CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL Y EL VUELCO DE AYOTZINAPA

En México la corrupción es un problema endémico inherente a todos los partidos políticos e instituciones gubernamentales. La supuesta “alternancia democrática” resultó ser un total fracaso en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción en el país. La competencia electoral entre opciones políticas diferentes no ha podido verse traducida en un progreso sustancial de la fiscalización gubernamental o en un mayor equilibrio de “pesos y contrapesos” entre los intereses de la sociedad y los gobiernos. Por el contrario, el deterioro político y la corrupción abarcan hoy a la totalidad de los gobiernos “democráticamente electos” sin importar el partido político que los hubiera llevado al poder y sin distingo de las ideologías que cada uno de esas organizaciones políticas representan. La consecuencia directa de esta situación  ha sido la generalización de una apatía política y la acelerada expansión de un sentimiento de “decepción democrática” entre la población mexicana, lo cual deja abiertos nuevos y mayores riesgos. Si las incipientes democracias resultan ser igualmente inefectivas en su capacidad para rendir cuentas que los sistemas autoritarios que las precedieron, el propio ideal democrático se encuentra en riesgo. Un vistazo rápido a los reportes más recientes desalienta hasta al demócrata más optimista.1

flores 19Todo ello se explica, desde luego, por la incapacidad de los gobiernos elegidos democráticamente por atender y resolver los graves problemas de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Pero en países como México y algunos otros de América Latina, estos problemas estructurales se acentúan con la profunda y arraigada corrupción que ha caracterizado su vida política y social por décadas. La corrupción se convierte así en el problema social más grave y agobiante de estas sociedades y el fracaso para combatirla no expresaría sino la palmaria incapacidad de los gobiernos y los actores políticos por transformar de fondo las relaciones que ellos han establecido con sus representados.

Aquella idea de que la celebración de elecciones para elegir gobiernos garantiza de forma automática el establecimiento de “un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo” ha resultado ser tan rotundamente falsa, como aquella otra que sostiene que la corrupción es esencialmente un “fenómeno cultural”2. Más aún los gobernantes que como Enrique Peña Nieto señalan sus supuestas raíces “culturales”3 y que aseveran la inmoralidad intrínseca de lo humano, no hacen sino justificar las conductas deshonestas, empezando quizás de forma interesada por las propias, con objeto de evadir la confrontación política de un problema no metafísico sino social. Asimismo, hoy ni los abordajes de “la teoría de la modernización” que enfocan la corrupción como un mero asunto de retraso o subdesarrollo económico4, ni las concepciones legalistas que mistifican la norma como solución automática, o los enfoques tecnócratas que sugieren “fallas de Estado” factibles de ser solucionadas con ajustes de ‘fontanería para la transparencia’5 pueden seguir siendo sostenidos pues todos ellos han mostrado su profundas limitaciones.

Desde hace ya varias décadas el concepto de corrupción se ha trivializado y con frecuencia se define de forma reduccionista como un mero sinónimo de soborno o extorsión. Pero este complejo fenómeno no puede seguir siendo circunscrito a la documentación de discretos episodios protagonizados por servidores públicos de bajo nivel recibiendo pagos aislados en oscuras ventanillas burocráticas. El objetivo final de la corrupción no siempre radica en obtener un beneficio pecuniario, sino también y cada vez de forma más creciente, en acumular poder y privilegios de forma ilegítima. Aquí definiremos la corrupción estructural como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos necesarios para el bienestar social y el desarrollo de los derechos fundamentales.6 Las prácticas concretas de la corrupción estructural adquieren una gran variedad de modalidades; algunas incluyen conductas ilícitas y delincuenciales mientras que otras pueden ser de perfecta legalidad pero de cuestionable moralidad. Y todas en su conjunto emergen con más claridad en aquellos periodos en los cuales las relaciones Estado-sociedad operan deficientemente y en contra de los más elementales principios de justicia y legitimidad que tendrían que caracterizar esta interacción.7 La corrupción es un problema social, estructural, institucional y político que exige soluciones igualmente estructurales.

Recientemente uno de los más terribles ejemplos de tal corrupción estructural ha sido la desaparición forzada y la ejecución violenta de los jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Este episodio constituye el terrorífico pináculo de una oleada de violencia institucional contra la población mexicana iniciada desde el gobierno de Felipe Calderón y profundizada a extremos de oprobio inimaginable con la restauración en el poder del régimen de partido de Estado.8 La masacre de Ayotzinapa ilumina de cuerpo entero la dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad, la expropiación del bienestar social y la cancelación de los derechos fundamentales. El doloroso episodio constituye uno de los más claros indicadores de la profunda ineficacia de las instituciones públicas en nuestro país y la insostenible tasa de impunidad que impera en él9.

El caso de Ayotzinapa ha querido ser presentado por el régimen priísta como un asunto meramente local y circunscrito a temas del narcotráfico, pero la mayor parte de la opinión pública nacional e internacional tiene claro que estas injustas muertes y desapariciones forzadas se deben de forma directa a la corrupción estructural que hoy tiene postrada la nación. La criminalización de la protesta, la insostenible tasa de impunidad, la colusión del gobierno con el crimen organizado y el cotidiano abuso de los derechos humanos, son tan solo algunos de los rasgos que convierten el caso de Ayotzinapa en un crimen de lesa humanidad cometido directamente por instituciones del Estado mexicano.

Durante los últimos  dos años, y en una aterradora y simbólica continuación  de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón,10 el gobierno de Peña Nieto ha expandido y profundizado la espiral de violencia ocurrida en nuestro país a partir de criminalizar y reprimir directamente la protesta social y los anhelos libertarios de la juventud mexicana. Simplemente en los primeros 100 días del gobierno de Peña Nieto, se registraron más de 4,000 muertes violentas.11 Más tarde durante 2013 el primer año completo del restaurado gobierno del Partido Revolucionario Institucional, 33.1 millones de mexicanos fueron víctimas de crímenes sobre su patrimonio, sus vidas y sus derechos fundamentales. El incremento constante y desenfrenado de estos indicadores ha sido el siguiente: en 2011 la cifra ascendía a 21.6 millones de crímenes, en 2012 ella se ubicó en 22.4 millones y en 2013 el incremento fue de 50 por ciento respecto al último año de Felipe Calderón.12 La ciudadanía continuamente expresa que con EPN se sienten más inseguros que con FCH. De acuerdo a la más reciente encuesta ENVIPE del INEGI, el 73,3 por ciento de los mexicanos reconoció “haberse sentido inseguro” durante 2013, ello significa el segundo aumento consecutivo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, luego de que el último año del mandato de Felipe Calderón, esta pregunta alcanzara la cifra de 66,6 por ciento entre la población consultada.13

Esta crisis humanitaria que atraviesa el país no sólo se explica por una política de seguridad y de procuración de justicia “ineficaz” o “ineficiente” en nuestro país, sino en primer lugar por una falla estructural en la rendición de cuentas del Estado mexicano, por un claro predominio de los abusos de poder y de un absoluto imperio de la impunidad a todos los niveles. Es urgente e impostergable resolver el tema de la decadencia institucional de México reflejada en la corrupción estructural para frenar la expansión de la espiral de violencia, represión e impunidad que hoy plantea nuevos y mayores riesgos políticos.

La lucha por la rendición de cuentas no provendrá de quienes viven de la corrupción y conviven con ella, mucho menos de quienes ni siquiera tienen la intención de erradicarla por que la consideran “una debilidad de orden cultural” (EPN dixit) y no un desafío político a encarar. Esta gran responsabilidad provendrá como se han dado siempre los cambios de fondo en el país, del empuje de los movimientos sociales, del periodismo valiente, de la ciudadanía comprometida, y de los héroes cotidianos que de forma vigilante y comprometida se atreven a desafiar el sistema de impunidad y privilegios tan profundamente arraigado en México. Las buenas noticias son que ese hartazgo, dolor e impotencia ya han dado paso a una gran lucha contra la corrupción estructural, contra la implacable pobreza, contra el abuso del poderoso, contra la injusticia y contra el clasismo neoliberal cuyo mensaje cada vez se oye más fuerte y mejor articulado en la consigna nacional de “Ayotzinapa somos todos”.


NOTAS 

1 Para un interesante análisis de la democracia en México véase el Latinbarómetro de 2013 el cual revela que más de tres cuartas partes de la población mexicana se encuentra “insatisfecha” con la democracia, lo cual constituye la más alta tasa desaprobatoria en toda América Latina. Solamente el 21 por ciento de los mexicanos valora positivamente el funcionamiento político del país. De acuerdo con el mismo reporte el 37 por ciento de los encuestados, lo que equivale a más de 43 millones de personas le es “indiferente” vivir bajo un régimen democrático o un régimen no democrático. Fuente: http://www.latinobarometro.org/lat.jsp  Para abundar en estas estadísticas véase también Freedom House Report, 2014. Disponible en: http://www.freedomhouse.org y el Americas Barometer Insights Report 2014” Vanderbilt University, 2014: http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO901en.pdf

2 Cfr. Agustín Basave, Mexicanidad y esquizofrenia: los dos rostros del MexiJano. Océano exprés, 2011; Claudio Lomnitz-Adler. Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México. Ciesas, 2000; Ludwig Huber, Romper la mano: una interpretación cultural de la corrupción. Vol. 9. IEP, Instituto de Estudios Peruanos, 2008.

3 El 20 de agosto de 2014 Enrique Peña Nieto señaló la corrupción es sobre todo una debilidad cultural. “Y me sostengo en este dicho. Estoy convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte, primero de reconocer que es una debilidad de orden cultural”. Con desparpajo el presidente abundó que “la corrupción lamentablemente es un cáncer social que no es exclusivo de México, lo es yo creo que de todas las naciones, un tema casi (sic) humano que ha estado en la historia de la humanidad”. http://aristeguinoticias.com/0809/mexico/a-construir-una-nueva-etica-contra-la-corrupcion-llama-el-presidente-pena-nieto/.

4 Leys, Colin (1993). “What is the problem about corruption?” En Heidenheimer, Arnold, et. al. (eds.), Political corruption: a handbook, 51-66. New Brunswick: Transaction Publishers. Véase también Moran, Jon (2011). “Patterns of corruption and development in East Asia” en Johnston, Michael (ed.), Public sector corruption, Vol. 1, Sage Publishers.

5 Por ejemplo Mauricio Merino en “La fontanería de la democracia” sostiene: “Si nuestras políticas sociales son regresivas, si nuestro sistema fiscal es insuficiente, si la política de seguridad pública está en crisis, si los gobiernos locales no acaban de funcionar, es en buena medida porque hemos despreciado la fontanería de la gestión pública, creyendo que la sola pluralidad política y los contrapesos entre partidos resolverían los problemas públicos. Y ahora corremos el riesgo de caer una vez más en el mismo error: pensar en los grandes temas del Estado que nos gustaría poseer, sin contar con los medios administrativos para hacerlo posible” Ver El Universal, Editorial. 9 de mayo de 2007. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/37525.html. Para otro ejemplo de análisis de la transparencia y la administración pública vistas como herramientas de “plomería social” véase: Vega Casillas, Salvador (2008). “Anti-corruption in the Federal Civil Service: Instruments, mechanisms, and best practices”. Revista de Administración Pública XLIII (Septiembre-Diciembre): 227-248

6 Ver: Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, “From Institutional to structural corruption: Rethinking Accountability in a world of Public-Private Parternships” Working Paper, Institutional Corruption Series, Edmond J. Safra Center for Ethics, Working Paper No. 33. Harvard University. December 20, 2013.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2370576

7 Ver: Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, “Rethinking Accountability & Transparency: Breaking the Public Sector Bias in Mexico”, International Law Review, American University, Vol. 29, 2013-2014. Págs. 399-439.

8 Durante los últimos 6 años y desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en el interior del país han tenido lugar más de 70,000 ejecuciones violentas, más de 25,000 “desaparecidos” y alrededor de 250,000 desplazados. Véase: Mexico’s Disappeared. The enduring Cost of a Crisis Ignored, Human Rights Watch, February 20th, 2013 http://www.hrw.org/reports/2013/02/20/mexicos-disappeared

9 A nivel federal únicamente 3 de cada 100 delitos son castigados y las tasas de impunidad a nivel de los estados y municipios se acentúa de manera alarmante. Ver: Guillermo Zepeda (2004) Crimen sin Castigo. Fondo de Cultura Económica, CIDAC.

10 Durante cuyo sexenio se reportaron más de 70,000 ejecuciones violentas, más de 25,000 “desaparecidos” y alrededor de 250,000 desplazados.

11 Véase: “Los homicidios en los primeros 100 días de Peña Nieto: 4 mil 549… y podrían ser más, dice conteo de Zeta” http://www.sinembargo.mx/15-03-2013/560479 Ver también: John Ackerman, (2012) “The Return of the Mexican Dinosaur”, Foreing Policy, July 2nd, 2012.

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/07/02/the_return_of_the_mexican_dinosaur?page=0,1

12 Ver. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 30 Sept, 2014.

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/especiales/2014/septiembre/comunica11.pdf

13Idem.