentar la superación de situaciones límites, las acciones de los políticos neoliberales engendró la reacción de la mayoría del pueblo que los echó del poder, pues aprovechó la oportunidad de las elecciones del año 2018, y de manera pacífica a diferencias de las tres primeras transformaciones, más de treinta millones de ciudadanos votaron a favor del proyecto de gobierno de la cuarta transformación (4T), que prometía tomar acciones inmediatas para revertir la desigualdad social. En realidad, el proyecto de gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se construyó colectivamente a lo largo de tres procesos electorales. Desde su primera campaña a la presidencia de la República en el año de 2006, víctima de fraude electoral, se clarificó que la lucha no se reduciría a la alternancia gubernamental, sino a la instrumentación de un proyecto alternativo de nación, sistematizado por integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual fue publicado con el título Nuevo Proyecto de Nación. Por el renacimiento de México en el año 2011, resultado de la confluencia de ideas de estudiosos, investigadores, intelectuales y políticos, conocedores de la realidad del país. En él se diagnosticó y propuso:
La enorme desigualdad social de nuestro país ha provocado la fractura de la convivencia y la armonía de nuestra sociedad, y es uno de los principales problemas de la nación.
Construiremos un Estado fraterno y solidario que atenderá a todos, pero en primer lugar a la mayoría de la población que vive en la pobreza. La solidaridad con los desposeídos no solo es un asunto de justicia, es la manera más eficaz, más humana y más barata para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso reiteramos que por el bien de todos, primero los pobres.
… debemos llegar a un acuerdo colectivo con el propósito general de superar la pobreza, acabar con la desigualdad, establecer la democracia y la justicia, respetando los derechos de todos, y terminar con la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la violencia.
… La transformación que requiere México sólo será posible con la participación de la gente, desde abajo. Esa suma de voluntades puede expresarse en la firma de un nuevo pacto social para renovar la vida pública de México, sería un logro mayor de la revolución de las conciencias…, porque de esa manera, garantizamos que el cambio sea verdadero, profundo y en beneficio de todos. (pp. 338-339)
Ante la imposibilidad de concretar el triunfo electoral en el año 2012, en razón de la avalancha de acciones fraudulentas, específicamente, mediante la compra de votos que permitieron la vuelta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno federal, la ruta de lucha se orientó a la consolidación del Movimiento de Regeneración Nacional y su participación en la arena electoral como una organización política distinta a las existentes, por lo que después de un largo debate entre sus integrantes se tomó la decisión de solicitar el registro como partido político nacional, lo cual sucedió el 9 de julio de 2014 y la ciudadanía lo respaldó en la elección federal de 2015, no hay que olvidar, con el horizonte de propugnar un proyecto alternativo de nación.
La Declaración de principios de Morena establece una crítica radical al neoliberalismo al identificarlo como la política del antidesarrollo socioeconómico instrumentado durante los últimos treinta años por gobiernos del PRI y del PAN, señalando como compromiso de acción en su principio
3. En MORENA… Aspiramos y trabajamos para que México se consolide como una nación diversa y pluricultural, fundada en la libertad de creencias y de cultos; en la equidad de oportunidades para todos los mexicanos, reduciendo las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen; y para acabar con toda forma de explotación y de opresión…
De modo que este principio ampara y orienta su lucha a favor de los excluidos, explotados, humillados, marginados; contra la desigualdad.
El precedente de compromiso de lucha por la justicia social lo había abanderado Andrés Manuel López Obrador a principios de siglo con su lema de campaña como candidato a Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal: ¡Por el bien de todos, primero los pobres! Al establecer programas de justicia social como gobernante de la capital del país y reivindicarlos como oferta electoral en su tercera campaña a la presidencia de la República, lo llevaron a conquistar el respaldo y triunfo contundente por parte de la ciudadanía en el año 2018. A partir de entonces el gobierno de Morena puso en práctica los lineamientos del Proyecto de la Cuarta Transformación (4T) aplicado prioritariamente a enfrentar el problema de la desigualdad social mediante múltiples acciones y programas, entre los cuales destacan: el programa ecológico y laboral sembrando vida, dirigido a las personas del campo que viven en varias entidades: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán; tandas para el bienestar; elevación sustancial del salario mínimo; programa de apoyo laboral “jóvenes construyendo el futuro”; programa de becas “jóvenes escribiendo el futuro”; incremento sustancial de apoyo económico al programa para el bienestar de los adultos mayores y su ampliación a personas a partir de sesenta y cinco años; programa “pensión para el bienestar de las personas con discapacidad”; becas para madres jefas de familia; apoyo a la vivienda; creación del impresionante sistema de educación superior Benito Juárez, el cual se acerca a los ciento cincuenta planteles ubicados en poblaciones lejanas y marginadas, a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano; beca universal a estudiantes de nivel medio superior; programa nacional de becas Benito Juárez para alumnos de educación básica y nivel superior, etcétera.
Justamente, a la mitad del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, tanto por los propósitos explícitos como por el cúmulo acciones sociales del gobierno de la 4T, resulta pertinente introducir informaciones para efectuar el contraste de la situación de desigualdad persistente.
Por ejemplo, el Reporte mundial sobre la desigualdad 2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD), publicado el martes 7 de diciembre de 2021, establece como ingreso promedio anual del uno por ciento de los mexicanos más acaudalados que es 141 veces mayor del que percibe la mitad de la población ubicada entre la parte media y baja de la pirámide, una brecha que convierte al país en “uno de los más desiguales del mundo”.
Más aún, allí se informa que el ingreso anual promedio de 10 por ciento de la población mexicana más rica es 30 veces superior al de la mitad de la población ubicada en la parte media y baja de la pirámide. Además, se señala, en promedio un adulto tiene ingresos anuales por 232 mil 779 pesos, no obstante, el 50 por ciento inferior gana apenas 42 mil 700 pesos. Dicha cantidad contrasta con el millón 332 mil pesos anuales del 10 por ciento con mejores ingresos y con los 6 millones del uno por ciento de la población más acaudalada. El estudio resulta concluyente: 78.7 por ciento de la riqueza total del país está en manos de 10 por ciento de la población, y más concretamente, 46.9 por ciento, casi la mitad, en posesión del uno por ciento.
Entonces, México se encuentra entre los países más desiguales del mundo, en pleno siglo XXI. Dicha situación convoca a los estudiosos a evaluar y valorar si las decisiones del gobierno de la 4T están contribuyendo a aminorar el mayor problema estructural del país, en cuyas tres campañas electorales propuso enfrentar; para el efecto se requiere establecer criterios y metodologías con base en los cuales contrastar objetivos, acciones y resultados.
Más allá de la apreciación de los posibles y deseables avances contra la desigualdad del gobierno de la 4T, puede decirse que su compromiso en la lucha contra las injusticias permite mostrar implicaciones de la praxis de un efectivo proyecto de izquierda, en la vida pública nacional: haber generado en la ciudadanía la valoración de que la política es asunto de todos los habitantes del país, no acción y misión exclusiva de líderes y élites. Tal circunstancia ha generado el ambiente de transformación nacional existente en todos los ámbitos de la vida pública nacional.
En consecuencia, este proyecto de gobierno es y seguiría mostrándose como alternativo a la política del antiguo régimen, si persiste en focalizar sus acciones en la atención prioritaria de los asuntos de justicia social, con lo cual, además de impactar en la práctica ciudadana de fomentar los valores de democracia, fraternidad, igualdad y libertad, forzará la urgencia de debatir un nuevo pacto social.
Reto por venir
La existencia del régimen de la 4T se naturalizará como proyecto de izquierda si concreta un nuevo pacto social, mediante debate abierto, informado, libre, razonado, de toda la ciudadanía, para formular y consensuar una nueva Constitución.
Ciertamente, el periodo de incubación de ese nuevo pacto social alentado por el proyecto de la 4T se dará, hay que tenerlo presente, en un clima de crispación ideológica y política; encontrará limitaciones y resistencias incluso entre representantes populares de Morena porque muchos de ellos se formaron en la cultura política del antiguo régimen, pues en virtud del pragmatismo de la dirigencia se han promovido candidaturas de operadores electorales de los partidos de centro y derecha, quienes con recursos económicos y notorias ambiciones por seguir desempeñando cargos públicos, han sido incorporados al partido en el gobierno.
Será, entonces, por la lucha y la activa participación de la ciudadanía, del pueblo organizado, de los movimientos y organizaciones cívicas y sociales, de los protagonistas del cambio verdadero, en su imparable lucha contra la desigualdad social, que se generarán las condiciones para imponer el advenimiento de una carta magna a la medida de las exigencias del actual régimen político, el de la 4T.
Texto de la ponencia presentada en la Mesa “Izquierdas y derechas latinoamericanas ante la libertad y la justicia social”, en el marco de la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizada por CLACSO. Universidad Nacional Autónoma de México. 5-10 junio 2022.
Alberto Saladino García es profesor/investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. asaladinog@gmail.com