(CEMOS, Fondo PCM, Caja 120, Clave 114, Exp. 17)
El Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) viene a proponer a la consideración de ustedes las siguientes Iniciativas con Proyecto de Decreto, que pretenden hacer congruente la Ley Reglamentaria contenida en el Código Penal y en el Código Sanitario con el Artículo 4o. Constitucional.
MOTIVOS
Hoy se siguen ejerciendo grandes esfuerzos por circunscribir la discusión sobre la maternidad voluntaria en un terreno exclusivamente moral, soslayando su gran trascendencia como problema social y de salud pública. Son razones morales, precisamente, las que se aducen para rechazar la liberalización de las leyes que la sancionan. En el caso de la maternidad voluntaria, el aspecto moral es asunto personal e íntimo, y debe quedar fuera de la jurisdicción legal al no ser materia de moral pública. No corresponde a los diputados y senadores de un Estado laico regir la conciencia individual o colectiva de la ciudadanía en este caso, como no sucede tampoco en el caso del divorcio, en donde son los individuos quienes consideran libremente la necesidad de hacer uso o no, de ese derecho.
Para medir en su justa valoración al problema del aborto es necesario contemplarlo dentro del marco socio-económico y cultural en que se realiza; este contexto, si bien afecta en forma diferenciada a los diversos grupos sociales presentes en el mosaico de nuestro país, de hecho también afecta de manera desigual a hombres y mujeres. Son las mujeres de los sectores populares las que sufren más directa y cruelmente la escasez, la falta de servicios o el alto costo de los mismos, siendo como son ellas quienes reproducen la fuerza de trabajo, y las que en numerosas ocasiones enfrentan solas la responsabilidad de la sobrevivencia de sus familias. La servidumbre y explotación de la mujer mediante el desempeño de actividades domésticas enajenantes y no remuneradas, no se han mitigado por la participación del Estado. En efecto, la incapacidad creciente de éste para ofrecer mejores condiciones sociales a la reproducción de la fuerza de trabajo, evidente en la imposibilidad de asegurar a la población los mínimos requerimientos de bienestar: alimentación suficiente y equilibrada, servicios médicos, vivienda, educación básica y posibilidades de empleo; más la carencia de servicios tales como guarderías, lavanderías, cocinas y comedores colectivos y baratos etc., han agudizado la operación de la mujer, obligada a luchar en condiciones muy duras para contribuir, y frecuentemente sustituir al hombre en la satisfacción de las necesidades fundamentales de la familia.
La creciente participación de la población femenina en la fuerza de trabajo no se acompaña de la ejecución práctica de leyes y reglamentos que le permitan cumplir simultáneamente con las funciones de asalariada y de reproductora de la fuerza de trabajo. En múltiples ocasiones la mujer embarazada es despedida de la empresa porque ésta no quiere afrontar el costo de la incapacidad de tres meses obligatorios, y en muchas otras ocasiones no se otorgan posteriores facilidades para la atención del lactante durante la jornada de trabajo. En 1973 existían 363 establecimientos que atendían a 88 551 niños; en 1976 el número de guarderías había disminuido a 211, mientras aumentaba el número de niños a 395 031. Hoy día el acceso a este Servicio constituye un verdadero privilegio no sólo por la escasez de dicho establecimiento sino por la dificultad y los tropiezos para atender satisfactoriamente a los niños. La mujer trabajadora debe, además de encontrar los problemas de origen laboral ya mencionados, asumir una doble jornada de trabajo: la que realiza en su centro de trabajo y la que realiza en su hogar. Con la estructura de la familia en nuestro país y dada la ideología prevaleciente respecto a los quehaceres domésticos, la mujer trabajadora está obligada -independientemente de que tenga o no trabajo asalariado- a limpiar, cocinar, coser, lavar, planchar, comprar…
En estas condiciones centenares de miles de mexicanas se ven orilladas al drama del aborto clandestino, pues no todas cuentan con la información suficiente, servicios de planificación familiar o acceso a éstos. Actualmente sólo el 11.2% de mujeres en edad fértil utilizan algún método anticonceptivo. La clandestinidad impide que se conozca con certeza la magnitud del problema. Las cifras que usualmente se manejan no son totalmente confiables: gran parte de los datos se derivan de los casos que acuden a los centros de salud por complicaciones post aborto. La cifra más conservadora calcula en 800 mil al año los abortos inducidos que se practican en el territorio nacional; pero otras fuentes igualmente confiables ofrecen cifras mayores. Sea cual fuere el número exacto, solamente un porcentaje muy pequeño del mismo lo realizarán médicos en óptimas condiciones técnicas e higiénicas, así como de seguridad para la vida de la paciente. El resto es practicado por personas no calificadas y médicos irresponsables, de modo que la mayoría de las mujeres que abortan lo hacen en condiciones peligrosas para su salud y frecuentemente utilizan métodos cuyas complicaciones llegan a provocarles, incluso, la muerte.
Las muertes que por esta causa alcanzan el número, conservadoramente calculado, de 10 mil anuales; las lesiones, frecuentemente irreversibles, en los órganos reproductores de un elevado número de ellas; los traumas psicológicos que incluyen neurosis muy severas; la infelicidad y los profundos sufrimientos que hieren el desenvolvimiento de millones de mujeres hacia su plenitud humana, encadenándolas a su biología y al ámbito inmediato de ésta, son todas las consideraciones que debe tener en cuenta el legislador.
Si los legisladores no consideran prudente escuchar las voces que en número creciente exigen el aborto voluntario y gratuito como un derecho inalienable de la mujer, porque hay otras voces poderosas e influyentes en contrario, habría que aclarar que en este caso la voz con mayor derecho a ser escuchada es la del millón y pico de mujeres que anualmente se ven obligadas a recurrir al aborto clandestino. Lo que hace más aterradora su situación.
La interrupción del embarazo de manera ilegal tiene, además de un enorme costo social, un elevado costo económico para las instituciones oficiales de salud. Ante la magnitud del problema el Estado se preocupa y pone énfasis en la educación sexual y en la planeación familiar; pero esto no ha impedido que tantas mujeres sigan recurriendo al aborto clandestino. “Disminuir la incidencia del aborto al incrementar la práctica de la planificación familiar” es un objetivo que ciertamente podrá alcanzarse, pero en un futuro quizás no cercano. El Plan Nacional de Planificación Familiar para 1982 proyecta cubrir apenas el 20.2% de las mujeres en edad fértil. En cambio el aborto voluntario y gratuito facilitarían a los organismos que se ocupan de la salud la información y utilización voluntaria de métodos anticonceptivos entre las mujeres que más lo necesitan. Las mujeres temen abortar y mucho menos desearían repetir la experiencia. Para el Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda), esta medida no se plantea en manera alguna como un instrumento para el control de la natalidad, tampoco para la planificación familiar; aun legalizado, seguiría siendo el último recurso en un embarazo no deseado. Nuestra proposición se basa exclusivamente en el respeto a la decisión individual, a la voluntad libre y soberana.
Por otra parte, el control de la fecundidad no debe seguir siendo, tarea exclusiva de la mujer. Se ha realizado muy poca investigación en cuanto a los anticonceptivos masculinos; los métodos conocidos han tenido poca difusión y menor aceptación en México. El hombre que procrea debe adquirir conciencia de su corresponsabilidad en la anticoncepción; las instituciones de salud deberían promover campañas para contrarrestar esta absurda desigualdad. La conciencia está a tal punto deformada en este aspecto que para un buen número de personas lo natural y legítimo es que el varón engendre y se desentienda del asunto, considerando que un embarazo no deseado es culpa de la mujer que no supo evitarlo. Esto se relaciona con otro aspecto de la planificación familiar: la educación sexual.
Es necesario que la educación sexual contemple este tipo de problemas y no se limite a los aspectos anatómicos y fisiológicos de la reproducción, ya que la práctica sexual en una sociedad no se determina únicamente a partir de la realidad biológica. Los contenidos actuales de la educación sexual permiten a las personas conocer mejor sus organismos, pero no ofrecen otra información para afrontar distintas situaciones del ejercicio de su sexualidad. Una educación sexual completa debería incluir, además, amplias y profundas referencias a la realidad social que les sirve de contexto.
Un número creciente de sectores de la población está adquiriendo conciencia de la gravedad y las verdaderas causas del aborto clandestino. Algunos representantes del sector oficial han expresado opiniones en las que se reconoce la necesidad de modificar las leyes al respecto. Tal es el caso del estudio que realizó un grupo interdisciplinario en 1976, cuyo dictamen final se resume así: “Debe suprimirse de la legislación mexicana actual toda sanción penal a las mujeres que por cualquiera razón o circunstancias decidan abortar y al personal calificado que practique el aborto cuando exista la voluntad expresa de la mujer. Deben también expedirse las normas técnicas sanitarias pertinentes para que la prestación del servicio se realice en óptimas condiciones.”
Asimismo grupos organizados de mujeres, organizaciones sindicales y de profesionistas, algunos partidos políticos y gran número de personas en lo individual, periodistas, escritores, científicos y otros intelectuales se han manifestado en contra de la penalización del aborto y en favor de que éste sea proporcionado como servicio gratuito a las instituciones oficiales de salud. Esta actitud entraña una respuesta a la realidad brutal de los abortos clandestinos y considera la evidencia de que las mujeres han practicado, practican y seguirán practicando el aborto pasando por encima de prohibiciones legales, al ser presionadas y obligadas por razones de tipo económico y por perjuicios de una sociedad patriarcal y autoritaria.
Por todo lo anterior insistimos en que no es suficiente una despenalización del aborto. Las mujeres que reivindican el derecho a la maternidad voluntaria recurren, en última instancia, al aborto voluntario y gratuito: voluntario, porque bastaría la sola expresión de la mujer para hacerlo posible legalmente; gratuito, porque debe realizarse como un servicio de los hospitales del Estado. Pero la maternidad voluntaria no sólo implica la legalización de la práctica del aborto; por lo contrario, pone énfasis en la aplicación de medidas para prevenirlo.
Finalmente, considerando la importancia del asunto, y que el mismo queda enmarcado en el tema relativo a la familia, a su salud, sus decisiones y su libre voluntad, el Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) pone a consideración de esta H. Cámara de Diputados la creación de una sub-comisión que estudie los problemas de la familia en su conjunto, y se compromete a presentar en el próximo período de sesiones, correspondiente al año de 1980, un proyecto de Código de Familia.
México, D. F., Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 29 de diciembre de 1979.
Atentamente, Arnoldo Martínez Verdugo. – Alejandro Gazcón Mercado. – Roberto Jaramillo. – Carlos Sánchez Cárdenas. – Gerardo Unzueta. – Santiago Fierro Fierro. – Antonio Becerra Gaytán. – Manuel Arturo Salcido. – Valentín Campa Salazar. – Juventino Sánchez Jiménez. – Fernando Peraza Medina. – Pablo Gómez. – Manuel Stephens García. – Evaristo Pérez Arreola. – Sabino Hernández Téllez. – Othón Salazar. – Gilberto Rincón Gallardo. – Ramón Danzos Palomino.
NOTAS
La población de México, su ocupación y sus niveles de bienestar, México, SPS, 1979.
Plan Nacional de Planificación Familiar. Proyecciones.
Grupo Interdisciplinario del Aborto. Consejo Nacional de Población, 1976. Esta cifra es el reconocimiento de que no son las mismas mujeres las que abortan año con año. Las leyes promulgadas para proteger la vida -como supuestamente son las relativas al aborto- no cumplen con su cometido; antes bien ocasionan la muerte prematura de muchas miles de mujeres cada año.
Sergio García Ramírez declaró en 1976 que en México hay cada año un millón 200 mil abortos.
Informe del Grupo Interdisciplinario del Aborto, Op. Cit. México, 1976.
1979: INICIATIVA POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
Luego de la decidida y contundente participación de un gran número de mujeres en el movimiento de 1968, que pugnaban por la igualdad y la libertad, en la década de 1970, el movimiento feminista de la denominada “nueva ola” irrumpió con movilizaciones en la Ciudad de México en favor de la maternidad voluntaria, como expresión de la igualdad de derechos, de una sexualidad libre y consciente y de la autonomía de los cuerpos de las mujeres. A lo largo de esa década aparecieron diversos grupos feministas como Mujeres en Acción Solidaria, Movimiento de Liberación de la Mujer, Movimiento Nacional de Mujeres, Ákratas, Lesbos, Colectivo de Mujeres, Lucha Feminista y revistas y proyectos asociados: La Revuelta, Cihuat y Fem. Las organizaciones estuvieron caracterizadas por una postura antipartidaria, fluida y no jerárquica, que a pesar de no haber logrado aglutinarse en un gran movimiento masivo, tuvieron influencia en el ámbito intelectual y en el debate público. A pesar de sus diferencias ideológicas, esta multiplicidad de grupos de mujeres organizadas bajo diversas formas de feminismo como el radical, el socialista, el antipatriarcal y hasta el liberal, apoyaron la propuesta de liberalización de la ley que criminalizaba la interrupción del embarazo, apoyando el derecho de las mujeres a la maternidad voluntaria, que fue una demanda central y transversal de estos movimientos feministas.
En 1976, algunos de estos grupos feministas activos en la Ciudad de México se unieron bajo la Coalición de Mujeres Feministas, una alianza que decantó en una agrupación de izquierda que cuestionaba el sistema vigente y proponía trabajar en favor de la plena igualdad de salarios y oportunidades para las mujeres, la maternidad voluntaria, la independencia económica y de la familia, protección para mujeres violentadas, la erradicación de la violación y la concientización política de las mujeres, en todo el país. A través de un activismo que también se desplegó en el plano jurídico, impulsaron la interrupción voluntaria del embarazo, libre y gratuita, el acceso a anticonceptivos seguros y económicos, la educación sexual y el fin de las esterilizaciones forzadas. Sin embargo, este activismo feminista se contraponía con las políticas de planificación familiar que impulsaba el gobierno de Luis Echeverría, que no consideraba la demanda por la maternidad voluntaria sino que pensaba la planificación familiar desde la anuencia del pater familias y no consideraba a las mujeres como sujetas con derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre la autonomía de sus cuerpos. Además, la maternidad voluntaria antagonizaba con la Iglesia católica y los sectores más conservadores, aliados del gobierno, para asegurar la aceptación generalizada de la planificación familiar bajo el eufemismo de la “paternidad responsable” como antídoto para la interrupción legal del embarazo.
En este contexto, en 1978 se formó el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, con una importante presencia de sectores de mujeres de sindicatos y de partidos socialistas, y en alianza con el Partido Comunista Mexicano (PCM). La alianza fue propuesta por el propio PCM que ese mismo año había obtenido el registro legal, y en julio de 1979 había ganado espacios en el Congreso y apoyaba abiertamente la campaña de la maternidad voluntaria. 1979 estuvo marcado por un constante activismo feminista a favor de la despenalización del aborto. Para noviembre de 1979, la Coalición de Mujeres Feministas entregó al PCM un anteproyecto de ley que fue presentado el 29 de diciembre de 1979 por el Grupo Parlamentario Comunista como iniciativa de Ley de Maternidad Voluntaria en la Cámara de Diputados. En esta iniciativa, la maternidad voluntaria se enmarcó como un problema social, de salud pública, y como el último recurso en un embarazo no deseado, siguiendo a pie juntillas la propuesta de las feministas mexicanas. Conmemando esta iniciativa, y a la luz del logro de la lucha feminista, marea verde, en Argentina que obtuvo el 30 de diciembre de 2020 la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, transcibirmos a continuación, para hacer memoria y recordar que la izquierda ha históricamente acompañado esta exigencia feminista, el proyecto de ley en favor de la maternidad voluntaria, que fue el resultado de años de activismo de las mujeres mexicanas conscientes y organizadas, y que deseamos se ponga al día para retomar esta demanda en todo el país.
Puede verse https://revistamemoria.mx/?p=2796