Las labores de cuidado en el marco de las demandas feministas
El reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados dentro de las actividades económicas de la sociedad es parte de la lucha feminista que tiene ya una historia propia de varias décadas dentro del movimiento. La invisibilización de los trabajos domésticos y la normalización de su condición precaria, si existe remuneración, esconden un sesgo ideológico que implica una supuesta naturaleza de las mujeres como detentoras de roles en los que las labores de cuidado, limpieza, y organización de la vida doméstica son atribuciones de su género. El reconocimiento del valor de los trabajos domésticos en la generación de riqueza implicaría el cuestionamiento de un orden social artificial, en el que ciertos trabajos son vistos como labores esencializadas de la vida humana, y cuyos roles ‒asumidos mayoritariamente por las mujeres ‒ serían, al mismo tiempo, el culmen de sus aspiraciones: casarse, tener hijos, y ser fieles compañeras. Esto es parte de un modelo opresivo de vida; y cualquier reclamo, individual u organizado, es a menudo visto como un cuestionamiento a la supuesta “naturaleza femenina”.
El desmembramiento del estado social en las décadas de 1980 y 1990 afectó de forma distinta a las mujeres de los países del sur global, pues mientras que en algunas regiones o estratos sociales, ciertas demandas del feminismo fueron adoptadas, incluso como estrategia de marcas comerciales; en los países periféricos las mujeres empobrecidas, y particularmente las migrantes, el espectro de las mujeres no reconocidas como blancas (negras, mestizas, indígenas), las campesinas, obreras, adolescentes y niñas que viven en las periferias, fueron particularmente afectadas por la flexibilización, el saqueo, y la destrucción del Estado. El capital se liberalizaba, y las mujeres sufrían los estragos del embate neoliberal. Si antes las mujeres debían cumplir con las labores silenciosas del trabajo doméstico no reconocido, la explotación laboral las obligó a buscar trabajos de medio tiempo o tiempo completo para asegurar los niveles básicos de reproducción de la vida. Aunque desde hace siglos los cuidados de las personas enfermas (niños, niñas, personas adultas mayores, o con discapacidades, etcétera) han descansado sobre las mujeres, ante el abandono del Estado en la procuración del derecho a la salud, estas tareas se vuelven lozas aún más pesadas. Cuando la pobreza se extiende, disminuyen los derechos sociales adquiridos durante el modelo del estado social, por más críticas que puedan realizarse a sus limitaciones. Surgen formas radicales de feminización de la pobreza, pero también lo que Ruy Mauro Marini (Osorio 2013) denomina una superexplotación, que padecen tanto hombres como mujeres. El pago a la persona trabajadora que recibe una remuneración por debajo del valor real de la reproducción de sus energías y capacidades para seguir realizando la misma actividad afecta de forma directa e indirecta a las mujeres. A inicios de siglo, en algunos países de América Latina como México, Haití, Perú, entre otros, los salarios descendieron a tal punto que, para poder pagar una canasta básica de alimentación, las personas trabajadoras se vieron forzadas a tomar hasta dos trabajos de tiempo completo, trabajar horas extra, y sumarse a las filas del empleo informal. Sea que las mujeres participen directamente de estas actividades, o que realicen trabajos domésticos y de cuidado y crianza, el neoliberalismo ha significado para las mujeres de la región, un sometimiento disciplinar a un capitalismo-patriarcal. Es decir, mientras los programas de televisión norteamericanos, las telenovelas, las figuras de influencia de redes sociales presentan cada vez más a roles femeninos fuertes, independientes, y sin límites a su desarrollo, en los países donde el mercado ha impuesto sus reglas, las mujeres tienen menos posibilidades de emancipación, de disposición de su tiempo libre, estudiar y establecer lazos afectivos libres. Mientras esto ocurre, los medios de comunicación, el cine y la radio se ocupan sistemáticamente de desdibujar de los imaginarios las condiciones de vida e historias de las mayorías, salvo que sea para mostrarlas como madres abnegadas que sufren, y rezan hasta que, por intervención divina, sus problemas se solucionan.[1]
LA CRISIS NEOLIBERAL EN ARGENTINA
El neoliberalismo, en tanto modelo económico y social destinado a la reproducción libre del capital, fue una de las tantas consecuencias ‒no siempre reconocidas‒ que el régimen dictatorial de 1976 a 1982 dejó en Argentina, al igual que en otros países de la región. La “pobreza planificada” denunciada por Rodolfo Walsh se valió de la desindustrialización, la apertura comercial y el predominio de la especulación financiera para terminar de dominar a una población ya diezmada por la represión. En este contexto, la resistencia más fuerte e inclaudicable estuvo encabezada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, mujeres que ante la desaparición de sus hijas e hijos se volcaron al espacio público a buscarlos y exigir su aparición con vida. Para muchas de ellas aquello constituyó un hito en su vida personal, dejando el espacio doméstico para formar parte activa de la vida política de su comunidad. Esto es un importante referente en cuanto a lo que feministas, como Francesca Gargallo, definen como feminismo: la unión de las mujeres para pensar y actuar por una mejor vida para ellas (Bellani, 2018).
En los años 90, el modelo neoliberal se profundizó y mostró su cara más cruel, principalmente en la vida de las mujeres: el abrumador incremento en los índices de desempleo masculino obligó a muchas de ellas a insertarse al mercado del trabajo remunerado (Avolio y Di Laura, 2017). Esto se constituyó en la fuente principal de ingreso de muchos hogares al mismo tiempo que las tareas de cuidado continuaban recayendo en las mujeres, y en particular de aquéllas más empobrecidas y con menor acceso a la educación (Salvia, 2012). Asimismo, las condiciones de flexibilización laboral, con jornadas extensas, bajos salarios y escaso cumplimiento de los derechos del trabajo, incrementaron los márgenes de explotación y precariedad a que eran sometidas, lo cual orilló a muchas de ellas a realizar actividades de autoempleo o negocios informales. Diversos conflictos laborales se desencadenaron en aquellos años, muchos de los cuales estuvieron encabezados por mujeres, como las protestas magisteriales (la Carpa Blanca instalada por docentes de todo el país frente al Congreso Nacional entre abril de 1997 y diciembre de 1999) y los reclamos ante la precarización del sistema de pensiones (las marchas de los miércoles de los jubilados, encabezadas por Norma Plá).
Paralelamente, el crecimiento exponencial de la pobreza generó el incremento de asentamientos poblacionales irregulares (las llamadas “villas miseria”), espacios donde se desarrollaron estrategias colectivas de sobrevivencia alimentaria gestionadas por mujeres: las ollas populares y los comedores comunitarios. La cara más feroz de esta crisis se manifestó en el incremento desmedido de la violencia, principalmente a través de la expansión territorial del narcotráfico y el abuso institucional. El asesinato a quemarropa de jóvenes de barrios populares a manos de las fuerzas de seguridad −práctica conocida como “gatillo fácil”− tuvo, otra vez, a las mujeres en la vanguardia de la demanda de justicia, con el surgimiento de las “Madres del dolor”.
De esta forma, tanto a nivel económico como político-social, la profundización del modelo neoliberal durante la década del noventa no hizo más que potenciar la situación de precariedad y violencia que atravesaban las mujeres de los sectores populares, la cual, al igual que toda la sociedad argentina, estalló con la crisis de diciembre del 2001.
POLÍTICAS DE CUIDADO EN LOS GOBIERNOS PERONISTAS DE CRISTINA FERNÁNDEZ Y NÉSTOR KIRCHNER
Argentina es uno de los países que encabezaron el primer bloque de gobiernos progresistas en América Latina en el siglo XXI.[2] Tras el estallido de 2001, tres gobiernos de origen peronista ‒pero que también son identificados como herederos de algunas de las luchas políticas guerrilleras de los años setenta‒ gobernaron la nación. La muerte prematura de Néstor Kirchner, quien tras su periodo de 2003-2007 era el favorito para retomar el poder, decantó en un segundo periodo para Cristina Fernández. Incluso, hoy en día, la figura de la actual vicepresidenta es la referente política mujer más importante de Argentina, y posiblemente de todo el continente, lo que ha producido una brutal y misógina reacción de las fuerzas políticas, las élites económicas encumbradas en el poder judicial, y hasta grupos fascistas y neonazis, quienes atentaron contra su vida el 1 de septiembre de 2022. Si bien Cristina no puede ser identificada como una feminista en el sentido amplio, y no apoyó abiertamente causas como el aborto en un primer momento, no puede desconocerse que su gobierno trajo importantes cambios en la representación de la mujer política, y en la lucha por los derechos de las mujeres a una vida plena, autónoma y digna.
Uno de los programas sociales que creó el Kirchnerismo es el Plan Ellas Hacen. Cuando se puso en marcha, en 2013, Cristina Fernández dio un discurso que, aunque fuera de la retórica de la perspectiva de género, sí apunta a causas estructurales atravesadas por el machismo y el patriarcado, como la discriminación a causa de la maternidad.
Y la verdad que si uno mira los índices de desocupación ve que el grueso, precisamente, está ubicado en el sector de la mujer y más que nada también en las mujeres hasta 29 años. Ayer estábamos mirando los índices y preguntaba [a un funcionario] y me dijo: “señora, lo que pasa es que hasta los 29 años las mujeres normalmente suelen tener hijos y entonces el sector empresarios no toma mujeres” […] y por eso tenemos el núcleo, tal vez, más duro de pobreza en los barrios, en las villas. Y por eso allí, adonde esté el núcleo duro es donde vamos a ir con un trabajo de capacitación, de cooperativa, de organización social, de educación (Fernández 2013).
Podemos remontarnos al 2002, cuando el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados buscó garantizar un mínimo ingreso mensual a familias sin empleo formal y que tenían hijos menores de edad. Una medida que implicó mayormente a las mujeres, que fueron el 65 % de las beneficiarias. Este fue el inicio de una serie de políticas destinadas a reducir la desigualdad generada por la crisis económica. Con el advenimiento de Néstor Kirchner a la presidencia, y la concepción del Estado como reparador de las desigualdades, se avanzó paulatinamente en la inclusión social y la ampliación de derechos a través de la instauración de múltiples programas de políticas públicas en torno a los cuidados y el acceso a ingresos para los sectores más populares.
En este sentido, una de las medidas más importantes para las mujeres fue el Programa de Inclusión Previsional, instaurado en el 2006, que permitió que mujeres que habían trabajado toda su vida en tareas del hogar y no contaban con aportes en el sistema de pensiones puedan jubilarse a través del sistema de moratoria. Esta disposición, conocida como “jubilación de amas de casa”, fue una de las más exitosas en términos de igualdad de género, ya que de los más de dos millones de nuevos jubilados bajo este sistema, el 73% fueron mujeres.
La investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda, Camila Gramajo, quien ha realizado investigaciones en México y Argentina relacionadas a los temas del cuidado y la vejez desde una perspectiva feminista, considera que esta política es fundamental porque cuando las mujeres tienen un ingreso jubilatorio alcanzan una dignidad como trabajadoras:
Al recibir la pensión, cambia la capacidad de decidir de esas mujeres, su libertad, su posición económica. De hecho, cuando esa moratoria salió fueron muchas las mujeres que lograron separarse, cuando vivían situaciones de violencia con maridos durante muchos años. Eso fue de ayuda para que esas mujeres pudieran seguir su vida sin depender de los maridos. Además, mejora muchísimo la calidad de vida, su independencia y autonomía (Gramajo, 2023).
En el año 2009, la instauración de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) se constituyó en una política pública que, en consonancia con lo que había sido el Plan Jefes y Jefas de Hogar, buscaba consolidar un nuevo paradigma de seguridad social, al reconocer a las hijas e hijos de padres en situación de desempleo o informalidad laboral como sujetos de derecho, al igual que las y los hijos de los trabajadores registrados. Destinada a grupos familiares vulnerables, la AUH también contempla el cumplimiento de controles sanitarios, del plan de vacunación y la asistencia a clases en los casos de hijas e hijos en edad escolar. En el 2011 la Asignación por Embarazo para Protección Social complementó el apoyo, esta vez dirigido a mujeres embarazadas desocupadas o con empleo informal en estado de gestación. A ellas se les entrega una suma de dinero mensual y se les garantiza el acceso a servicios públicos de diagnóstico y tratamiento oportuno (De Rosa, 2021). Durante la pandemia de COVID 19 −que visibilizó aún más el rol esencial de las mujeres en los cuidados, tanto en las familias como en el sector público− se puso en marcha el Programa Alimentar, como una medida complementaria para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria de las familias más vulnerables. Si bien la mayoría de estas medidas están centradas en otorgar derechos de seguridad social a las y los hijos de hogares más desfavorecidos, signados por el desempleo o el empleo informal y condiciones de vida muy precarias, no dejan de ser políticas que atraviesan la realidad de las mujeres de sectores populares. El incremento de familias monoparentales, así como del incumplimiento en las pensiones alimentarias por parte de los padres genera situaciones donde las mujeres son el único sostén económico de la familia, lo cual impacta en sus condiciones laborales, así como en la atención que pueden ocupar en la crianza de sus hijas e hijos, relegando muchas veces las tareas de cuidado en otras personas o en sus propios hijos. Ante esta realidad, las políticas implementadas permiten que las mujeres tengan un ingreso mínimo para sostenerlas, y las obliga, asimismo, a no relegar aspectos centrales de la crianza y el cuidado, como la educación y salud.
El año 2013 marcó un salto importante para el reconocimiento de las mujeres en el ámbito laboral al crearse el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. De esta forma, el servicio doméstico se reconoce por primera vez como un trabajo formal −antes considerado como servicio− lo cual brindó acceso a todos los derechos correspondientes, como el régimen de licencias, aguinaldo, seguro de riesgo del trabajo, vacaciones, indemnización y aportes jubilatorios. Esta política de regulación del trabajo remunerado en hogares −que incluye tanto las tareas de limpieza y mantenimiento, como la asistencia personal y cuidados no terapéuticos− viene a complementar otra que se había iniciado en el 2005, con el Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios que reguló la asistencia destinada a personas mayores, e instauró un registro nacional de cuidadores y una propuesta de cursos formativos que garanticen el acceso igualitario a un sistema de cuidados dignos. En una sociedad como la argentina, en donde el envejecimiento de su población crece exponencialmente, la formación y formalización de estos empleos exige medidas urgentes.
Porque no todos sabemos cuidar en todos los casos, ni a todas las personas. Cuidar requiere ciertas herramientas, espacios, y tiempos. Una no puede cuidar 24 horas al día. Es un desgaste terrible para la persona que cuida. Entonces ¿Qué se demanda? Que haya una ley de cuidados que entienda este trabajo como fundamental para el desarrollo de la sociedad. Si bien al momento hay mucha formación de personas cuidadoras y distintos proyectos tanto populares como institucionales (pienso en PAMI y la diplomatura de la Universidad Popular), no hay un reconocimiento pleno a las tareas de cuidado: los asistentes terapéuticos, las personas que cuidan personas mayores, o personas con discapacidad, ganan muy poco y se les hace trabajar muchas horas. Es necesario que se reconozca como un trabajo esencial y que se pague, se respete y se cumpla un horario que sea saludable para la persona que cuida y para la cuidada (Gramajo, 2023).
No es novedad que en Argentina, al igual que en la mayor parte del mundo, el sistema neoliberal potenció una realidad impuesta por la estructura patriarcal que domina la reproducción de la vida desde hace siglos: las mujeres dedican el doble de horas que los hombres al trabajo doméstico no remunerado. Ante ello, uno de los reclamos históricos de los movimientos feministas ha sido la visibilización social y el reconocimiento institucional de dicho trabajo, a la par de la obtención de ciertas demandas que permitan transformar esa estigmatizante división laboral. Si bien en el 2014, el Nuevo Código Civil y Comercial introduce en la regularización de la responsabilidad parental algunas normativas en relación con el régimen de cuidado de las y los hijos, en la práctica son las mujeres las que siguen asumiendo la mayoría de las tareas de cuidado en la vida cotidiana. El movimiento Ni Una Menos puso el tema nuevamente en el debate público, al considerarlo una violencia más dentro de las muchas que operan por motivos de género. Una materia pendiente que forma parte de proyectos legislativos ya ingresados en el parlamento argentino es la ampliación de la licencia por paternidad que, si bien algunas empresas y entidades públicas ya lo incluyen −como la Provincia de Buenos Aires−¸ cuenta hasta el momento con sólo dos días de permiso después del nacimiento.
El retorno del proyecto neoliberal con Mauricio Macri, quien en contubernio con el FMI contrajo la mayor deuda de la historia en Argentina, ha puesto una pesada loza sobre las finanzas públicas del actual presidente Alberto Fernández. Esto amenaza la continuidad y profundización de planes sociales, así como la permanencia del sistema jubilatorio y de proyectos como el Programa de Inclusión Previsional, el cual durante años impactó positivamente en la vida de mujeres de sectores populares, particularmente al llegar a la vejez. “Con esta jubilación hay una libertad mayor, independencia y autonomía que antes no se tenía y que repercute en la calidad de vida de estas mujeres. Ellas pueden volver a sociabilizar, porque pueden tener otros espacios de gozo, disfrute, y de recreación” (Gramajo, 2023).
Así, la investigadora Camila Gramajo advierte que, ante la suspensión de programas, ha vuelto a aflorar en parte de la sociedad argentina el debate sobre si es o no justo que el Estado pague una pensión a mujeres que no han realizado aportaciones al sistema jubilatorio, lo cual −en concordancia con las aproximaciones teóricas de Silvia Federici (2013)− confirma la necesidad de realizar una lectura sistémica para poder reconocer el valor económico de las labores de cuidado:
El PBI que se aporta desde el trabajo no remunerado es el trabajo que sostiene a la producción y que mantiene a flote el sistema capitalista. Si las mujeres no cuidan en los hogares, si el trabajador no sale a trabajar, si la mujer no está en la casa cocinando, limpiando, planchándole la ropa, viendo que todo esté arreglado, el trabajador no sale de la casa a trabajar o no tiene tan garantizado ese trabajo. Se le dificulta mucho más rendir para el sistema. Ese trabajo de producción parte de las mujeres realizando el trabajo de reproducción (Gramajo, 2023).
La legalización del aborto en diciembre de 2020 constituyó un eslabón importante en este proceso, ya que el movimiento feminista pudo poner en la arena pública y gubernamental la importancia del derecho de las mujeres a una vida en equidad y libertad, sin violencias físicas ni psicológicas. Así, la interrupción voluntaria y legal del embarazo es ahora un derecho para todas las mujeres y personas gestantes, y su gratuidad permite que aquellas pertenecientes a sectores más vulnerables accedan a él de forma igualitaria y digna, decidiendo libremente sobre la maternidad. Asimismo, junto a esta ley se aprobó la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia –conocida como la Ley de los 1000 días- que estableció un sistema nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Con el objetivo de proteger, fortalecer y acompañar la vida y la salud de las gestantes y las niñas y los niños en sus primeros tres años, establece prácticas de prevención y protección a través de políticas de ingreso, identidad, salud, desarrollo social, educación, protección, género, cultura que garantizan que la maternidad y la crianza se den de forma digna aún en condiciones de vida difíciles.
Ante este panorama, podemos decir que si bien Argentina ha dado pasos importantes en el reconocimiento institucional y social de las labores de cuidado como un trabajo esencial que debe ser valorado económicamente, aún hay mucho por avanzar. Que las “jubilaciones a las amas de casa” dejen de ser un programa temporal y se convierta en una ley establecida es una de las transformaciones que el movimiento feminista sigue demandando. La creación de un sistema integral de cuidados igualitarios es una necesidad estructural que ha sido visibilizada de forma imperativa durante la pandemia, tanto en Argentina como en el mundo. Ante ello, la Alianza Global de los Cuidados −una iniciativa propuesta por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres de México− surgió como una instancia de cooperación internacional e institucional para avanzar en la creación de un sistema que reconozca a los cuidados como una necesidad, un derecho y un trabajo. Revertir la injusta distribución, así como los estereotipos que reproducen su feminización, es una de las mayores tareas pendientes de los gobiernos progresistas argentinos. Frente a ello, podemos pensar que el actual contexto de confluencia regional de gobiernos progresistas abre un horizonte de posibilidad para avanzar más firmemente en el reconocimiento del lugar que tienen las labores de cuidado, y con ellas las mujeres, en la producción y reproducción de la vida digna.
Referencias
ANSES (2022). “Creación de la Asignación Universal por Hijo/a para Protección Social (AUH)”. ANSES. Disponible en: https://www.anses.gob.ar/observatorio/creacion-de-la-asignacion-universal-por-hijoa-para-proteccion-social-auh#:~:text=El%2029%20de%20octubre%20de,para%20Protecci%C3%B3n%20Social%20(AUH)
Avolio, Beatrice y Giovanna Di Laura (2017). “Progreso y evolución de la inserción de la mujer en actividades productivas y empresariales en América del Sur”. En Revista de la CEPAL, Núm. 122, pp. 35-62.
Bellani, Orsetta. (2018). “Feminismo es la lucha de las mujeres para su buen vivir”. Pikara Magazine. Disponible en: https://www.pikaramagazine.com/2018/11/francesca-gargallo/
De Rosa, Agustina (2021). “Diez años de la creación de la Asignación Universal por Embarazo”. En Abro Hilo. Disponible en: https://abrohilo.org/diez-anos-de-la-creacion-de-la-asignacion-universal-por-embarazo/#:~:text=La%20Asignaci%C3%B3n%20Universal%20por%20Embarazo%20para%20Protecci%C3%B3n%20Social%20se%20cre%C3%B3,Universal%20por%20Hijo%20(AUH).
Federici, Silvia (2013). Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Madrid: Traficantes de sueños.
Fernández, Cristina (2013). “Cristina presentó el programa Ellas Hacen, en Tecnópolis”. Página personal: https://www.cfkargentina.com/cristina-presento-el-programa-ellas-hacen-en-tecnopolis/
Gramajo, Camila (2023). Entrevista personal realizada por los autores.
Osorio, Jaime (2013). “Fundamentos de la superexplotación”. En Razón y Revolución, Núm. 25. Disponible en: https://marxismocritico.files.wordpress.com/2014/02/fundamentos-de-la-superexplotacic3b3n.pdf.
Salvia, Agustín (2012). La trampa neoliberal. Un estudio sobre los cambios en la heterogeneidad estructural y la distribución del ingreso en la Argentina: 1990-2003. Buenos Aires: EUDEBA.
[1] Nos referimos a programas como La rosa de Guadalupe de Televisa, el cual se distribuyó por varios países de habla hispana, incluyendo Argentina.
[2] Recordemos que, durante el siglo XX, en Brasil, México y Argentina se conformaron experiencias de gobiernos que podemos caracterizar como populistas, que apuntaban a la identificación con el Estado de Bienestar y con procesos económicos soberanos, como la sustitución de importaciones.