Introducción
Más allá de que la elección presidencial en Chile haya sido ganada por el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, la gran sorpresa en ella es la irrupción del Frente Amplio (FA)1 en el escenario político local. El 20 por ciento que alcanza su candidata presidencial, Beatriz Sánchez, y haber constituido una bancada parlamentaria de 20 diputados y 1 senador son hechos de la mayor relevancia y que lo instalan como tercera fuerza política en Chile.
Si algo dejan en claro los resultados de este proceso electoral es que el orden político del “pacto de la transición”2 tiene su mayor alteración en casi 30 años pues, por primera vez, una fuerza distinta de los dos conglomerados protagonistas del periodo (la Concertación/Nueva Mayoría y Chile Vamos)3 irrumpe en el escenario político de forma sustantiva, superando los niveles de marginalidad que históricamente padecieran anteriores articulaciones levantadas desde sectores de la izquierda.4
Tales cuentas alegres, sin embargo, no deberían llevar a perder de vista que el FA no logra por esto, y sin más, superar su condición de alianza electoral para constituirse en un instrumento político de proyección de las luchas sociales antineoliberales. En realidad, los desafíos del escenario actual radican en esa apuesta. Además, sin revertirse la abstención electoral con la existencia del FA, ésta se mantiene como dilema para todas las fuerzas de cambio que buscan transformar el carácter social de la política chilena.
En el presente artículo analizamos el panorama político local tras las últimas elecciones, en busca de explicar las tendencias generales de las fuerzas políticas existentes y los desafíos que el FA enfrenta en el ciclo actual.
Neoliberalismo avanzado e irrupción del Frente Amplio
En Chile, la transformación económica neoliberal impulsada por la dictadura, y luego profundizada en democracia, generó una importante alteración en la fisonomía de las clases y los grupos sociales predominantes en la mayor parte del siglo XX. Esa modernización neoliberal –que tiene más de reordenamiento de los instrumentos de acumulación en favor del capital financiero que de potenciación productiva– ha avanzado hasta niveles extremos en la mercantilización de la vida social. Se han privatizado los antiguos derechos sociales (educación, salud, pensiones, vivienda) y forzado a la población a resolver su reproducción vital mayoritariamente en el mercado, con escasa o nula protección estatal, en un grado sin parangón en Latinoamérica.
Las expresiones de malestar social y el estallido de los conflictos que en los últimos años han llamado la atención desde Chile se asocian justamente a las consecuencias más precarizantes de tal neoliberalismo local.5 Así, en 2006 y 2011 se produjeron masivas movilizaciones sociales por el derecho a la educación, mientras el año recién pasado el movimiento “No más AFP”,6 que reclama la vuelta a un sistema de seguridad social en detrimento del actual sistema de capitalización individual, convocó a más de 1 millón de personas en las calles. A ello se suman organizaciones que exigen la condonación de las deudas educativas –en un país donde el costo por estudiar en las universidades, estatales o privadas, es sumamente elevado–, además de otras manifestaciones de trabajadores precarizados que, aun con muchas dificultades para articularse, exigen condiciones laborales más dignas. En definitiva, todos suponen movimientos representativos de un ciclo de luchas antineoliberales que, con momentos de alza y reflujo, inician la impugnación del Estado subsidiario y de la mercantilización absoluta de los derechos sociales.7
Por otra parte, la profundidad de este neoliberalismo avanzado ha traído consigo la emergencia de nuevas franjas sociales de identidad y mundo de referencia constituidos, prácticamente sin alternativa, al alero de aquél. Tales franjas forman un heterogéneo conglomerado de capas medias ligadas al empleo privado (principalmente en el ámbito de los servicios) y a un empresariado mediano de éxito económico, que encuentra su prestigio social más en el esfuerzo propio y el consumo –realizado de manera fundamental a través del endeudamiento, otro problema central del escenario chileno– que en el empleo público o las profesiones liberales.
Esos grupos sociales concentrados en algunas comunas de la capital del país, donde reside más de 40 por ciento de la población, parecen haber representado una parte relevante del apoyo obtenido por el FA en la primera vuelta presidencial según los datos manejados por los expertos electorales. Dicho apoyo se manifestó tras un último tramo de campaña durante el cual la coalición fijó como prioritarios avances en educación, salud, pensiones y vivienda, sorteando los malos resultados que las encuestas auguraban a la candidata.
Se trata de una votación que, sin embargo, no debe interpretarse sólo como expresión del malestar social acumulado en los últimos años. Primero, porque el FA obtuvo una proporción de su apoyo en antiguos votantes de la Concertación/Nueva Mayoría, en buena parte movidos por el desencanto hacia sus representantes. Segundo, porque sin estudios acuciosos al respecto, es posible nada más especular respecto a la caracterización social de sus votantes. Y, por último, porque entre las razones de quienes optaron por el FA, amén de la expresión política del malestar social, pueden encontrarse motivos tan diversos como el rechazo a los ampliamente difundidos casos de corrupción y de financiamiento empresarial de la política que han deteriorado la legitimidad del sistema de representación chileno, o cuestiones más generales como un sentido común neoliberal cuya preocupación, en una lógica de consumo, esté puesta en el disfrute de más servicios, sin que importe si la provisión de éstos es pública o privada o si consagran o no derechos sociales universales. No puede asumirse, por tanto, que todos los sufragios alcanzados por el FA representen a votantes críticos de la subsidiariedad.
A ello se suman los bajos niveles de participación electoral que se mantienen. En la primera vuelta, aun con el FA como nueva opción política, votó un porcentaje menor que en la elección presidencial de 2013 y, en ambos casos, la participación no alcanzó 50 por ciento de los empadronados. Ello es un signo indicativo del divorcio existente en Chile entre política y sociedad, como resultado de décadas de políticas hechas no sólo de espaldas a esta última sino contra los intereses y derechos de las mayorías sociales y en beneficio de la acumulación del gran empresariado que lucra con dineros públicos.
La crisis de la Concertación y las limitaciones políticas del Frente Amplio
Otra realidad evidenciada por estas elecciones es la agudización de la crisis de la Concertación/Nueva Mayoría y el agotamiento de su proyecto histórico. En la primera vuelta, esta alianza perdió más de la mitad de los votos alcanzados por Michelle Bachelet en 2013, al tiempo que en estos comicios el FA se situaba en el tercer lugar de las preferencias, sólo 2 puntos porcentuales bajo la candidatura oficialista. Luego, en la segunda vuelta, quedó en evidencia la falta de voluntad política para lograr una alianza con el FA, lo cual denota incapacidad para plantear un proyecto que convocara mayorías sociales e impidiera el triunfo de la derecha.
El resultado electoral del FA contribuyó a la crisis de la Concertación en tanto produjo un considerable debilitamiento de la hegemonía que ese conglomerado había ejercido sobre la izquierda chilena durante toda la posdictadura. La marginalidad y los malos resultados electorales de todos los intentos previos por constituir una alternativa política independiente habían permitido a la Concertación imponer sus términos a los sectores de la izquierda o, simplemente, prescindir de ellos por su escaso peso. Tal asimetría se modifica tras estas elecciones, transformando el campo de fuerzas políticas.
Pese a estos avances, el FA no ha logrado superar su carácter de pacto electoral para constituirse en una alianza política sustantiva, capaz de aglutinar un nuevo proyecto histórico, dar proyección a las luchas antineoliberales y transformar el carácter social de la política. De hecho, en él conviven sectores tendentes a pensarse como una generación de recambio de la élite gobernante y, por ende, a reproducir su carácter elitario y clausurado socialmente, con otros que buscan irrumpir en el campo de la política en defensa de los intereses sociales de las clases subalternas. De ese modo, que el FA logre constituirse como un instrumento político de las luchas antineoliberales es una posibilidad no garantizada y que dependerá en gran medida del fortalecimiento de los sectores que genuinamente se proponen transformar los pactos de la posdictadura.
Sin ir más lejos, el episodio que mejor ha reflejado las dificultades para alcanzar esos objetivos fue la segunda vuelta. Tal coyuntura puso a prueba su voluntad de incidir políticamente y su capacidad de impulsar las transformaciones sociales representadas en su programa. Tras obtener 20 por ciento de los votos, el FA estaba en una posición que le permitía tomar la iniciativa frente a la Nueva Mayoría y condicionar un apoyo electoral para derrotar a la derecha sobre la base de un compromiso con reformas antineoliberales en áreas clave como educación, salud y pensiones.
Sin embargo, eso no ocurrió y se optó en cambio por dejar a los militantes y simpatizantes del FA “en libertad de acción”, mientras los líderes del conglomerado daban a título personal y con argumentos del estilo “todos contra la derecha” o “hay que evitar un retroceso” apoyo a Alejandro Guillier, candidato de la Nueva Mayoría. De esa manera, y sin hacer esfuerzos por impulsar su programa de transformaciones sociales, el FA terminó regalando un apoyo incondicionado, reeditando la dinámica característica de toda la posdictadura y desperdiciando la posibilidad de producir un escenario más favorable al avance de los intereses de las clases subalternas.
Por ello, siendo evidente el debilitamiento de la Concertación/Nueva Mayoría, episodios como el de la segunda vuelta presidencial indican que no es para nada claro que esta crisis vaya a conducir a su derrota definitiva. Tampoco, que la política elitista practicada por este conglomerado por décadas, junto con su capacidad de conducir a las fuerzas de cambio, desaparezca. Por el contrario, hoy esto tiene amplias probabilidades de sobrevivir, considerando la situación de hegemonía que, en los hechos, exhibe la conducción más progresista del FA, encarnada en el partido Revolución Democrática (RD) –que obtuvo 8 de los 20 diputados del FA y su único senador–.
Los sectores de RD internamente más determinantes son afines a la política histórica de la Concertación –incluso porque sus orígenes de clase se encuentran en ella– y, además, porque los reacomodos y realineamientos postelectorales de las fuerzas de izquierda que componen el conglomerado aún no decantan en una articulación que pueda contrarrestar esa conducción.
Triunfo de la derecha y disputa por el carácter de la oposición
Más allá de las alteraciones en el escenario político provocadas por el FA en la pasada, en los hechos la derecha se impuso en la elección presidencial y logró un muy buen resultado parlamentario. Además, tuvo la capacidad de convocar nuevos votantes –a diferencia del progresismo– y alcanzó grados de unidad política contrastantes con la descomposición de la Nueva Mayoría.
El triunfo de la derecha en Chile, sin embargo, no debería interpretarse en la misma clave de las tesis sobre la “restauración conservadora” o el giro regresivo en Latinoamérica pues, en lo sustantivo, la orientación política del gobierno de Piñera, respecto al carácter del Estado y el modelo de desarrollo vigente, quizá siga un camino de continuidad y no de refundación. Ello, por cierto, ocurrió en su primer gobierno (2010-2014), el que para algunos constituyó el quinto periodo de la Concertación.9 No obstante, si en el nivel general la orientación subsidiaria y neoliberal del gobierno será similar, no debe desestimarse el peso alcanzado por el extremo más conservador de la derecha en estas elecciones, concretamente el 8 por ciento de votos obtenidos por el candidato José Antonio Kast en primera vuelta, quien levantó un discurso racista, ultracatólico y homofóbico.
Finalmente, el triunfo de Sebastián Piñera impone el problema –tal vez el más importante del periodo– de definir el carácter de la oposición, pues mientras la Concertación intentará alinear tras de sí al FA, este conglomerado tendrá que pugnar por constituirse con autonomía y no ser sumado a la política del progresismo neoliberal. La Nueva Mayoría ha comenzado a desplegar un discurso en torno al “legado” de Bachelet –los supuestos avances en derechos sociales logrados durante su mandato–, haciendo un llamado a las fuerzas progresistas a defenderlo ante los retrocesos que la derecha buscará impulsar.
Empero, se trata de un legado que omite, más allá de la retórica progresista, su orientación profundizadora del neoliberalismo chileno: promueve el ingente traspaso de recursos del Estado a prestadores de servicios privados, como ejemplifica la emblemática “gratuidad” universitaria impulsada por Bachelet, en la realidad otro subsidio a la demanda o voucher que acerca recursos estatales a las universidades privadas. La orientación neoliberal de esta política es tal que Sebastián Piñera mismo no tuvo problemas en prometer su expansión, a contracorriente de un ideologismo antiestatal supuestamente representado por él.
En lo inmediato, el FA tendrá el desafío de evitar ponerse a disposición de los llamados a defender la herencia subsidiaria y neoliberal de la Concertación/Nueva Mayoría, destino contra el que precisamente debe pelear. Y si bien debe haber una vocación de establecer alianzas amplias, éstas han de producirse para desmontar la subsidiariedad del Estado y conquistar derechos sociales, y no para legitimar las políticas de centralización del gasto y subsidio estatal en empresas prestadoras de servicios sociales.
Si el Frente Amplio logra agrupar a sus militantes y atraer a elementos genuinamente antineoliberales externos a los movimientos o partidos que lo componen, incluidos a sectores desencantados de la Concertación/Nueva Mayoría, la izquierda avanzará en la reconstrucción de una vía para el Chile del siglo XXI. Aun así, el peligro de convertirse en una renovación de la vieja política es amplio y enfrentable sólo con la unidad de las fuerzas de transformación existentes en sus filas y fuera de ellas.
En la medida en que el empresariado chileno alcanza gran nivel de determinación en la vida social del país, con influencia no sólo en la economía sino en la dirección cultural y el dominio de los espacios de base de la sociedad, la convocatoria a la política de nuevos sectores sociales permanece como tarea ineludible para cualquier fuerza de cambio, pues sin ellos se torna imposible la reconfiguración del escenario de poder existente. Por ese motivo, el principal desafío del FA, más allá de los discursos y otros cargos de representación que pueda obtener al aumentar su votación en un próximo ciclo de elecciones, será construir una fuerza social capaz de quebrar la hegemonía existente en un sentido antisubsidiario.
* Fundación Nodo XXI
1 El Frente Amplio (FA) es una coalición formada por partidos y movimientos políticos de diversa raigambre, incluidas identidades liberales, progresistas, ciudadanistas y de izquierdas. Confluyen ahí diversas culturas políticas, pues mientras un segmento importante de sus organizaciones proviene de las experiencias de lucha estudiantil que irrumpen en el nuevo siglo, en otros se cuentan también franjas procedentes de las experiencias frustradas de la izquierda extraparlamentaria y grupos cuyos objetivos se construyen en torno a temáticas específicas (como la ecológica).
2 Se refiere al carácter social excluyente y elitista asumido por la democracia desde 1990. La política representativa excluye no sólo a las fuerzas ajenas a las coaliciones que dominan en Chile desde esa fecha –la Concertación y la derecha– sino, también, a intereses sociales distintos, particularmente los del mundo popular. La renovación de la izquierda participa de la Concertación, tiene acceso al poder estatal y gubernamental, y deja paulatinamente de representar al mundo social.
3 La Concertación de Partidos por la Democracia fue la coalición de centroizquierda que gobernó el país por cuatro periodos presidenciales, entre 1990 y 2010, con los Partidos Democratacristiano, y Socialista como sus principales componentes. La Nueva Mayoría fue estrenada en las elecciones generales de 2013, que apoya a Michelle Bachelet en su segunda postulación a la Presidencia de la República. Tal respaldo, en términos de las alianzas de la antigua Concertación, significó que a los partidos tradicionalmente incluidos en ella se sumara el Partido Comunista, habitualmente marginado en la dinámica política de la posdictadura. Chile Vamos es el nombre de la alianza que actualmente agrupa a los partidos de la derecha chilena.
4 En prácticamente todas las elecciones presidenciales y parlamentarias de la posdictadura se presentan a competir variopintas fuerzas de izquierda que, sin embargo, no logran obtener más de 5 por ciento de los sufragios. Peor aún, dada la existencia de un sistema electoral binominal en el sistema político chileno hasta esta última elección –tendente a la exclusión de los partidos menores que no se incorporaban a las dos grandes coaliciones–, tal votación a menudo no significó siquiera algún tipo de representación parlamentaria.
5 Para comprender la estructuración y dinámica del conflicto social en el neoliberalismo avanzado, véanse Ruiz, Carlos (2013). Conflicto social en el neoliberalismo avanzado. Análisis de clase de la revuelta estudiantil en Chile. Buenos Aires: Clacso (disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20131023010020/RuizEncina.pdf)
y Gaudichaud, Franck (2015). Las fisuras del neoliberalismo maduro chileno. Trabajo, “Democracia protegida” y conflicto de clases. Buenos Aires: Clacso (disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20151203023022/fisuras.pdf)
6 Las AFP son las administradoras de fondos de pensiones, entidades financieras privadas que controlan los fondos de pensiones de los trabajadores por medio de una cuenta de ahorro obligatorio e individual. En los últimos años han sido cuestionadas por sus elevadas ganancias, contrastantes con las bajas pensiones otorgadas a los trabajadores al momento de jubilarse.
7 Como contraparte a la privatización de los antiguos derechos sociales universales, en Chile se asienta una modalidad subsidiaria de acción estatal que, sin embargo, no debiese confundirse con la idea de un “Estado mínimo” o “menos Estado”, muy difundida en América Latina desde la década de 1980. Más bien, se trata de una redefinición del objeto de las políticas sociales implantadas por el Estado, en el sentido de reorientarlas, por un lado, a la reducción de la extrema pobreza –por la vía de transferencias directas (bonos) o reduciendo a estos sectores sociales el público objetivo de los deteriorados servicios públicos que permanecen en pie– y, por otro, a la creación de condiciones para que los “no pobres” resuelvan por su cuenta, en el mercado, su reproducción social. En tal Estado subsidiario se halla la base del neoliberalismo chileno, por lo cual las acciones políticas contrarias a él pueden designarse indistintamente como antineoliberales, antisubsidiarias o desmercantilizantes.
8 En Chile se ha creado un lucrativo mercado de servicios sociales con financiamiento estatal, dando forma a lo que el sociólogo chileno Carlos Ruiz Encina denomina “capitalismo de servicio público”, en su libro De nuevo la sociedad (Santiago, Lom Ediciones, 2015). Por ejemplo, en áreas como salud y educación el Estado transfiere ingentes recursos públicos a empresas privadas prestadoras de servicios. Para un análisis del caso de la salud, véase Goyenechea, Matías. “Presupuesto de salud 2017. ¿Fortalecimiento de lo público o botín para el privado?”, en Cuadernos de Coyuntura, número 15, páginas 14-23, disponible en http://www.nodoxxi.cl/wp-content/uploads/CC15_2016_Sociedad.pdf Y para educación, Carvallo, Fernando y José Miguel Sanhueza. “¿Educación pública o ‘mercado gratuito’? Las fuerzas de cambio ante la reforma a la educación superior”, en http://www.eldesconcierto.cl/2017/04/19/educacion-publica-o-mercado-gratuito-las-fuerzas-de-cambio-ante-la-reforma-a-la-educacion-superior/
9 Durante los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría, pese a la retórica socialdemócrata desplegada en ellos, se consagran tanto el modelo económico como la desarticulación social y política heredadas de la dictadura. El primero, en la medida en que no se revierten las privatizaciones de las empresas estatales (y que fortalecen enormemente a un empresariado que se apropia de ellas en condiciones desventajosas para el Estado) y de los antiguos servicios sociales; y la segunda, a partir del explicado “pacto de la transición”, que permite, a diferencia de otros países de la región, que los cambios económicos y sociales no constituyan fuentes de inestabilidad en la transición chilena. Ahora bien, para el momento actual, lo más importante es sin embargo que de esa consagración, la Concertación/Nueva Mayoría pasa a la creación de formas inéditas de promoción del interés empresarial –ya no atribuibles a la dictadura–, como ejemplifica la política de “gratuidad” universitaria. Por ello, no tiene asidero igualar el giro actual en favor del gran capital y los intereses dominantes –expresado en una ofensiva contra los derechos sociales y laborales– en países como Argentina y Brasil con una experiencia como la chilena, donde ello lleva décadas de consolidación en nombre de políticas “socialdemócratas”.