Milton Gabriel Hernández García
Los acuerdos entre el movimiento campesino y AMLO
El 10 de abril de 2018, ante más de 5 mil campesinos y campesinas provenientes de todo el país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y más de un centenar de organizaciones sociales firmaron el “Plan de Ayala Siglo XXI 2.0”, en Jerez, Zacatecas. Se trataba de apostar por un nuevo pacto político entre los campesinos y el Estado mexicano, con carácter estratégico y de interés público. AMLO dijo en aquella ocasión: “estamos firmando este acuerdo, para que termine el menosprecio y abandono al campo y empiece una nueva etapa de rescate de la actividad productiva”.
Planteó además que la regeneración de los pueblos y comunidades rurales sería una de las prioridades de su gobierno, impulsando actividades productivas “como no se ha hecho en décadas”. También enfatizó que las nuevas políticas dirigidas al campo priorizarían a pequeños y medianos productores, ganaderos, silvicultores y pescadores; a pueblos indígenas, afromexicanos, a mujeres y a jóvenes.
Reconoció que México es centro de origen y diversificación del maíz, por lo que es necesario recuperar su producción, “junto con el frijol, arroz, carne, leche y madera, que durante el periodo neoliberal se han importado masivamente”. Se comprometió a fijar precios de garantía y a que lleguen los subsidios de manera directa a los campesinos.
Como parte del “Plan de Ayala Siglo XXI 2.0” también se estableció la prohibición del maíz transgénico, la sustitución progresiva de los agroquímicos por fertilizantes orgánicos, así como la urgencia de iniciar un proceso de transición hacia un nuevo modelo productivo cuya base sean las prácticas de la agroecología.
Finalmente, se comprometió frente a los y las campesinas presentes en aquella histórica asamblea, a crear un sistema nacional para la protección y mejoramiento de la agrobiodiversidad mesoamericana, el maíz criollo y la tortilla, que además de conservar la diversidad de la milpa y las semillas nativas, permita a quienes trabajan la tierra, no solo recuperar los costos de producción, sino obtener utilidades. También señaló que un eje de su gobierno sería el rescate de la pesca ribereña y de las cooperativas de pescadores.
Los programas de desarrollo rural en la 4T
Habiendo ya iniciado el primer gobierno de la Cuarta Transformación en 2018, uno de los programas prioritarios que se instrumentaron para la recuperación del campo fue “Producción Para el Bienestar” (PpB). Nació con el objetivo de entregar apoyos directos a productores y productoras de pequeña y mediana escala de maíz, frijol, trigo, arroz, amaranto, chía, café, caña de azúcar, cacao y miel de abeja.
Este programa aporta recursos económicos a campesinos y campesinas para actividades productivas, compra de insumos, contratación de mano de obra y renta de maquinaria o equipo, con el objetivo de contribuir a la autosuficiencia alimentaria y al aumento en la productividad mediante prácticas agroecológicas.
Cuenta con dos estrategias complementarias: a) acompañamiento técnico organizativo y agroecológico y b) búsqueda de acceso al financiamiento a través de crédito con bajos intereses.
Apoya a 2.5 millones de productores, así como una superficie de 6 millones 597 mil hectáreas. En las comunidades campesinas se le diferencia claramente de lo que fue PROCAMPO, pues PpB brinda apoyos directos, sin intermediarios, los cuales llegan a tiempo de acuerdo con el ciclo agrícola.
Se distingue por su enfoque agroecológico, además de que plantea una ruptura con el paradigma del viejo extensionismo agropecuario, promoviendo tanto el acompañamiento como la capacitación de campesino a campesino.
Otro programa estratégico del gobierno de AMLO fue Sembrando Vida; debido a sus resultados, ha tenido continuidad en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. Según sus reglas de operación, tiene por objetivo atender dos de las problemáticas más fuertes que existen en el México rural: la pobreza en el campo y la degradación ambiental, a través de la reapropiación productiva de los territorios mediante procesos de restauración ecológica.
Cuando inició, se planteó como meta generar empleo directo para 400 mil productores, así como construir alternativas para diversificar los ingresos familiares, conteniendo con ello la migración y logrando detonar procesos productivos que fortalezcan cadenas de valor y comercialización.
Este programa prioriza las áreas perturbadas por incendios, enfermedades, desastres naturales, plagas forestales, suelos degradados o con pérdida de cobertura de vegetación. Se propuso plantar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. De hecho, al cerrar el sexenio de AMLO ya había rebasado la meta, pues logró abarcar al menos 1.2 millones de hectáreas con más 1400 millones de árboles frutales y maderables. Hoy por hoy, es el programa más grande de reforestación en el mundo desde una perspectiva agroforestal.
Cada campesino(a) que participa en Sembrando Vida, trabaja en 2.5 hectáreas, donde establece dos tipos de parcela: a) Sistemas Agroforestales (SAF), que incluyen frutales y maderables con manejo agroecológico y b) Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF), que se trata fundamentalmente de una milpa agroecológica diversificada.
En la parte organizativa, el programa está estructurado en Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), integradas por 25 personas. Cuentan con prácticas de ahorro, capacitación de campesino a campesino y estrategias de comercialización. Cada CAC cuenta con biofábricas en las que se producen diferentes bioinsumos, así como viveros comunitarios, en los que se reproducen especies nativas.
Actualmente se considera que el impacto ambiental del programa es tal, que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) reporta que Sembrando Vida tiene un potencial de mitigación de 4 millones de toneladas de dióxido de carbono y para 2030 ascenderá a 21 millones.
Otro programa fundamental, poco conocido, es el de Abasto Rural. Opera a través de una red de tiendas comunitarias en todo el país, basadas en la organización popular (asambleas y consejos comunitarios).
Organiza y opera la distribución de productos básicos y complementarios, garantizando el abasto, el precio más bajo, calidad y valor nutritivo, en beneficio de la población que vive en condiciones de marginación y pobreza. Este programa ha beneficiado a 23 millones de personas a través de casi 25 mil tiendas que son abastecidas con más de 4 mil vehículos.
Parte fundamental de la estrategia para el campo tiene que ver con otro programa que, de igual manera, poco se conoce: BIENPESCA. Otorga apoyos a pescadores ribereños por $ 7,500, sin intermediarios, de manera directa.
Este recurso se destina actualmente a más de 200 mil familias que trabajan en el mar. Son principalmente pescadores de camarón y otras especies que saben de la importancia de que estos apoyos lleguen antes de agosto y septiembre, que es cuando se liberan las vedas del crustáceo. Así, tienen tiempo para reparar sus redes y sus embarcaciones sin tener que endeudarse.
Algo inédito en este programa es que no reconoce solo al pescador que sale a marea para la captura. El subsidio llega también a la mujer pescadora o que participa en actividades post-pesca, como el desvicerado, el fileteado o el descarnado de las especies marinas.
Otro componente de la estrategia de desarrollo rural de la 4T es el “Programa de caminos rurales artesanales”, mediante el cual se mejora la accesibilidad e infraestructura carretera a toda la población. Desde que han llegado estos caminos a las comunidades, tienen más posibilidades de sacar a los mercados regionales la producción agropecuaria local. Además, se acortan los tiempos de traslado a los hospitales.
Estos caminos se hacen con fuerza de trabajo local y con ello se fortalecen las economías comunitarias. La importancia de este programa radica también en que busca saldar un rezago histórico en materia de comunicación rural. A la fecha se han construido más de 2 mil kilómetros de caminos pavimentados en 221 caminos de Oaxaca, Guerrero y Sonora.
Todos estos programas han generado cambios importantes en el campo mexicano y así se refleja en múltiples indicadores. Uno de ellos es el que generó la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (2022) del INEGI, la cual reveló que, en el ámbito rural, el ingreso corriente promedio por hogar creció por encima del 30% y entre la población indígena, fue de más del 43%.
Las deudas históricas, los pendientes, las problemáticas persistentes
Si bien podemos advertir avances muy importantes para el rescate al campo mexicano durante el primer gobierno de la Cuarta Transformación, siguen existiendo múltiples problemáticas por atender, la gran mayoría heredadas por los gobiernos neoliberales. Aunque otras devienen de la falta de atención y diálogo con las organizaciones campesinas que legítimamente han externado una serie de demandas sectoriales.
Considero que es correcto el diseño y puesta en marcha de programas generales que atiendan a toda la población que habita en los territorios rurales del país, sin la participación de intermediarios. Pero además de implementar estos programas, sostengo que también es prioritario que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como los distintos niveles de gobierno, no pierdan de vista ni dejen de atender las necesidades y las problemáticas específicas de los distintos sectores sociales del campo mexicano.
En las siguientes líneas abordo precisamente algunas de las principales problemáticas de diversos sectores productivos del campo mexicano, que a su vez corresponden a exigencias y demandas históricas de los sujetos rurales colectivos.
Uno de los sectores que ha sido insistente al señalar que sus demandas no fueron atendidas por el primer gobierno de la 4T, es el cafetalero. México ocupa actualmente el lugar número 11 en producción mundial de café de calidad, con más de 500 mil productores de 15 estados. En ese contexto, Chiapas ocupa el primer lugar, con un 41% del volumen nacional.
Sin embargo, este sector ha sido golpeado en los últimos años debido a varios factores. Uno de ellos corresponde a que en los últimos años ha habido una fuerte afectación productiva por el hongo de la roya, además de la sequía y los efectos del cambio climático. Por otro lado, se han acumulado varios años de precios muy bajos que llevaron a una reducción importante de la producción de café.
Otro factor negativo es que en el consumo nacional sigue prevaleciendo el café soluble de marcas comerciales y no el café de calidad en grano. Por otro lado, han sido fuertes las afectaciones causadas por la presión que ejercen las empresas trasnacionales, que provocan fluctuaciones a la baja en el precio.
Al respecto, las organizaciones cafetaleras han denunciado que las políticas públicas han seguido favoreciendo a empresas como Nestlé y AMSA y no han centrado su apoyo en los pequeños y medianos productores. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) ha exigido al gobierno federal incrementar de 200 mil a 350 mil el número de cafetaleros en los programas Producción para el Bienestar, Sembrando Vida y el Programa Nacional de Fertilizantes.
También ha planteado que se requiere apoyo urgente para la renovación de cafetales envejecidos y afectados por la roya, así como integrar un padrón nacional de cafeticultores, que hasta el momento no existe. Además, se propone fomentar la transición agroecológica en la producción de café para mejorar rendimientos, ingresos, y preservar el medio ambiente, reduciendo el uso de agroquímicos y fomentando los bioinsumos.
Las organizaciones también demandan apoyos para fortalecer la organización colectiva, que permita acceder a mejores mercados, apoyo a infraestructura para despulpe, secado, molido, tostado del café, así como la certificación de su producción orgánica.
Se considera necesario apoyar también a quienes tienen cafetales bajo sombra, por los servicios ambientales que proporcionan, pues estas matas protegen la biodiversidad, el suelo de las cuencas hidrológicas, regulan los microclimas, producen oxígeno y capturan carbono.
Otra demanda es la creación de una Comisión de Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana, que regule importaciones y esquemas de comercialización, garantice precios justos, fomento al consumo y acceso a la comercialización.
Las organizaciones de cafeticultores también exigen la creación de una ley del café que garantice la calidad y la inocuidad, que no permita la mezcla con saborizantes y endulzantes artificiales y que garantice precios justos. Hasta el momento no se ha avanzado en la resolución de estas demandas.
Otro sector que ha exigido atención específica a sus problemáticas es el de los apicultores. En nuestro país, la producción de miel es una actividad importante en el medio rural, pues hay alrededor de 10 mil 800 productores y 409 mil colmenas.
La apicultura depende claramente de la salud de los ecosistemas. Sin embargo, existe un fuerte impacto negativo en la producción apícola por la presencia de megagranjas porcícolas y avícolas, la deforestación masiva para monocultivos, la introducción de transgénicos y el uso de agrotóxicos.
Debido a ello existe una fuerte exigencia social para la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos para las abejas, pues estas prácticas son las principales causantes de la intoxicación y muerte masiva de las colmenas. También se demanda que la apicultura sea considerada como una labor independiente al sector ganadero y que se reconozca su valor real como una actividad primaria, prioritaria para la conservación de los ecosistemas. Además, hay una fuerte exigencia para que se apruebe una Ley de Fomento y Protección a la Apicultura y a la Meliponicultura, así como normas oficiales para regular la aplicación de fumigaciones aéreas.
Así como en otros países, también en México los apicultores se han manifestado contra la competencia desleal de la miel china. En virtud de ello se reclama un etiquetado para la miel, que indique el país de origen y el porcentaje de azúcar que contiene. Los apicultores también demandan precios justos, así como la promoción al consumo de miel nacional orgánica, actualizar el censo nacional de productores apícolas, ampliar la venta directa al programa “Alimentación para el Bienestar”, así como promover su consumo en escuelas y en la canasta básica. Hasta el momento, estas demandas no han sido atendidas.
Con respecto a la actividad ganadera, también persisten numerosas problemáticas sin atender. En nuestro país se destinan alrededor de 109.8 millones de hectáreas a la ganadería, por lo que ocupa el lugar 11 a nivel mundial en esta rama de la economía.
Se estima que 842 mil personas alimentan y cuidan al hato ganadero, por lo que la ganadería aporta el 39.7% al Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario. Por ejemplo, nuestro país produce cerca de 4 millones de toneladas de pollo, 3 millones de toneladas de huevo, 2.2 millones de toneladas de carne de res y 1.7 millones de toneladas de carne de cerdo, 100,000 toneladas de carne de ovinos y caprinos y 13,000 millones de litros de leche al año. Esta producción satisface el 80% de la demanda de proteína animal que México consume.
Es importante advertir que la demanda y la producción mundial de productos ganaderos están aumentando rápidamente, debido al crecimiento de la población, al aumento de los ingresos y los cambios en el estilo de vida y en las dietas.
Por otro lado, los sistemas ganaderos tienen un impacto significativo en el medio ambiente, incluidos el aire, la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad. El problema fundamental de la expansión ganadera, además de la destrucción de los hábitats naturales, es el sobrepastoreo y el agotamiento de los pastizales. El sector tiene el reto de disminuir las huellas de carbono e hídrica, así como transitar hacia sistemas agrosilvopastoriles sustentables.
Por su parte, el sector ganadero, agrupado en la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), ha exigido reiteradamente a las autoridades federales que vigilen las normas sanitarias de la carne importada, con el objeto de prevenir brotes de enfermedades y la competencia desleal.
Con respecto a la pesca, es importante reconocer de inicio queMéxico es una de las naciones con mayor extensión de litoral en América Latina, pues cuenta con 11,122 kilómetros de franja costera. Posee 2,500,000 hectáreas de aguas interiores, lo que incluye ríos, arroyos, lagos, lagunas, esteros y presas. Tenemos acceso al mar por medio de dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, lo que se traduce en una gran riqueza de pescados y mariscos, que contribuyen y pueden seguir contribuyendo a la seguridad alimentaria de su población. En ambos litorales se capturan casi 700 especies con fines comerciales y nuestro país aporta el 2.2 por ciento de la producción mundial pesquera.
A pesar de contar con tantos kilómetros de litoral y de obtener año con año una variada oferta de productos marítimos que ronda los dos millones de toneladas, el consumo de pescados y mariscos se encuentra muy por debajo del promedio mundial y las condiciones de vida de los pescadores ribereños son de alta precariedad.
Organizaciones pesqueras como cooperativas y federaciones de cooperativas han venido planteando desde hace años, una serie de exigencias y propuestas para recuperar la viabilidad de la pesca ribereña, pero lamentablemente no han sido tomadas en cuenta por los diferentes niveles de gobierno ni por el poder legislativo. Entre ellas, podemos mencionar las siguientes:
- iniciar y potenciar un proceso de revitalización de las organizaciones pesqueras;
- garantizar un mayor financiamiento para infraestructura pesquera y acuícola, así como impulsar la modernización de la flota pesquera nacional;
- actualizar la Ley de Pesca y Acuacultura Responsables (LGPAS), así como aprobar su reglamento;
- implementar un programa para la restauración ecológica de esteros, bahías, marismas y humedales degradados;
- establecer áreas de pesca exclusivas para los pescadores locales, así como reservas o refugios pesqueros en consenso con los pescadores;
- fortalecer las acciones de vigilancia para de erradicar la pesca furtiva e ilegal;
- fortalecer y democratizar los consejos estatales de pesca y acuacultura, así como los comités de pesca locales;
- facilitar los permisos de captura para los pescadores que aún no han logrado acceder a ellos;
- implementar ordenamientos pesqueros locales y regionales, con normas de acceso a los recursos marinos;
- realizar un Censo Nacional Pesquero y Acuícola y
- reconocer derechos de pueblos indígenas y de las mujeres en la legislación pesquera.
Hasta ahora, el avance en la resolución de estas demandas históricas ha sido incipiente, pues la pesca sigue siendo una actividad poco reconocida tanto en su dimensión cultural y económica, pero también en su aporte a la autosuficiencia alimentaria nacional.
Un sector rural con el que nuestro país tiene la mayor deuda histórica sin duda es el de los jornaleros y jornaleras agrícolas, que suman aproximadamente 2.5 millones de personas. Como es sabido, laboran en complejos agroindustriales para la producción de hortalizas, granos, berries, tabaco, caña, entre muchos otros cultivos. La cifra se extiende a casi 9 millones si consideramos a sus familias, que suelen migrar con los jornaleros.
Un 43% pertenece a pueblos indígenas y se calcula que un 42% recibe menos de un salario mínimo. Mayoritariamente viajan desde el sureste a estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, etc.
Sus condiciones de trabajo son adversas, pues no tienen certeza laboral. Realizan jornadas extenuantes de más de 40 horas a la semana y viven en condiciones de super explotación de la fuerza de trabajo. Trabajan sin contrato, sin prestaciones y con muy bajos salarios.
Experimentan largos traslados en condiciones inseguras y enfrentan tratos discriminatorios y diversas formas de violencia. En los campos de cultivo viven en precarias condiciones de salud e higiene: hay hacinamiento y mala alimentación, así como exposición constante a diversos agrotóxicos y carecen de acceso a servicios médicos básicos.
En los campos agrícolas en los que trabajan jornaleros y jornaleras, existe el trabajo infantil y se ha documentado que niños y niñas jornaleras no tienen acceso a la educación. Se han registrado casos extremos de explotación, como el de las familias jornaleras que trabajan en la caña o las infancias que laboran en el corte de tabaco en Nayarit
Debido a estas condiciones tan adversas, jornaleros y jornaleras se han movilizado fuertemente para luchar por sus derechos desde 2014. No olvidemos que este sector nunca paró de trabajar durante la pandemia COVID-19. Gracias a su trabajo, no hubo desabasto de alimentos, aunque muchas personas jornaleras se contagiaron y enfermaron.
Un avance importante en el gobierno de AMLO consistió en que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) estableció por primera vez en la historia un salario base para este sector. Sin embargo, algo que las organizaciones de jornaleros y jornaleras consideran como prioritario es que exista un programa social focalizado en la población jornalera, que sin duda es la más precarizada del campo mexicano. Si existiese, este programa debería tener al menos los siguientes componentes: a) brindar asesoría laboral y legal a las familias jornaleras cuando se violan sus derechos; b) garantizar atención médica en los campos agrícolas; c) garantizar educación con pertinencia cultural a las infancias jornaleras y d) garantizar estancias infantiles y albergues a las familias jornaleras pues, aunque ya existen algunos construidos, son elefantes blancos.
Al igual que en los casos anteriores, estas demandas no han sido atendidas.
Algunas propuestas hacia el futuro inmediato
Consideramos que además de atender las demandas y problemáticas específicas de los diversos sectores rurales que se enunciaron en el anterior apartado, son prioritarias una serie de acciones, medidas, proyectos y programas que, al ser parte de las políticas públicas en la segunda etapa de la Cuarta Transformación, contribuyan a garantizar el acceso a la justicia y a mejores condiciones de vida para las personas que viven en el campo.
En el ámbito de la justicia agraria, es necesaria una nueva legislación que no busque privatizar y abrir al ejido al mercado de tierras, que garantice que la propiedad social de la tierra siga siendo inalienable, imprescriptible e intransferible, y que coloque a las instituciones agrarias al servicio de la propiedad social (Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria y Tribunales Agrarios).
También es fundamental fortalecer a los núcleos agrarios, sobre todo la participación social en las asambleas, el acceso de las mujeres a la tierra en ejidos y comunidades agrarias, así como reconocer sus derechos. Es prioritario crear un Programa Nacional de Regularización de la Tenencia de la tierra en los núcleos agrarios, así como la actualización del padrón agrario nacional, impulsar el relevo generacional en las estructuras de representación agraria y garantizar indemnizaciones justas a ejidos y comunidades afectadas por expropiaciones a causa de obras de utilidad pública, como presas, carreteras, autopistas, aeropuertos, ductos de gas, electricidad y otras.
En el ámbito de la producción, es importante la creación de una Ley de Transición Agroecológica y Producción para el Autoconsumo, de una Estrategia Nacional de Transición Agroecológica, la reactivación de una Empresa Nacional de Semillas y de una institución nacional de crédito y financiamiento rural.
Es necesario seguir apoyando a pequeños, aunque también a medianos y grandes productores agroindustriales, pero buscando una reorientación hacia una producción más sostenible y un sistema laboral más justo para sus trabajadores.
Otra estrategia de apoyo directo sería la puesta en marcha de un sistema nacional gubernamental de compras a productores agroecológicos para el abasto de instituciones públicas (ejército, escuelas, hospitales, universidades, etc.), así como fortalecer a nivel nacional las diferentes experiencias de manejo forestal comunitario.
Sigue siendo prioritaria la defensa y protección de los agroecosistemas mexicanos, es decir, continuar con la prohibición del cultivo comercial y experimental de maíz transgénico, así como fomentar la producción de maíces nativos. También, continuar con la estrategia de sustitución progresiva de glifosato por bioinsumos y expandirla a otros agrotóxicos, así como proteger al sistema milpa y a otros agroecosistemas tradicionales, fomentando la adopción de la Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF) y los Sistemas Agroforestales (SAF).
Para que el campo mexicano siga teniendo viabilidad y expectativas de futuro, es urgente promover el relevo generacional, destinando recursos para fomentar la participación de los y las jóvenes en las actividades agrícolas, así como ampliar el reconocimiento de los derechos agrarios, políticos, culturales, sociales y productivos de las mujeres rurales.
Contrario a la política de negarse al dialogo por parte del gobierno, sostengo que es necesario diseñar y ejecutar las políticas públicas en coordinación con las organizaciones campesinas, indígenas y pesqueras que trabajan de forma no clientelar.
A nivel legislativo también es prioritario desmontar progresivamente el andamiaje jurídico creado por el régimen neoliberal, pues siguen vigentes las leyes de aguas, pesca, agraria, de equilibrio ecológico, de bioseguridad, de hidrocarburos, entre muchas otras que han facilitado el despojo y la privatización en el campo. Por otro lado, es de suma importancia crear nuevas leyes específicas para fortalecer y fomentar actividades rurales como la silvicultura comunitaria, la apicultura y la cafeticultura, entre otras.
Respecto a los Programas de Bienestar, es necesario reorientar, fortalecer y expandir programas exitosos como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Bienpesca, Caminos Rurales, Precios de Garantía y Abasto Rural, entre otros. Se debe crear una estrategia nacional de financiamiento rural para fortalecer la producción campesina, así como una estrategia nacional de comercialización rural, con precios justos. Estos programas deben crecer presupuestalmente, llegar a todas las comunidades, sobre todo a las más apartadas, además de que deben incluir a sujetos sociales que hasta el momento no han sido beneficiados.
La creación de una secretaría de Estado en temas de ciencia y tecnología abre grandes posibilidades para la creación de una estrategia nacional de investigación científica orientada al desarrollo rural, que articule los esfuerzos que actualmente están dispersos en diferentes universidades y centros de investigación como el Colegio de Posgraduados, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Antonio Narro, así como las universidades estatales y los tecnológicos. El nuevo paradigma del desarrollo rural en la segunda etapa de la Cuarta Transformación requiere de la incorporación de paradigmas dialógicos, participativos, que reconozca los aportes de los saberes y los conocimientos campesinos e indígenas en el manejo de los bienes comunes y en la producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal.
Finalmente, un tema doloroso, de suma urgencia, es la pacificación de los territorios rurales. Al respecto, organizaciones campesinas han señalado que la estrategia de seguridad y pacificación en el campo no puede operar de la misma manera que en contextos urbanos. Se debe buscar la articulación entre Guardia Nacional y las autoridades comunitarias, agrarias y tradicionales. Además, es urgente atender el Desplazamiento Forzado Interno Rural (DFIR), pues se estima que de las casi 400 mil personas que han sido desplazadas por la violencia, el 87.5 % proviene de comunidades rurales.
Los avances para el campo a partir del primer gobierno de la 4T han sido importantes, pero aun es mucho lo que falta por resolver. En los caminos que aun quedan por transitar, la voz de las organizaciones rurales es fundamental, pues ya cuentan con diagnósticos y propuestas para formular y ejecutar políticas públicas estratégicas con viabilidad técnica, ambiental, social, cultural y económica. Un gobierno que se dice cercano a las necesidades sociales, no debe renunciar al diálogo con el pueblo organizado.