I
La violencia es un correlato exacerbado del funcionamiento del capitalismo en la era global. Pero, si a este contexto mundial propicio al desencadenamiento de múltiples violencias le agregamos la tupida urdimbre de determinaciones históricas, económicas, políticas y culturales que en el nivel nacional y local favorecen la necropolítica (Mbembe, 2011), la dificultad de hacer legible la violencia se hace mayor. La violencia es un componente variable de las relaciones políticas: escala y se agudiza en determinados contextos y marcos institucionales. Los cambiantes equilibrios de poder (Elias, 1987), que se producen entre sujetos dotados de influencias, recursos y capacidades desiguales, son decisivos en la gestión de la violencia. Consideramos que ciertas configuraciones institucionales y ciertas relaciones políticas son determinantes para que el ejercicio y las manifestaciones de violencia tengan libre expresión o enfrenten restricciones e imperativos sociales de contención. (Elias, 1987 y Arendt, 2006).
En el curso de casi cuatro décadas, a partir de 1982, el desmantelamiento del estado benefactor y su acelerado rediseño institucional fueron el imperativo categórico de una élite política formada en los enclaves mundiales del pensamiento neoliberal. Esta élite, incentivada por el consenso de Washington, resultó ser la principal beneficiaria de la privatización del patrimonio nacional y de las empresas públicas. Amparada por los resortes y el habitus de un régimen autoritario, esta nueva élite, encabezada por Carlos Salinas de Gortari y continuada por los gobiernos de la alternancia panista, pudo hacerse con la dominación legal para consumar el desmantelamiento de las instituciones del estado benefactor. Salvo en 1994 y 2000, elecciones presidenciales donde la izquierda sufrió un retroceso electoral por su propia incapacidad política, los indicios del fraude y la manipulación electoral ensombrecieron las elecciones de 1988, 2006 y 2012, desencadenando prolongados conflictos poselectorales.
No obstante, la imposición de reformas estructurales de corte neoliberal continuaron y se profundizaron a lo largo de todo el periodo hasta alcanzar la cúspide de las reformas energética, educativa y laboral en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Con ellas, el sistema de seguridad pública quedó subsumido en las estructuras operativas y financieras de la economía criminal bajo el manto de la economía empresarial. Se consumó así una simbiosis sin la cual no se explica la implantación y la fortaleza que las organizaciones criminales ostentan actualmente.
La economía desregulada y el capital extranjero, representado por grandes compañías transnacionales, ganaron terreno mientras un estado empequeñecido abdicaba de la mayor parte de sus funciones consustanciales. Tras la punta de lanza de un darwinismo social favorecido por el debilitamiento de las instituciones y el repliegue del estado, la supervivencia del más fuerte y el predominio de los poderosos encontraron vía libre para su expansión. La concentración de la riqueza, la polarización de las desigualdades y la venta de la justicia al mejor postor fueron el inevitable corolario del México del TLCAN al T-MEC en la era global.
El colapso de la seguridad, la reducción de la capacidad operativa y la pérdida del control territorial por parte del estado mexicano no debería sorprendernos después del radical adelgazamiento al que fue sometido. La reducción de los cuerpos estatales de seguridad y su inducida incapacidad para enfrentar a los numerosos y bien pertrechados ejércitos privados que tanto los hombres de negocios como las empresas del crimen demandaron en un clima generalizado de inseguridad y disputas territoriales, favoreció las puertas giratorias en su reclutamiento. El trasiego de elementos y el cambio del estatus de legalidad a otro de abierta criminalidad se reprodujo de manera incesante y en escala creciente, a grado tal que nuestros impuestos han subsidiado el entrenamiento y capacitación de agentes que pasaron a engrosar las filas del crimen. El caso de los gafes (cuerpo de fuerzas especiales dentro del ejército) que posteriormente formaron la poderosa e implacable banda de los zetas, es ilustrativa de este proceso (Reveles, 2011).
Tampoco debería parecernos sorprendente que, en ese mar idóneo para el auge de los corsarios, el florecimiento de las organizaciones criminales haya sido vertiginoso y la penetración de sus intereses en la economía y las finanzas constituya un generalizado correlato de aquel adelgazamiento extremo que condujo al estado a una condición cercana a la inanición, insertos en la trama cambiante del poder, en una reconfiguración del estado. Este ha sido el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo y poderío de lo que se denomina ‘redes de macrocriminalidad’, caracterizadas por la estrecha relación entre tres tipos de agentes: políticos, empresariales (legales) y criminales, que agrupan al menos cuatro centenas de personas -muchas de las cuales desconocen ser parte de la red, pues trabajan en empresas legítimas-.
Claramente los segmentos más visibles tienden a ser los de tipo criminal, quedando en las sombras los vínculos entre todos (Vázquez, 2019). Tales redes se montan sobre estructuras de corrupción y vacíos legales estimulados por la libre y desregulada circulación de capital financiero, que es la máxima expresión de una especulación que no conoce fronteras ni principios morales. La acción conjunta de los tres tipos de actores que forman esas redes crea zonas grises, en alusión al concepto de Levy que alude a espacios y situaciones en que no hay fronteras claras entre bandos, caracterizada por la ambigüedad pues “separa y une al mismo tiempo a los dos bandos de patrones y siervos”, tal como ocurría con los prisioneros-funcionarios en los campos de concentración. Esa metáfora de la ambigüedad se aplica también a los mercados: las redes de macrocriminalidad crean zonas ambiguas que conectan mercados negros -ilegales- con mercados ‘blancos’ -legales-, a través de diversas condiciones locales -relaciones interpersonales entre políticos y criminales-, nacionales -marcos jurídicos laxos, por ejemplo, que dan lugar al desarrollo de los llamados ‘factureros’- e internacionales -esquemas de triangulación de recursos hacia paraísos fiscales.
Estas nuevas formas de articulación se montan sobre añejas estructuras de dominación colonial y el orden de género, en las cuales los nativos eran reducidos a medios de extracción de ganancias por parte de los colonizadores. Tal violencia estructural se refuncionaliza en la actual fase del capitalismo, transformando a amplios sectores de la población en objetos desechables o consumibles, según sea el caso. Esa es la lógica detrás de la trata de personas, pero también de otras formas de apropiación de las personas y sus cuerpos, que también son territorios (Segato, 2013).
II
Se habla de la violencia y del estado de Guerrero como si fueran sinónimos. Armando Bartra (2000) acuñó el adjetivo que expresa con rotunda claridad ese imaginario. Cuando se piensa en Guerrero se suele caracterizar el problema de la violencia como endémico y estructural. Se habla de violencia endémica, violencia estructural y, recientemente se habla de “violencia crónica” que debe entenderse como el producto de la yuxtaposición de múltiples formas o expresiones de violencia, que a su vez genera la ruptura de referentes espacio-temporales que permiten distinguir motivaciones y agentes que las ejercen para aquellos que la padecen (Feldman, 1991). Es muy propia de entornos con altos índices de impunidad formal y una predominancia de soberanías de facto (Hansen y Stepputat, 2006).
Es imposible comprender el actual desenfreno de las violencias en Guerrero sin considerar cómo su configuración deriva de la confluencia de factores que se producen en distintas escalas de la realidad: 1) la global, 2) la nacional y 3) la local. En primera instancia, la actual fase del proceso de acumulación capitalista en escala ampliada ejerce mucha violencia para apropiarse de manera irrestricta de los recursos naturales del mundo, de cualquier país o región. Mucha de la violencia desatada por el capitalismo predatorio y sus ejércitos privados son por la apropiación de los territorios de los pueblos y de las riquezas naturales de los países. Es decir, nos enfrentamos a una dinámica global neoextractivista, en que los grandes poderes económicos trasnacionales se despliegan frente a estados raquíticos (Paley, 2018). En Guerrero podemos ver que muchos de los actores movilizados son precisamente pueblos que resisten al intento de despojo y explotación de sus riquezas. El mapa de la resistencia es también el mapa de los procesos de despojo y explotación. La Parota, Carrizalillo; la defensa de los bosques y los campesinos ecologistas, la CRAC-Policía Comunitaria y muchas de las numerosas defensas comunitarias que han surgido nos hablan de esa resistencia.
El lugar que Guerrero ocupa en la división internacional del trabajo como productor de materias primas se ha potenciado en las últimas décadas debido a la renovada importancia de la minería. Tlachinollan ha puesto de relieve el papel nefasto que esta actividad ha tenido para los pueblos indígenas y para el medio ambiente al decir que “la minería está asociada con la esclavitud, la explotación y la muerte de los pueblos”. Tlachinollan se ha pronunciado también contra la desmedida explotación del cinturón de plata en la sierra madre del sur; así como contra las grandes concesiones que se entregaron a empresas extranjeras hasta por 50 años entre 2005 y 2010, en la región Costa-Montaña de Guerrero
algunas de las concesiones mineras en esta región son “la diana” con una superficie de 15,000 hectáreas otorgada a la empresa canadiense CAMSIM, la cual afectará a los núcleos agrarios de Zitlaltepec, Iliatenco, Paraje Montero y Malinaltepec, y “Corazón de tinieblas” con una superficie de 50,000 hectáreas concesionada a la empresa inglesa Hochschild, la cual afectará a los núcleos agrarios Totomixtlahuaca, Acatepec, Tenamazapa, Pascala del Oro, Colombia Guadalupe, Iliatenco, Tierra Colorada, Tilapa y San Miguel del Progreso.[1]
En 2019 la minería en Guerrero fue reconocida como la segunda actividad económica más importante en la entidad después del turismo, lo cual evidencia en su crudeza la vocación extractivista de la estructura económica estatal.[2] Para marzo de 2018 poco más del 21% del territorio guerrerense era parte de alguno de los 908 títulos de concesión vigentes.[3] Asimismo, un foro sobre violencia y resistencia realizado por la Universidad Iberoamericana en mayo de 2019, confirmó que “hay una correlación directa entre los índices de violencia en México y los proyectos extractivos”. Esa violencia “es consustancial al modelo de acumulación (…) existe una relación directa entre la seguridad que necesitan para producir estos megaproyectos extractivistas y la violencia…generada por la acción de quienes protegen estos enclaves”.
Como propone Achille Mbembe en Necropolítica “la violencia no gubernamental conlleva dos recursos coercitivos decisivos: trabajo y minerales (…) al lado de los ejércitos ha emergido aquello a lo que, siguiendo a Deleuze y Guattari, podemos referirnos como máquinas de guerra, organizaciones difusas y polimorfas que tienen rasgos de una organización política y de una sociedad mercantil”. Mbembe subraya que “las máquinas de guerra forjan conexiones directas con redes transnacionales” (Mbembe, 2011: 59).
No podemos desligar, pues, el crecimiento de la actividad minera del incremento de la violencia y los fenómenos de desplazamiento y despoblación son, sin duda, procesos asociados a ésta.[4] De acuerdo con datos de Fundar, la mayor parte de los proyectos mineros en Guerrero son extranjeros. Sólo 9.2% de los proyectos mineros de mayor importancia tienen capital mexicano. El 65.3% son de capital canadiense y el 13.2% de capital estadunidense Guerrero tiene sólo dos yacimientos de clase mundial: uno en Arcelia (campo morado) y otro en Eduardo Neri (Los Filos-Bermejal), pero ambos producen oro.[5]
La proliferación de ejércitos privados de las grandes compañías, se suman así a las bandas de sicarios dedicadas al tráfico de estupefacientes en la disputa por el territorio un producto de la atomización generada por la estrategia militarista de ‘combate al narcotráfico’, lo cual ha estimulado la multiplicación de las disputas territoriales y la diversificación de las fuentes de ingresos, tales como la protección-extorsión (Rosen y Zepeda, 2016).
En el nivel nacional, la reconfiguración del Estado mexicano ha seguido una tendencia al encogimiento impulsado por las políticas neoliberales, con el consecuente debilitamiento de las instituciones y de las corporaciones gubernamentales. Con el adelgazamiento del aparato gubernamental, la baja densidad institucional que caracterizaba a Guerrero, se ha generalizado en todo el territorio. Con la proliferación de los ejércitos privados y máquinas de guerra el estado enfrenta la pérdida del monopolio de la coerción y el desafío de estos cuerpos armados por el control territorial. Se produjo también una simbiosis del poder formal e informal, de lo legal con lo criminal que catapultó la violencia y la impunidad en la que se multiplicaron los casos emblemáticos: San Fernando, Tlatlaya, Tanhuato; Apatzingán, Tierra Blanca y Ayotzinapa, por nombrar sólo algunos.
En esta nueva configuración vimos a los cuerpos estatales de seguridad violar los derechos humanos o actuar de manera coordinada con organizaciones delincuenciales en la comisión de delitos. Cuando pensamos en un narco estado, pensamos en la estructura del estado penetrada por el narco. En un organigrama de arriba abajo, del presidente al funcionario más bajo pasando por los tres niveles de gobierno. Creemos que la estructura que actúa detrás del estado es una correa de transmisión que va de abajo hacia arriba. En Guerrero el cacique es la verdadera bisagra del nuevo modelo de organización política y sociedad mercantil que no desdeña la criminalidad como negocio.
Por su parte, en el contexto local el papel de los intermediarios se ha transformado. Los caciques han sido una figura clásica en la configuración del poder en Guerrero, que articulan poder económico y poder político. Pero no son una figura inamovible, su papel se modifica de acuerdo con la configuración del propio régimen y de las relaciones políticas. En la etapa performativa del estado mexicano, fueron un poder autónomo: señores de horca y cuchillo como Juan Álvarez, los Bravo, los Galeana, y señaladamente los Figueroa. En la etapa de consolidación del régimen autoritario -particularmente durante el sistema de partido hegemónico- los neocaciques fungieron como intermediarios políticos, cuyo poder provenía precisamente de ese papel de intermediarios políticos en una relación patrón-cliente para el acopio de votos.
En la actual etapa son la pieza poco visible que articula esos dos elementos del poder político que está detrás de los negocios criminales: del tráfico de goma de opio y heroína; de la trata de personas y la pornografía infantil, un negocio boyante de cara a la primera actividad económica del estado: el turismo. Los caciques, esos intermediaros políticos son, hoy, la bisagra que permite al crimen penetrar y operar de manera coordinada con los aparatos y agentes del estado. El caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el señor Rubén Figueroa -representante de la más conspicua dinastía caciquil guerrerense, cuya participación en ese caso no ha sido suficientemente analizada, ilustra el papel que juegan dichos intermediarios.
III
No es casual que Iguala sea estratégica para los caciques, pues se encuentra en medio de grandes enclaves mineros (Cocula, Huitzuco, Teloloapan y Taxco), además de ser la ruta de salida de la heroína, algo que salió a la luz tras la desaparición de los 43 normalistas. Este suceso reveló la existencia de una verdadera red macrocriminal, a través de la participación de empresarios del transporte, grupos criminales y agentes institucionales en el negocio del tráfico de este estupefaciente. Por ello es una plaza codiciada y disputada, donde los niveles de desapariciones denunciadas comenzaron a aumentar sostenidamente a partir de 2007, precisamente cuando la resistencia comunitaria contra la minera Media Lunaen Cocula se hizo abierta,[6] expandiéndose hacia otras comunidades mineras, junto con los desplazamientos de familias opositoras y la desaparición de pobladores de la colonia irregular Tlachinollan, ubicada en Iguala (Cruz, Santana y Alvarado, 2016). En estos y otros casos de hostigamiento y desaparición han sido señalados miembros de Guerreros Unidos, cuyos presuntos vínculos con el 27º Batallón de Infantería de Iguala han sido denunciados.[7]
Ahora bien, estos procesos habían pasado inadvertidos en el radar nacional hasta que la desaparición de los 43 normalistas dirigió la mirada a Iguala. El manejo mediático e institucional del caso orientó la atención hacia el alcalde de Iguala y sus vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, bajo la tesis de la ‘manzana podrida’ o de la excepcional cooptación de la policía de Iguala por parte de este grupo criminal, desestimando el papel de corporaciones como el 27º Batallón de Infantería de Iguala o de la propia Policía Federal. Una revisión sobre el proceso de construcción de la plaza comercial “Galerías Tamarindos”, presunta propiedad del ‘empresario’ joyero José Luis Abarca (posteriormente alcalde de Iguala), da cuenta de un entramado mucho más complejo: en 2008 comenzó su construcción que tuvo un costo aproximado de 300 millones de pesos. Dos datos son relevantes: 1) los terrenos sobre los que se construyó (4 has de superficie) pertenecían al 27º Batallón de Infantería de Iguala; 2) estos fueron donados en 2001 gracias a la gestión del entonces diputado local Rubén Figueroa Smutny (el vástago de la poderosa dinastía Figueroa),[8] y también Lázaro Mazón, entonces funcionario en la administración de Ceferino Torreblanca.
¿Por qué el 27º Batallón de Infantería de Iguala ‘donaría’ terrenos para la construcción de una plaza comercial? ¿Cómo es que propiedades de corporaciones públicas pasan a manos privadas, con qué fines? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero evidencian vínculos entre sectores de la milicia y políticos-empresarios guerrerenses.[9] Tales vínculos fueron sistemáticamente ocultados por el Ejército y la PGR,[10] al evitar dirigir la atención a uno de los municipios a donde presuntamente fueron llevados algunos normalistas:[11] Huitzuco de los Figueroa (GIEI 2016). Y es que pocas dinastías en Guerrero pueden preciarse de conjugar las alianzas que esta rama de la familia Figueroa ha tejido a lo largo de varias décadas (Lettieri, 2015) al amparo de la revolución, al convertirse en caciques políticos-empresarios[12]beneficiarios de contratos públicos a través de empresas que ofrecen servicios de transporte de carga[13] y distribución de fertilizante subsidiado en Guerrero,[14] así como de artículos de papel para fiestas.
Reflexiones finales
La violencia en Guerrero es parte de un continuum que articula procesos pasados y presentes, ineludiblemente vinculada con diversos niveles de configuración económica y política que no suelen ser tan evidentes en el día a día, y contribuyen a construir una visión sobre la sociedad guerrerense como una ‘inherentemente’ violenta. No obstante, comulgar con tal visión desvía la atención sobre el papel que entornos como Guerrero juegan en la economía global, de cara a los actuales procesos de acumulación por despojo (Harvey, 2005) que suponen la producción de nuevos espacios de extracción de riquezas en territorios antes no explotados, a los cuales fueron confinados los pueblos originarios durante la colonización.
Así, la extrema violencia actual no puede ser simplemente atribuida a los agentes que la ejercen y desligada de aquellos que se benefician de ella. Específicamente, son los grandes caciques quienes han refuncionalizado su papel de intermediarios para participar exitosamente en redes macrocriminales: su éxito radica en la impunidad de la guerra que ejercen los ‘grupos criminales’[15] contra los pueblos y comunidades que se resisten, y en múltiples operaciones que ocurren en las sombras.[16]
En estas sombras se conectan organizaciones político-partidarias[17] -que otorgan protección política y acceso a contratos gubernamentales-, actividades económicas legales que dan pie a dinámicas ilegales -la organización de ‘eventos’ como el jaripeo y ‘palenques’; la conexión con el mundo de la farándula, muy propicio para la trata de mujeres; o la ganadería, que permite el blanqueo de capitales;[18] o la industria del transporte, que puede prestarse al tráfico de estupefacientes- y añejas relaciones con la milicia -que no sólo garantizan protección, sino acceso a armamento[19] y transferencia de conocimientos mediante entrenamiento. Mientras estas redes no sean combatidas en su dimensión económica, tendrán recursos para seguir disputando la soberanía al estado mexicano.
Fuentes citadas
Arendt, Hannah (2005). Sobre la violencia. Madrid: alianza editorial.
Bartra, Armando (2000). Guerrero bronco: campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la costa grande. México: Ediciones Era.
Cruz, Francisco, Félix Santana y Miguel Alvarado (2017). La guerra que nos ocultan: la historia de unas mayores conspiraciones de violencia y corrupción en el México actual. México: Ediciones Temas de Hoy.
Elias, Norbert (1987). El proceso de la civilización. Madrid: FCE.
Feldman, Allen (1991). Formations of violence. The narrative of the body and political terror in Northern Ireland, Chicago: The University of Chicago Press.
Hansen, Thomas B. And Finn Stepputat (2006). “Sovereignty revisited”. Annual Review of Anthropology (35): 295-315. Https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123317
Harvey, David. (2005). “El ‘nuevo imperialismo’: acumulación por desposesión”, Socialist Register, Buenos Aires: CLACSO, p. 99-129.
Lettieri, Michael (2015). “A model dinosaur. Power, personal networks, and the career of Rubén Figueroa”. Mexican studies/estudios mexicanos, 31 (2): 305-42. Doi: 10.1525/mex.2015.31.2.305
Mbembe, Achilles (2011). Necropolítica, Madrid: Editorial Melusina.
Paley, Dawn Marie (2018). Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo. México: Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Libertad bajo Palabra.
Reveles, José (2011). Levantones, narcofosas y falsos positivos. México: Grijalbo.
Rosen, José D. y Zepeda, Roberto (2016). “Una década de narcoviolencia en México (2006-2016)”. En: Benítez, R. y Aguayo, S. (ed.). (2016). Atlas de la seguridad y la defensa de México, 2016. México: Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, p. 55-66.
Segato, Rita L. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Buenos Aires: Tinta Limón.
Vázquez, Luis D. (2019). Captura del estado, macrocriminalidad y derechos humanos, México: FLACSO-Heinrich Böll Stiftung-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Notas
* Alba Teresa Estrada Castañón es Investigadora en el Programa Ciencias Sociales y Literatura del CEIICH-UNAM y Libertad Argüello Cabrera forma parte del Programa de Becas Posdoctorales en ese mismo Centro, bajo su asesoría.
[1] Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “Minería en La Montaña y Costa Chica de Guerrero: símbolo de esclavitud”, S/F, disponible en http://www.tlachinollan.org/category/incidencia/mineria-en-la-montana-es-es/, consultado el 3 de abril de 2020.
[2] P. E. Radilla, “La minería es la segunda actividad económica más importante para Guerrero: HAF”, El Sol de Acapulco, 21 de octubre de 2019, disponible en: https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/la-mineria-es-la-segunda-actividad-economica-mas-importante-para-guerrero-haf-acapulco-municipios4346858.html, consultado el 30 de marzo de 2020.
[3] Servicio Geológico Mexicano, Panorama minero del estado de Guerrero. 2018, México: Secretaría de Economía, disponible en: http://www.sgm.gob.mx/pdfs/GUERRERO.pdf, consultado el 31 de marzo de 2020.
[4] M. Concha, “Congreso sobre resistencias y espiritualidades”, La Jornada, 30 de mayo de 2019, disponible en: https://www.jornada.com.mx/2019/05/25/opinion/016a1pol, consultado el 7 de junio de 2019.
[5] Fundar, Anuario 2018. Las actividades extractivas en México. Desafíos para la 4T, México: Fundar Centro de Documentación A.C., disponible en: https://172709-959206-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2019/08/Anuario_Extractivas_2018_WEB.pdf, consultada el 23 de mayo de 2019.
[6] E. Freyre, “Evelia: un testimonio de Guerrero”, Pueblos. Revista de Información y Debate, 25 de junio de 2018, disponible en:http://www.revistapueblos.org/blog/2018/06/25/evelia-un-testimonio-de-guerrero/, consultado el 20 de enero de 2020.
[7] S. Ocampo, “Entregan a la PGR a nueve federales acusados de servir a Guerreros Unidos”, La Jornada, 30 de octubre de 2015, disponible en: https://www.jornada.com.mx/2015/10/30/estados/033n1est, consultado el 15 de febrero de 2020.
[8] I. Salgado, “Arranca Galerías Tamarindos, Iguala. Ideal para inversión nacional y extranjera: Soberanis”, Diario 21. Periódico plural del estado de Guerrero, 23 de enero de 2008; disponible en: http://www.diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_id=21018&edition_id=5129&format=html
[9] La Redacción, “Exfuncionario pidió predio para Abarca”, La Silla Rota, 2 de diciembre de 2014, disponible en: https://lasillarota.com/exfuncionario-pidio-predio-para-abarca/67224, consultado el 2 de abril de 2020.
[10] Temoris Grecko, “Huitzuco: el feudo de los Rubén Figueroa que el gobierno se niega a tocar”, Aristegui Noticias, 15 de abril de 2016, disponible en: https://aristeguinoticias.com/1504/mexico/huitzuco-el-feudo-de-los-ruben-figueroa-que-el-gobierno-se-niega-a-tocar-articulo-de-temoris-grecko/
[11] M. Castro, “¿A dónde se llevaron a los 43?”, Chiapas Paralelo, 27 de agosto de 2019, disponible en: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/08/a-donde-se-llevaron-a-los-43/
[12] La Redacción, “Diputados y senadores tienen dueño”, Proceso, 15 de agosto de 2004, disponible en: https://www.proceso.com.mx/192996/diputados-y-senadores-tienen-dueno, consultado el 30 de marzo de 2020.
[13] S. Ocampo, “Piden aclarar el desvío de fondos para fertilizantes en Guerrero”, La Jornada, 26 de febrero de 2020, disponible en: https://www.jornada.com.mx/2020/02/26/estados/026n3est, consultado el 30 de marzo de 2020.
[14] R. Agustín Esteban, “Rubén Figueroa, proveedor mayor de fertilizante en Guerrero”, Diario 21, 4 de abril de 2008, disponible en: https://www.diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_id=24281&format=html, consultado el 27 de marzo de 2020.
[15] E. Flores Contreras, “El ‘Carrete’ y sus nexos con el caso Ayotzinapa”, Proceso, 2 de agosto de 2019, disponible en: https://www.proceso.com.mx/594750/el-carrete-y-sus-nexos-con-el-caso-ayotzinapa; La Redacción, “Declara Federico Figueroa ante la PGR por presuntos vínculos con el narco”, Proceso, 7 de enero de 2016, disponible en: https://www.proceso.com.mx/425591/declara-federico-figueroa-en-la-pgr-por-presuntos-vinculos-con-el-narco
[16] Amílcar Salazar, “Huitzuco: tierra del huzache, de la violencia y de los Figueroa”, La Silla Rota, 14 de abril de 2016, disponible en: https://lasillarota.com/huitzuco-tierra-del-huizache-de-la-violencia-y-de-los-figueroa/109714
[17] E. Flores Contreras, “Difunden video de la fiesta de Astudillo; contrató para el evento a José Manuel Figueroa”, Proceso, 28 de octubre de 2016, disponible en: https://www.proceso.com.mx/460579/difunden-video-la-fiesta-astudillo-contrato-evento-a-jose-manuel-figueroa
[18] Paul Medrano, “Joan Sebastian: PRI, narco y trata de mujeres”, Vice, 2 de enero de 2016, disponible en: https://www.vice.com/es_latam/article/mvybqn/joan-sebastian-sembrador-del-pri; E. Reina Muñoz, “Joan Sebastian la Barbie y las niñas”, El País, 3 de marzo de 2017, disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/03/02/estilo/1488495540_287052.html
[19] Tal es el caso de algunas armas de uso exclusivo del Ejército, como las de la alemana Heckler & Koch, empresa juzgada por distribuir armamento en zonas con fuertes conflictos internos. Paris Martínez, “Alemania enjuicia a fábrica de armas usadas contra normalistas; en México, el Ejército destruye evidencia”, Animal Político, 5 de octubre de 2018, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/10/alemania-juicio-fabrica-armas-normalistas/