Aún es temprano para advertir si México llega tarde a una ola de transformación política y social iniciada en América Latina en 1999 luego del ascenso de Hugo Chávez al poder en Venezuela o si, por el contrario, es el iniciador de una nueva etapa que se habrá de caracterizar por la puesta en marcha de ambiciosas transformaciones sociales que si bien no pueden proponerse renunciar al sistema capitalista, el cual valga la pena señalar experimenta una fase de extrema concentración de la riqueza, de despojo y superexplotación y se acompaña además de una salvaje extracción de los recursos naturales y del constante deterioro del planeta entero, si pueden colocar como prioridad y, de hecho lo hacen, la recomposición del tejido social y la reorganización de una economía nacional devastada por el avance de las políticas neoliberales que comenzaron a ser aplicadas desde finales de la década de los setenta y principios de los ochenta.
Obrador gobierna México en un contexto de polarización externa e interna; la primera, una polarización que desde los grandes medios masivos nacionales y la oposición se tiende a invisibilizar. Una rápida mirada hacia América Latina, por ejemplo, nos permite dar cuenta de que en días recientes Iván Duque debió dar marcha atrás a una reforma tributaria leonina no sin antes utilizar toda la fuerza del Estado para reprimir violentamente las protestas de la sociedad colombiana; el próximo 6 de junio, en Perú se enfrentarán en una segunda vuelta de elecciones para las presidenciales la candidata Keiko Fujimori, representante del ala conservadora, y el candidato Pedro Castillo, un maestro rural que se encuentra arriba en las encuestas y que se ha colocado como una amenaza para el estatus quo de la política peruana; recientemente, en Ecuador la derecha se posicionó nuevamente en el poder con el triunfo de Guillermo Lasso, tras haber derrotado al correísta Andrés Arauz el pasado 11 de abril. Si vamos un poco más atrás habrá que referir la inestabilidad política que ha enfrentado Bolivia en gran parte alimentada desde una derecha “golpista” y sin proyecto que actúa abiertamente como lacaya del imperialismo yanqui; así como la amplia mayoría chilena que tomó las calles para lograr una Constituyente que, justamente, en estos meses habrá de redactar una nueva constitución.
La polarización en México no es pues producto del discurso binario de “liberales” versus “conservadores” que tanto se le ha recriminado al actual mandatario, sino más bien del estado de putrefacción en el que se encuentra el sistema capitalista a escala planetaria. Su insistente tendencia hacia la acumulación de riqueza se ha vuelto insostenible para garantizar por la vía de los sistemas democráticos su continuidad; las temidas mayorías históricamente oprimidas y explotadas se han dado cuenta de la potencialidad de esta forma de gobierno para encaminar las ya impostergables y necesarias transformaciones sociales.
Pero la crisis no es de generación espontánea, la historia de la miseria y el subdesarrollo en América Latina ha sido parte sustantiva del desarrollo del capitalismo mundial, la prosperidad de otros se ha alimentado de la pobreza latinoamericana, como señalaba Galeano, “El sistema es muy racional desde el punto de vista de sus dueños extranjeros y de nuestra burguesía de comisionistas, que ha vendido el alma al Diablo a un precio que hubiera avergonzado a Fausto. Pero el sistema es tan irracional para todos los demás, que cuanto más se desarrolla más agudiza sus desequilibrios y sus tensiones, sus contradicciones ardientes”.[1] En el caso de México, es justamente esta “burguesía de comisionistas” la que no sólo no parece darse cuenta de la irracionalidad del sistema capitalista, sino que además parece ser la única para la que resulta racional realizar una defensa del mismo.
“Primero los pobres”
Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con un amplio respaldo popular, pero se agregaron a éste otros factores histórico-políticos que le colocaron como la opción menos mala para otros sectores de la población. El neoliberalismo aplicado a lo largo y ancho de la región latinoamericana no sólo trajo como consecuencia la debacle económica y la ampliación de la brecha de pobreza, en el caso de México este proyecto aceleró también la descomposición del tejido social, potencializando la corrupción y la violencia. En aquellas elecciones, las de 2018, una polarización entre los muchos descontentos y los muy pocos beneficiados de la situación social, política y económica vigente en el país fue la que definió el triunfo de Andrés Manuel.
Al expresar su voto, muchos de los ciudadanos desoyeron el mensaje que López Obrador había venido sosteniendo desde la primera vez que fue candidato a la presidencia de nuestro país en 2006 o quizá incluso desde mucho antes en su ya larga trayectoria política, “primero los pobres”. El candidato, igualmente, logró aglutinar una multiplicidad de fuerzas políticas alrededor de este lema, pero igualmente no repararon en el mismo o consideraron, como ya se había hecho costumbre en la política mexicana, que éste se reducía a una mera retórica utilizada con fines electorales.
A dos años de su gobierno, se acusa constantemente al presidente de la República de polarizar a la sociedad mexicana, pero lo cierto es que la sociedad se encontraba polarizada desde hacía ya muchos años en términos no sólo ideológicos, sino también y más preocupante aún en términos materiales. Aquéllos políticos y empresarios beneficiados del sistema enceguecidos quizá por su propia opulencia y el amplio margen de impunidad bajo el que actuaban para continuar enriqueciendo sus bolsillos personales, en muchas ocasiones, a costa de las arcas del Estado mexicano, quizá les impedía observar la situación en la que vivían más de 60 millones de mexicanos.
Para Andrés Manuel en cambio, “primero los pobres” significaba justo eso, colocar como objetivo fundamental de su gobierno resolver los problemas de subsistencia que enfrenta todos los días el más amplio sector de la población, condición que López Obrador conoce a profundidad no sólo porque ha recorrido el país de “cabo a rabo” sin omitir y por el contrario privilegiar aquellas realidades que la clase política y gobernante había simplemente dejado en el olvido, sino también porque no le resultan ajenos ni a nivel profesional ni personal. Así, hasta ahora su gobierno se ha mantenido trabajando para los pobres y es alrededor de este objetivo que se articula el resto de las políticas y acciones que definen su plan de trabajo; se aleja así del modelo tradicional del político mexicano y, a su vez, evidencia que la solución a muchos de los problemas que enfrenta nuestro país en realidad si dependen de la voluntad política del gobernante.
Todo parece indicar que aquellos sectores de la población mexicana que emitieron su voto por hartazgo y no por coincidencia en términos ideológicos con el proyecto de Andrés Manuel, finalmente, cayeron en la cuenta de que para él resolver el problema de la pobreza es la punta de lanza para impulsar el desarrollo de la economía y no a la inversa. En cuanto a la vieja y desgastada elite política, acostumbrada a llamar a la mayoría para fines electorales y olvidarse de ella durante el ejercicio gubernamental, se muestra dispuesta a cualquier cosa no sólo para demostrar que López Obrador no es diferente a ellos, sino también para recuperar aquellos privilegios y amplios márgenes de impunidad bajo los que gobernaban. Pero abajo, hacia donde los grandes medios de comunicación y la rancia oligarquía mexicana insisten no mirar, los programas sociales y las estrategias que promueven la recomposición del tejido social, a pesar de la pandemia, continúan en movimiento y eso es una verdad incontestable para el pueblo, de ahí que su popularidad se mantenga estable contra todo pronóstico de la oposición.
La lucha contra la corrupción
Otro de los ejes que desde el inicio ha impulsado al gobierno de López Obrador ha sido el de la lucha contra la corrupción. Al respecto, las críticas tanto de una izquierda radicalizada como de una ultraderecha desplazada, parecen coincidir en que este gobierno es igual a los anteriores y que la lucha contra la corrupción no va más allá de un argumento retórico, lo cual evidencia en la primera una ceguera analítica y en la segunda una cínica e incongruente defensa de los gobiernos anteriores bajo el argumento de que el actual es tan corrupto como aquellos.
Pero ya varias cloacas han sido destapadas. La primera fue la de Pemex, recordemos que la estrategia aplicada por el gobierno federal para combatir el robo de gasolina en enero de 2019 generó un desabasto transicional durante algunos días, la medida fue, por supuesto, duramente criticada por los opositores al gobierno, defendiendo por ejemplo y como uno podría imaginarse derechos individuales, en contrapartida se ha decidido ignorar que hasta finales del año pasado ésta le habría garantizado a la paraestatal un ahorro de cerca de 70 mil millones de pesos por año; si, esa paraestatal que los gobiernos habían querido desaparecer bajo el argumento de que era improductiva.
A Pemex le siguieron las prisiones, cuyo costo para el erario por cada presidiario en algunos casos ascendía a 3, 500 pesos por día; los fideicomisos, en donde destaca el caso de Conacyt pues operaban cerca de 90 fideicomisos que en realidad no beneficiaban a los artistas, científicos o deportistas, sino a las grandes empresas; y, bajo el contexto de la pandemia, no podemos dejar de mencionar al sector salud en donde ha destacado la corrupción sobre todo en la venta y aplicación de los medicamentos. Pero la lista de instituciones que hay que limpiar es larga y los seis años de gobierno, difícilmente, darán tiempo suficiente para logarlo; la diferencia es que los esfuerzos por combatir este gran cáncer que ha afectado históricamente a la sociedad mexicana se han comenzado a realizar y en algunos de los casos ha rendido sus frutos.
En esta misma línea no se puede dejar de señalar la verdadera persecución del delito en la función pública que ha sido impulsada también desde el gobierno federal, comenzando porque ha vuelto ya a clasificar el delito de corrupción como grave, una clasificación que había sido reformada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Podemos mencionar al menos el caso “Lozoya”, en el cual se han evidenciado los sobornos que fueron otorgados a legisladores para que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fuera aprobada la reforma energética; está también el de la “Estafa Maestra”, por la cual Rosario Robles fue encarcelada por un escándalo de corrupción que habría involucrado la defraudación de más de 7 mil millones de pesos en recursos públicos; o bien, el caso de Genaro García Luna, quien fuera la mano derecha del ex mandatario Felipe Calderón en su supuesta lucha contra el narcotráfico, y que se ha convertido en el primer ex secretario mexicano a nivel federal procesado por narcotráfico.
Pero, de nuevo, la lista es larga y no hay espacio aquí para mencionar todos y cada uno de los procesos iniciados por este gobierno, lo que si cabe señalar es que desde la Fiscalía General de la República se ha realizado un verdadero trabajo de investigación, cuyos resultados efectivos, desafortunadamente, no dependen de ella sino del Poder Judicial de la Federación que es el encargado de impartir justicia, pero aquí, de nuevo, se enfrenta el grave problema de la corrupción, ya que la impartición de la justicia no es imparcial sino que depende del tamaño de los intereses que se trastoquen, o bien, del tamaño del soborno del que se hable, en este sentido, de inmediato saltan nuestras suspicacias para explicarnos la inesperada renuncia del juez de la Suprema Corte de Justicia, Andrés Medina Mora, a finales de 2019, un caso único en la historia de nuestro país.
MORENA y la 4T
Los “chairos”, “borregos, mal pagados y sin futuro”, a decir de la actriz Laura Zapata, en términos electorales representaron 30 millones 113,483 sufragios para la coalición “Juntos Haremos Historia” con respecto a los 56 millones 611,027 de votos que fueron emitidos durante la contienda electoral del 2018. Varios elementos hay que tomar en cuenta con respecto a esta elección: Enrique Peña Nieto había ganado en las elecciones anteriores con poco más de 19 millones de votos; el porcentaje de votación se incrementó en estas elecciones en un 12%; y, los resultados para la nueva oposición fueron, simplemente, desastrosos, casi 13 millones de votos para Ricardo Anaya con la coalición “Por México al Frente” y poco más de 9 millones para el candidato de “Todos por México”, José Antonio Meade.
Hemos señalado que el triunfo de López Obrador obedeció también al arrastre que tuvo el hartazgo de la gente frente a la violencia y la corrupción, sin embargo, aún restando estos votos, la mayoría “chaira” parece ser que se expresó como una aplanadora. La razón, quizá, el Movimiento de Regeneración Nacional. Morena, recordemos, antes que partido fue y es movimiento social, un movimiento social que acompañó a Andrés Manuel en su largo camino hacia la presidencia; recibió este nombre hasta octubre de 2011, marcando el rumbo hacia a las presidenciales de 2012; se convirtió en asociación civil en noviembre de 2012; y se habría de consolidar como partido sólo hasta julio de 2014.
López Obrador no es entonces el típico caudillo progresista latinoamericano como se suele advertir constantemente, es sólo el rostro o si se quiere la cabeza de un importante movimiento social; si bien Obrador ha logrado ganarse la simpatía de gran parte de la población, llegó al poder respaldado también en un amplio movimiento social que, al menos, comparte identidad, organización y una orientación que busca intervenir de manera concreta en la realidad; este movimiento social también expresa un principio de solidaridad colectiva, posee redes de interacción con la comunidad y encuentra en la participación colectiva un impulso de cambio y transformación social.
Visto así, Morena el partido, es sólo un mecanismo que facilitó la toma del poder. Al día de hoy, el partido es una cosa y el movimiento social es otra muy distinta. En el primero, observamos a los grupos y líderes reconocidos enfrentados en una lucha feroz por cotos de poder y recursos, en muchos de los casos, al más puro estilo priísta de antaño. En el segundo, que se visualiza mejor si se consideran instancias como la del Instituto Nacional de Formación Política y que, a pesar de compartir el presupuesto del partido, opera de una manera completamente distinta, se rescata no sólo la necesidad de formar políticamente a las bases, sino que también se impulsa la solidaridad y la participación colectiva de la sociedad.
Pese a todo, hace falta trabajo de base, aún no vemos en México el nacimiento de alguna experiencia similar y con los alcances logrados, por ejemplo, en los consejos comunales de Venezuela, o bien, por las diversas formas de organización social, que incluyen a medios comunitarios y alternativos, alrededor de las cuales se han articulado las iniciativas progresistas en América Latina.
Si, Morena, el partido, no advierte que el pueblo, el movimiento social y el ciudadano de a pie observan en la 4T un proyecto de largo aliento que va mucho más allá de los cortoplacismos que implica la vida electoral, corre el peligro de quedarse en ese mero instrumento que si bien viabiliza la toma del poder no es capaz de asumir con seriedad los retos que implica impulsar esta “Cuarta Transformación” y, por tanto, vaciarse de ese movimiento social que es en realidad la sustancia activa de la misma, con el agravante de quedar evidenciado como un partido más del montón, fortaleciendo la tesis que ha sido repetida hasta el cansancio de que en México hay más “lopezobradoristas” que “morenistas”, siendo Obrador entonces un caudillo más que atrae multitudes y no un individuo que camina de la mano de un pueblo consciente, organizado, activo, politizado y participativo.
La oposición
La primera pregunta que hay que responder es de qué oposición estamos hablando. La hemos ido dibujando poco a poco a lo largo de este ensayo, sin embargo, vale la pena detenerse un poco en el análisis. Tras la humillación que sufrieron el PAN y el PRI en las pasadas elecciones, estos partidos que protagonizaron la vida política en las últimas décadas de la historia de nuestro país, a pesar de sus marcadas diferencias en términos ideológicos, prácticamente han funcionado como una sola fuerza política que se articula en la lucha contra López Obrador. Los golpes políticos que ésta ha recibido tras los escándalos de corrupción que han sido destapados a lo largo de este sexenio, parece que han sentenciado a muerte a esta ahora llamada “oposición” que no sólo ha evidenciado que carece de proyecto político, sino que también se muestra poco creativa a la hora de intentar hacer frente a las acciones y políticas implementadas por el actual mandatario.
Esta “oposición” no sólo se compone de la vieja elite política que ocupaba el poder, alrededor de ella se articulan también empresarios que han visto mermados sus intereses y que incluso se han visto involucrados en los múltiples escándalos de corrupción, cuenta además con el respaldo incondicional de los grandes grupos mediáticos del país. A pesar del poder que concentran y de los amplios recursos que poseen para golpetear de manera continua al gobierno federal, sus estrategias se han caracterizado por una falta de creatividad y una pobreza argumentativa que les ha impedido romper el aislamiento social que sembraron mientras fueron los dueños del poder de manera que gritan y gritan muy fuerte, pero son pocos los que les escuchan y eso no sirve de mucho, al menos, para fines electorales.
Además, esta nueva “oposición” no se ha comportado de manera muy distinta al resto de las derechas en América Latina, la razón podemos encontrarla en que se ciñen al manual que históricamente ha recetado el imperialismo estadounidense para curar los males de soberanía que suelen afectar a algunos países de la región. En este sentido, cabe destacar que López Obrador no ha sido innovador, únicamente se ha limitado a recuperar los preceptos constitucionales que históricamente han dado sustento a la política exterior mexicana: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias internacionales. Pero es esto, justamente, lo que contraviene la principal estrategia que ha aplicado la oposición, al recurrir a los financiamientos externos que gustosamente ciertos organismos dependientes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés); el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés); la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM, por sus siglas en inglés), anteriormente Junta de Gobernadores para la Radiodifusión (BBG, por sus siglas en inglés); y, un largo etcétera; están dispuestos a brindar a cambio siempre de minar la soberanía de los países a los que, ya sea por invitación o por interés propio, deciden “apoyar”.
En México, en los últimos meses han destacado al menos dos casos, el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que en 2018 recibió un monto 35,000 dólares por parte de la NED[2]; y el de Artículo 19, que en 2019 reporta un financiamiento proveniente de agencias de cooperación internacional y embajadas que asciende a 17,613,170 pesos[3]. La primera una organización que en realidad no combate la corrupción, sino que la promueve y que, además, ha buscado protegerse de las políticas implementadas por López Obrador a través de la promoción de amparos, utilizando para ello los fondos para la promoción del “desarrollo”, la “ciudadanía” y la “democracia” que reciben desde el exterior. La segunda, una organización que se autopromueve como una organización independiente y apartidista, y que con gran finura en sus informes ha colocado al gobierno mexicano como el responsable del deterioro de las condiciones necesarias para ejercer la libertad de expresión en el país argumentando como causas de ello, por ejemplo, las “políticas de austeridad” e ignorando, en cambio, las afectaciones generadas por la propia pandemia del Covid-19.[4]
Otro punto que como en el resto de América Latina se ha potencializado tiene que ver con el calentamiento de calle y del ambiente político que se deriva de los planteamientos de Gene Sharp, los cuáles han sido utilizados, por cierto, como si fueran un manual de cocina. El Frente Nacional Anti-Amlo, algunas expresiones feministas, el uso de algunos sindicatos, ciertas acciones promovidas por los transportistas en la Ciudad de México o incluso la toma de la presa de La Boquilla por el conflicto del agua en Chihuahua sucedida a finales del año pasado, ilustran muy bien este tipo de estrategias, sin embargo y a pesar del fuerte impulso que los medios masivos de comunicación le han dado a este tipo de manifestaciones, dada su artificialidad, han fracasado en sus intentos de dar esa más deseada que real perspectiva de inestabilidad política en el país.
En el otro extremo encontramos a una izquierda, por llamarla de alguna manera, “radical” que sostiene que, dado que López Obrador no es ni antineoliberal ni anticapitalista, argumento en el que hasta cierto punto no le falta razón, nada de lo que hace podría tener algún impacto positivo para el país. Desde aquí se desacredita lo mismo el proyecto que impulsa el desarrollo del Istmo de Tehuantepec que la construcción del Tren Maya o el programa Sembrando Vida o cualquiera otro, sin que de por medio exista un análisis ha profundidad que permita visibilizar con claridad los impactos positivos y negativos de los mismos. Esta izquierda “radical”, que ha sido también una constante en América Latina, se lanza en contra de toda propuesta de “desarrollo alternativo”, posicionándose en favor de “una alternativa al desarrollo” superadora de la racionalidad establecida por la Modernidad con respecto al progreso, la explotación de la naturaleza y las relaciones entre los seres humanos, propone pues una crítica abstracta al desarrollo cuyos argumentos, como advierte Atilio Borón, “[…] quedan reducidos a una atractiva retórica pero desprovista de reales capacidades de transformación social.”[5] Así, desde esta postura se renuncia a la posibilidad de participar de este proceso de transformación con una crítica constructiva y propositiva, funcionando más bien como una especie de izquierda francotiradora que termina por coincidir, en no pocas ocasiones, con los planteamientos de la derecha, en ambos casos desacreditando cualquier iniciativa simplemente por el hecho de que proviene del gobierno de López Obrador.
En el análisis que se realiza desde el exterior sobre el contexto político y electoral en México, se insiste en señalar que hay un ambiente polarizado, paradójicamente, entre un gobierno “omnipresente” y una oposición sin liderazgos y desdibujada; pero si esta última se encuentra debilitada, cabe preguntarse en dónde radica la polarización o qué se entiende por ello, ya que ni siquiera en términos electorales se puede advertir que exista una oposición representativa a la postura oficialista.[6] Bajo este contexto, se ha colocado al “feminismo” como una de las fuerzas de oposición más importantes, perdiendo de vista que, por su propio carácter de transversalidad e interclasismo ha operado, al menos, en tres dimensiones distintas, una insólita solidaridad con la lucha feminista por parte de los medios y empresas que comúnmente se caracterizan por combatir y rechazar las causas populares, promoviendo incluso las manifestaciones y protestas; una segunda dimensión desde la que se impulsan demandas legítimas y muy sentidas por amplios grupos de la población que exigen también reivindicaciones de la mujer, pero que no son afines al proyecto de López Obrador; y, una tercera dimensión, cuyas pretensiones son similares a la anterior, pero que si simpatizan con el gobierno de Andrés Manuel, forman parte de él, o bien, militan en las filas de Morena. Así visto, el feminismo no puede de manera simple y llana colocarse como una fuerza opositora al gobierno federal.
Mencionaremos, por último, ese particular sector de la sociedad mexicana que se considera parte de la clase media pero que quizá no lo sea porque como lo propone Viri Ríos, “[…] para ser clase media necesitarían ganar 64.000 pesos mensuales para una familia de cuatro integrantes, un nivel salarial que solo gana el 10 por ciento más rico de México.”[7] y que inspirado por deseos de movilidad y diferenciación social respalda la agenda política de los más ricos. A decir verdad, es en este sector en donde comienzan a germinar peligrosas expresiones de racismo y clasismo vinculadas a un abanico de características fenotípicas que, a su vez, se asocian con fenómenos de marginación, pobreza y carencia de oportunidades y que se materializan en esas expresiones como la que hemos referido de la actriz Laura Zapata que vale la pena recuperar nuevamente, “borregos, mal pagados y sin futuro”.
Es ahí en donde la debilitada oposición ha tenido eco potencializando un fenómeno cuyas raíces históricas se pueden rastrear hasta el propio proceso de colonización, pero que atravesó también la consolidación del México independiente al sostenerse sobre una base social mestiza que definió su identidad en rechazo de cualquier resabio indígena. La denominada polarización política en México que tanto se ha referido en el discurso mediático, debiera entonces abordarse más que desde una perspectiva política, desde una aproximación sociológica e histórica e identificando que en realidad el problema no radica en una deliberada intención del mandatario de radicalizar a la sociedad bajo un discurso de “están conmigo o en mi contra”, sino más bien en un fenómeno histórico de marcado carácter cultural que en tiempos recientes se potencializa frente a la impotencia de un sector de la población que no puede tolerar que su gobierno se encuentre en manos de esos que considera los “bárbaros” e “incivilizados” de esta sociedad.
Los retos de la 4T y el desafío electoral en las intermedias de 2021
El próximo 6 de junio en México se celebra la contienda electoral más grande de su historia por el número de potenciales electores a decir de los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros cargos, se elegirán 15 gobernadores y los 500 miembros de la Cámara de Diputados y, en el caso de los estados, además de gobernadores se elegirán 30 congresos locales. Uno de los puntos clave es quizá la composición de la Cámara de Diputados, de ello depende en gran parte el avance del ambicioso plan energético del gobierno federal que apunta hacia la re-nacionalización del sector eléctrico y el de los hidrocarburos. Aunque, vistas las experiencias a nivel local y estatal, la fuerza morenista no debe ser considerada de menor relevancia en términos estratégicos; al respecto, vale la pena mencionar, por ejemplo, el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca solicitado por parte de la Fiscalía General de la República y que enfrenta su rechazo en el Congreso Local de Tamaulipas, al ser éste en su mayoría panista y partidario del gobernador; o bien, la afrenta que han representado los gobernadores aglutinados alrededor la supuesta “Alianza Federalista” y que no ha hecho más que obstaculizar el avance de la estrategia de control de la pandemia dirigida desde el gobierno federal.
Hasta ahora las encuestas y sondeos, a pesar de sus variaciones, evidencian que la facción morenista no tendrá contrapesos importantes en el Congreso. Pese a ello, en el contexto político-electoral es importante referir dos factores que merecen preocupación; por un lado, la reproducción de las viejas prácticas políticas rancias y arcaicas que ha sido evidenciada continuamente al interior de Morena; y, por el otro, el comportamiento de un actor que, por paradójico y sorprendente que parezca, se ha posicionado de manera muy efectiva como el principal y más peligroso enemigo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE).
Morena, como sabemos, es un partido joven se formalizó como tal en el año 2014, sin embargo, desde su nacimiento se ha caracterizado por las constantes sanciones por parte de las autoridades electorales. En 2016, por ejemplo, tuvo que pagar una multa de 42 millones de pesos, en 2017 se pagó por concepto de sanciones 158 millones de pesos y en 2018 se destinó para lo mismo cerca del 30% del presupuesto total del partido. De un lado, el partido no ha sabido o no ha mostrado voluntad para dar cumplimiento a los marcos legales que rigen la vida más que democrática, electoral del país; en contrapartida, el INE como nunca antes y, sobre todo, en el caso de Morena, ha aplicado a pie juntillas su marco legal, para el INE parece que el resto de los partidos políticos no existen o se comportan perfectamente con apego a la legalidad, algo digno de admirar si se consideran sus antecedentes.
A propósito de ello, el pasado mes de marzo y justo antes del inicio de las campañas electorales se publicó la “Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENUNCI) 2020”[8], un ejercicio de indagación sobre opinión, percepción y vivencia en torno a la participación ciudadana que, sorpresivamente, nunca antes se había realizado y que elaboró de manera conjunta el INE con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es curioso también que los resultados hayan arrojado que en tercer lugar, sólo por detrás de la Marina y el Ejército y la Guardia Nacional, aparezca el INE como la institución en la que mayor confianza tiene la ciudadanía, quedando en cuarto lugar, justamente, la Presidencia de la República; además, la encuesta adquirió gran visibilidad en medios y ha sido ampliamente difundida por el propio INE.
A estas suspicacias que despierta la encuesta, se agregan las constantes amenazas al presidente de la República en torno a mantenerse a raya ante el contexto electoral, se propuso incluso la posibilidad de multarle con 5 mil salarios mínimos o arrestarle por 36 horas. “Las mañaneras”, esas que dicen que nadie ve y a nadie le importan, fueron prohibidas por el INE, al menos en los estados en que habrá elecciones y han sido escrupulosamente monitoreadas en busca de la infracción.
En las más recientes actuaciones del INE, está también la cancelación del registro a 59 candidatos, de los cuáles a Morena correspondieron la de la candidatura de Felix Salgado Macedonio en Guerrero por incumplir en la entrega del informe de gastos de precampaña, no por las imputaciones que se le hacen y que fueron denunciadas incluso desde el interior de Morena; la de Raúl Morón en Michoacán por la misma razón; así como la de 19 aspirantes a diputados federales; además, inició a otros seis procedimiento sancionador para corroborar conductas similares que derivarían en la misma sanción; y canceló la posibilidad de registro a tres aspirantes a candidatos a diputado local y a 17 que buscaban ser candidatos a alcaldes. Derivado de la revisión de los informes de campaña, Morena fue también el partido más sancionado con 13 millones 450 mil pesos.
De igual manera, el INE como parte de las reglas para los comicios que están por realizarse decidió, por primera vez en su historia, hacer efectivo el principio constitucional establecido en el artículo 54 de la Carta Magna, que establece que “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”, esto, según argumentó, para evitar la sobrerrepresentación partidista en la Cámara de Diputados, una cuestión que no le interesó observar ni en las legislaturas de 2015 ni en la de 2018, sólo hasta que Morena ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Pese a todo es digno de halagar que, finalmente, el INE comience a hacer cumplir los marcos regulatorios, una tarea que desde su surgimiento debió realizar.
Así, en el pasado no se había visto tal nivel de vigilancia del proceso electoral, la prueba está en que al menos unas elecciones presidenciales, las de 2006, fueron sancionadas como legítimas y legales ante los ojos del INE (en su momento, IFE); aún ante el triunfo de López Obrador en 2018, a pesar de las irregularidades y la violencia inusitada ejercida sobre los candidatos, el consejero presidente declaró que ante esa elección “los teóricos del fraude se quedan sin materia”.
Por último, en este complejo contexto electoral, no está demás tener presente algunos elementos más. Primero, el audio del consejero presidente, Lorenzo Córdova, filtrado en noviembre de 2015 en el que se burla de la manera de expresarse de un representante de comunidades indígenas debería servir no sólo para cuestionar el profesionalismo bajo el que se conduce en el INE, sino también para reflexionar sobre cuál es el concepto que tiene de “ciudadanía”, uno de los preceptos fundamentales de la institución que preside, volvemos de nuevo a la profunda raíz histórica y cultural del racismo y clasismo que permanece vigente en la sociedad y que, sin duda, en el consejero presidente debe permear en su gestión como tal. No está demás mencionar que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, antes de ser consejeros, fueron de los firmantes del desplegado publicado en agosto de 2006 que respaldó a Luis Carlos Ugalde, entonces Consejero Presidente del IFE, en el que se aseguraba que no había habido fraude electoral.
Segundo, que Luis Carlos Ugalde, el consejero presidente legitimador del fraude de 2006, ahora forma parte del “Comité asesor de especialistas” de Signos Vitales, una organización que articula a individuos y organizaciones que tienen conexiones políticas, económicas y laborales con los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como con la alta cúpula del sector privado y cuyo objetivo es “evaluar” al gobierno de López Obrador; fundó también Integralia, una empresa de consultoría que abastece de información a Signos Vitales que luego sirve para emitir los diagnósticos negativos sobre la gestión de López Obrador; además, ha reconocido como su “aliado” a Claudio X. González, impulsor de la recientemente creada “Va por México”, una coalición electoral entre el PAN, el PRI y el PRD formada a finales de 2020 para hacer frente a estos comicios.[9]
En suma, estos consejeros presidentes, incluido José Woldenberg, también firmante del ya referido desplegado y ahora un importante crítico del gobierno de Andrés Manuel, han formado parte integral en un momento u otro de la cúpula política podrida que ha dirigido durante años al país, si bien ello no necesariamente compromete su desempeño en el órgano encargado de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la democracia en nuestro país, dice mucho de la matriz ideológica y de la concepción de democracia que se ha instalado en el Instituto y que nada tiene que ver con la visión de democracia participativa que ha sido característica de América Latina, una práctica política mucho más cercana a la realidad de nuestro país que a la de esa democracia procedimental, cuyo principal exportador es casualmente nuestro vecino del norte. Vistas así las cosas, los comicios electorales que se realizarán el próximo 6 de junio no modificarán de manera importante el contexto político vigente. Pero no hay que dejar de dar seguimiento a esta “oposición” que en su desesperación parece dispuesta a cualquier cosa, lo que deja abierta la posibilidad de un golpe de Estado que pudiera gestionarse bajo las nuevas modalidades que ya hemos visto aplicarse en los últimos años en varios países de América Latina y en los cuáles el lawfare, una estrategia que utiliza indebidamente los procedimientos legales para dar apariencia de legalidad y que incorpora como uno de sus componentes al imperialismo estadounidense, podría ser la elegida para intentar derrocar al ambicioso proyecto de la Cuarta Transformación.
[1] Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, México, Siglo XXI, 1971, p. 18
[2] National Edowment for Democracy, sitio oficial: https://www.ned.org [consulta: 11 de mayo de 2021]. Para rastrear la información es necesario realizar una búsqueda especializada por región, por país y por año.
[3] Artículo 19, “Financiamientos”, dirección URL: https://articulo19.org/sobre-a19/financiamientos/ [consulta: 11 de mayo de 2021].
[4] Ver el Informe “México: Informe expone ataques sistemáticos contra personas defensoras de DDHH y periodistas en el marco de la pandemia” descargable en: https://articulo19.org/mexico-informe-expone-ataques-sistematicos-contra-personas-defensoras-de-ddhh-y-periodistas-en-el-marco-de-la-pandemia/ [consulta: 11 de mayo de 2021].
[5] Atilio A. Borón, América Latina en la geopolítica del imperialismo, México, UNAM, 2014, p. 202.
[6] Ver, por ejemplo, “Las encuestas confirman el dominio de Morena en la Cámara de Diputados en las elecciones de junio”, en El País, 25 de abril de 2021, España, dirección URL: https://elpais.com/mexico/2021-04-25/las-encuestas-confirman-el-dominio-de-morena-en-la-camara-de-diputados-en-las-elecciones-de-junio.html [consulta: 28 de abril de 2021].
[7] Viri Ríos, “No, no eres clase media”, en The New York Times, 6 de julio ed 2020, dirección URL: https://www.nytimes.com/es/2020/07/06/espanol/opinion/clase-media-mexico.html consulta: 10 de mayo de 2021].
[8] Consultar encuesta en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encuci/2020/doc/ENCUCI_2020_Presentacion_Ejecutiva.pdf[12 de mayo de 2021].
[9] Para profundizar consultar el reciente reportaje: Álvaro Delgado, “Viejos intereses desplazados del poder se reacomodan en ONGs”, en: SinEmbargo.mx, 10 de mayo de 2021. Dirección URL: https://www.sinembargo.mx/10-05-2021/3972774 [consulta: 13 de mayo de 2021].