M\u00e9xico es, para sorpresa de nadie, una naci\u00f3n con enormes y complejos problemas. Avanzamos r\u00e1pidamente hacia una situaci\u00f3n catastr\u00f3fica en relaci\u00f3n con la capacidad de respuesta coordinada, justa y satisfactoria del Estado y las comunidades (incluyendo a la comunidad cient\u00edfica) a muchas de las grandes crisis que nos aquejan. Como decimos en el PRONACES Agua, observamos c\u00f3mo aumenta m\u00e1s r\u00e1pidamente la tasa de generaci\u00f3n de problemas que la de generaci\u00f3n de soluciones. Por ello, est\u00e1 hoy en riesgo la posibilidad de que las y los mexicanos gocemos y podamos exigir, en el futuro cercano, el respeto, la protecci\u00f3n y la promoci\u00f3n de nuestros derechos humanos, toda vez que las condiciones materiales que posibilitan su satisfacci\u00f3n est\u00e1n tambi\u00e9n en riesgo de colapsar. Un ejemplo presente de ello lo constituye la existencia, persistencia y potencial aumento de las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental en todo el territorio nacional. Nos referimos a amplias regiones del territorio en las que se concentran, acumulan y yuxtaponen variados tipos de contaminantes t\u00f3xicos y sus respectivas fuentes, as\u00ed como las consecuencias de su transferencia al conjunto de la sociedad, de entre las cuales podemos destacar: altas tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades cr\u00f3nico degenerativas, degradaci\u00f3n de todo tipo de ecosistemas y p\u00e9rdida de diversidad biol\u00f3gica, contaminaci\u00f3n difusa por uso excesivo y no regulado de agroqu\u00edmicos t\u00f3xicos, vertimiento de aguas residuales no tratadas en r\u00edos, arroyos y canales de riego, emisiones de gases de efecto invernadero y micropart\u00edculas a la atm\u00f3sfera, erosi\u00f3n y contaminaci\u00f3n de suelos y p\u00e9rdida de agrobiodiversidad, todo ello en detrimento de las condiciones para una vida digna y justa de millares familias y comunidades (Barreda Mar\u00edn, 2021; Garc\u00eda Barrios, 2021; Rosado Zaidi, 2022; Ribeiro, 2020; Albert & Jacott, 2015; Denhez, 2011).<\/p>\n\n\n\n
Aunque parezca evidente, no sobra decir que la mayor\u00eda de nuestras crisis, si no es que todas, tendr\u00e1n soluci\u00f3n en el largo plazo y exigen esfuerzos de colaboraci\u00f3n sustantiva ver\u00eddicos, verificables y de buena fe entre el Estado mexicano, las comunidades locales y sus organizaciones, la comunidad cient\u00edfica, las organizaciones de la sociedad civil y, cuando se comprometan con el bien com\u00fan, las del sector privado. La sustancia de esa cooperaci\u00f3n debe ser, por un lado, el desarrollo de pr\u00e1cticas productivas, afectivas, organizativas y de observaci\u00f3n cr\u00edtica que avancen en sentido del florecimiento de las personas, las comunidades y, eventualmente, la naci\u00f3n en su conjunto. Nuestras crisis obligan a las dependencias gubernamentales del Estado a establecer compromisos reales y con responsabilidad \u00e9tica, social y ambiental para superar su descoordinaci\u00f3n end\u00f3gena, construida, prohijada y exacerbada cuidadosamente durante el neoliberalismo. Requieren de garant\u00edas presupuestales de financiamiento p\u00fablico para resolverse adecuadamente y dar as\u00ed a nuestro pa\u00eds posibilidades reales de futuro. Nuestros problemas nacionales requieren de la producci\u00f3n de conocimiento human\u00edstico y cient\u00edfico. As\u00ed tambi\u00e9n, necesita tecnolog\u00edas e innovaci\u00f3n que trasciendan los estrechos dominios disciplinares y los obtusos criterios de la eficiencia econ\u00f3mica o la productividad para considerarlas tecnolog\u00edas justificadas, que decididamente reviertan y prevengan de la profundizaci\u00f3n de las asimetr\u00edas de poder econ\u00f3mico y pol\u00edtico al interior de la sociedad. Asimismo, nuestros problemas requieren abandonar la apuesta por la experticia o la \u201cparticipaci\u00f3n social\u201d simulada para prevenir que act\u00faen como perpetradoras de injusticias epist\u00e9micas o de ret\u00f3ricas infructuosas. Necesitamos de la construcci\u00f3n horizontal de conocimiento con traducci\u00f3n pr\u00e1ctica en la transformaci\u00f3n de las relaciones y la realidad. En ese sentido, no s\u00f3lo se requerir\u00e1 de tiempo para detener y revertir los efectos destructivos de las crisis, sino tambi\u00e9n de la modificaci\u00f3n de las prioridades, objetivos e instrumentos de la pol\u00edtica en materia de HCTI. Quienes habitamos este pa\u00eds requerimos pasar de ser actores sociales atomizados, parcializados y confrontados unos con otros, a ser integrantes activos y responsables de sujetos en transformaci\u00f3n y sujetos de transformaci\u00f3n. Ese es precisamente el papel que corresponde, en la iniciativa de Ley, a los Programas Nacionales Estrat\u00e9gicos (PRONACES) (ILHCTI, 2022, pp. 70-71, Arts. 46 y 47).<\/p>\n\n\n\n
Para alcanzar sus objetivos, los PRONACES necesitan una pol\u00edtica en materia de HCTI que garantice el necesario apoyo para el dise\u00f1o y puesta en marcha de estrategias de trabajo cient\u00edfico inter- y transdisciplinario, el di\u00e1logo de saberes y la diseminaci\u00f3n activa de las alternativas de soluci\u00f3n. As\u00ed mismo, que ofrezcan el respaldo institucional necesario para incidir, tanto en la coordinaci\u00f3n interinstitucional para la adecuaci\u00f3n y dise\u00f1o de pol\u00edticas integradoras transdisciplinarias, como en la profesionalizaci\u00f3n de la funci\u00f3n p\u00fablica basada en evidencia cient\u00edfica. Debe evaluar, revertir y prevenir los da\u00f1os e impactos sociales, culturales y ambientales negativos producidos, entre otras razones, por la introducci\u00f3n y el uso desregulado en el pa\u00eds de no pocos desarrollos tecnol\u00f3gicos nocivos \u2014como el glifosato\u2014, incluso mediante el desv\u00edo de poder del Estado para hacerlo (ILHCTI, 2022; Barreda Mar\u00edn et al., 2019; Plataforma Social del Cap\u00edtulo M\u00e9xico del TPP, 2016; Ribeiro, 2020, pp. 158\u2013159).<\/p>\n\n\n\n
Tales pol\u00edticas deben servir tambi\u00e9n al prop\u00f3sito de involucrar a las comunidades mexicanas en el dise\u00f1o, diseminaci\u00f3n, adopci\u00f3n y adaptaci\u00f3n local de alternativas completas, duraderas, justas social y ambientalmente y orientadas al bien com\u00fan. Debe ser en corresponsabilidad con las autoridades de los tres \u00f3rdenes de gobierno y no, como lo promueven a\u00fan muchas leyes y programas p\u00fablicos a\u00fan vigentes, en calidad de \u201cbeneficiarios\u201d, \u201cconsumidores\u201d, \u201cusuarios\u201d o \u201cpoblaci\u00f3n objetivo\u201d (Kloster, 2018).<\/p>\n\n\n\n
En suma, necesitamos una Ley a la medida de nuestros problemas, una Ley que oriente la pol\u00edtica del Estado hacia el cumplimiento y exigibilidad del grado m\u00e1s alto posible de los derechos humanos (Winkler, 2012). Pero tambi\u00e9n debe regular y prevenir que los recursos, las pr\u00e1cticas y las organizaciones dedicadas a las humanidades, ciencias, desarrollo tecnol\u00f3gico e innovaci\u00f3n. De la misma manera, no pueden subordinarse formal y realmente a intereses particulares o enfocarse \u00fanicamente en producir ganancias privadas con fondos p\u00fablicos; producir s\u00f3lo legitimaciones discursivas a modo de procesos de explotaci\u00f3n, monopolizaci\u00f3n y opresi\u00f3n como si fuesen bienestar social, cooperaci\u00f3n o gobernanza participativa. Ah\u00ed radica, creemos, el m\u00e9rito de colocar como fundamento y eje de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnolog\u00edas e Innovaci\u00f3n. Aboga por el derecho humano (individual y colectivo) de participar en el progreso cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico de la humanidad; de acceder al conocimiento cient\u00edfico y gozar de sus beneficios sociales; as\u00ed como por el derecho de exigir que el Estado fomente, realice y apoye actividades en materias que redunden en el bienestar del pueblo de M\u00e9xico. Siempre que incluyan la preservaci\u00f3n, restauraci\u00f3n, protecci\u00f3n y mejoramiento del ambiente. Sin dejar de lado que faciliten el ejercicio y goce de otros derechos de la presente y futuras generaciones (ILHCTI, 2022, pp. 25, 33-34, Arts. 2 y 3; Espinoza Hern\u00e1ndez & G\u00f3mez Ruiz, 2022).<\/p>\n\n\n\n
Este proceso no est\u00e1 exento de riesgos y amenazas. Existen notorias resistencias al interior de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Federal y en no pocas estatales para actuar en congruencia con la urgente necesidad de transformar el sentido y las condiciones de su operaci\u00f3n. Entre las cosas a transformar est\u00e1n la coordinaci\u00f3n interinstitucional, transparencia, rendici\u00f3n de cuentas frente a la creciente exigencia social de intervenir realmente en la definici\u00f3n de los objetivos, instrumentos y contenidos de los programas de Estado. As\u00ed tambi\u00e9n, en la toma de decisiones, hace falta ir m\u00e1s all\u00e1 de estructuras deliberativas perpetuas carentes de poder vinculante.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, tambi\u00e9n hay inercias, resistencias y corrupci\u00f3n al interior de la comunidad cient\u00edfica, que impiden, en muchas ocasiones, que \u00e9sta asuma un compromiso mayor al de s\u00f3lo hacer recomendaciones mediante art\u00edculos que, si acaso, alguna autoridad o sus asesores leer\u00e1n. La academia posee reglas y c\u00f3digos espec\u00edficos para definirse y reconocer a los individuos que pertenecen o aspiran a pertenecer a ella y determinar los \u00e1mbitos y l\u00edmites de su acci\u00f3n. De este modo, para que la comunidad cient\u00edfica, en tanto que subsistema social, pueda efectivamente contribuir a solucionar los grandes problemas nacionales, necesita dialogar e interactuar con otros subsistemas sociales y de producci\u00f3n de conocimiento. Por ejemplo, servidores p\u00fablicos, empresarios y, especialmente, el de las organizaciones de base comunitaria. El objetivo es buscar que no est\u00e9n regidos por c\u00f3digos no s\u00f3lo diferentes al acad\u00e9mico, sino incluso, en ocasiones, opuestos (Garc\u00eda Barrios et al., 2022). Existe entonces el riesgo, corroborado por la experiencia pasada, de que, a partir de esas interacciones, las y los acad\u00e9micos terminen asumiendo como propios los c\u00f3digos \u00e9ticos y las pr\u00e1cticas de comunidades cuyos intereses est\u00e1n orientados por fines distintos al propiamente acad\u00e9mico. Por ejemplo, la ganancia empresarial o el extractivismo epist\u00e9mico. Fue as\u00ed como durante el neoliberalismo se consolid\u00f3 el mercado privado de la educaci\u00f3n superior y la investigaci\u00f3n. Florecieron negocios como la elaboraci\u00f3n de estudios (muchos de ellos confidenciales) sin m\u00e9todos claros, p\u00fablicos o basados en estimaciones sin mediciones. Se dio la formaci\u00f3n de consultor\u00edas privadas para servir a gobiernos locales y al federal. As\u00ed tambi\u00e9n, aparecieron empresas trasnacionales. Por ello se dio una maquila de manifestaciones de impacto ambiental a modo para justificar megaproyectos. Por otro lado, los contratos de bioprospecci\u00f3n para beneficio de empresas transnacionales llegaron incluso a extremos como la alteraci\u00f3n de resultados de investigaci\u00f3n para que \u00e9stos se alinearan con los intereses de quienes pagaron por ellos, o para que callaran lo que deber\u00edan decir. As\u00ed, el Estado renunci\u00f3 a producir y conservar como bienes p\u00fablicos y sociales los avances en la innovaci\u00f3n y la ciencia financiadas con recursos p\u00fablicos, mediante el abandono de la propiedad intelectual resultante (ILHCTI, 2022, p. 8). Tambi\u00e9n favoreci\u00f3 la adopci\u00f3n de los llamados \u201ccriterios de competencia\u201d que condujo a perversas pr\u00e1cticas, como la explotaci\u00f3n entre pares o prestarse al colonialismo cient\u00edfico para ser mejor evaluados.
Por el lado de las comunidades, los riesgos de descomposici\u00f3n est\u00e1n tambi\u00e9n presentes: la corporativizaci\u00f3n de la vida colectiva; la individualizaci\u00f3n; las amenazas a la seguridad de las personas; el \u00e9xodo migratorio del campo a las ciudades y a Estados Unidos; la incorporaci\u00f3n de algunos de sus integrantes (mediante el silencio, la complicidad o la asociaci\u00f3n directa) a actividades criminales destructivas y autodestructivas. Esto reduce e impide el despliegue de sus capacidades para producir, no s\u00f3lo bienes externos, sino internos, o para asumir una actitud o disposici\u00f3n cr\u00edtica que conduzca a una acci\u00f3n cr\u00edtica y transformadora de sus propios problemas (Horkheimer, 2000, pp. 41\u201342; Tronti, 2006, p. 15).<\/p>\n\n\n\n
Para concluir, la obligaci\u00f3n que el Estado en la promulgaci\u00f3n de la nueva Ley General en Materia de HCTI, implica que la agenda de la pol\u00edtica cient\u00edfica y los recursos a disposici\u00f3n del estado para el efecto, se orienten a la producci\u00f3n de conocimiento de alta calidad, plenamente accesible, asequible y culturalmente provechoso. Esto obliga a la comunidad cient\u00edfica a la transdisciplina y a considerar a los saberes locales comunitarios como componentes indispensables para incidir en la soluci\u00f3n de los grandes problemas de M\u00e9xico. Tambi\u00e9n la responsabiliza de conducirse bajo principios de rigor epistemol\u00f3gico, igualdad y no discriminaci\u00f3n, inclusi\u00f3n, pluralidad y equidad epist\u00e9micas, interculturalidad, di\u00e1logo de saberes, producci\u00f3n horizontal y transversal del conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad, beneficio social y precauci\u00f3n (ILHCTI, 2022, p. 38, Art. 6).<\/p>\n\n\n\n
Esta Ley compromete al Consejo a crear condiciones a trav\u00e9s de sus reglamentos y lineamientos para el florecimiento de la comunidad acad\u00e9mica en estos t\u00e9rminos. En el caso de los derechos humanos a la ciencia y al disfrute de sus beneficios, el Estado debe recurrir y apoyar a la comunidad cient\u00edfica sin dejar de respetar su autonom\u00eda. Por su parte, la comunidad cient\u00edfica debe rechazar el contrato f\u00e1ustico de los privilegios adquiridos durante el neoliberalismo y abandonar cualquier pretensi\u00f3n de elitismo o derecho privado sobre el conocimiento (Garc\u00eda Barrios & Serra, 2019), o la informaci\u00f3n especialmente si \u00e9stos son generados con recursos p\u00fablicos. Por ello, resulta central en la iniciativa la propuesta de creaci\u00f3n de los Ecosistemas Nacionales Inform\u00e1ticos para la difusi\u00f3n y democratizaci\u00f3n de los resultados de las actividades y proyectos de investigaci\u00f3n e incidencia (ILHCTI, 2022, p. 71, Art. 47, IV). De este modo, la comunidad cient\u00edfica necesita entender su funci\u00f3n en una sociedad compleja en crisis y desde su autonom\u00eda coadyuvar a construir el sistema nacional de HCTI que ahora necesitamos. As\u00ed mismo, el Estado tendr\u00e1 que ofrecer condiciones para hacerlo, y a la ciudadan\u00eda, espacios para la colaboraci\u00f3n sustantiva y transformadora y, sobre todo, no simulada. De esta manera, se ofrecer\u00e1 a s\u00ed mismo la posibilidad de promover una rep\u00fablica de comunidades plenas y a los servidores p\u00fablicos, la oportunidad de constituirse en art\u00edfices de la liberaci\u00f3n del Estado de la captura de la a\u00f1eja tecnocracia o del capital.<\/p>\n\n\n\n
Con esto, intentamos dejar claro que el sujeto social transformador, como el que proponen los PRONACES de CONAHCYT, necesita poseer una capacidad para autodefinirse y seguirlo haciendo constantemente en funci\u00f3n del proceso de transformaci\u00f3n que \u2014a trav\u00e9s de los Proyectos Nacionales de Investigaci\u00f3n e Incidencia\u2014, se est\u00e1 actualmente emprendiendo para lograr transformarse a s\u00ed mismo a medida que transforma su contexto. En ese proceso, la Ley General en Materia de HCTI es definitivamente un paso necesario pero no suficiente. La iniciativa necesita ahora del respaldo de la comunidad cient\u00edfica y de las organizaciones de base comunitaria con las que colabora. No bastan actores dispuestos, pero dispersos. No podemos darnos el lujo de que esta reforma se quede en el caj\u00f3n, como ocurri\u00f3 con la iniciativa para promulgar una nueva Ley General de Aguas (L\u00f3pez Ram\u00edrez et al., 2021). Como dicen Raymundo Espinoza y Keyla G\u00f3mez (2022, p. 64): \u201cSe trata de un tema tan importante en el presente y para las generaciones futuras que no puede dejarse exclusivamente en manos de pol\u00edticos, cient\u00edficos y abogados\u201d.<\/p>\n\n\n\n
REFERENCIAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n Albert, L. A., & Jacott, M. (2015). M\u00e9xico t\u00f3xico: Emergencias qu\u00edmicas (1a ed.). Siglo XXI. [*]<\/sup>\u00a0Facultad de Econom\u00eda, UNAM. Integrante del Comit\u00e9 Ejecutivo del\u00a0PRONACES\u00a0Agua, de\u00a0CONAHCYT. (orr@unam.mx<\/a>). Presentaci\u00f3n en el Foro Conacyt-PRONACES\u00a0sobre la Iniciativa de Ley en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnolog\u00edas e Innovaci\u00f3n presentada por el Ejecutivo Federal, realizado en el auditorio de Conacyt. 30 de marzo de 2023.<\/p>\n\n\n\n [1]<\/sup> Es de destacar aqu\u00ed que la Ley en Materia de HCTI reconoce esto en su T\u00edtulo Sexto: \u201cArt\u00edculo 81. Los Centros P\u00fablicos deben promover una cultura human\u00edstica, cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica y de innovaci\u00f3n basada en el rigor epistemol\u00f3gico, el di\u00e1logo de saberes, la producci\u00f3n horizontal y transversal del conocimiento, la pluralidad y equidad epist\u00e9micas, la interculturalidad y el trabajo colaborativo, y comprometida con la sociedad, la \u00e9tica, los derechos humanos, la preservaci\u00f3n, restauraci\u00f3n, protecci\u00f3n y mejoramiento del ambiente, la protecci\u00f3n de la salud, la conservaci\u00f3n de la diversidad biocultural del pa\u00eds y el bienestar del pueblo de M\u00e9xico\u201d (ILHCTI, 2022, p. 102, Art. 81).<\/p>\n\n\n\n [2]<\/sup>\u00a0Por ejemplo, el caso del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento:\u00a0\u201cmuchas legislaciones estatales prev\u00e9n el derecho al acceso del servicio, la necesidad de buscar el equilibrio de los ecosistemas vinculados con el agua y de evitar la contaminaci\u00f3n y deterioro de los acu\u00edferos. En t\u00e9rminos de su gesti\u00f3n, contemplan un aprovechamiento eficiente del agua y que promueva el re\u00faso y recirculaci\u00f3n, la necesidad de propiciar la coordinaci\u00f3n con otros municipios o con el Ejecutivo local, el principio de que el agua paga al agua y el derecho a la informaci\u00f3n. Sin embargo, en las mencionadas legislaciones estos enunciados no son vinculantes con acciones procesales por incumplimiento, y este no es sancionado,\u00a0erosionando\u00a0el esp\u00edritu de todas las leyes descritas arriba\u201d (Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, 2012, p. 27). Un ejemplo reciente de este fen\u00f3meno lo constituye la Iniciativa de Ley para la Prestaci\u00f3n de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala (ILAST, 2023).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" M\u00e9xico es, para sorpresa de nadie, una naci\u00f3n con enormes y complejos problemas. Avanzamos r\u00e1pidamente hacia una situaci\u00f3n catastr\u00f3fica en relaci\u00f3n con la capacidad de respuesta coordinada, justa y satisfactoria del Estado y las comunidades (incluyendo a la comunidad cient\u00edfica) a muchas de las grandes crisis que nos aquejan. Como decimos en el PRONACES Agua, … Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":374,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[11],"class_list":["post-3842","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mexico","tag-mexico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistamemoria.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3842","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistamemoria.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistamemoria.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistamemoria.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/374"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistamemoria.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3842"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/revistamemoria.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3842\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3845,"href":"https:\/\/revistamemoria.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3842\/revisions\/3845"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistamemoria.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistamemoria.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistamemoria.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. (2012). Petitoria de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales al Tribunal Latinoamericano del Agua contra el Estado mexicano por la destrucci\u00f3n del sistema h\u00eddrico nacional.
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