RECUENTO POLÍTICO ELECTORAL DE UN TRIUNFO AJUSTADO
ÁSPERAS ELECCIONES
La de Brasil de noviembre de 2014 no fue una elección previsible. Después del acomodo de las fuerzas y actores políticos al final de la primera vuelta (octubre), ya se sabía que la segunda iba a ser una confrontación entre políticas y proyectos de país y no solo de candidatos; pero la lucha electoral alcanzó una dimensión de confrontación aguda entre una candidata que se presentaba como técnica eficiente de centro izquierda y quien se presentaba como político cuestionador de la derecha. La candidata presidenta Dilma Rousseff defendió con cifras y datos los logros anteriores de su gobierno y de la misma manera argumentó su proyecto de continuar con una activa intervención del Estado en la economía y en las políticas sociales para retomar el crecimiento económico; Aecio Neves, por su parte, ex gobernador del importante estado de Minas Gerais, candidato juvenil de la derecha adoptó una posición ideológica de derecha, muy agresiva y ofensiva, que logró interactuar con una gran parte de la sociedad que acogía la bandera del anti-petismo (estaba por un cambio de gobierno y contra la continuidad de los gobiernos del Partido dos Trabalhadores, PT) y el culto renovado a las supuestas virtudes del libre mercado. El candidato opositor al gobierno en curso atribuyó a Dilma todos los males del país, entre ellos el del bajo crecimiento económico reciente, la corrupción en la empresa estatal-privada de petróleos (Petrobras) -sin pruebas sancionadas y haciendo caso omiso de las evidencias de corrupción de miembros de la derecha-, la que denominó votación clientelista de los nordestinos, pobres y poco letrados (sin que las estadísticas reales sustentaran esta apreciación), etc.
En los debates la candidata Dilma mantuvo la cordura ante tal ofensiva ideológica derechista y se dedicó a mostrar que continuaría -innovando- en un proyecto de país que ya había beneficiado a millones de pobres, haría un nuevo programa de ampliación de los objetivos sociales y económicos para mantener el empleo alcanzado y procuraría seguir invirtiendo en infraestructura para recobrar el crecimiento. Atrás de Dilma y presionando el cuadro de la elección actuó el resultado de un plebiscito informal organizado por los movimientos sociales días antes de la segunda vuelta, por el que cerca de 8 millones de la población solicitaban una reforma política profunda a partir de una asamblea constituyente independiente del parlamento, para garantizar que la ciudadanía incidiese realmente en política, con el fin de hacer de las instituciones algo abierto al debate y a la movilización de las mayorías. En todo el período de la segunda vuelta, sin embargo, la campaña de la derecha se convirtió en el eje del debate: un verdadero alud -un nuevo San Jorge- cuya voz resonaba en los medios y en las calles, que crecía para arrollar con su espada flamígera a una fuerza política gobernante achicada, cauta, débil y desgastada por la gestión y por las prácticas de corrupción.
La capacidad de influencia de la derecha entre las mayorías populares y el conjunto de las capas medias se basó en un discurso superficial y pasional de rechazo al gobierno, amplificado por los grandes y conservadores medios de comunicación que minimizaban los logros del lulismo y acusaban a Dilma y al PT de ser particularistas, corruptos y mentirosos, a la par que proponía la ilusión de una mejora voluntarista hacia una mejor situación social por la vía del retorno de los dirigentes empresariales conservadores.
En las campañas para la segunda vuelta quedó olvidado el recuerdo del histórico desempleo estructural y de millones de excluidos sin perspectivas bajo los gobiernos neoliberales de la derecha durante las décadas perdidas de finales del siglo XX, y no tuvo peso suficiente en el debate la mejoría sostenida en los ingresos de los trabajadores a lo largo de 11 años en la situación económica general, los actuales altos salarios crecientes para los trabajadores, la repartición de recursos sociales para el consumo de la población de bajos ingresos, políticas que produjeron el rescate de una quinta parte de la población del Brasil para una vida digna sin marginalidad extrema. La mejoría de la población pobre lograda en los últimos 11 años fue opacada por las inconformidades y la incomodidad de una parte de la sociedad civil muy influyente en la opinión pública: sectores de las capas medias y altas que ahora se ven obligados a compartir la ciudad y los servicios, incluso los shoppings y los aviones, con pobres semiletrados en ascenso social. La inconformidad se manifestó especialmente en el estado de São Paulo, donde la derecha mantiene un gran consenso social basado en el dinamismo económico regional que logra velar la mala gestión y las diversas crisis de todo tipo de la ciudad y del Estado -crisis de servicios urbanos, de transporte público, de violencia, de abastecimiento de agua, etc.
Democracia abstracta y promesas de continuidad por otras vías del consumismo mercantil fueron los ejes de la confrontación electoral. Ello sin embargo no fue casual. Su origen está en que los gobiernos progresistas del período lulista -Lula-Dilma- transformaron problemas y demandas políticas en políticas técnicas de administración de Estado, solicitaron la pasividad de la población en lugar de movilizarla, se opusieron a la creación de una conciencia social de las grandes masas populares sobre los grandes intereses en juego que atraviesan las políticas públicas, rechazaron la organización y conciencia autónoma de los sectores populares y fueron serviles ante la demanda de no hacer cambios en las políticas beneficiosas para el capital financiero y los sectores empresariales.
Desde 2003 se promueve desde el gobierno la despolitización ampliada de las masas populares, lo que hace que éstas vivan pasivamente la política; la pretensión de las alturas es que se contenten con ser apoyo pasivo de decisiones de las nuevas élites reformadoras. En los 11 años de lulismo la sociedad en general ha vivido un prolongado anestesiamiento ideológico político acolchonado por el crecimiento de la economía, las políticas sociales y el consumismo desbordado sin ciudadanía política.
El resultado electoral para la presidencia fue prácticamente un empate, en el que el triunfo de Dilma se dio por el 3,28% de los votos: Dilma 54 499 901 votos, 51.64%; Aecio 51 041 010 votos, 48.36% (Esta vez la candidata contó con el apoyo y la inteligencia política de las izquierdas radicales que entendieron que si querían evitar que la derecha liberal se reapropiara del gobierno debían apoyar a un régimen al que por otra parte criticaban acertadamente). Por otra parte el PT perdió su mayoría en las cámaras y ahora depende para viabilizar sus políticas del apoyo del PMDB, un partido coalición de fuerzas de centro y centro derecha. En el senado el PT pasó de 13 a 12 senadores frente a 18 del PMDB, 10 del PSDB y 8 del PDT, entre otras fuerzas dispersas. En la cámara de diputados, el partido de Dilma pasó de 88 a 70 diputados, el PMDB de 78 a 66 y el PSDB se mantuvo en 54, entre otras fuerzas varias.
En su conjunto el PT perdió la mayoría en las cámaras. Por ello la derrota de Aecio no disipó los ánimos de una derecha envalentonada que inmediatamente y en los días siguientes ha tratado de generar una crisis política, impulsando incluso manifestaciones de masas en pro de un retorno a un régimen militar que evite la continuidad del PT y con posiciones cerradas del candidato derrotado quien ha dicho de forma muy pasional que solo dialogará con el nuevo gobierno a partir de un recuento de votos que le permita constatar a él y a su partido que todo el proceso electoral fue prístino sin el menor atisbo de fraude. Esas expresiones de inconformidad dura de la derecha no han pasado a mayores pero evidencian la existencia de una crisis de la concepción de la política llevada a cabo por los gobiernos progresistas de centro, sin embargo en el marco de una normalidad democrática. Son propios de una sociedad en tiempos de cambio pero ponen sobre la mesa distintas interrogantes.
TIEMPOS DE CRISIS DE CONCEPCIONES
Desde 2003, el PT dejó de ser partido de organización y lucha de los trabajadores para convertirse en un partido de aparato dedicado a la gestión de gobierno. El movimiento sindical que siempre fue la columna vertebral de ese partido se conformó en una burocracia sindical dirigente del Estado y administradora de los puestos estatales y los fondos de pensión estatales. Los gobiernos del PT lograron un prolongado consenso social pasivo -incluso por parte de los financieros y de empresarios- en torno a la capacidad de gestión de los gobiernos progresistas. Los éxitos económicos y sociales de sus políticas -insuficientes ante los reales problemas históricos de Brasil- han sido ampliamente reconocidos, entre los que destacan los beneficios de las altas inversiones estatales en infraestructura y energía para estimular el desarrollo económico, el reajuste al salario mínimo por encima de la inflación (salario que en Brasil alcanza ya los 315 dólares mensuales), un programa cuasi universal de apoyo a las familias con ingresos de hasta medio salario mínimo por persona o ingreso total de hasta tres salarios mínimos (apoyo de hasta 76 dólares mensuales), programa bolsa familia que benefició hasta 40 millones de brasileños, una quinta parte de la población total, apoyo a la mediana y pequeña industria y agricultura, ampliación del ingreso a las universidades por medio de la introducción de un sistema de cuotas para población de ascendencia negra o indígena, mejoramiento de la infraestructura y nuevas contrataciones por concurso en las universidades públicas, altos subsidios estatales al agronegocio de exportación y diversidad de opciones de la valorización del gran capital a partir del mantenimiento de altas tasas de interés benéficas para el capital financiero. Políticas que fueron acompañadas por una diplomacia activa e innovadora en el ámbito regional latinoamericano y en las relaciones internacionales, destacando su aporte a nuevas instituciones como la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y la conformación del grupo de países denominado BRICS, que incluyen a Rusia, India, China, África del Sur y Brasil.
Pero resulta difícil continuar y profundizar los cambios por medio de las instituciones actuales, sin renovarlas. En Brasil los órganos de representantes y las leyes políticas fueron hechas por las élites históricas como un espacio de poder para controlar y en casos extremos bloquear las políticas del poder ejecutivo. La cámara de senadores y diputados tienen un abierto carácter patrimonial y mercantilista (el senado es prácticamente un lobby de las oligarquías y los grupos empresariales ) Sin embargo los gobiernos lulistas no promovieron su reforma, a pesar de que recurrentemente se evidenció su carácter restrictivo. Incluso el PT ha sido permisivo y copartícipe de las formas tradicionales de corrupción y arreglos entre camarillas que son costumbre tradicional: compra de votación para hacer aprobar proyectos, negocios políticos para enriquecer a grupos empresariales, patrimonialismo de senadores y diputados en sus áreas de actuación, enriquecimiento ilegal de directores de organismos e instituciones públicas, etc.
El PT no ha buscado formas reales de control ciudadano y social sobre las políticas y las decisiones de los parlamentos ni para transformar y renovar el -a todas luces- descompuesto sistema judicial (especialmente en ciudades conflictivas como Rio de Janeiro y Sao Paulo) Es decir, las políticas de los gobiernos lulistas cobijaron a las instituciones tradicionales, sin que haya sido planteado la necesidad de otro Estado para una nueva sociedad. Esa política de aceptación acrítica de las instituciones del poder legislativo se tradujo en una desmovilización y despolitización de la sociedad. Las políticas de los gobiernos progresistas de Lula y Dilma han dejado intactos el poder legislativo, el poder de los medios y el aparato judicial, etc.
Se apostó a una política de transformación lenta -desde el gobierno se habló de un cambio en 100 años- para cambiar al Brasil, con resultados que serían la expresión molecular de la hegemonía de las nuevas políticas. Un hecho significativo, empero, mostró recientemente, antes de las elecciones, la gran merma actual del consenso social y lo erróneo de esas políticas evolutivas: las multitudinarias manifestaciones de protesta juvenil popular de junio-julio del 2013 (crisis institucional reconocida hasta por la presidenta, que declaró públicamente en esos días que ante la fuerza de la protesta la única salida era una reforma política profunda). Una segunda muestra actual de ese deterioro del consenso ha sido la altísima votación del candidato de la derecha extrema en estas elecciones. Son indicadores de una crisis de la concepción de la política que acompaña a los actuales gobiernos progresistas.
Al parecer esa crisis de “la concepción y las formas de hacer política” se asienta en varios aspectos cuestionables más o menos constantes a lo largo de los últimos 11 años: primero, la idea tecnocrática de que se puede gobernar solo con políticas de gestión sin cambiar a la sociedad civil y sin realizar una política de alianzas con las expresiones del movimiento popular y crítico, idea que le ha impedido a los gobiernos del PT aceptar políticamente las reivindicaciones de la juventud y de los movimientos sociales y por tanto le ha dificultado ser real fuerza dirigente en la sociedad. La segunda expresión es el que recurrentemente se haya apostado a la desmovilización de la sociedad después de las elecciones, lo que produjo el rebajamiento de la ciudadanía electoral a una ciudadanía de consumo que ha mantenido la idea ultracapitalista y liberal de que el mercado es la solución a los problemas sociales. Otro aspecto de esa política fue ignorar el peso de los grandes medios conservadores de comunicación a los que se ha dejado como vehículos e interlocutores privilegiados de la opinión pública y de la difusión de ideas y concepciones en la sociedad. Ante la desmovilización y despolitización de las grandes mayorías los medios propiedad de la derecha son los únicos que difunden, debaten, critican y forman opinión. En este panorama no es de extrañar la enorme subida de la derecha en estas elecciones pasadas. Esa concepción “tecnicista” de la política del PT hizo crisis en estas elecciones.
LOS AÑOS QUE VIENEN. ¿SERÁ LA REFORMA POLÍTICA TAMBIÉN UNA REFORMA DE LA POLÍTICA?
El gobierno de Dilma no tiene mayoría, está solo y acorralado por los resultados. Al conocer su triunfo Dilma declaró que su prioridad será unir al Brasil, combatir la corrupción, retomar el crecimiento económico y procesar la reforma política. No parece tener mucho margen para ello si se mantienen las condiciones y las concepciones de la política sobre las que ha actuado. Pues la derecha reclama en voz alta posiciones, políticas, puestos, ministerios y una política de servidumbre total a la acumulación empresarial.
Así, la situación poselectoral no parece tender a la normalización tecnocrática con que sueñan los petistas. Ni será posible ya volver a plantear la desmovilización de la sociedad si se busca la gobernabilidad. La derecha está envalentonada con el apoyo electoral logrado, tiene fuerte influencia en el parlamento, mantiene una posición iracunda y sigue a la ofensiva, pues entiende que Dilma ya no es mediadora legítima con los movimientos populares y sociales. Así que, además de las disyuntivas señaladas por ella misma, la presidenta tendrá que decidir si en su segundo período (4 años) opta por seguir como un gobierno tecnocrático de gestión (que será pavimentar el camino a la alternancia con la derecha) o permite que aparezca otra política, la de mayores espacios para el debate y la crítica de los problemas profundos no resueltos -la violencia urbana, la desigualdad social, el desequilibrio orgánico de la economía, la ausencia de políticas estructurantes de salud, educación, empleo, planificación urbana, la caducidad de las instituciones representativas y de justicia,etc.-, la de una nueva ciudadanía política. Para ello el gobierno de Dilma tendrá que evaluar si se permite alianzas con los movimientos populares y reconoce la autonomía creciente de las masas populares que buscan una elevación política verdadera de la sociedad civil. De otra manera, la urgente reforma política propuesta puede ser ignorada, disminuida por las cámaras, o pospuesta indefinidamente. De todas maneras está claro que si bien con Dilma y el PT los movimientos sociales y las fuerzas políticas transformadoras tienen mejores opciones, no dependen de su gobierno para existir y desarrollarse pues las contradicciones del Brasil contemporáneo siguen ahí.