El cuidado de la naturaleza y el afán de generar un desarrollo sustentable son planteamientos que en el siglo XXI han tomado más fuerza que nunca. Resulta curioso que las mayores empresas transnacionales del mundo comiencen a ser etiquetadas como ecológicamente responsables, lo cual permite la entrada de diversos productos ahora mostrados como “amigables” –compatibles– con la naturaleza. A simple vista, puede parecer favorable e inocente, pero ¿qué reside tras el discurso ambientalista hegemónico actual?
El colapso climático y la crisis ambiental son realidades sustentadas en gran cantidad de pruebas científicas conforme a las cuales el actual sistema de producción lleva al planeta a resultados catastróficos. Según el quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el calentamiento global está influido por las emisiones antropogénica de gases de efecto invernadero, en aumento desde la era preindustrial como resultado del crecimiento económico y demográfico.1
Los estudios de 97 por ciento de los científicos especializados en el clima pronostican que la temperatura del planeta subirá de 2 a 6 grados Celsius en los próximos años, lo cual provocará, y ya lo hace, entre otras efectos, el deshielo en la Antártida, la disminución de las cosechas, la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, el incremento del nivel de los océanos y calor extremo.2
La crisis ambiental, producto histórico del modo de producción capitalista, afecta la acumulación de capital en tanto la creciente escasez de materias primas.3 Frente a ello surgen diversas formas de tratar de solucionar dicha escasez, desde instaurar guerras en países con grandes abastecimientos de recursos no renovables (como las guerras por el petróleo en Medio Oriente) hasta establecer políticas internacionales que buscan privatizar dichos recursos con base en discursos ambientales; tal es el caso de la economía verde.
Uno de los documentos más importantes en materia del proyecto político-económico de la economía verde es el Green Economy Report,4 la Guía para el Desarrollo Sostenible y la Erradicación de la Pobreza del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Éste pretende ser una “guía oportuna y práctica para los formuladores de políticas sobre qué reformas se necesitan para desbloquear el potencial productivo y laboral de una economía verde”;5 busca formular recomendaciones en materia legal, a escala mundial, que faciliten la producción en un discurso supuestamente ambientalista. En pocas palabras, busca seguir generando riqueza y acumulación de capital utilizando de forma eficiente los recursos.
El proyecto de la economía verde afirma que la crisis ambiental resulta problemática para la productividad y supone la caída de los precios en el largo plazo.6 Al respecto, se busca combatir la escasez de recursos a partir de la colaboración entre “los líderes mundiales, la sociedad civil y las empresas líderes”7 para la transición verde, encaminada a “permitir que los productos más verdes compitan en igualdad de condiciones, retirando subsidios (…), reformando sus políticas (…), fortaleciendo la infraestructura comercial y los mecanismos de mercado”.8
La economía verde se erige en un contexto de políticas neoliberales que giran en torno de la privatización (desde territorios hasta recursos naturales como las semillas y el agua), la liberalización de las fronteras para el mejor flujo del mercado, la eliminación de empresas nacionales, etcétera, a fin de abrir paso a las empresas privadas y transnacionales. El Green Economy Report afirma que los Estados deben eliminar o reducir las modalidades de producción y consumo insostenibles, así como fomentar políticas demográficas apropiadas y dirigir sus apoyos a industrias verdes clave.9
De tal forma, busca insertarse a partir de diversas modalidades en cada país según el papel que desempeñe en la división internacional del trabajo. Los países en vías de desarrollo, como los latinoamericanos, son puntos estratégicos a los que van dirigidas dichas políticas económicas. Se argumenta que los bienes y servicios de ecosistemas en los países “pobres” deben comercializarse a partir de una transición verde; con el aumento de microfinanciamientos se busca que los recursos naturales dejen de ser bienes públicos, que ingresen en el plano de la inversión privada y el pago por servicios ambientales (PSA), sobre todo la gama de bienes comunes como el agua, los bosques, los mares, la tierra agrícola y sus derivados.
Los PSA buscan fijar precios a los recursos naturales entendiendo los ecosistemas como “acervos de capital”.10 En tal sentido, toda la naturaleza, o proveedora de servicios ambientales, se reduce a mercancía y se tiende a privatizar. Que se exploten los recursos naturales para convertirlos en mercancía no nuevo en el capitalismo; de hecho, las materias primas han sido fundamentales para el proceso de producción y valorización de las mercancías mediante la fuerza de trabajo. No obstante, mientras se acumulan los años de vida del modo de producción capitalista sus contradicciones se exacerban cada vez más; por ello, la privatización y la búsqueda por mercantilizar nuevos espacios (recursos naturales, conocimientos, territorios, etcétera) son cada vez más exageradas.
El argumento principal de la economía verde es, pues, que los recursos deberían ser privatizados por empresas ecológicamente responsables, pues cuidarían mejor el ambiente que los Estados o sus habitantes.
Algunas empresas transnacionales que hallan detrás del financiamiento de proyectos de economía verde y de los PSA son Whirpool, SK Telecom, Siemens, Fox, Master Card, McArthur, Rockefeller, Goldman Sachs, Barclays Capital y Deutsche Bank. Instituciones como el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas se encargan de bajar dichos proyectos al ámbito estatal de políticas públicas en países en desarrollo.
La economía verde justifica la privatización de recursos naturales en pos de un discurso ambientalista que, en realidad, encubre la apropiación de materias primas por empresas transnacionales y países industrializados. El concepto de ecoimperialismo, trabajado por Bellamy Foster y Clark basado en el concepto clave de Lenin, critica la posición desigual de los países en cuanto a la extracción y el uso de recursos, lo cual a su vez provoca la transformación de ecosistemas enteros en los países dependientes.11
Esos proyectos permiten ver cómo las clases dominantes usan diversas estrategias para reestructurar su hegemonía en los momentos de crisis. Frente a la de tipo ambiental, una de las estrategias clave para continuar la acumulación de capital y la privatización de recursos es, pues, la economía verde.
Las medidas como los PSA no reducen el calentamiento global de manera significativa ni –mucho menos– contribuyen a una toma de conciencia sobre los daños ecológicos perpetuados por el modo de producción capitalista; no obstante, generan una nueva forma de despojo, ya no del territorio en sí sino de la autonomía de los pueblos para hacer uso de sus recursos naturales: impiden que los habitantes de los territorios en países dependientes usen los servicios ambientales, que pueden ser vendidos al mejor postor. En sí no resultan un medio de despojo de territorio, pero sí un quiebre en el uso de éste como manera de producción y reproducción de la vida.
Frente a la escasez de recursos y la inminente finitud de combustibles fósiles, la apropiación de recursos naturales a manera de servicios ambientales es una nueva forma de despojo y la continuidad de lo llamado por Marx “acumulación originaria”.
Ello sugiere que hay formas de intervencionismo mediadas por políticas internacionales, como la fomentada por el proyecto de la economía verde, favorecedores del despojo de los pueblos como forma de imperialismo, o ecoimperialismo, permitiendo a los países centrales y las empresas transnacionales tener dominio sobre los recursos naturales de otras regiones.
Organizaciones internacionales como la ONU y el BM favorecen la dinámica del mercado de servicios ambientales y, por tanto, la privatización de recursos naturales. Los proyectos político-económicos confeccionados desde los think tanks con relación al ambiente son uno de los múltiples elementos que dan pie a la legitimación del despojo de recursos en regiones como Latinoamérica.
Las políticas ambientales internacionales constituyen así una forma de intervencionismo imperialista en regiones dependientes, pero muchas veces esto se vuelve invisible por discursos amigables, como la insistente propaganda en pos de cuidar el ambiente enarbolada como una acción individualista y constreñida al mercado.
1 Secretaría del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 5 de noviembre de 2014.
2 Klein, Naomi. Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima. Paidós, México, 2015, página 29.
3 O’Connor, James. Causas naturales, ensayos de marxismo ecológico, Siglo XXI, México, 2001, página 213.
4 PNUMA, Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, 2011.
5 PNUMA, obra. citada, página 18.
6 Página 604,
7 Página 711.
8 Página 16.
9 Página 664.
10 Página 20.
11 Bellamy Foster, John; y Clark, Brett. “Ecological imperialism: the curse of capitalism”, en Socialist Register, volumen 40. 2004.