Parece ser que a América Latina le duele cada vez más tanta desigualdad en medio de un escenario donde unos pocos concentran niveles de riqueza inimaginables y grandes mayorías padecen pobreza y desprotección social. La desigualdad ofende, pero hasta no hace mucho tiempo se escribía de cómo ésta pasaba desapercibida; cómo había logrado ser naturalizada (Dubet, 2015)1. El “octubre” de Ecuador fue violento y sangriento, pero también, hay que decirlo, fue ilusión y esperanza. Produjo la visibilización de que esa naturalización registraba límites. Diría Agustín Cueva, fue un octubre que se debatió entre la “ira y la esperanza” (1967)2.
Si bien para muchos nombrar a Marx resulta caduco y arcaico, podría sostenerse a la luz de los recientes acontecimientos que su concepto de lucha de clases está más vivo que nunca. Empero su análisis material mostró la necesidad de ser leído juntamente con el de corte subjetivo que aportó lúcidamente Gramsci. Aquel debate que tanta tinta derrochó sobre la dicotomía estructura y superestructura, y sus respectivas dominancias, ahora exige ser repensado.
Desde este lugar, lo que vivió Ecuador en octubre responde a una lucha de clases. Dio cuenta de la confrontación constante que existe entre lo objetivo/material y lo subjetivo/aspiracional. Mientras en las clases medias bajas y bajas existe una conciencia profunda sobre el papel que cumple la materialidad en la reproducción de la vida, en las clases medias altas que ya garantizaron esa materialidad, existe un deseo de distinción. La expectativa pasa por diferenciarse de lo que fueron o de aquello en que temen transformarse.
De la mitad para abajo: en una investigación realizada hace ya 15 años se preguntaba, ¿por qué los pobres son felices? (Ramírez, 2005)3. Luego de indagar algunas hipótesis la respuesta fue precisa: los pobres adaptan sus preferencias a sus restrictivas circunstancias materiales, razón por la cual bajan su umbral de expectativas y se sienten felices rápidamente de conseguir lo poco que pueden alcanzar: el zorro se autoconvence que las uvas están verdes y amargas porque, a pesar de sus múltiples saltos, nunca puede alcanzarlas (Jon Elster, 1983)4.
Entonces, ¿qué sucede cuando el zorro logra probar las uvas y se da cuenta que son dulces y no están amargas (así sean verdes)? Las movilizaciones de octubre en Ecuador parecen revelar un fenómeno poco estudiado pero que parece haber sucedido en este país andino entre 2007 y 2017 durante el gobierno del presidente Rafael Correa. Los rendimientos o impactos de las políticas públicas implementadas en términos de (re)distribución de la riqueza y del bienestar produjeron una ruptura en la adaptación de las preferencias de los sectores populares y medios bajos. Un silencioso cambio estructural, que podría ser considerado quizá el más profundo de la denominada Revolución Ciudadana (RC), había acontecido.
En ese período, se duplicó el tamaño de la economía, no solo casi dos millones de personas salieron de la pobreza, sino que hubo un proceso de democratización de derechos sociales y económicos y de reducción sostenida de la desigualdad (reducción de 9 puntos porcentuales del coeficiente de Gini) (Ramírez, 2017: 168)5. El crecimiento económico fue pro-pobre, es decir hubo un proceso de convergencia social. Asimismo, se cambió la estructura de la distribución primaria del ingreso. En este sentido, el cambio generado en los 10 años fue también pro-trabajador.
Estas mejoras no sólo impactaron objetivamente en las clases bajas y medias, sino que tuvieron alcances subjetivos. Así, por ejemplo, en los indigentes la autopercepción de pobreza o la pobreza subjetiva se redujo a la mitad en el período señalado: cayó del 8,2% al 3,5%. Tal sentimiento sucedía prácticamente en los primeros 5 deciles de la estructura social (50% de la población).6
De la mitad para arriba: no obstante, mientras por abajo se rompía con las “preferencias adaptadas”; en las clases medias altas, desde los deciles 5 al 9, se producía un efecto contrario. Justamente la ciudadanía que no era pobre según consumo, es decir no pobre en términos materiales, presentaba un incremento en su percepción de pobreza o sentimiento de infelicidad monetaria. Esto fue denominado como “la paradoja del bienestar objetivo y malestar subjetivo”.7
La respuesta parece vincularse a los efectos menos visibles de los procesos de incorporación política y económica de amplios sectores antes excluidos, los cuales generaron dinámicas de distinción, estratificación y jerarquización. Así, si bien en los pobres el sentimiento de mejora subjetiva del bienestar se incrementó y acompañó a la mejora objetiva, en los sectores ya “establecidos” –dirían Elias y Scotson (2016)–,8 de las clases medias altas, se produjo una divergencia entre lo objetivo y lo subjetivo.
De esta manera, las conquistas materiales en las clases medias bajas y bajas posibilitaban la destrucción de una subjetividad perversa (adaptación de las preferencias) pero en las clases medias altas construían una subjetividad insaciable.
¿Qué sucede entonces cuando de la noche a la mañana y a nombre de una crisis económica autoinducida se genera una política pública que no sólo quita las uvas a sectores que por primera vez las saborean, sino que rompe los sueños de consumo sin fin de las clases medias altas?
Reforma neoliberal e insurrección de octubre9
La embestida neoliberal del gobierno de Moreno implicó en primer lugar darle el control de las principales carteras del Estado a los representantes de las cámaras empresariales o directamente a los CEO’s de grandes empresas privadas.10 También bajo un escenario de “autoemboscada fiscal” (Páez, 2019)11 justificó la necesidad de que Ecuador volviera a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI)12 y otros organismos de crédito, cuando durante el gobierno de Correa se había realizado un saneamiento de la deuda externa, determinando la parte ilegítima, y habiéndose garantizado el pago de estos préstamos.
En el marco de las exigencias de los organismos de crédito, se aprobó en agosto de 2018 la Ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal,13 conocida popularmente por su envergadura normativa como “Trole 3”.14 El título rimbombante parecía ser fundamental para enmascarar la austeridad fiscal y empezar tanto el desmontaje de la planificación nacional como de las políticas de redistribución de ingresos. Esto se operó fundamentalmente a través de una potente y regresiva reforma tributaria. Bajo el discurso de “crear condiciones para el regreso y atracción de las inversiones” se permitió una condonación formidable de deudas fiscales a favor de los más ricos.
Empero en octubre de 2019 se llevó a cabo un nuevo y feroz avance del programa neoliberal con el denominado “paquetazo”. En la retórica oficial se justificó en el marco de las “recomendaciones” del FMI y como “contraprestación” para efectivizar los desembolsos. Las reformas debían entrar en el presupuesto del 2020. El paquetazo anunciado el 1 de octubre de 2019 incluyó la quita del subsidio a los combustibles (Decreto No. 883) y una serie de medidas que exigían reformas legales tramitadas en la Asamblea Nacional (AN) entre las que destacan las ligadas al campo sociolaboral. En el sector público, reducción del 20% de las remuneraciones en contratos temporales, eliminación generalizada de 15 días de vacaciones y la quita compulsiva de un día laborado por mes). En el sector privado, la introducción de nuevas modalidades de contratación menos costosas para los empleadores y una reforma a la seguridad social que habilitaba la apertura del sistema a fondos de capitalización. Todas pro-flexibilización laboral y pérdida de derechos y protecciones adquiridas.
Las protestas no se hicieron esperar, iniciaron el 2 de octubre con un paro de los transportistas y luego se fueron sumando otros actores. Los estudiantes universitarios, sindicatos, agrupaciones feministas, una serie de colectivos urbanos especialmente de Quito, los militantes de la RC, de los partidos socialista y comunista, los indígenas con sus organizaciones y la ciudadanía en general. Es significativo destacar que incluso cuando el movimiento indígena decide sumarse, lo hace bajo un discurso político en clave clasista, como parte del pueblo vulnerado por las medidas neoliberales. No como particular colectivo indígena con demandas en clave étnico-cultural. Esto se revelaba como un dato interesante ya que su incorporación en el gobierno de Moreno fue como “indios” y, en este sentido, fueron atendidas sus demandas de carácter étnico-cultural. Empero ahora protestaba dentro de los sectores plebeyos, componiendo una acción popular más amplia que los incluía, pero también los excedía. Debe quedar claro, que la magnitud de la protesta social y su potencia solo fue posible por la acción colectiva y la fuerza generada por el movimiento indígena al momento de unirse a las manifestaciones. Una participación de este sector que, visto en perspectiva histórica, algunos consideran equiparable al levantamiento indígena de 1990.
Un tema no menor en el debate de la programática política, y para entender lo que constituyeron los gobiernos progresistas, hace alusión a la relación existente entre feminismo, construcción de Estados plurinacionales y lucha anti-capitalista. Como bien señalan Troya et. al (2019),15 las políticas antisociales que propone el proyecto neoliberal de Moreno son también políticas anti-mujer y anti-pueblos indígenas o afroecuatorianos. El recorte en el ámbito del gasto social (salud, educación, seguridad social, etc.) supone una carga adicional para la “economía del cuidado” y la economía social y solidaria que siempre han sido principalmente practicadas por las mujeres y por los pueblos originarios. Ha sido la “experiencia de los recortes en la economía de cuidado la que profundizó la radicalización de las mujeres en nuestras sociedades. Si la ´mano invisible´ no cuidaba a las personas, el ´corazón (in)visible´ tenía que hacerlo”.16 No es fortuito entonces que hoy en las insurgencias del continente las mujeres sean protagonistas de la lucha antineoliberal, así como los indígenas.
Por ello, sin dejar de reconocer la importancia per se del cambio en la matriz cognitiva frente al patriarcado y al colonialismo, es necesario no caer en la “trampa de la diversidad” (Bernabé, 2018)17 en donde se separa estas luchas o se desvinculan estas batallas de la lucha de clases.
Esto reveló que la emergencia insurreccional se conectaba con los procesos ocurridos en los 10 años previos, en tanto rechazo a los intentos por revertir las mejoras en el bienestar que se habían conquistado.
El gobierno y sus aliados buscaron desde el inicio de la protesta dividir a los actores opositores. Por ello, cuando entró de llenó el colectivo indígena intentaron “indigenizar la protesta”. Para ello configuraron un potente relato en el que se recortó: 1) el campo de actores partícipes; y, 2) las demandas en juego. También establecer a quién y a qué corresponde la “legitimidad” de cada recorte.
Respecto a lo primero desde el oficialismo se van a distinguir dos actores excluyentes: los correístas que quieren “desestabilizar al gobierno”, que “buscan un golpe de Estado” y que por eso llevan a cabo acciones de “desorden y caos social” que incluyen destrucción de bienes públicos y privados, robos, etc.; y por el otro, los indígenas –resguardados por la moral de la exclusión y ciertos sentidos esencializados de la indigenidad– que están en desacuerdo con el “alza de los combustibles” porque afecta sus magras condiciones de vida. Queda claro que bajo semejante narrativa la “legitimidad” de la protesta quedará sólo reservada a un actor. De manera paralela, se buscó mutilar la demanda inicial que dio lugar a la protesta y a las movilizaciones. De la eliminación del “paquetazo” se transita a la puntual “alza de los combustibles”.
Finalmente, el gobierno lo conseguirá cuando logre sentar en su “mesa de diálogo” (y luego de las balas) a los “indígenas”. No serán tampoco todos entre ellos. También cuando más allá de lo que se escuchó por televisión o radio (ya que el diálogo supuestamente debía darse a la luz pública), la negociación final realizada en secreto y a puertas cerradas, terminó reduciendo el temario de los reclamos a la quita del Decreto No. 883. Con esto se levantó el paro y se desactivó la movilización social (13 de octubre).18
Es importante tener en cuenta este resultado porque permitirá explicar lo que sucederá automáticamente después. Luego del pacto alcanzado con los actores indígenas, el gobierno arremetió aún más en su persecución contra los correístas. Apalancados por los supuestos desordenes producidos por las protestas, y a través de la Fiscalía General del Estado, se instruyeron causas para detener (mediante prisiones preventivas) a dirigentes de la Revolución Ciudadana.
También el oficialismo comprendió que para avanzar en el programa neoliberal debía hacerlo más rápido y más profundamente. Justo después de los sucesos de octubre envió un nuevo proyecto legal aún más regresivo que la “Trole 3”. Uno que desafía a la sociedad ecuatoriana, pero sobre sobre todo a los que aceptaron el pacto con el gobierno luego de las protestas. El 18 de octubre se remitió a la AN una iniciativa bautizada como “Trole 4” (aunque como en anteriores ocasiones su nombre oficial resultó más ostentoso (“Ley orgánica para la transparencia fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero, y manejo responsable de las finanzas públicas”). Esta alteraba 22 cuerpos legales, en algunos casos de raíz (Meyer, 2019).19 Esta nueva macro ley “abre la vía para una enorme concentración económica, a expensas de los recursos del Estado y de la estabilidad económica de las familias ecuatorianas.
El proyecto fue duramente cuestionado por diversos actores políticos y por movimientos sociales. Finalmente, el 17 de noviembre el Pleno de la AN decidió negarlo y archivarlo por completo. Actualmente, como consecuencia del Covid-19 se ha enviado un proyecto de ley que busca continuar con la agenda neoliberal del FMI amparado en el estado de excepción.
A manera de epílogo: unidad para la disputa de la transición
En Ecuador, como en buena parte de América Latina, luego de las etapas dictatoriales del siglo pasado, la transición hacia la democracia estuvo signada por la implementación de una agenda neoliberal con repercusiones devastadoras para las condiciones de vida de la mayoría de su población. Casi 25 años de políticas de despojo y desprotección produjeron una estructura social altamente desigual que parecía difícil de ser modificada. Especialmente los estratos populares fueron conviviendo cada vez más con situaciones de privación material que les fueron llevando a bajar tanto sus expectativas que empezaron a aceptar como normal lo poco que podían alcanzar. En estas circunstancias asume en este país andino un gobierno con un proyecto social y económico alternativo denominado Revolución Ciudadana. Nunca en la historia de esta nación, desde el retorno a la democracia, se había conseguido a la vez reducción de pobreza, de indigencia, de desigualdad, de desempleo, incremento de la clase media y democratización de derechos sociales (Ramírez, 2017). Tales avances se revirtieron desde que asumió la presidencia de la República Lenín Moreno quien, a pesar de haber ganado con el proyecto político que apoyaba el presidente saliente Rafael Correa, implementó una agenda de recorte y saqueo para las grandes mayorías, acompañada de procesos de concentración de la riqueza para las pocas y tradicionales minorías oligárquicas del país.
No obstante, los cambios producidos durante la década de la RC habían generado dos efectos que se juntaban y que, a pesar de ser contradictorios, luchaban contra la política morenista de concentración de riqueza. En efecto, por un lado, 10 años de democratización de derechos permitió un cambio estructural en la sociedad ecuatoriana que ha sido muy poco discutido y menos aún analizado: los estratos bajos y medios bajos rompieron el umbral que se habían (auto)construido en el proceso de adaptación de sus deseos a la precarizada situación en la que vivieron durante casi un cuarto de siglo. Experimentaron el acceso y disfrute de derechos y también condiciones de vida dignas. En el otro lado de la moneda, la RC había generado una paradoja en las clases medias altas. Estos estratos a pesar de haber salido de la pobreza, no ser pobres y haber mejorado sistemáticamente sus condiciones de vida y consumo desarrollaron expectativas de pertenecer al percentil más alto de la escala social y económica, razón por la cual subjetivamente empezaron a sentirse más pobres en términos relativos.
El despojo producido en tan solo dos años de políticas neoliberales del actual gobierno de Moreno hizo que se genere una movilización de aquellos sectores trabajadores, de clases pobres o medias pauperizadas que -por un lado- reclamaba vivir decentemente, en tanto que -por el otro lado- una buena parte de los mejores posicionados en la escala social demandaron que no se les “roben” ni se les “frenen” sus sueños de prosperidad sin fin.
La movilización de octubre es en buena medida producto de una gran masa ciudadana que pudo probar la dulzura de las uvas que eran alcanzables y una porción del grupo de la población que veía que en el “túnel” de la sociedad sus condiciones de vida se habían estancado o retrocedido, mientras que observaba cómo se alejaba el pequeño grupo de la población del cual aspiraba a ser parte (los más ricos). Octubre es fruto de la lucha de estos sectores sociales que veían con ansia la oportunidad de retomar el tiempo perdido en su velocidad de acumulación sin fin, frente a un proletariado (que incluye a los grupos históricamente excluidos como son los indígenas, los afroecuatorianos y las mujeres) que luchaba por retomar el camino de vivir dignamente y de poder seguir soñando con alcanzar -seguramente- lo inalcanzable.
Por ello, ni fin de ciclo progresista (Ecuador, Uruguay, Brasil), ni fin de ciclo de la corta noche neoliberal (Argentina). Ecuador y América Latina están disputando una transición social que se debate entre la vida y el capital.
Debe quedar claro que, frente a los discursos del fin del ciclo progresista en la región y el inicio de un ciclo contrario de derecha como se ha señalado insistentemente en la academia, lo que se evidencia a través de lo precedentemente descrito es que se vive un momento de transición en disputa. Una suerte de continuo en permanente contienda. Durante los 10 años de la RC se evidenció una resistencia de las elites económicas y de aquellos que empatizaban con sus expectativas. En el gobierno de Moreno, así como se vio desplegar un neoliberalismo desbocado, también se evidenció una resistencia que reveló la productividad de las políticas (re)distributivas de la RC.
Desde este lugar, debe quedar claro que será fundamentalmente la unidad de un frente progresista la que podrá frenar la instauración de un autoritarismo neoliberal. Difícilmente se podrá pensar detener tal arremetida en Ecuador sin un pacto superior entre los indígenas y el correísmo (primera fuerza electoral del país), también entre éstos y los movimientos estudiantiles, ecologistas y feministas y otras agrupaciones políticas de izquierda como la juventud socialista y el comunismo. La insurgencia de octubre quedará consumida en su explosividad y efervescencia más no logrará gran cosa en términos de transformación política y social si sus protagonistas no logran ponerse de acuerdo respecto a lo que realmente está en juego y a la necesidad de transitar un proceso de construcción colectiva de las fuerzas que pretendan impugnar el neoliberalismo y retomar la senda de la construcción de la sociedad del Sumak Kawsay o del Buen Vivir.
Lo hasta ahora experimentado, revela que, si no se da la mencionada unidad, el futuro que se viene no sólo no se resolverá como hasta ahora bajo formatos seudo democráticos, sino que adquirirá formas explícitamente violentas como las viejas dictaduras del siglo XX. El ejercicio directo del terror por parte de quienes ocupen el Estado y su aparato represivo: el terrorismo de Estado para un proyecto de sociedad neoliberal.
NOTAS
* René Ramírez Gallegos es economista y Doctor en Sociología de la Desigualdad, Universidad de Coimbra, Portugal. Investigador del “Programa de Estudios Universitarios sobre Democracia, Justicia y Sociedad” de la UNAM. Analía Minteguiaga es politóloga y Doctora en Investigación en Ciencias Sociales. Investigadora asociada del Grupo de Estudio en Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA).
1 Dubet, François (2015). ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
2 Cueva, Agustín (1967). Entre la ira y la esperanza. Quito: Planeta.
3 Ramírez, René (2005). “Sour Grapes” and the Monetary “Hapiness” of Poverty (Peru case study, 2001). The Hague: Institute of Social Studies-ISS.
4 Elster, Jon (1983). Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality. Cambridge: Cambridge University Press.
5 Ramírez, René (2017). La gran transición. En busca de nuevos sentidos comunes. Quito: CIESPAL.
6 Ibid, 158.
7 Ibid.
8 Elias, Norbert y Scotson, Jhon L. (2016). Establecidos y marginados. Una investigación sociológica sobre problemas comunitarios. CDMX: Fondo de Cultura Económica.
9 En esta sección nos concentramos en las principales medidas económicas, productivas, comerciales y laborales. Empero el proyecto neoliberal morenista abarcó todos los sectores de intervención estatal, incluso la reforma institucional del Estado.
10 También participaron en la construcción de un sentido común anti estatal y público los medios de comunicación más concentrados del país y espacios de difusión de información falsa o tergiversada. Esto último, no se trató ni de ONGs regulares ni de los típicos think thank, sino de simples usinas dedicadas a la generación de un estado de opinión que permitiera anular/exterminar/deslegitimar a todo aquello que fuera asociado a las experiencias progresistas de gobierno o a los actores que adherían o participaron en ellas. En esta categoría pueden mencionarse: 4 Pelagatos, Plan V o La Posta en Ecuador.
11 Páez Pérez, Pedro. 2019. Nueva arquitectura financiera e integración latinoamericana, Quito : PUCE. Véase también: https://www.nodal.am/2019/03/ecuador-y-el-fmi-volveran-las-oscuras-golondrinas-por-pedro-paez-perez/
12 Por usd 4.200 millones.
13 Registro Oficial Suplemento No. 306 del 21 de agosto del 2018.
14 La Ley Trole/Trolebus 1 fue la Ley para la transformación económica del Ecuador; Ley No. 4, Registro Oficial Suplemento 34 de 13 de marzo del 2000. La Trole/Trolebus 2 fue la Ley para la promoción de la inversión y la participación; Ley No. 000, Registro Oficial Suplemento 144 de 18 de agosto del 2000. Ambas modificaban muchos y muy diversos cuerpos legales.
15 Véase: https://rutakritica.org/opinion-carta-a-intelectuales-que-desprecian-revoluciones-en-nombre-de-la-pureza/
16 Ibid.
17 Bernabé, Daniel (2018). La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora. Madrid: Akal.
18 Si bien se sostuvo en Ecuador que la negociación con el gobierno debía sí o sí producirse porque no podía sostenerse en el tiempo, la protesta y lo acontecido Chile con más de un mes de movilizaciones, paros y protestas ininterrumpidas cuestiona este argumento.
19 Véase Meyer, Eric Stefano. 2019. “La «ley Trole 4» y el sistema monetario ecuatoriano” (15 de noviembre). Disponible en: https://www.alainet.org/es/articulo/203283.
20 Según las ENEMDU levantadas en diciembre, la pobreza entre el 2017 y 2018, creció casi dos puntos porcentuales (21.5% a 23.2), el coeficiente de Gini incrementó un punto (pasó de 0.459 a 0.469), y la pobreza multidimensional subió de 35.7% a 39.9% (ver tabulados en https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-multidimensional/). Asimismo, el desempleo llegó al nivel más alto de los últimos tres años. El subempleo creció, siendo las mujeres las más afectadas en asumir el costo del deterioro de la calidad del empleo.