De forma meticulosa, pero no sin las dosis de esquizofrenia característica de un Estado en reconfiguración, en México se ha trazado una ruta jurídica del despojo que ha permitido a los grupos en el poder ir concretando la agenda neoliberal. La adaptación de los marcos jurídicos al modelo económico vigente ha supuesto un intenso trabajo de ingeniería jurídica que proteja y garantice sus intereses; y que, por el otro lado, permita dejar sin sustancia y restar fuerza normativa a los derechos alcanzados con la Constitución de 1917.
La etapa de profundización del despojo que se vive en el país ha sido instaurada desde y con el Estado. Maquillada por el consenso de la clase gobernante, pretende esconderse tras el diseño de una ruta jurídica, la violencia de desposeer a las personas de los recursos para la vida. Tal ruta tiene su origen muchas de las veces en sedes de poder económico transnacional, pasa por el Congreso, se ejecuta por la administración pública y concluye en la interpretación de los tribunales.
La construcción de este andamiaje jurídico muestra un objetivo claro: legalizar el despojo, esconder tras la ley la desposesión violenta de lo que se tenía. Se trata del despojo de la tierra, los territorios, el trabajo y los recursos naturales, pero también de los derechos. A través de una elaboración, algunas veces fina y no siempre perceptible, de los cambios por el uso de eufemismos y medios jurídicos fragilizados, se logra dejar sin sustancia ni potencia a los derechos, sin recursos suficientes para hacerlos efectivos en favor de las personas. Para ello se ha hecho uso de la desregulación jurídica, la clave de la tendencia en los marcos normativos. Con esta técnica se adelgazan los derechos, se vacía el derecho público y se permite mayor protagonismo de los entes privados en los asuntos de interés general.
Los elementos de la ruta jurídica del despojo son contundentes: fragilización de derechos, privatizaciones de empresas estatales, de bienes y servicios públicos, disputa asimétrica por los recursos naturales, desplazamiento forzoso de comunidades y pueblos, endurecimiento y militarización de las medidas de seguridad pública, criminalización de la protesta y los movimientos sociales, protagonismo en ascenso de los agentes privados en decisiones y asuntos de interés público, y deterioro de la clase trabajadora, de la calidad de su trabajo, de sus derechos y de su fuerza organizativa.
¿Pero cuáles han sido los hitos más representativos de ese itinerario del despojo? Sin pretender ser exhaustivos, mencionaremos algunos.
Fueron dos las primeras grandes reformas del proyecto neoliberal que tuvieron como destinatario a los trabajadores y a los campesinos, cuya elección no fue fortuita: ambos representaban el carácter social del Estado posrevolucionario y, por ello, había que empezar a fragilizarlos. En 1992-1995/1997 se reformó estructuralmente la Ley del Seguro Social: se privatizaron los ahorros de los trabajadores del sector privado. Los ahorros pasaron a ser administrados por la banca privada, con el jugoso cobro de comisiones respectivo; se aumentó la edad del retiro y se individualizaron las cuentas, y con ello se extirpó a la seguridad social lo que tenía de social y solidaria. De ahí que se dijera que con esa reforma se socializarían las pérdidas y se privatizarían las ganancias. Fue la primera gran embestida jurídica contra los trabajadores en su derecho a tener un retiro con pensiones dignas. Un primer despojo legalizado de esta etapa.
A la par de esa reforma se emprendía otra de gran magnitud en 1992: la que implicó modificar el emblemático artículo 27, un eje de la Constitución Política Mexicana de 1917 por regular, entre otros aspectos, el reparto de la tierra y la relación de los campesinos con el Estado. Esa reforma estructural implicó un cambio radical en el campo: ponía fin al reparto agrario, abría el campo a las asociaciones y sociedad mercantiles, enajenaba y rentaba los derechos agrarios y la posibilidad de modificar el estatus del régimen de propiedad. Así, el Estado concluía el despojo de los campesinos de sus tierras para fortalecer la entrada de inversionistas nacionales y extranjeros en el campo, haciendo más frágil sus derechos sobre la tierra y sus productos.
Con las reformas mencionadas y las privatizaciones de empresas paraestatales se ponía en acción aquello de que el Estado “interviene para no intervenir”. Es decir, intervenía con todo su aparato gubernamental a través de intensos procesos de desregulación jurídica para desarticular su intervención en ámbitos considerados de interés público a fin de que entes económicos del ámbito privado tuvieran mayor protagonismo jurídico. El despojo de nuevo de lo que era de todos para pasarlo a manos de particulares.
Más adelante, de 2006 a 2012, la ruta jurídica del despojo regresó a centrarse en los trabajadores. En 2006-2007 se discutió y aprobó la reforma de la Ley del ISSSTE a fin de pasar a la banca privada la administración de las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del Estado. El modelo de privatización de la seguridad social empezada en 1992 con los trabajadores del sector privado; se trasladaba a los trabajadores de la burocracia.
No obstante los intentos de reformar la Ley Federal del Trabajo en el curso de al menos dos décadas, la agenda neoliberal no pudo concretarla hasta 2012. El terreno estaba más allanado: la clase trabajadora ya estaba suficientemente debilitada, atomizada e infiltrada también por la existencia de sindicatos blancos y la actuación inescrupulosa de los corporativos de larga data. La reforma legalizó modos de contratación que dan lugar a relaciones laborales encubiertas como la subcontratación de mano de obra, u outsourcing. Avanzó en las contrataciones flexibles (contratos a prueba y de capacitación inicial) que permiten un menor compromiso del empleador hacia sus trabajadores, pues generan menos vínculos y obligaciones con ellos de largo plazo; al mismo tiempo, estableció el incentivo de despedir injustificadamente a los trabajadores, pues de comprobarse el despido injustificado, el empleador está obligado a pagar sólo un año de salarios vencidos, sin importar lo que dure el juicio. En el debate de esta reforma se dijo que los destinatarios principales eran los jóvenes; y sí, se trataba de un regalo neoliberal que despojaba a los jóvenes del derecho de estabilidad en el empleo, y los colocaba en una zona de incertidumbre permanente. Con esta reforma se dejó sin sustancia en gran medida los derechos laborales, pues se disminuyó el potencial emancipador que el principio de protección del trabajador confería a todo el derecho laboral.
Tras estos golpes contra la clase trabajadora, la ruta jurídica neoliberal del despojo sigue su camino rumbo a los recursos naturales y las áreas estratégicas aún sin modificación radical. La parada reciente se efectuó en la reforma energética concretada en diciembre de 2013, relativa a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales; con ella, los hidrocarburos y la electricidad podrán, aun en parte, ser explotados y controlados por empresas nacionales y extranjeras. Mientras, el recurso hídrico se intenta privatizar a través de la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, cuyo debate está en curso.
No obstante que la ruta jurídica del despojo tiene claros su itinerario y tripulación, no debe olvidarse que el campo del derecho sigue en disputa. Así lo muestran las luchas por la defensa de los derechos que los pueblos e importantes grupos sociales emprenden en otros ámbitos, como los tribunales. Sentencias relevantes a su favor, aunque han resultado de difícil ejecución, dan cuenta de esto; por mencionar sólo dos ejemplos: la lucha de la tribu yaqui, en Sonora, en defensa de su derecho al agua y el acueducto Independencia; y de la comunidad El Zapotillo, en Jalisco, frente al desarrollo de la presa La Parota. La lucha ha sido desigual, sin duda, pero no puede abandonarse porque el despojo ha de ser detenido por todas las vías posibles, y el derecho con uso crítico ayudaría.
La conclusión de todo esto es inevitable: es y sigue siendo el Estado.
* Investigadora, CEIICH, UNAM.