I. América Latina
1. Los tres últimos años han sido de un sorprendente y notorio “vuelco a la derecha” en la situación política de América Latina o, más precisamente, de una generalización relativa de una inclinación de derechas en los Estados y las sociedades civiles de la región, con sus importantes excepciones. En lo institucional, los partidos, actores, líderes representativos de esta corriente tuvieron gran avance electoral en los procesos nacionales de varios países: el Partido Revolucionario Institucional mexicano triunfó en las urnas y retornó a finales de 2012 al gobierno, dando continuidad a un régimen de derecha. En Brasil, la corriente Cambia Brasil alcanzó 48.36 por ciento de los sufragios el 26 de octubre de 2014. En Uruguay, el Partido Nacional llegó a 43 por ciento el 30 de noviembre de 2014. En Argentina, Macri logró el triunfo nacional con la propuesta electoral Cambiemos, el 22 de noviembre de 2015. En Venezuela se produjo el triunfo de la Mesa de Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre 2015, con el doble de candidatos triunfantes respecto al partido de Maduro. En Brasil, el franco retorno a la derecha se produjo con el impeachment de Dilma, en mayo-agosto de 2016, y la imposición del presidente Temer vía un golpe de Estado parlamentario-judicial-mediático. Ese avance de las corrientes de derecha se confirmó con los resultados recientes de los comicios municipales en Brasil en general a favor del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el 2 de octubre de 2016. En Colombia, la derecha se reafirmó con el triunfo del “No” en el plebiscito referido a la convalidación del acuerdo de paz, el 2 de octubre de 2016.
2. El vuelco electoral político hacia la derecha en América del Sur no está dando lugar al simple regreso a las políticas privatizadoras de finales del siglo XX ni a la pura retomada de las contrarreformas neoliberales, si bien es la vuelta a las políticas económicas de neoliberalismo salvaje, a la profundización de las políticas de ajuste del gasto público, a la sobreexplotación de los trabajadores y los recursos naturales, al fortalecimiento del rentismo y las políticas extractivistas y a regímenes de gobernabilidad autoritaria.
3. El dato que hace peculiar el actual acceso de la derecha a los órganos del Estado y a su proyecto de generalizar y normalizar la civilización del neoliberalismo, la cultura del mercado y el individualismo a ultranza es que se acompaña de una fascistización ideológica, una agresiva ofensiva ideológica de las fuerzas y corrientes conservadoras y de la activación de múltiples sentimientos de odio de las clases medias altas que buscan irradiarse en la sociedad: abarcan reivindicación de privilegios de elite y una ofensiva clasista, discursos y prácticas racistas contra mestizos, negros e indígenas, planteamientos y políticas contra las mujeres, odios ideológicos y políticos hacia la juventud, promoción de políticas de desigualdad y un llamado a acabar con el comunismo en todas sus expresiones, etcétera. Se trata sin embargo de un posicionamiento cultural y moral contra todo lo popular y crítico. Éste se produce en alianza subordinada a las políticas del gobierno de Estados Unidos, se articula con las instituciones y los movimientos que reivindican programas y políticas retrógrados, como las directrices de las iglesias protestantes y los sectores reaccionarios católicos, grupos conservadores que estimulan marchas por la familia tradicional y contra el aborto, instituciones que defienden ciegamente la propiedad privada monopólica de la sociedad civil como las federaciones de industrias y la orden de abogados de Brasil y tienen el visto bueno de los dirigentes reaccionarios de instituciones educativas, mediáticas, judiciales y parlamentarias.1
4. Como la derecha no busca ni tiene alternativa para los problemas estructurales del capitalismo latinoamericano, para crear un proyecto de referencia nacional o popular, afirmar la soberanía del Estado o dar cabida y viabilidad a la compleja diversidad que exigen los movimientos sociales de todo tipo, su acceso a los gobiernos y sus políticas autoritarias de gobernabilidad y profundización global del neoliberalismo generarán en el mediano plazo mayores desigualdades y nuevas crisis políticas y situaciones de inestabilidad. Provocarán además disputas agudas y algunas veces violentas de proyectos, fuerzas políticas, territorios, poblaciones. Tenemos por delante una época de crisis en que lo viejo no dejará de tener poder, políticas, influencia en la sociedad y aparatos de Estado para seguir dominando, entre los cuales las políticas de seguridad y las de medios adquieren preeminencia y están por todos lados, con grados nuevos de autonomía propia. Las nociones de orden y control –policiaco, político, ideológico, social– empiezan a volverse asuntos clave en las políticas de Estado, hasta instituir un Estado neoliberal autoritario del orden en el cual para sostener la nueva normalidad de reaccionarismo social, sobreexplotación y despojo de territorios y comunidades, la derecha proyecta a las fuerzas armadas en el terreno de la nueva noción de seguridad pública sin un marco legal que defina su actuación interna en los asuntos sociales.
5. Las nuevas políticas de las derechas afectan de manera negativa el funcionamiento de las mediaciones y acentúan las crisis de representatividad de las instituciones electorales, parlamentarias, partidarias y judiciales. Las viejas clases políticas oligárquicas empresariales se transforman crecientemente en “castas políticas” cuyo programa nacional es convertirse en vehículos de las políticas neoliberales de subordinación a la hegemonía regional estadounidense y a los procesos de transnacionalización del Estado. La figura del Estado nacional de competencia que busca conferir prioridad a la valorización del capital de nueva cuenta es la que tenderá a privar, con el tributo al ingreso y dominio del gran capital transnacional, y la sujeción al capital financiero y a los organismos económicos mundiales. Las mediaciones, con su dualidad de ser “tanto el Estado ampliado en la sociedad como la sociedad empequeñecida en el Estado”,2 dejan de ser espacio de disputa de proyectos distintos, y la tendencia es históricamente regresiva: que pasen a ser un “consejo de administración rector de los intereses colectivos de la clase burguesa”,3 ahora transnacional.
6. Las derechas actuantes optan hoy por instituir regímenes de gobernabilidad autoritaria subsumidos al proyecto de dominio neoliberal estadounidense para la región. No hay propuesta para la evidente crisis de representatividad de las instituciones ni se busca abrir canales a fin de que la sociedad civil y dentro de ésta las masas de trabajadores precarizados o los movimientos sociales encuentren salida para sus reivindicaciones o logren avances en la disputa de sus proyectos en democracia.
7. Correlativamente al vuelco a la derecha se aprecia un agotamiento de la legitimidad de gran parte de los ya reducidos gobiernos progresistas en América del Sur, una pérdida de derechos y libertades de la sociedad civil y un relativo debilitamiento de los movimientos sociales. Hay decepción y desesperanza de los gobernados, aun cuando gran parte de éstos todavía reconozca los logros civilizatorios y nacional-populares que tuvieron algunas políticas progresistas. Las masas populares, los nuevos incluidos en el consumo, las clases medias ilustradas y de pensamiento crítico y –sobre todo– los jóvenes de los sectores excluidos, informales y marginados, han buscado evidenciar su protesta por medio de las calles y las elecciones ante el deterioro ético-político de los dirigentes institucionales (corrupción de dirigentes de partidos y burócratas) y ante los ambiguos logros de las políticas público-privadas neodesarrollistas de Estado, que en muchos lados resultaron en franca connivencia de los dirigentes del Estado con la acumulación financiera, los ajustes fiscales, el agronegocio depredador, el rentismo de oportunidad, impulsadas por la mayoría de los gobiernos progresistas. En Brasil, por ejemplo, esa desilusión ya se había manifestado abiertamente en la protesta social en que se manifestaron millones de jóvenes en junio de 2013.4
Tampoco logró sostenerse la legitimación de los gobiernos fuertes, autoritarios y centralizadores del progresismo con sus políticas de conciliación y pacificación de clases5 en las mayorías populares, en las cuales se generó una incomodidad evidente por los costos sociales de las políticas de gobierno ajustadas a los intereses de las clases económicamente dominantes, hacia las políticas de despolitización social, la insuficiencia de las discutibles políticas sociales de inclusión y de atención público-privada a las necesidades urgentes y estructurales de educación, salud, vivienda y empleo y de estímulo al consumo: “Se optó por la centralización y el caudillismo carismático, en lugar de la organización popular y la educación para la hegemonía”.6
Especial disgusto generaron la permisibilidad de los gobiernos ante las políticas de extractivismo inconsciente desregulado, de estímulo al agronegocio depredador, de capitalización permanente y unilateral del capital financiero y de manifestaciones de poder de los medios monopólicos y los sectores de justicia y policía.
Por otro lado, las políticas de gestión gubernamental de los Estados no atendieron y entendieron poco lo nuevo que no termina por afirmarse en nuestra época: las necesidades de las grandes masas de trabajadores actuales, los nuevos explotados precarizados globales:7 sus requerimientos de estabilidad laboral, de economía social, de nueva sociabilidad, participación, cultura y política emancipadoras. Asimismo, los gobiernos no recogieron en general las propuestas y demandas colectivas de nueva generación, expresadas en la riqueza de elaboraciones conceptuales y políticas de los complejos movimientos sociales contenedores de la diversidad, enarboladas por la juventud de los campesinos pobres y jornaleros, comunidades originarias, múltiples movimientos sociales y barriales, feminismos, y las expresiones creativas de los múltiples sectores avanzados de la nueva sociedad civil,8 moderna y adicta a las nuevas formas de existencia, tecnologías cibernéticas, informáticas y de comunicación. Los gobiernos progresistas, quizá con la excepción de algunas políticas del gobierno de Venezuela y –en menor medida y sólo en el inicio de su mandato– de los de Bolivia y Ecuador, no tuvieron como proyecto la construcción de un poder popular ni transformaciones profundas en el Estado.
También hubo desengaño e inconformidad de los movimientos sociales y políticos de izquierda por el sectarismo, la prepotencia y cerrazón con la cual en muchos casos las fuerzas dirigentes de los nuevos gobiernos dieron la espalda a la necesidad de crear bloques de poder amplios con todas las fuerzas sociales basados en políticas populares y la renuencia a abrigar a los distintos sectores de la izquierda, así como su falta de innovación en términos de democracia participativa real, con contadas excepciones.
Una apreciación general como la de este escrito no deja de reconocer que en ciertos momentos y circunstancias, algunos gobiernos progresistas (sólo algunos) diseñaron políticas que mejoraron parcial y puntualmente la situación socioeconómica de las masas populares, que estimularon en algunos aspectos la participación ciudadana y la organización comunitaria social y dieron esporádicos cauces a la participación popular y al protagonismo activo de sus países en el ámbito internacional, en las difíciles condiciones mundiales contemporáneas, afectadas por la estructura global de poder y las presiones de los Estados potencia dominantes. Sin embargo, ni el impulso de la vida democrática multidimensional, ni la ampliación hacia el bloque de izquierdas, ni las reformas de fondo fueron la tónica dominante de la gestión de la mayoría de los gobiernos progresistas, como observa Frei Betto respecto al proyecto del Partido de los Trabajadores en Brasil:
El PT nació con el propósito de “organizar a la clase trabajadora”. Llegó al poder gracias a los movimientos sociales. Pero no supo valorizar lo que le daría sustentabilidad política. No hubo estrategia para desarticular a los actuales protagonistas del golpe.
Creyó en las alianzas con los enemigos de clase. Hizo demasiadas concesiones a quien tenía por objetivo desbancar al PT y retomar el control de la máquina del Estado. Cambió la estrategia por meras conquistas electorales. Cedió el proyecto histórico por meras tácticas de acomodos en el gobierno.
Mantenerse en el poder, incluso al costo de pactos espurios, fue más importante que alterar las estructuras arcaicas de la sociedad brasileña. Trece años de gobierno y ninguna reforma, ni la agraria, la laboral o la tributaria. Hoy, el PT es víctima de la omisión de una reforma política9 (Frei Betto, “Começar de novo”, publicado en Correio da Cidadania on line, 6 de septiembre de 2016).
8. Paralelamente al actual vuelco a la derecha de los Estados latinoamericanos, a la desesperanza de gran parte de la sociedad civil y un fuerte apoliticismo de la juventud, se observa lo que quizá llegue a formar un nuevo ciclo de actividad y resistencia de la sociedad civil autónoma, motivada por la reactivación de la resistencia de los movimientos populares y una nueva autoorganización y protesta colectiva que podrían llevar a consolidar un programa de reformas estructurales avanzadas de los Estados y las instituciones de la sociedad civil, de recuperación de la participación, el debate y la lucha por la autonomía ideológica y de promoción de la unidad de la diversidad en las direcciones partidarias de oposición, así como de la posibilidad (y necesidad) de un ciclo de revisión, reconstrucción o sustitución democrática multidimensional de las fuerzas progresistas y de la izquierda, de su proyecto nacional, de sus definiciones políticas y de sus estrategias políticas.
II. Brasil
9. En Brasil acontece como en otros países una ofensiva aventurera de las derechas, promovida por los grupos que dirigen los poderes económicos, políticos, judiciales, educativos, culturales y mediáticos de esa orientación, corrientes encaminadas a desprestigiar y destituir de la política al conjunto de los líderes del Partido de los Trabajadores y del Comunista de Brasil, dirigida a anular el ambiguo programa social neodesarrollista que prevaleció durante 12 años y encarrilada a cambiar la orientación, el programa y las políticas de conciliación de clases y pacificación social en la economía y la política. Más allá de atentar contra una específica corriente política autodenominada “progresista”, esa ofensiva promueve la destrucción de los valores civilizatorios de justicia, democracia, igualitarismo, diálogo, derechos de minorías oprimidas; es decir, el conjunto de las instituciones sociales, culturales, democráticas y sociales creadas en Brasil con la Constitución de 1988, que después de la dictadura militar de 20 años (1964-84), a lo largo de 35 años posibilitaron un pacto sociopolítico de convivencia política pacífica y creativa. El impeachment a Dilma Rousseff, la persecución al ex presidente Lula y a sus ministros y el ataque judicial, político y mediático a las expresiones políticas y culturales progresistas y de izquierda forman parte de cierto “golpe de Estado parlamentario-judicial, mediático y de valores” que los partidos y las fuerzas políticas y sociales progresistas y de izquierda no pudieron impedir institucionalmente, ni con la resistencia de los movimientos políticos y sociales en las calles, ni con el apoyo de la opinión pública interna e internacional.
Conviene revisar la situación institucional y social a partir del posicionamiento de las fuerzas políticas y sociales, de las características de las nuevas orientaciones estatales de Brasil y de cómo afectan la dinámica política, el sistema de poderes institucionales, las políticas públicas y sociales, y la cultura, el sentido común y la visión del mundo de grandes segmentos de la sociedad civil.10 Con lo anterior intentaremos conocer la profundidad de la crisis actual: las variaciones del grado de correspondencia entre la sociedad y el Estado, y los vaivenes de una relación de fuerzas que constituye la debilidad o la vitalidad de esa correspondencia.
10. En los últimos dos años, y particularmente después de la ofensiva golpista, se han abierto procesos que afectan al Estado político en tanto proyecto nacional11 y trinchera societal.
En Brasil, el gobierno progresista de Lula aplicó nuevas orientaciones de regulación estatal y políticas sociales de 2003 a 2015.12 En 2003 se abrió paso un nuevo proyecto nacional forjado en una sociedad en resistencia y en las luchas por derechos y libertades relacionados con los enunciados de la Constitución de 1988 y con una filosofía de la liberación y la esperanza de los oprimidos basada en la pedagogía de Paulo Freire. Centrado en proponer un capitalismo con un Estado regulador de protección social e igualdad ciudadana, con autonomía relativa del Estado y ampliación de su soberanía, el nuevo grupo gobernante “lulista” introdujo en el Estado un programa “social progresista posneoliberal, neodesarrollista, de justicia social” el cual, aun cuando tuvo continuidad con las políticas de la economía neoliberal y favoreció la acumulación depredadora y extractivista, impulsó programas y políticas de asistencialismo social, de defensa de políticas públicas populares nacionales, de proyección activa de Brasil en la integración y la dinámica democrática de la región latinoamericana y de lucha por un mundo multipolar por medio de la alianza Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) y por la política exterior activa en los foros internacionales.
Aun cuando se trataba de una alternativa política, el proyecto se enarboló en 2002 como elemento de una disputa electoral y técnica que no hizo hincapié en la búsqueda de cambiar la relación de fuerzas que había en Brasil.
Desde el inicio del periodo de gobiernos progresistas y hasta la destitución de la presidenta Dilma, se reconoció pero se omitió la elaboración de políticas encaminadas a lograr reformas profundas en las instituciones elitistas, en los poderes policiaco-militares, en el conservadurismo autónomo del Poder Judicial y en el viciado poder parlamentario.13
El proyecto nacional del denominado “lulismo” se procesó por medio de un cesarismo que llamaba a la modernización pasiva y se basaba en la ascendencia del líder carismático progresista, pero no consideraba una lucha por reformas estructurales de fondo14 que pudiera encaminarse a renovar el perfil constitutivo de las instituciones del Estado y el funcionamiento de los sistemas de relación con lo público. Cuando se planteó una reforma política a finales del segundo periodo de Luiz Inázio Lula da Silva se aludía a la fidelidad partidaria y no a la transformación de las instituciones ni a la politización y reforma de la sociedad civil.15
11. El nuevo gobierno de derecha de Michel Temer se ha manifestado por nuevas relaciones de subordinación con Estados Unidos, por desmantelar la regulación del Estado, acabar con el gasto público constitucional destinado a las políticas públicas de educación, salud, vivienda, disminuir los derechos de los trabajadores, privatizar las empresas productivas y de servicios públicos, mantener el servicio al capital financiero con altas tasas de interés, vender parte de la economía a las inversiones extranjeras y buscar una política contraria a la colaboración regional latinoamericana y con los países del sur.16
12. Considerando la atmósfera prevaleciente en la sociedad civil, podemos partir de un antecedente estructural y una situación política social: desde la década de 1990, Brasil vio surgir y expandirse a grandes mayorías explotadas precarizadas que expresan la forma en que la globalización cambia las condiciones de producción y circulación mercantil capitalista en Latinoamérica. En Brasil, esas mayorías adquirieron distintas expresiones e identidades de resistencia y lucha como movimientos de una diversidad popular creativa: campesinos, jornaleros, pequeños agricultores, afectados del campo y trabajadores sin tierra, obreros precarizados urbanos, negros, jóvenes, mujeres, jubilados, cooperativistas, asociaciones de género y de la diversidad sexual, que formaron movimientos nacionales por derechos de minorías que confluyeron en el derecho a otro tipo de ciudad y de sociedad, lo cual configuró una nueva identidad arcoíris de lucha y propuesta. El amplísimo movimiento de la diversidad aglutinó a quienes lucharon por ampliar y afirmar las libertades democráticas y renovar las instituciones, las organizaciones y los núcleos socioculturales y políticos de la sociedad civil.17 Durante dos décadas, el orden del día en gran parte del mundo popular fue trabajar y desplegarse como diversidad con derechos en la sociedad civil. Ahí converge el trabajo amplio de los sindicatos y centrales operarias con movimientos sociales populares urbanos y rurales que, con base en la herencia de los presupuestos ideológicos de la Constitución de 1988 y de la pedagogía de la liberación, asumen como propia una crítica de las ideologías oligárquico-autoritarias tradicionales, en oposición al proyecto neoliberal y a la revolución pasiva mundial instalados en la década de 1990. Ese trayecto está en sentido contrario al proceso reciente de las clases medias conservadoras, las organizaciones e instituciones religiosas protestantes y los medios de comunicación globales.
La sociedad civil brasileña tuvo durante los últimos 13 años una decisiva influencia de innovadoras expresiones no tradicionales, como el movimiento de los trabajadores sin tierra, el organizado por el derecho a producir cultura en las favelas, el de los trabajadores sin techo, el barrial por el derecho a la ciudad, el feminista, el ecologista, el LGBT y el estudiantil de nivel medio superior. Esa sociedad civil se unifica en un proyecto nacional progresista y participa con cierta autonomía en las mediaciones institucionales, culturales y políticas generadas en la década de 1990 y continuadas en el siglo XXI, como los consejos de presupuesto participativo, los de educación y salud, los de seguridad alimentaria y hambre cero.
Los movimientos de la diversidad generaron condiciones para el acceso de Lula y el PT al gobierno, y dieron un apoyo pasivo a las nuevas políticas de regulación estatal, crecimiento económico con inclusión, políticas de seguridad alimentaria y programas de asistencia denominados “hambre cero”; apoyaron crítica o pasivamente a los gobiernos progresistas, incluso cuando se puso de manifiesto que adoptaban políticas contrarias a los derechos de los trabajadores jubilados, incurría en prácticas de corrupción para viabilizar la dirección de un sistema político oligárquico, formaban alianza con los empresarios del agronegocio, conciliaban con los representantes del capital financiero, y menospreciaban y hasta ignoraban los reclamos de los movimientos sociales a cambio de fortalecer programas asistencialistas de alcance nacional y cobertura de millones.
En los gobiernos progresistas de Lula y Dilma, la sociedad civil urbana fue invadida por una ola de consumismo mercantil y mediático, acompañada de la burocratización de las instituciones, los sindicatos y las organizaciones de masas. Esa ola afectó sobre todo a las organizaciones políticas que se sumaron al lulismo y vieron rebajada su participación crítica en las esferas relacionadas con los espacios públicos.
Con relación a la sociedad civil, los resultados a lo largo de década y media de gobiernos progresistas en Brasil fueron la mezcla de cierto reconocimiento de los movimientos de la diversidad con una continuidad neoliberal en la vida sociocultural, de aceptación pasiva de grandes sectores sociales hacia el extractivismo depredador, de oídos sordos a la formación de una nueva dependencia del capitalismo, cuyo eje fue el peso dominante de la exportación de commodities, el subsidio a la acumulación privada en la industria, los energéticos, la educación, la salud, los servicios, y una concepción del Estado no como ámbito de disputa de proyectos sino como espacio de gestión y administración regulada de y en empresas estatales, grandes empresas privadas transnacionalizadas, corporaciones financieras, lo que en una visión de totalidad generó desideologización, despolitización y pasivización de la sociedad civil y aletargamiento de los movimientos sociales.
13. La opinión pública de derecha en la sociedad actual se basa en que durante los periodos de Lula y Dilma se fue generando una inconformidad reaccionaria de clases medias que participaron del auge del alto consumo de productos y servicios de lujo, acompañados sin embargo por la pérdida de algunos privilegios y de merma de su protagonismo respecto a los trabajadores y las clases populares: incomodó especialmente la formalización del trabajo doméstico, los derechos populares de consumo de bienes y servicios antes de elite, etcétera.
Al mismo tiempo, la educación política y cultural de masas fue dejada en manos de medios de comunicación y cultura monopólicos y elitistas: la cadena mediática O Globo Tv y Globo Diario, Folha de Sao Paulo, o Estado de Sao Paulo, y revistas de opinión de clases medias como Isto é y Veja.
En los 14 años de lulismo, la mayoría de la sociedad civil brasileña se permeó de una ideología banal de modernidad y conciliación de clases, basada en el consumismo y la multiculturalidad, sin una concepción politizada y crítica de las relaciones regionales, nacionales y locales de poder. La excepción fueron los procesos ideológico-culturales y políticos de los mismos movimientos sociales o los que irradiaba la crítica progresista promovida por la Organización Nacional de Obispos de Brasil, que nunca dejaron de generar formación política crítica entre sus miembros y en la sociedad civil.
Los políticos e ideólogos de la derecha conservadora y de la neoliberal modernizante impulsaron, a su vez, una educación mediática basada en el culto a un Brasil abstracto de potencia emergente, elitismo e individualismo y desplegaron soterradamente, ya con la formación del Movimiento Brasil Libre, un discurso privatista, racista, antipopular, anticomunista basado en la crítica de lo público, benévolo en extremo con la memoria de la dictadura militar y promotor del antipoliticismo de la juventud.18
Por el contrario, en la última década y media los intelectuales orgánicos de los grupos sociales populares en lucha tuvieron incidencia escasa en la ideología de masas de la sociedad civil y fueron subalternizados por el predominio de la figura y conducción cesarista del presidente Lula, por su capacidad para arbitrar los intereses y resolver pragmáticamente los conflictos.
14. Auge y declive del proyecto regional y mundial de Brasil. Con el apoyo entusiasta de la derecha, el actual gobierno de Temer está revirtiendo las políticas de soberanía relativa y de proyección internacional independiente de Brasil y está poniendo en crisis la vinculación de Brasil con el Mercosur, la Unasur y los países pequeños de Sudamérica; las políticas de acercamiento subordinado a Estados Unidos están decidiéndose a espaldas de la anterior alianza brics, y las declaraciones de José Serra, el ministro de Relaciones Exteriores del nuevo régimen, se han propuesto privilegiar las relaciones Sur-Norte y la apertura de las empresas público-privadas al capital transnacional en menoscabo de las políticas Sur-Sur. Termina con ello la política de construir un megaestado democrático en América del Sur con eje en Brasil y una dimensión de lucha por un mundo multipolar. Hay una ofensiva ideológica en las instituciones que retoma el culto a la ciencia y la tecnología desarrollada en los Estados capitalistas industrializados y a la formación de elites intelectuales individualistas sin responsabilidad social.
15. La derecha brasileña que se apoderó de las instituciones estatales está formada por una oligarquía política autoritaria y conservadora, patriarcal y corrupta, convencida de integrar el país en un proyecto capitalista transnacional y configurar un Estado privatizador neoliberal. Las formaciones políticas del PSDB y el PMDB, dominantes en el nuevo gobierno, procuran una afirmación en las relaciones de fuerza en que el empuje capitalista transnacionalizado sea preponderante y se promueva la subordinación cuasi absoluta de los trabajadores, los pequeños productores y pequeños empresarios, con la expulsión y criminalización del pensamiento crítico y la subordinación o extinción de los partidos progresistas y de izquierda, lo cual abre una brecha a la correspondencia Estado-sociedad civil formada en los últimos 35 años.
16. La crisis política actual continuará. Las políticas de la nueva-vieja derecha propiciarán la profundización de la desigualdad, la exclusión, el elitismo y el no reconocimiento de la diversidad de la sociedad brasileña y de sus movimientos sociales. Son políticas del todo contrarias a las necesidades de las masas populares globalmente explotadas, a los avances civilizatorios de la sociedad civil brasileña, a las reivindicaciones de los movimientos sociales de la diversidad y a su creatividad. En el terreno del régimen político, la derecha buscará una gobernabilidad autoritaria de formas liberales y relaciones sociales cosificadas y alienadas, que tampoco resolverá la crisis política institucional. Ése es el ambiente propicio para un nuevo ciclo de resistencias y luchas de los movimientos sociales y los sectores avanzados de la sociedad civil que forje una izquierda distinta y renovada, que prepare estratégicamente una lucha por el poder popular y que proponga una opción democrática multidimensional por la hegemonía civil y la recuperación de la democracia en instituciones nuevas y reformadas que respondan a toda la sociedad.
1 En 2014 nacieron los grupos que hoy convocan millones: Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua y Revoltados on Line. Véase el artículo de Raúl Zibechi en La Jornada, “La nueva derecha en Brasil”, 1 de abril de 2016.
2 Hegel, Principios de la filosofía del derecho, Argentina, Editorial Sudamericana, 2004. Marx, Crítica de la filosofía política de Hegel, 1843.
3 Marx, Manifiesto del Partido Comunista. Para la noción de Estado nacional de competencia véase Joachim Hirsch, El Estado nacional de competencia, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2002.
4 Véase el texto de Marco Aurelio Nogueira, As ruas e a democracia. Ensaios sobre o Brasil contemporâneo, Brasil, Contrapunto, 2009.
5 Véase Ruy Braga, “Estamos colhendo, exatamente, os frutos dos 13 anos de petismo no governo federal” (Estamos recogiendo exactamente los frutos de los 13 años de petismo en el gobierno federal), en Correio da Cidadania on line, 16 de septiembre de 2016.
6 Véase Giovanni Semeraro, Apuntes sobre Brasil: Crisis orgánica e luta de clases em Gramsci, material inédito circulado en la International Gramsci Society do Brasil en 2016.
7 Véase González Casanova, Pablo, “La explotación global”, en De la sociología del poder a la sociología de la explotación. Pensar América Latina en el siglo XXI, Clacso-Siglo del Hombre, Bogotá, 2009.
8 Expresiones de la diversidad referida son las reivindicaciones y los movimientos comunitarios, étnicos, por el derecho a la ciudad, juveniles, ecológicos, por la justicia y la paz, contra la impunidad, educativos y magisteriales, de género, por la reforma política y de justicia, por la reforma agraria y de vivienda, el movimiento lgbt, etcétera.
9 Frei Betto, “Começar de novo” (Comenzar de nuevo), publicado en Correio da Cidadania on line, Brasil, 6 de septiembre de 2016.
10 El análisis del carácter de la ofensiva agresiva de las derechas lo hacemos a partir de intensificar tres ejes analíticos centrales que nos permiten buscar entender algunos elementos activos en la situación cambiante en curso. Los ejes metodológicos están implícitos en la noción de Estado integral y la ecuación Estado-sociedad civil: el proyecto nacional y el funcionamiento institucional; la sociedad civil expresada en la opinión pública de los medios de comunicación y los posicionamientos de las organizaciones y agrupaciones sociales, ideológico-culturales y los movimientos sociales populares.
11 El proyecto nacional del Estado establece el vínculo de relación con la acumulación y la reproducción del sistema económico prevaleciente, con el funcionamiento de los sistemas políticos y las mediaciones, abierto a obtener la legitimidad de los gobiernos y las instituciones y que tiene una política hacia la sociedad. El proyecto nacional es siempre una síntesis de las potencialidades de la reproducción de la forma productiva dominante y de la emisión ideológico-política de un bloque de poder que dirige el Estado y normalmente se enfrenta ante la necesidad de la aceptación internacional y de la población interna.
12 Cuando Lula obtuvo la Presidencia, impulsó un proyecto nacional distinto del liberalismo social del psdb, dirigido por Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). Ese proyecto neoliberal cayó en desgracia debido al desencanto de las mayorías populares formadas ideológicamente por las luchas de una pedagogía de la liberación y de movimientos ciudadanos por la garantía de tener derechos, al descrédito de su discurso contrarreformador, el afán privatizador de los bienes públicos y nacionales, la creciente subordinación a las políticas internacionales de Estados Unidos y la crisis económica de finales de la década de 1990, lo que llevó incluso a pugnas internas entre los gobernadores de los estados y la Presidencia.
13 Su funcionamiento como instituciones heredadas del viejo régimen militar posibilitaba el predominio de grupos conservadores y camarillas heredadas de la dictadura, elegidos o designados con leyes autoritarias y bajo la sujeción financiera del sistema político electoral a los financiadores privados cuyo eje es el logro de la representación a partir de elecciones individuales locales de diputados y senadores. Además de su subordinación a los grupos empresariales que los financiaron, el elemento común de la mayoría de los representantes y del funcionamiento institucional de la policía, las judicaturas y el Congreso es la falta de compromiso con una ideología, un análisis de país, una concepción de Estado, una valoración de los problemas y alternativas estructurales nacionales, sino que los diputados y los senadores se caracterizan, con algunas notorias excepciones, en general por una perspectiva local y empresarial particular de tipo modernizante apolítico, donde prevalecen grandes oligarcas terratenientes, líderes locales, religiosos o empresariales. Las entidades representativas se vuelven espacios de negociación lucrativa y de prebendas, y el funcionamiento de esos poderes se produce a partir de una concepción del orden y el progreso heredada de la historia oligárquica de Brasil.
14 Reformas políticas, judiciales, agrarias, institucionales, educativas o mediáticas.
15 Marco Aurelio Nogueira, As ruas e a democracia. Ensaios sobre o Brasil contemporâneo, Brasil, Contrapunto, 2009.
16 Tomado de la información de Folha de Sao Paulo, O Estado de Sao Paulo, los números de 2016 de Brasil de Fato, Correio da Cidadania, Carta Maior y las agencias de información Edital y Alai América Latina.
17 Desde 2009 he formado un grupo de trabajo amplio Brasil-México que da seguimiento a los movimientos de la sociedad civil en el primero de ambos países. La dirección de las investigaciones está a cargo de Severo Salles, Adelita Carleial y Lucio Oliver.
18 Sus planteamientos están en el sitio web https://mbl.org.br