Los resultados electorales del 1º de julio del 2018 dieron el triunfo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al proyecto de la Cuarta Transformación (4T) la mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión (considerando la suma de los diputados del partido Morena y los aliados), materializándose así la posibilidad de llevar adelante las reformas legales y decisiones legislativas que requiere el proyecto de la Cuarta Transformación.
Fue un cambio significativo en la situación política del país que modificó la realidad y la perspectiva de la política económica. Se abrió ese día realmente la posibilidad de que las políticas prioricen ciertos aspectos claves del interés de la mayoría, por sobre los intereses particulares de la mafia neoliberal. Ésta que había secuestrado no solo el aparato gubernamental, sino los poderes legislativo y judicial, muchos de los organismos supuestamente autónomos y presuntamente contrapesos, el presupuesto, las leyes, la discusión mediática, y que pretendían presentar a la situación de incapacidad, saqueo y grave descomposición en que se encontraba el aparato gubernamental mexicano, como santa “normalidad”, y de “sentido común”. El voto mayoritario de los mexicanos mandó a parar.
Pero sabemos que una cosa es tomar el gobierno, y otra muy distinta lograr el cambio del curso de los hechos. En el tema de la economía esto es particularmente cierto. La oligarquía neoliberal dejó una serie de compromisos, situaciones y prácticas que eran inercias poderosas y camisas de fuerza, que buscan evitar el cambio en el rumbo de la política económica.
Para el nuevo gobierno era imposible ser congruente y mantener las políticas económicas y las cosas tal como iban antes del triunfo electoral. La corrupción, el entreguismo de lo público al servicio de lo privado, la indiferencia a la cruda problemática social, y el desacierto en general de los gobiernos neoliberales, solo se podrían sostener con cada vez más degradación social. Así lo percibieron los votantes. Desde luego, el inicio de cambios importantes, de corte progresista -tan solo los prometidos en campaña, ni más ni menos- implicó una confrontación inmediata del gobierno con la mafia neoliberal, que sigue manteniendo espacios de poder.
Así, sucedió que la puesta en práctica de los proyectos del nuevo gobierno llevaron a la reacción de los afectados para intentar mantener los beneficios y privilegios obtenidos ilegítima, e incluso ilegalmente, lo que se convirtió en una sucesión de eventos de confrontación, con varios episodios y en diversos escenarios, como los siguientes:
• La cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
• El inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles
• El inicio del rescate de Pemex, con varios capítulos:
– la lucha contra el saqueo vía huachicol;
– el esfuerzo presupuestal para el mejoramiento de la situación financiera de la empresa productiva del estado;
– la postura de las calificadoras;
– la revisión de las rondas de contratos de campos de yacimientos;
– la situación laboral-sindical;
– el inicio de las inversiones en la refinería de Dos Bocas;
– la inversión en la rehabilitación de las otras refinerías;
– seguimiento a los asuntos de la corrupción en las empresas de petroquímicos ligadas a fertilizantes;
– la intervención sobre la corrupción promovida por Odebretch;
– la evolución del mercado internacional del petróleo.
• El rescate de la Comisión Federal de Electricidad,
– la modificación de los contratos de abastecimiento de gas con Iberdrola y OHL,
• El pago de impuestos.
– El fin a las condonaciones de impuestos
– El cobro de adeudos fiscales vencidos: Walmart, FEMSA e IBM.
– El fin al fraude con facturas falsas
• La austeridad republicana: mantener el gasto, abaratar el gobierno, aumentar los servicios: una redistribución del gasto federal, de lo superfluo, duplicado, derrochador, a lo prioritario
– Reducción del gasto presidencial;
– Reducción de sueldos y prestaciones excesivas a la burocracia dorada;
– Reducción de gastos onerosos e innecesarios
– Puesta en venta y rifa del avión presidencial.
– Aumento de los recursos hacia los proyectos sociales
– Eliminación de las intermediaciones del gasto
• Nueva política de salud
– Redefinición de las compras de medicamentos
• Asegurar la atención médica gratuita en los hospitales públicos de todo el país
– Contratación de personal médico y de enfermería
– Compra de equipamiento como los ventiladores
– Adquisición de instrumentos y materiales de trabajo y protección para el personal médico
• El replanteamiento de las estrategias de compra de medicinas por el sector público.
– Ante posiciones de chantaje de distribuidores y productores de medicinas en el país, con prácticas de altos precios y limitación artificial a la oferta, frente a las compras del sector salud gubernamental, se presentó una iniciativa de Ley para que se puedan adquirir los mismos en el mercado internacional, misma que fue aprobada.
– Se obtuvo el apoyo de la ONU para realizar licitaciones internacionales de medicamentos
– Se crea la empresa distribuidora de medicamentos del gobierno
• La política económica ante la crisis de la Covid-19.
– Orientar la respuesta presupuestal a la dotación de créditos blandos y ayudas a las personas de más bajos ingresos.
– No a subsidios fiscales ni ayudas directas a las empresas y grupos sociales con mayor capacidad económica. El beneficio se trasladaría de abajo hacia arriba.
• La relación con Donald Trump.
• La aprobación del T-MEC
• El aumento a los salarios mínimos
• La propuesta, al Senado de la República, de designación de nuevos integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México
• La evolución de la tasa de interés a la baja
La lucha contra la corrupción y la Obradornomics. El esquema macroeconómico
El presidente ha insistido en varias ocasiones que si tuviera que resumir en una sola frase el principal objetivo de su gobierno, esta sería: desterrar la corrupción de México.
El grado de descomposición que dejaron los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto en las finanzas públicas -por no ir más atrás-, hacen de la honestidad y la austeridad republicana dos valiosos instrumentos de política económica del nuevo gobierno. La honestidad tiene que derivar en un aumento de los ingresos públicos, por un lado; y en un mayor rendimiento del gasto, por el otro. ¿Se ha logrado avanzar?
a) Del lado de los ingresos:
En esta materia se planteó no crear nuevos impuestos, ni aumentar en términos reales las tarifas y cuotas de las contribuciones, ni los precios de los bienes públicos como los energéticos (gasolina, gas, diesel y electricidad), en los primeros tres años de gobierno.
En cambio, se planteó explícitamente cobrar los impuestos reales que se deberían, de acuerdo con las leyes existentes. Esto incluye terminar con las condonaciones fiscales a grupos de intereses, y por esta vía aumentar significativamente los ingresos públicos. Ya en el gobierno, surgieron los temas de las “factureras” (emisión de facturas emitidas por empresas y actividades inexistentes, para deducir impuestos) utilizadas por contribuyentes que, según han declarado los funcionarios del SAT, de buena o mala fe han pretendido el ahorro de millones de pesos en el pago de impuestos; y el caso del robo descarado de gasolina, diesel y gas (el huachicol), desde las propias instalaciones de las empresas productivas del gobierno, y con la tolerancia y complicidad de autoridades y algunos funcionarios y empleados, así como autoridades policiacas, militares y judiciales.
En estos ámbitos hubo reacción inmediata y eficaz del gobierno, que se tradujo en buenos resultados contantes y sonantes, pero además en una recuperación de la percepción pública (y propia dentro del gobierno) del estado de salud de la ética gubernamental.
El caso del huachicol
Se llegó a la confrontación con los ladrones de la gasolina, el diesel y el gas, en las propias instalaciones de Pemex, con funcionarios cómplices de la empresa, y con los delincuentes en las carreteras y en los ductos perforados. Y en las gasolineras distribuidoras. El presidente informó que el huachicol se organizaba desde adentro de la propia empresa. “No estamos hablando solo del huachicol, la ordeña de ductos” “Estamos hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución del combustible, porque no es fácil distribuir, vender 600 pipas de gasolina diarias”.1 Como se sabe, la lucha llevó incluso al cierre de los petroductos, y la sustitución parcial del abasto mediante pipas en carretera, con algunos momentos de escasez artificial de gasolina en varias ciudades del país. Sin embargo, la estrategia tuvo éxito y el Director de Pemex informó el 7 de enero del 2020 que se desplomó el huachicoleo al pasar la extracción ilegal de hidrocarburos de 20 millones 400 barriles en 2018, a 1 millón 400 en 2019, con ahorros de 56 mil millones de pesos.2
Fin a las condonaciones de Impuestos
El 20 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial mediante el cual el Presidente López Obrador “Deja sin efecto los Decretos o disposiciones de carácter general emitidos por el Ejecutivo Federal mediante los cuales se otorgaron condonaciones a deudores fiscales” y se compromete “a no otorgar mediante Decretos presidenciales o cualquier otra disposición legal o administrativa, condonaciones, o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales.”
Como antecedente se tiene la información dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria respecto a los montos de las condonaciones en los años fiscales 2007 a 2018. (Ver Tabla 1)
TABLA 1
Once contribuyentes, identificados por número, en la lista publicada por las autoridades fiscales, lograron ahorrar cada uno, un total de entre poco más de 5 mil millones de pesos y casi 19,000 mil millones de pesos (a valores del 2019) en el periodo 2007 y 2018, como se muestra en la Tabla 2.
TABLA 2
Esos once contribuyentes se beneficiaron con un 25.2% del total de las condonaciones de impuestos.
Posteriormente, el presidente envió al Congreso una iniciativa de Ley para modificar la Constitución Política, en su artículo 28, y dejar prohibidas las condonaciones de impuestos, salvo las referidas a situaciones de catástrofes naturales, emergencias y excepciones de carácter especial. Esta fue aprobada después de un forcejeo entre la Cámara de Diputados y el Senado. Y está vigente a partir de febrero del 2020, al ser aprobada por la mayoría de los Congresos de las entidades federativas del país.
“Querido México , perdón por esos asuntos fiscales. Atentamente, Walmart México”.4
También adoptó el gobierno una renovada estrategia de cobro de impuestos, que abarca varios aspectos, y ya ofrece algunos buenos resultados. La estrategia incluyó: i) cambio de las más altas autoridades del Servicio de Administración Tributaria; ii) cambios al personal recaudador; iii) cambios a las prácticas de cobro; iv) cambios en las leyes como las nuevas normas contra las factureras.
Respecto al cambio de autoridades en el Servicio de Administración Tributaria, AMLO propuso a Raquel Buenrostro, quien fue ratificada por el Senado en enero recién pasado. La nueva directora del SAT expuso su programa A, B, C de administración tributaria: “A) aumentar la eficiencia, B) bajar la evasión y elusión fiscal, y C) terminar con la corrupción.”
Se ha de reconocer que no mucho tiempo después, es muy ilustrativo el acuerdo al que llegó Wal Mart de México con el Servicio de Administración Tributaria, para saldar los adeudos fiscales pendientes derivados de la venta amañada de la cadena de restaurantes VIPS a Alsea. Bloomberg comenta lo sucedido: “El acuerdo histórico de Walmart de México por 370 millones de dólares se produjo al enfrentar posibles cargos penales por fraude fiscal…” “A principios de este año, los funcionarios presentaron una denuncia penal ante fiscales federales sobre la estrategia que la unidad mexicana de Walmart, Inc., conocida como Walmex, usó para minimizar sus ganancias por la venta en 2013 de una cadena de restaurantes.” Añade Bloomberg que “El acuerdo anunciado el mes pasado, fue el mas grande en la historia reciente, según media docena de expertos en impuestos, y marcó un momento decisivo en la batalla del presidente mexicano… para poner fin a la evasión fiscal generalizada en México desde que asumió el cargo a fines de 2018.”
Y sigue la nota de Bloomberg: “Solo unos días después de que se anunciara el acuerdo de Walmex, la embotelladora de Coca Cola y operadora de las tiendas de Fomento Económico Mexicano dijo que pagaría un acuerdo aún mayor, de 8,800 millones de pesos, para evitar ir a la corte. Posteriormente se informó que International Business Machines, Corp. (IBM), acordó pagar 669 millones de pesos.
Como resultado de estos ingresos fiscales extraordinarios, recuperación de adeudos fiscales de ejercicios anteriores, el presidente López Obrador ha afirmado que está pudiendo sortear parcialmente las dificultades de la caída de la recaudación habitual de impuestos, debido a los efectos económicos del paro sanitario para combatir la pandemia de covid-19.
b) Del lado del gasto:
Es importante subrayar que la estrategia de austeridad republicana del gobierno no pretende reducir el gasto del gobierno, en forma general. Procura reorientarlo.
Se cancelan proyectos sumamente onerosos, con sobreprecios, innecesarios, injustificables, fuera de prioridades, fuera de los esquemas obligatorios de planificación nacional. El caso más destacado es el del proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero también la compra del avión presidencial por Calderón y de los viajes faraónicos de Peña Nieto;
Asimismo estaban los sueldos y prestaciones de la burocracia dorada, incluidos bonos, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, a favor de “los que saben”, a cargo del erario público.
Se eliminan las prestaciones injustificadas. El presidente se baja el salario.
Envía al Poder Legislativo una Iniciativa para que ningún servidor público pueda ganar más que el presidente. La Iniciativa se aprueba en el Congreso y se aplica su contenido de forma general, pero algunos afectados, especialmente del Poder Judicial y de los Órganos Autónomos se amparan, y logran de la Corte un matiz a la norma, permitiendo que quienes tenían ingresos superiores a los del presidente antes de la reforma legal, los mantengan.
Se reorienta el gasto -aumentándolo- a proyectos de infraestructura y a los proyectos sociales insignia del gobierno.
En la nueva estrategia de gasto, el gobierno busca evitar la intermediación, procurando que la entrega de los recursos presupuestales sea directa a los beneficiarios por parte de la Tesorería de la Federación, y en la menor medida posible a través de agencias u organismos gubernamentales, o de organismos de la sociedad civil.
La recuperación de recursos fiscales perdidos en los pantanos de la corrupción, y la reorientación de otros más derrochados en prestaciones y lujos en la operación de los gobiernos pasados, sería suficiente para financiar un ambicioso programa de gasto social y de inversiones estratégicas para el crecimiento con desarrollo de la economía mexicana. Esto, en opinión del presidente López Obrador, haría innecesaria una reforma fiscal, por lo menos en los tres primeros años del gobierno.
Igualmente se planteó una estrategia de equilibrio fiscal. Es decir, no utilizar el déficit fiscal ni la deuda pública como instrumentos de financiamiento del crecimiento.
La cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco
El primer choque fue por la determinación de cancelar la construcción del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). Que, entre otros costos, implicaba desaparecer el actual aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el cual ciertamente ya no puede expandir de manera significativa su capacidad, pero que funciona adecuadamente y es un valioso activo del país, de la Ciudad y de la zona metropolitana conurbada, por lo cual nunca se justificó de ninguna manera su desmantelamiento. También sería ya viable operar la base militar de Santa Lucía.
En realidad, la decisión de terminar con el despilfarrador proyecto del NAIM, contrario al bienestar ecológico del Valle de México, y lleno de zonas opacas en cuanto a los negocios financieros e inmobiliarios involucrados, fue tomada por los electores el mismo día de la votación en la medida que su análisis y discusión fue parte puntual, explicita y reiterada de la campaña electoral. El entonces candidato de la 4T manifestó con claridad los argumentos económicos y ecológicos contrarios. Los candidatos derrotados del PAN y del PRI dieron su apoyo decidido al proyecto. Fue tema en los debates televisados y nadie puede llamarse a engaño. Los electores decidieron. En lo que a algunos pareció incluso la búsqueda un tanto innecesaria y excesiva de legitimidad para la determinación, el entonces ya presidente electo, sometió el asunto a la consulta popular realizada entre el 25 y 28 de octubre de 2018, ganando de nuevo la postura de cancelar el proyecto.
La reacción entre los conservadores fue intensa: “la peor decisión económica”, se afirmó, entre voceros y comentaristas financieros nacionales e internacionales. Ruptura de la confianza de los inversionistas, se dijo. Pero se observó con bastante claridad que muchos opinadores defendían los intereses económicos de los dueños y protagonistas del NAIM, y no el mejor interés del país.
López Obrador mantuvo firme la tesis de separar el poder político del poder económico. “No voy a estar de florero”, dijo, y procedió.
La derecha extendió entonces la pugna del escenario político y mediático, a las cortes. Se presentaron alrededor de 150 solicitudes de amparo contra la decisión de cancelar el despilfarrador proyecto del NAIM , y contra el inicio del proyecto del sistema aeroportuario del Valle de México, incluyendo la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles situado en la antigua base militar de Santa Lucía. Pero aunque algunos jueces obligaron temporalmente a que las instalaciones del proyecto NAIM no se comenzaran a desmantelar -un porcentaje importante para ser reaprovechadas en el aeropuerto General Felipe Ángeles- , y a que las obras de este nuevo aeropuerto se iniciaran hasta que se cumplieran ciertos requisitos, al final, el gobierno del presidente López Obrador nombró al proyecto como obra de seguridad nacional, lo que después de cinco meses de disputa legal, consiguió que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa diera la razón al gobierno federal, revocando la última suspensión que frenaba su construcción.
Y el 17 de octubre de 2019 se dio el banderazo para comenzar a edificarlo. El oneroso proyecto del NAIM se canceló, y quedó atrás. Los bienes reutilizables localizados en Texcoco se llevaron al proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, los costos materiales y financieros de la cancelación se cubrieron o recibieron cobertura por parte del nuevo gobierno.
El costo total del aeropuerto Felipe Ángeles será a su terminación de 79,305 millones de pesos. El ahorro respecto al NAIM es de 226 mil millones de pesos.
El gobierno, en voz del entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriú, sintetizó los costos y sobrecostos del NAIM de la siguiente manera:
En las estimaciones originales del proyecto (2014), la inversión inicial iba a ser por un total de 169 mil millones de pesos. Terminó acercándose a los 400 mil millones de pesos si se consideran los gastos adicionales que se estiman porque el Aeropuerto Internacional Benito Juárez iba a tener que seguir operando mientras no se terminaran por completo las rezagadas obras del NAIM, de acuerdo a su calendario una y otra vez reprogramado.
De la cantidad inicial, el gobierno iba a aportar 98 mil millones (58%); y el capital privado 71 mil millones (42%).
Sin embargo, las aportaciones federales solo llegaron a los 18 mil millones de pesos. Emitiéndose en cambio bonos por 6 mil millones de dólares, con vencimientos a 10 y 30 años. Y 30 mil millones de pesos en títulos de certificados fiduciarios denominados FIBRAS-E.
Al haberse modificado el monto total de la inversión necesaria, y elevarse el costo estimado a 305 mil millones de pesos, los recursos aportados por el gobierno y los inversionistas no fueron suficientes y el Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México decidió elevar las Tarifas por Uso Aeroportuario (TUA) para viajes nacionales de 15 a 23 dólares norteamericanos (58%) y de 18 a 44 dólares norteamericanos (143%) para viajes internacionales.
Sin embargo, el jaloneo jurídico provocó el retraso de los procesos de inversión a lo largo del ejercicio fiscal 2019, con su impacto en un menor impulso a la actividad económica en ese año.5
Otros frentes de conflicto han sido las nuevas rondas de asignación de campos petroleros, los contratos de entrega de gas de la Comisión Federal de Electricidad.
Siempre el argumento es que el gobierno tiene que cuidar “la confianza de los inversionistas”, la “confianza de los mercados”. Es decir, el poder público, el poder político tiene que someterse a lo que le merezca “confianza” a “los inversionistas”; a la confianza de “los mercados.”
Sin duda, ese es el desafío de todo gobierno en el contexto de formaciones económico-sociales capitalistas. La burguesía, al apropiarse de la gran parte del excedente económico que se genera en el proceso productivo, es dueña de la más grande capacidad de invertir de esa sociedad. Y sus decisiones se rigen por el criterio de la máxima ganancia, que no tiene por qué coincidir con lo más necesario para el bienestar común, ni con procesos sociales que tengan dosis de igualdad, superación de la pobreza, honestidad, reglas de comportamiento ecológico, mejoría social. Y salvo que se sea devoto de la secta de la mano invisible, y se crea que el mercado dejado a sus libres fuerzas es lo mejor para la sociedad (aunque duela a muchos), las ciencias sociales reconocen hoy que la sociedad contemporánea está llena de ejemplos de cómo las decisiones políticas van conformando una red de reglas e instituciones políticas que van poniendo límites y comportamientos a las acciones del capital en gran parte del mundo, mejorando los desempeños para los colectivos, en diversas partes del mundo.
El T-MEC
El gobierno realizó una estrategia decidida para lograr la firma del T-MEC antes del proceso electoral en los Estados Unidos, en noviembre próximo. Contra el pesimismo de muchos, lo logró, lo cual ofrece una base de sustento para cierta dosis de crecimiento económico en México, especialmente en la industria manufacturera. La indefinición respecto a la posibilidad de la firma o no del T-MEC, estaba causando incertidumbre entre inversionistas, pero el asunto se resolvió.
El T-MEC, por cierto, incluye temas polémicos como cubrir la producción de componentes militares norteamericanos dentro de las fronteras mexicanas. Es conveniente no perder de vista este elemento.
Otro aspecto que merece atención es que el mayor apego de la economía mexicana a la norteamericana puede conducir a la tentación al gobierno norteamericano, de someter a presión al gobierno mexicano, para que ceda en rangos de independencia de la política exterior, por ejemplo, en las relaciones con Cuba, y la no intervención de México en el caso de Venezuela.
Por otra parte, es notoria la agudización de las tensiones comerciales y diplomáticas entre China y los Estados Unidos, lo que probablemente va a llevar a México a dilemas de tomar partido, o no, en esas crecientes tensiones.
Los aumentos a los Salarios Mínimos.
El gobierno ha emprendido una política de incrementos significativos de los salarios mínimos por arriba de la inflación, durante 2019 y 2020.
Otras acciones contra la corrupción.
El juicio por la llamada “estafa maestra” ha significado el encarcelamiento de Rosario Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social durante la administración del ex presidente Peña Nieto.
Las investigaciones desarrolladas por la fiscalía general de al República alrededor del caso de Odebretch México tienen ya detenido en el país a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y vinculado muy cercanamente al ex presidente Peña, incluso durante su campaña política.
El mismo personaje está ligado a las operaciones de compra-venta fraudulentas de la planta de Agronitrogenados de Pemex con Altos Hornos de México, lo que le vincula al empresario Carlos Ancira, preso actualmente en España, entre otros.
La resistencia de los conservadores aumenta y sube de tono, sin embargo el proyecto del presidente ha resistido, muestra sus posibilidades transformadoras, aunque también algunos límites, y no pierde apoyo popular.
La experiencia del primer año y medio de política económica del gobierno de AMLO demuestra que su evaluación no debe ser realizada sólo o principalmente por juicios referidos a la evolución de los principales indicadores macroeconómicos tradicionales: crecimientos del PIB, inflación, tipo de cambio, balance fiscal, etcétera. El gobierno está empeñado en cambios de la conducta ética del gobierno que son de fondo, las modificaciones son significativas y positivas. No deben omitirse del análisis. A mediano plazo ofrecerán resultados benéficos para la sociedad, que deberán también expresarse en los indicadores macroeconómicos tradicionales. Desde luego, el tremendo impacto económico de la pandemia abrió un escenario distinto que debe analizarse con cuidado. Lo cual requiere trabajos específicos.
NOTAS
1 BBC News, mundo, México, “Desde Pemex se organizaba el robo de combustible: AMLO”. 28 de diciembre del 2018.
2 La Jornada, 7 de enero del 2020.
3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Servicio de Administración Tributaria (SAT). Presentación. Tomado del Dictamen de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos Segunda, respecto a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el Primer Párrafo del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos, devuelto con modificaciones por la Cámara de Diputados para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 Constitucional.
4 Este es parte del anuncio publicado por Walmex, en el periódico Reforma, como parte del acuerdo firmado con el Servicio de Administración Tributaria de México para liquidar adeudos por 8,100 millones de pesos e invitar a otros causantes a cumplir sus obligaciones fiscales legales. Fuente: Bloomberg, www.conomíahoy.mx México, 8 de julio del 2020.
5 El PIB decreció en -0.1% en 2019. Diversos analistas exponen que esta caída se liga al menor gasto público realizado en el contexto del cambio de gobierno y a una cierta reducción de la inversión privada.