René Torres-Ruiz1
Lo primero a lo que hemos de renunciar es, pues,
a cualquier noción del progreso lineal
y global de la humanidad […]
Žižek (2025, p. 14)
Ideas iniciales
Después de un largo proceso de transición a la democracia electoral que duró aproximadamente treinta años, México se ha embarcado a partir de 2018 en una etapa distinta de transformación política. Esta refiere a componentes de una democracia más sustantiva, robusta, donde los gobiernos de la República emanados de la llamada Cuarta Transformación (4T) están preocupados y ocupados por atender los derechos de ciudadanía de forma integral, poniendo énfasis en el reconocimiento y atención de los derechos sociales y económicos de la población, prestando particular atención a los sectores que han sido, durante largos periodos y de manera recurrente, los más vulnerados, discriminados y olvidados por parte de los poderes político y económico.
Durante la llamada transición democrática, que se dio como una exigencia del proceso de instalación del Estado neoliberal y el desmontaje del Estado interventor, amplios sectores sociales en México padecieron escasez de empleo y paupérrimos salarios a cambio de su fuerza de trabajo (lo que se conoce como precariedad laboral), una estructura sanitaria de pésima calidad y privatizada en muchos rubros, un deterioro paulatino y profundo del sector educativo público, y una seguridad social estropeada durante la larga noche neoliberal a consecuencia de las fallidas políticas económicas que priorizaron la privatización y la desregulación estatal, así como el alejamiento del Estado del sector público, lo que propició que perdiera responsabilidades frente a la ciudadanía. Todo ello tuvo efectos altamente nocivos sobre la calidad de vida de las personas.
Estos sectores a los que aludo, y que en México constituyen una gran mayoría, sufrieron en el transcurso de la “época neoliberal” indignas condiciones de vida que los llevaron en distintos momentos y con diversas intensidades a manifestar su descontento frente a un régimen político encabezado, mayoritariamente, por dos partidos conservadores: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). En lo fundamental, estos se olvidaron de gobernar para el pueblo y se enfocaron en hacerlo para las élites, para las minorías y los grupos privilegiados. Las características propias de las administraciones priistas y panistas eran los excesos, la corrupción, el despilfarro, las componendas con el crimen organizado. Este fenómeno permitió la perpetuación en el poder político de determinados individuos o grupos (generalmente pertenecientes a una misma clase social o al servicio de la clase capitalista dominante), y ello desembocó en una especie de democracia oligárquica, cleptocrática, plutocrática, en la que las élites económicas y políticas, en efecto, controlaban el aparato estatal y los mecanismos de acceso y distribución del poder. También, mediante el apoyo de lo que Gramsci (1967) identificó como intelectuales o pensadores orgánicos2, estos sectores dominantes ocupaban los espacios desde donde se construye y difunde ampliamente la narrativa pública de una sociedad: los medios tradicionales de comunicación.
Parapetados en esos sitios de privilegio, estos individuos dictaban cátedra y le decían a la sociedad mexicana cómo era la realidad, hacia dónde se dirigía el país (o debiera encaminarse), con qué ritmo (a partir de los compases marcados por el neoliberalismo, al que había que atender disciplinadamente para acceder al primer mundo), y evaluaban al mismo tiempo si el gobierno lo estaba haciendo bien o mal. Estas peroratas mediáticas que se desplegaban con gran soltura al amparo del poder inundaban los hogares y marcaban, en su gran mayoría, la tónica de la discusión pública, todo lo cual implicaba que esos intelectuales orgánicos construían la trama nacional, posicionando personajes o destruyéndoles, colando discursos convenientes y analizando eventos que ellos valoraban o censuraban según las conveniencias o los ánimos de los “auténticos centros de poder”. Desde luego, como es fácil suponer, todo esto lo hacían forzando la narrativa, manipulando los acontecimientos y sin necesidad de dar explicaciones a la amplia ciudadanía. Por el contrario, los merolicos mediáticos creían que los obligados a dar explicaciones eran los disidentes y la oposición por la discordia social que generaban, por su malestar, por no aceptar de buena gana la realidad neoliberal. Quisieron que el pueblo se convirtiera en cordero, abduciéndole su poder soberano. En parte lo lograron, en parte no. Las afectaciones, sin duda, fueron severas y aún hay secuelas de todo ello.
La responsabilidad neoliberal: el olvido de lo social
La razón fundamental para que el proceso de transición a la democracia haya resultado de este modo en México responde a distintos factores, a causas concurrentes: 1) a la presencia y propagación de políticos que son prófugos del pensamiento democrático y mitómanos seriales, 2) a la prevalencia de los intereses aviesos que dominan a las élites en el poder, que ejercen sus mandatos bajo el manto neoliberal, 3) a que los capitalistas son inescrupulosos y sólo ven, con las obtusas anteojeras que usan, lo inmediato, el camino frente a ellos, su puro beneficio; y además defienden la idea de un crecimiento ilimitado y un enriquecimiento sin fronteras; y 4) a la proliferación y dominio de la idea del individualismo y la consecuente pérdida del enfoque comunitario, grupal, donde el apoyo mutuo y la construcción de la solidaridad social se destruyen y se denigran (Torres-Ruiz, 2025, p. 315; Spade, 2022). Con ello, se olvida la reciprocidad, las necesarias ayudas mutuas que las personas requerimos para vivir. Se deja de lado que debemos prestar atención a los dictados de la razón y la dignidad humana, pensando y privilegiando el bien común. En todo esto hay una premisa que no debemos olvidar: hoy los que sufren son los otros, mañana podemos ser nosotros. Incluso, por sentido común (aceptando nuestra frágil naturaleza), conviene asociarnos, respetarnos y reconocernos.
No obstante, las tecnocracias mundiales que arribaron a los gobiernos de varios confines del mundo hacia finales de los años setenta y en los ochenta, se olvidan de esto. En su atmósfera vital el bienestar de las personas, como diría el gran Arturo de Córdova, “no tiene la menor importancia”, y para operar e instrumentar el modelo de desarrollo neoliberal gobiernan adoptando el capitalismo como religión, con el dinero como Dios (Benjamin, 1996). Todo eso se ha traducido en enormes perjuicios para el planeta, para la sociedad global, destruyendo por igual tejidos atmosféricos y sociales.
Es en este marco donde se inserta lo ocurrido en México durante los últimos decenios. De este modo, gracias a una serie de reformas que fueron afinando las leyes comiciales y sus instituciones, se dio la democratización en México, que ciertamente protegió los derechos políticos básicos, trayendo consigo mayor competencia político-partidista y permitiendo que las elecciones dieran un vuelco frente a lo que habían representado durante el periodo del partido hegemónico. Los comicios, durante la transición, se convirtieron en un dispositivo que ayudó a procesar las diferentes posiciones políticas e ideológicas, y reconoció e incorporó a la vida política cierta pluralidad. Pero, a la par de esto que vengo diciendo, la democracia liberal-representativa-electoral (la realmente existente, como diría Dahl), que se edificó en el país con el correr del tiempo, terminó imponiéndose y logró establecer un orden en favor de unos cuantos con la promesa de incorporar a todos. Esto sucedió así porque el neoliberalismo convirtió “el concepto de democracia en un significante vacío” (Brown, 2010, p. 59). En México y en los países que fueron orillados a adoptar este modelo de desarrollo ha sucedido más o menos lo mismo, con tramas diferenciadas, pero la esencia se parece mucho.
En el mundo contemporáneo, en incontables rincones del globo, las ciudadanías se ven avasalladas y acorraladas por el neoliberalismo, por esa economía extrovertida que no reconoce límites, por la hýbris neoliberal caracterizada por la desmesura y la arrogancia capitalista (Torres-Ruiz, 2025, p. 191) que pone en el centro al libre mercado sin restricciones, que no contempla la condición íntima y sustantiva de los ciudadanos; es decir, por un modelo de desarrollo que desprecia los derechos socioeconómicos que son (o debieran serlo) el fundamento para el ejercicio integral de los derechos de ciudadanía y, a su vez, la base para la construcción y buen desarrollo de un sistema político democrático. En este sentido, Steenbergen señala:
Los principios liberales se formulan generalmente de manera negativa, en términos de libertad “de” (principalmente de la intervención estatal), mientras que los derechos sociales se formulan de manera positiva; implican un Estado activo e incluso intervencionista. Estos derechos sociales están destinados a dar una base material al estatus formal de la ciudadanía. Se garantiza un cierto nivel de bienestar material, que permite al ciudadano ejercer sus derechos a la plena participación en la comunidad. (Steenbergen, 1994, p. 3)
Pero esta perspectiva ha sido ignorada. En las últimas cuatro décadas destacó un discurso contrario a los derechos sociales llevándoles a un profundo descrédito (Sembler, 2023, p. 2). Y no sólo eso, sino que la idea de “ciudadanía social” de la que habla Castel (2004) fue puesta en entredicho; esa idea que surge primeramente con Marshall (1998) como una forma de compensar o mitigar las asimetrías e injusticias generadas por el capitalismo entre las clases sociales. El paradigma marshalliano, en lo correspondiente a la ciudadanía, sirvió de sostén a los sistemas de bienestar construidos durante la posguerra. No obstante, con posterioridad a este periodo, los derechos sociales resultaron duramente cuestionados por las cargas económicas que suponían para los Estados, y por sus propios fundamentos que eran vistos —bajo la mirada neoliberal— como problemáticos o carentes de una justificación normativa convincente y sólida (Sembler, 2023, p. 2).
Por estas razones las democracias actuales están siendo subvertidas, se han convertido en formas de gobierno vacías, porque las y los ciudadanos no pueden, en efecto, ejercer a plenitud sus derechos y, como resultado de ello, se ven envueltos en la pobreza, la desigualdad, la discriminación y el olvido. Al no existir la igualdad social en las comunidades políticas de nuestros tiempos, tampoco existen la igualdad política ni la libertad (o esta última se ve gravemente constreñida), y al no estar presentes estos valores en la realidad social, no puede haber democracias que, históricamente, se sustentan en estos dos principios. Además, el ciudadano común y corriente deja de ser, en esta “cruda realidad”, el sujeto soberano al depender casi en su totalidad de las decisiones de los expertos en economía (disciplina dominante durante el neoliberalismo), y que toman las decisiones no en función de lo social, sino de los intereses del mercado. Es la política de la tecnificación. Así, la democracia camina tambaleante, o peor aún, se diluye, porque los ciudadanos no pueden participar y aparecer en el espacio público para convertirse en actores de primer orden y tomar decisiones, al fin y al cabo esa es la democracia y ese es su principio fundante. A esto ya se había referido Bobbio, con detalle y sin ambigüedades, cuando hablaba de las promesas incumplidas de la democracia (Bobbio, 1999, pp. 41-42).
El México de la postransición: el viraje a la izquierda
Las discusiones expuestas en las líneas precedentes se han materializado en México de distintas maneras. Una de ellas es que la era neoliberal prosperó en los años ochenta y noventa, consolidándose con los gobiernos panistas de los años dos mil y caracterizándose por políticas económicas basadas en los principios del libre mercado, lo cual representó el auténtico motor del cambio, pero no a la democracia representativa como tanto se decía. Y no fue un motor que empujara el bienestar social. Por el contrario, sumió a buena parte de la población en la pobreza, la desigualdad y el desamparo. Y esta afirmación no es mera retórica: las cifras consignadas en estudios serios la respaldan.
En este nuevo panorama del neoliberalismo globalizado, la democracia estuvo siempre supeditada a las reformas económicas estructurales que consistían en la desregulación del sector bancario, la reforma fiscal, liberalización del comercio, privatización de las empresas estatales, libre flotación de la moneda, privatización de las tierras agrícolas, “combate a la pobreza” y el impulso de la “democratización” (Torres-Ruiz, 2025, pp. 129-130). Para decirlo en términos muy claros, lo que ocurrió en esos años fue que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional exigían “la estabilización macroeconómica” (la aplicación del nuevo modelo económico mediante las reformas estructurales) a los países que quisieran obtener créditos o la renegociación de su deuda externa con estos organismos multinacionales.
Estas reformas, que no eran un simple quid pro quo, exigían la democratización como lema del libre mercado. De modo que todos los países que necesitaran préstamos o fondos de ayuda del Banco Mundial, debían impulsar procesos de buen gobierno (ser transparentes, rendir cuentas, salvaguardar los derechos humanos) y fortalecer (o crear) las estructuras institucionales y normativas encargadas de proteger esos ámbitos y difundirlos ampliamente entre la ciudadanía para que los asumieran, efectivamente, como el arribo de la democracia a su comunidad política. En añadidura, los gobiernos que quisieran ser respaldados financieramente por los organismos transnacionales debían hacer posible la celebración de elecciones multipartidistas, con un juez imparcial, donde el voto contara y fuera una realidad universal (Chossudovsky, 2013, p. 72). Y así fue: México y otros países adoptaron el libre mercado como modelo y, en paralelo, cristalizaron la democracia representativa, que no es otra cosa —tal como ha sido aplicada en la realidad—, que el parapeto del capitalismo, una democracia electoral (mínima) que se ha erigido en defensora del libre mercado. Por esta razón es por lo que Badiou (2002, p. 14) nos advierte que “hoy el enemigo no se llama Imperio o Capital. Se llama democracia”. Esa democracia sin sensibilidad social que, según Held, logró imponerse históricamente a otros modelos democráticos porque resultaba “‘inofensiva’ para el mundo moderno y, en particular, para la economía capitalista moderna” (Held, 1997, p. 95).
Es cierto que este paradigma llevó a México a transitar a la democracia representativa, y fue condición para que se dieran alternancias en la presidencia de la República que abrieron un nuevo capítulo político e institucional en el país, fundamentalmente en materia electoral, con un conjunto de partidos políticos haciendo presencia en el escenario político nacional y local (en municipios y gubernaturas). Se ganaron espacios de representación en los congresos estatales y en el Congreso de la Unión, pero la democracia que se erigió en México nunca fue robusta ni capaz de atender demandas y necesidades de los sectores populares. A pesar de la pluralidad partidista y la disputa continua en materia electoral, la realidad nunca desembocó en la construcción de un país más próspero y con una capacidad de distribuir equitativamente la riqueza entre los diversos sectores sociales. La sociedad que se construyó como resultado de la transición no derivó en un país más justo socialmente hablando. Lo que se construyó fue un sistema electoral y de partidos sólido, una estructura institucional en materia electoral confiable, un voto popular que se contaba y se contaba bien, alternancias gubernamentales en los distintos niveles de responsabilidad, mayorías de un partido y de otro en los congresos estatales, y un Congreso federal dividido. Pero hay que decirlo: una democracia electoral representativa no es sinónimo —no lo fue en México y no lo será— de un proceso de construcción democrática en un sentido social.
La idea de una democracia sustantiva y mucho más robusta capaz de ampliar la participación en el espacio público e incrementar la presencia ciudadana en los procesos de toma de decisiones, en la apropiación de las instituciones estatales por parte de la ciudadanía, en el reconocimiento y defensa de sus derechos, no pasa sólo por la celebración de elecciones y el voto popular. No. Para que una democracia sea radical (regrese a sus orígenes) se requiere de un Estado comprometido con la ciudadanía, con la inclusión, que muestre una capacidad más receptiva frente a la complejidad y heterogeneidad de la condición humana.
Implementar sólo un método que permite periódicamente a la ciudadanía elegir a sus representantes, que serán quienes tomen las decisiones de afectación general, decisiones que muchas veces estarán alejadas de las necesidades y demandas de amplios segmentos sociales, ya no es suficiente en la actualidad. La realidad nos lo dice firme y contundentemente. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las cosas la clase política no parece entender lo que verdaderamente está sucediendo. Como dice Sandel (2020, p. 22), es alarmante “[…] que los partidos y los políticos tradicionales comprendan tan poco y tan mal el descontento que está agitando las aguas de la política en todo el mundo”. Gracias a ello podemos explicar, en parte, por qué hoy en día se presenta una crisis de representación tan acentuada que compromete la gobernabilidad. Un momento difícil en que se combinan dos aspectos de una misma realidad: gobernados rebeldes y gobernantes impotentes. Y en ese cruce en el que “los de abajo ya no quieren y los de arriba ya no pueden continuar viviendo del mismo modo”, es cuando se produce una crisis gubernamental. Es el momento en que se aprecia que la sociedad es ingobernable, y no lo es en sí, sino “ingobernable de la manera en que se la quiere gobernar actualmente” (Chamayou, 2022, pp. 7-9). Es lo que Gramsci (2010) denominaba “crisis orgánica”.
La gente en México, y en buena parte de la geografía planetaria, ya no quiere más neoliberalismo, y no lo quiere porque devastó a las sociedades, generó violencia, profundas desigualdades, situaciones humillantes de pobreza y exclusión, millones de seres humanos en malestar, odio, encono, enojo, rivalidades y rencillas propias de individuos que están, injustamente, alojados en las periferias del sistema, condenados a ser parias de la modernidad y agraviados en su dignidad (Torres-Ruiz, 2025, p. 299). Los grupos dominantes del capitalismo salvaje son los responsables de haber generado esta cultura de la desesperanza, como la llama Hinkelammert, que es aquella cultura antipopular, que convoca al “heroísmo del suicidio colectivo”, a la negación absoluta de la vida de los excluidos y marginados. Esta cultura es la que los poderosos quisieron hacer prevalecer, promoviendo, en efecto, la desesperanza entre los sectores populares y causando anomia, deshaciendo lazos y relaciones humanas, alentando el crimen (Hinkelammert, 1995, pp. 126-128). Sin embargo, esta narrativa neoliberal no ha prosperado del todo. Tampoco la cultura política en torno al mando, las decisiones y el control institucional. Estas narrativas las han perdido las élites económicas y políticas en México (no en el mundo). Han perdido también el respaldo de las mayorías, y en esa pérdida comenzó a morir el viejo régimen, pero como decía Gramsci, lo nuevo tarda en nacer. Los nuevos acuerdos, las nuevas institucionalidades y las maneras distintas de organizarse y pensar la comunidad política, tardan en llegar, pero en México esto ya comenzó en 2018, para poner una fecha.
Fue en ese momento de quiebre en que la mayoría del electorado nacional salió a las calles y votó por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Un político de izquierda (denominación ideológica que se le puede adjudicar por su compromiso con la igualdad social como principio rector del ejercicio del poder gubernamental), que prometió mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Su lema: “Por el bien de todos, primero los pobres”, generó esperanza. El mensaje parecía sencillo, poco elaborado según sus críticos, pero resultó revolucionario. Algo que permite entender por qué la izquierda gobierna hoy México, y lo hace con holgura, es que AMLO le cumplió a sus electores (algo curioso en estos tiempos). El político tabasqueño sacó de la pobreza, de acuerdo con datos del Banco Mundial, a once millones de personas. Un logro que fue posible gracias a los programas de bienestar, a los históricos aumentos salariales, a la generación de empleos y a la inversión en infraestructura. El Banco Mundial, organización que no comparte la misma visión del mundo con la 4T, reconoció que esta cifra referente a la reducción de la pobreza es la mayor registrada en todo el continente americano durante los años recientes.
En este momento los derechos socioeconómicos en México gozan de un amplio reconocimiento y de buenas condiciones legales e institucionales para ejercerse. La justicia social llegó a México con la 4T en medio de un mundo altamente desigual, disfuncional e injusto, y eso ha calado hondo entre la población. Los tecnócratas aún no lo comprenden, o no lo quieren aceptar, pero es claro que contar con un sistema de salud digno, mejor educación (o en vías de), mejores salarios, oportunidades de empleo, etcétera, ha generado un cambio en la percepción de la ciudadanía respecto al gobierno. Hoy se siente vista y atendida, advierte que los gobiernos trabajan para buscar su bienestar. Ello hace la diferencia respecto a lo que se aprecia en el escenario internacional. Además puede tener un impacto favorable en el cambio político y social de una determinada comunidad, en este caso la mexicana.
Palabras finales
Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México y sucesora de AMLO, es representante y continuadora del proyecto de la 4T y tiene un amplio respaldo popular cifrado en el 75 u 80% de aceptación. Una aprobación que habla de que los modelos políticos y de desarrollo impulsados por estos nuevos gobiernos experimentan un apoyo sólido por parte de un sector mayoritario de la sociedad. Mientras tanto, tenemos a una oposición endeble, una oposición tanto partidista como social, que no termina bien a bien de saber cómo reaccionar ante una andanada de transformaciones encabezadas por la 4T. A estas alturas es todavía difícil saber en dónde desembocará este proceso de cambio que el país está experimentando, pero los resultados hasta ahora son alentadores, sobre todo en lo relativo al nuevo modelo de desarrollo que ha puesto el acento en los derechos socioeconómicos y en impulsar la construcción de una sociedad más equitativa, incluyente y próspera.
Aún hacen falta muchas cosas: políticas públicas por mejorar, programas por incorporar y pulir, construir mejores partidos políticos, abrir mayores y mejores espacios de participación ciudadana; resolver grandes problemas nacionales como la violencia generalizada en la sociedad, el crecimiento desmedido y descontrolado del crimen organizado y el narco; la correcta y justa atención del fenómeno migratorio, una mejor atención de los derechos humanos, la plena aceptación de la pluralidad social, etcétera. Pero construyendo justicia social se puede también construir una mejor sociedad. Es ahí, pienso, donde están los cimientos de cualquier comunidad humana.
Referencias consultadas
Badiou, A. (2005). Circunstancias. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
Benjamin, Walter (1996), “Capitalism as religion”, en Benjamin, Walter. Selected Writings 1913-1926. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bobbio, Norberto (1999). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
Brown, Wendy (2010). “Ahora todos somos demócratas”, en Democracia en suspenso. Madrid: Ediciones Casus-Belli.
Castel, Robert (2004). La inseguridad social: ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires: Manantial.
Chamayou, Grégoire (2022). La sociedad ingobernable. Una genealogía del liberalismo autoritario. Madrid: Ediciones Akal.
Chossudovsky, Michel (2013). Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial. México: Siglo XXI Editores/Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM.
Cortés, Fernando; Hernández, Daniel; Hernández, Enrique; Székely, Miguel; Vera, Hadid (2003). “Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX”. Economía Mexicana, Nueva Época, 12(2), pp. 295-325.
Gramsci, Antonio (1967). La formación de los intelectuales. México: Grijalbo.
Gramsci, Antonio (2010). “Oleada de materialismo y crisis de autoridad”, en Antonio Gramsci. Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. México: Siglo XXI Editores.
Held, David (1997). La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita. Barcelona: Paidós.
Hinkelammert, Franz J. (1995). Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión. Costa Rica: DEI/Editorial Caminos.
Marshall, Thomas H. (1998). Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza Editorial.
Millan, Christian R.; Mario Camberos C. y Joaquín Bracamontes N. (2020). “Crecimiento económico, desigualdad y pobreza en México en el siglo XXI: ¿crecimiento pro-poor? Oikos Polis, Revista latinoamericana de Ciencias Económicas y Sociales, julio-diciembre, 5(2), pp. 97-135.
Paz, Octavio (2003). El laberinto de la soledad. Madrid: Ediciones Cátedra.
Sandel, Michael (2020). La tiranía del mérito: ¿Qué ha sido del bien común? Barcelona: Penguin Random House. [Edición Kindle].
Sembler, Camilo (2023). “Los derechos sociales en la perspectiva del reconocimiento Social”. Perfiles latinoamericanos, 31(62), pp. 1-24. DOI: dx.doi.org/10.18504/pl3162-012-2023.
Spade, Dean (2022). Apoyo mutuo. Construir solidaridad en sociedades en crisis. Madrid: Traficantes de sueños.
Torres-Ruiz, René (2025). La eclosión democrática. Una crítica a la democracia liberal en tiempos de globalización y neoliberalismo. Buenos Aires: Prometeo/Universidad Iberoamericana.
Van Steenbergen, Bart (ed.) (1994). The Condition of Citizenship. Londres: SAGE Publications.
Žižek, Slavoj (2025). Contra el progreso. Barcelona: Paidós.
- Doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor-investigador en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, Nivel II, en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Sus principales líneas de investigación se vinculan con la vida política en México; democracia y ciudadanía; movilización social, cambio político y participación; democracia, neoliberalismo y globalización; así como partidos políticos y sistema electoral. Su libro más reciente es: La eclosión democrática. Una crítica a la democracia liberal en tiempos de globalización y neoliberalismo. Buenos Aires: Prometeo, 2025. Correo electrónico: rene.torres@ibero.mx. ↩︎
- La intelectualidad mexicana que acompañó y solapó a los gobiernos neoliberales no era la intelligentsia mexicana a la que Octavio Paz consideraba un sector muy preciado de la sociedad porque había “hecho del pensamiento crítico su actividad vital” (Paz, 2003, p. 296). ↩︎