El sábado 14 de octubre del presente año, Miguel Martínez y su familia acudieron a un servicio religioso en la iglesia de La Merced en la ciudad de Antigua Guatemala. Según se pudo leer en las noticias, la misa era para celebrar la confirmación en la fe católica de un sobrino suyo. El evento estuvo a punto de terminar en una tragedia porque a las afueras de la iglesia, se juntó un grupo de personas que lo agredieron a él y a su familia al salir del templo. Gritos, insultos, jaloneos y pedradas a los vehículos en los cuales lograron guarecerse y huir fueron el colofón del rito religioso. El episodio forma parte de la gran rebelión que hoy vive Guatemala, acaso la mayor de su historia. El motivo de la agresión a Miguel Martínez estriba en su condición de pareja sentimental del presidente Alejandro Giammattei y en que es una figura ampliamente odiada por el pueblo de Guatemala.
Miguel Martínez, “Miguelito” como sardónica y peyorativamente es llamado por amplios sectores de la sociedad guatemalteca, es odiado porque se ha vuelto en símbolo de la corrupción que impera en el Estado guatemalteco. Él y su familia han acumulado una gran riqueza, impensable hace pocos años cuando eran parte de las clases medias bajas en algún lugar en el interior del país. Su actitud prepotente, empoderado por el propio Giammattei, la ostentación de su riqueza, su participación activa en la tentativa golpista que pretende burlar los resultados electorales del 25 de junio y 20 de agosto, lo han hecho acreedor de la ira popular. Esto fue evidente hace unas semanas cuando un estadio de fútbol repleto lo abucheó e insultó al descubrirlo en uno de los palcos.
En un memorable libro, La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión, el sociólogo Barrington Moore Jr. analizó los motivos que acababan con la sumisión y desencadenaban la insubordinación y fue explícito en cómo la rabia era un motor de la voluntad insumisa. Viene el texto de Moore a la memoria cuando se observa la furia de personas comunes y corrientes en las calles adyacentes a la iglesia de La Merced. Puede evocarse también la rabia del pueblo parisino en el contexto de la revolución francesa, dirigida especialmente contra la reina María Antonieta. Esa rabia fue potenciada por la leyenda urbana de su respuesta ante la noticia que le daban de que el pueblo francés no tenía pan: “que coman pasteles” dicen que dijo.
Pero la gran rebelión en Guatemala fue mucho más allá de la rabia. Se expresó en una acelerada politización de los sectores populares urbanos. En una creatividad festiva evidente en los bloqueos que se han observado en el mes de octubre. Como se trata de una rebelión pacífica brinda un gran espacio para lo lúdico: bailes, disfraces, tamboras, representaciones, consignas ingeniosas y hasta hilarantes, debates y diálogos con una policía hasta el momento pasmada. La gran rebelión ha convertido en dirigentes articulada/os a la vecina del barrio popular, a la ignorada y subestimada mujer indígena de algún poblado rural, al humilde vendedor ambulante, al joven trabajador de alguna dependencia pública. La gran rebelión ha hecho surgir a una dirigencia indígena en la que se advierte un proyecto político nacional.
Las grandes rebeliones convierten a las personas humildes e ignoradas en personajes que despliegan potencialidades impensadas. Recuerdo muy bien cómo escuché con estupefacción en diciembre de 1979, a una vendedora de un mercado que vivía en el barrio México de Managua. Con sencillez me relató aquella señora de mediana edad, cómo disparaba una ametralladora 50 desde alguna de las barricadas en el momento de la insurrección final contra Anastasio Somoza. Por fortuna hoy en Guatemala las potencialidades impensadas caminan en un sentido de paz y democracia.
En algunos de sus textos, entre ellos La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo, V.I. Lenin dio una definición sintética de lo que era una “situación revolucionaria”, aquella que se expresaba en lo que él llamó “crisis nacional general”. Dijo Lenin que ésta se observaba cuando “los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba tampoco pueden seguir gobernando como antes”. En un contexto bastante diferente, algo de esto parece estar sucediendo en Guatemala. El pueblo de Guatemala, los pueblos de Guatemala, están hartos de la corrupción que hace vivir en la molicie a una minoría, están hartos de la miseria que tiene a la mitad de la niñez en la desnutrición, están hartos de la precariedad laboral y salarial. Los pueblos originarios están hartos de todo lo anterior y además del racismo que profundiza aún más su miseria.
Todo esto se estaba gestando debajo de una aparente indiferencia del pueblo guatemalteco que a veces resultaba exasperante. En realidad, esa pasividad ocultaba lo que James C. Scott llamó “discurso oculto” e “infrapolítica” en su libro Los dominados y el arte de la resistencia. Los resultados electorales del 25 de junio y el 20 de agosto han desencadenado el paso del discurso oculto y la infrapolítica a la rebelión abierta.
Por eso hoy el bloque en el poder denominado coloquialmente el Pacto de Corruptos, ya no puede seguir gobernando como antes. Le quedan al menos cuatro salidas. La más inteligente sería ceder, perder esta batalla y prepararse para las que seguirán después del 14 de enero de 2024 cuando el presidente electo Bernardo Arévalo asuma la presidencia. Una más sería no ceder a la demanda principal de la rebelión cual es la renuncia de cuatro odiados funcionarios, apostarle al desgaste de la protesta popular y lograr que un debilitado presidente electo asuma la presidencia ese 14 de enero. La otra, la brutal que propugna la derecha neofascista, es la represión abierta a través de los dispositivos policiacos o la encubierta a través de la alianza con el crimen organizado. Finalmente, la más arriesgada posible pero menos probable, es el golpe de estado que evitaría que Arévalo asumiera la presidencia. La desesperación del núcleo duro del Pacto de Corruptos, su aferramiento al enriquecimiento ilícito y vinculaciones criminales, lo pueden llevar a la salida represiva cuyos primeros síntomas se empezaron a observar con la disolución violenta de un bloqueo de carretera en el municipio de Malacatán.
2. El desencadenante de la rebelión
En la primera vuelta electoral del 25 de junio de 2023 no les salieron del todo bien los planes al establishment oligárquico y delincuencial que hoy gobierna al Estado en Guatemala. Cuando las encuestas ubicaban a Bernardo Arévalo candidato del partido Movimiento Semilla en un lejano octavo lugar, las elecciones presidenciales lo metieron en la segunda vuelta electoral con aproximadamente 12% de los votos. Así las cosas, Arévalo se enfrentó a Sandra Torres, la candidata de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) quien encabezó la primera ronda electoral con casi 16%. Con ello de manera inesperada, en Guatemala se abrió una ventana de esperanza en medio de la oscuridad desalentadora en la que no se vislumbraba ninguna salida a la descomposición social y política del país.
Varios fueron los factores que propiciaron este significativo tropezón electoral del dominante bloque en el poder llamado coloquialmente “Pacto de Corruptos”. Si por fraude electoral entendemos no solamente la adulteración de resultados, sino el acarreo y la compra de los mismos, así como impedir la participación de ciertas candidaturas, en el 25 de junio hubo un fraude fracasado. Más aún, una de las tácticas del fraude, ilegalizar candidaturas, tuvo efectos contraproducentes.
Así las cosas, fueron varios los factores de la derrota de la dictadura delincuencial ese 25 de junio.[1] En primer lugar, por exceso de confianza e intereses particulares, el Pacto de Corruptos no pudo concertar una candidatura de unidad y se dispersó en los 24 partidos que apoyaron múltiples candidaturas distintas. De todos estos partidos, solamente 15 alcanzaron representación en el congreso mientras otros ocho quedaron eliminados por baja votación. En segundo lugar, la estrategia del fraude sacó del juego a candidaturas cuya participación hubiera provocado resultados distintos. Me refiero con esto último en la izquierda a Thelma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y en la derecha a Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana y a Roberto Arzú de Podemos.
Sin duda el factor más importante de la derrota del fraude fue el voto surgido de los pliegues ocultos de la sociedad que favoreció a Bernardo Arévalo. Fue el voto en gran medida urbano y de jóvenes que manifestaron su hartazgo ante la corrupción y la impunidad con la que opera el Pacto de Corruptos. El hartazgo también se manifestó en casi un 25% de voto nulo y en blanco. Sumado este casi 25% al 12% que obtuvo Bernardo Arévalo, puede decirse que, en términos gruesos, casi el 40% de los votantes del 25 de junio expresaron un profundo descontento contra la creciente dictadura delincuencial.
Hasta antes de la primera vuelta electoral, Bernardo Arévalo había sido un político de mediana visibilidad. Preciso en sus propuestas, preparado para gobernar, moderado en su ideología, educado en sus contraataques. Lo que resultó novedad entre la primera y segunda vuelta electoral fue la efervescencia popular que su candidatura generó. Bernardo Arévalo capitalizó un profundo descontento oculto en los referidos dobleces de la sociedad guatemalteca, encarnó la esperanza de la mayoría del pueblo en que era posible una Guatemala mejor que la descomposición a la que la ha llevado la gobernanza criminal en el país. Se benefició también de un hecho de carácter nacional popular como es el recuerdo de su padre, Juan José Arévalo, quien durante muchos años encarnó la esperanza en que la historia interrumpida con la contrarrevolución de 1954 se reanudara y sacara a Guatemala de su tragedia. Todo esto es lo que resume el grito que en Guatemala muchos empezamos a escuchar desde la infancia y que ahora se ha vuelto eslogan de campaña: “¡Viva Arévalo!”.
El resultado de todo ello fue que Arévalo se ha convertido en un líder nacional de primera relevancia. La campaña electoral para el balotaje del 20 de agosto se volvió una marcha triunfal, una suerte de bola de nieve que terminó con su triunfo por 58.26% de los votos contra el 37% obtenido por su oponente Sandra Torres. Si bien los resultados de la segunda vuelta eran totalmente previsibles, no eran esperados los de la primera vuelta que generaron un giro inesperado en la situación política del país. Como lo expresó en frase premonitoria, el querido y malogrado comunicador Ronaldo Robles: “no nos vieron venir”.
3. ¿Quiénes integran el Pacto de Corruptos?
¿Es el Pacto de Corruptos solamente un puñado de funcionarios corruptos, narcotraficantes y ultraderechistas neofascistas? Ciertamente este parece ser el núcleo duro de la naciente y ahora tambaleante dictadura que se ha venido forjando en Guatemala en los últimos años. Pero el Pacto de Corruptos es mucho más que este grupo de espurios intereses que se ha venido irradiando por todo el Estado guatemalteco. El Pacto de Corruptos es un orden social y un régimen político de carácter deplorable, destino lamentable en el que finalmente terminaron los acuerdos de paz de 1996. El Pacto de Corruptos es la continuación de la tragedia que ha vivido Guatemala desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz en1954. El Pacto de Corruptos es la manera en que funciona el capitalismo en el país.
La contrarrevolución de 1954 canceló la posibilidad de una Guatemala democrática y con posibilidades para la justicia social. Canceló la posibilidad de un Estado que encarnara lo público y no fuera solamente expresión de los intereses particulares de una voraz clase dominante. Inauguró la confrontación política y social que culminó en el conflicto armado interno que costó al país aproximadamente 200 mil vidas. Creó el camino para la dictadura militar de carácter terrorista más violenta de América Latina. Perpetuó mutatis mutandis el orden oligárquico que se había heredado de la colonia y el siglo XIX. Los acuerdos de paz de 1996 perseguían enmendar de alguna manera ese rumbo que anegó en sangre y dolor a Guatemala. Pero los acuerdos de paz no solamente eran limitados como consecuencia de la correlación de fuerzas de la que fueron producto, sino que esa misma correlación de fuerzas permitió que fueran ignorados y esencialmente desechados.
Ciertamente las fuerzas armadas dejaron el lugar vertebral que ocupaban en el Estado, pero la democracia liberal y representativa que sustituiría a la dictadura militar comenzó a deteriorarse porque no hubo cambios sustanciales en el capitalismo oligárquico y excluyente que fue restaurado en 1954. Más aun, ese orden excluyente se vio acentuado por la implantación mundial del neoliberalismo y la acentuación notable de la corrupción en el Estado y en los sectores empresariales.
El Pacto de Corruptos no se agota en los actores venales que actúan en el seno del Estado guatemalteco. Detrás de ellos se encuentra la clase dominante que les ha delegado la gestión estatal y que ha permitido que buena parte del erario se vaya por el caño de la corrupción. De igual manera que en la época de la dictadura militar cuando la clase dominante delegó la gestión estatal para administrar la contrainsurgencia que protegía sus intereses, ahora ha delegado en funcionarios, diputados, alcaldes y partidos políticos corruptos la gestión de una gobernanza que administra un capitalismo criminal.
La corrupción es una suerte de pago para que se mantenga un orden social que se sustenta en una desigualdad extraordinaria y en una pobreza extendida. Buena parte de los empresarios se ha adaptado al funcionamiento corrupto del Estado y ha participado de dicho funcionamiento porque el mismo favorece enormes márgenes de ganancia, privilegios e impunidad. Algunos de los mecanismos de la corrupción que hace cómplices a funcionarios públicos y a empresarios son licitaciones amañadas, presupuestos de obra pública abultados, contrabando, permisos ilegales, tráfico de influencias, evasión de impuestos, leyes onerosas, sobornos, malversación, dispendio, robo además de las ventajas de un orden represivo. La descomposición se ha profundizado con la creciente importancia regional del narcotráfico y las más diversas formas de crimen organizado. El narcotráfico no solamente ha impregnado a funcionarios y empresarios, sino que ha originado que las mismas fuerzas armadas también estén minadas por la corrupción y el contubernio con las actividades criminales. He aquí la esencia de la gobernanza criminal en Guatemala. Entiendo por gobernanza criminal una gestión estatal en la que actores estatales, funcionarios corruptos y crimen organizado se entrelazan en una zona gris que paulatinamente desvirtúa el carácter público del Estado.
La gobernanza criminal del Pacto de Corruptos es heredera del régimen construido en el contexto del conflicto armado interno. Se nutre del oscurantismo reaccionario clasista, racista, misógino y homófobo que ha propiciado la tradición anticomunista en Guatemala. Por ello la derecha neofascista es un actor ideológico y punitivo en el asesinato moral y judicial que son necesarios para mantener dicha gobernanza. Cuenta ahora con el apoyo de pastores y feligreses de las diversas iglesias del fundamentalismo neopentecostal. Pero no son solamente convicciones ideológicas las que animan a la derecha neofascista en Guatemala. Dicha derecha también es beneficiaria de las ganancias que genera la corrupción y el narcotráfico.
Se ha usado en este trabajo el concepto de dictadura para calificar a la gobernanza criminal en Guatemala. En efecto, se ha venido irguiendo una dictadura, una dictadura distinta a la dictadura militar que el país padeció durante casi cuatro décadas, pero dictadura al fin. Esa dictadura es distinta a la militar, porque el eje central de la gobernabilidad no la ejerce el ejército como institución. En este caso, esa dictadura es practicada por los funcionarios del estado insertados en los tres poderes y que expresan los intereses de la corrupción y el crimen organizado. Reiteramos que en ambos casos, dictadura militar y dictadura de la gobernanza criminal, han sido una manera de funcionar del capitalismo en Guatemala.
En el primer caso, la dictadura militar protegía y reproducía los intereses de la clase dominante mediante el terrorismo de estado y el ejército formaba parte del bloque en el poder. En el segundo, la dictadura delincuencial hace de la corrupción una suerte de pago empresarial para que se mantenga un orden social que se sustenta en una desigualdad extraordinaria y en una pobreza extendida. Reitero que buena parte de los empresarios se ha adaptado al funcionamiento corrupto del Estado y ha participado de dicho funcionamiento porque el mismo favorece enormes márgenes de ganancia, privilegios e impunidad
En la dictadura militar la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y las masacres eran la manera perversa de ejercer el terror que buscaba disciplinar a la población y aniquilar en ella la voluntad de transformación. La dictadura delincuencial, la que ejerce la gobernanza criminal, efectúa el terror a través del asesinato moral y el asesinato judicial. Guerra mediática ejercida por las redes sociales y otros medios de comunicación y guerra judicial haciendo uso del aparato judicial en el país, tales son los métodos de terror disciplinario mediante los cuales se mantiene el bloque en el poder. Este está constituido por viejos y nuevos empresarios, funcionarios corruptos, narcotraficantes-crimen organizado y la derecha neofascista.
4. El protagonismo indígena en la rebelión popular
En Guatemala se ha despertado una rebelión popular de características inéditas. El mes de octubre de 2023 será visto en la historia de Guatemala como el momento en el que los pueblos originarios se convirtieron en el sujeto colectivo central de la transformación que Guatemala necesita. Transformación indispensable debido a la degradación que el país ha mostrado desde la firma de los acuerdos de paz de 1996. A lo largo de muchos años, la vida política del país tuvo su epicentro en la capital del país. Salvo unos breves años, cuando el clímax del estallido insurgente hizo que el altiplano central y septentrional del país se volvieran los puntos nodales del estremecimiento estatal, es en la capital donde los acontecimientos han resultado decisivos.
Fue en la capital donde se fraguó la independencia de 1821, allí mismo se observó la insurrección de 1920 que derrocó al dictador Manuel Estrada Cabrera. Fue la capital el escenario central del derrocamiento de la dictadura ubiquista que dio nacimiento a la revolución de 1944-1954 y de las jornadas preinsurreccionales de marzo y abril de 1962. Finalmente, fue la capital en donde se observó la acumulación de fuerzas del movimiento social y popular en la década de los setenta del siglo XX, previa al estallido insurgente de fines de esa década.
Por ello lo que ahora observamos es diferente. La fuerza transformadora, el élan que busca desmantelar a la dictadura delincuencial que hoy rige a Guatemala, ha provenido del interior del país aun cuando el desencadenante haya sido el triunfo electoral de un partido de clases medias mestizas y urbanas como lo es Movimiento Semilla. El otro hecho novedoso es que no son los ladinos o mestizos quienes son los protagonistas centrales como sucedió a lo largo del siglo XX. Hoy la conmoción que sacude al país con el paro nacional fue iniciada el 18 de septiembre cuando ocho comunidades indígenas pidieron al Ministerio Público la renuncia de los esbirros judiciales más notorios de la gobernanza criminal: la Fiscal Consuelo Porras, el Fiscal Rafael Curruchiche, la Fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana. El paro nacional que ha estremecido a Guatemala es consecuencia de la indiferencia y negativa a dicha demanda.
El eje central del paro nacional son el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento del Pueblo Xinca (Santa Rosa y Jutiapa), las Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango (Quiché), la Municipalidad Indígena de Santa Lucia Utatlán (Sololá), el Movimiento Social K’ekchí’ (Cobán, Alta Verapaz), la Asociación Indígena de San Francisco el Alto (Totonicapán), la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de las 14 comunidades de San Cristóbal Totonicapán y la Alcaldía Indígena Ancestral Maya Ixil de Nebaj (Quiché). Otras organizaciones mayas que se han adherido al paro son el Consejo de Autoridades Ancestrales de los Siete Municipios de Totonicapán y Articulación Chimaltenango que agrupa a sectores del pueblo Kaqchikel. Independientemente de la adhesión de otros pueblos mayas al paro nacional, es posible distinguir a los pueblos K’iche, K’ekchi’, Xinca, Ixil y Kaqchikel. Manifestaciones de protesta se han observado también las ciudades principales del país como Quetzaltenango, Antigua y aun en los centros urbanos de El Petén como Libertad y Poptún. En suma, la rebelión en esta ocasión ha ido del campo a la ciudad. A diferencia de las luchas populares de los setenta del siglo XX, el movimiento sindical no juega un papel destacado.
En la capital de Guatemala, el centro de concentración de la protesta fue la sede del Ministerio Público. En los primeros días del paro la mayor parte de los manifestantes eran integrantes de los pueblos originarios, a tal punto que en un discurso vertido allí por el Cardenal Álvaro Ramazzini no dejó de hacer un reproche a la falta de acompañamiento capitalino. Pero los habitantes de la capital, en su mayoría mestizos o ladinos, se fueron sumando a la protesta a través de los estudiantes de la Universidad del Valle, Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala, los locatarios de los mercados de la ciudad y habitantes de las zonas populares. Las manifestaciones en contra de la corrupción que se observaron a partir de abril de 2015 y que concluyeron con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti, habían sido la referencia más reciente de la protesta popular. Lo que hemos observado en este mes de octubre tiene una envergadura mayor porque es nacional y porque los pueblos originarios han estado al centro de esta.
5. Ventana de esperanza
Hoy la dictadura de la gobernanza criminal se está tambaleando porque perdió la oportunidad de seguir controlando el poder ejecutivo. El binomio presidencial constituido por Bernardo Arévalo y Karin Herrera han sido reconocidos como los ganadores de la contienda electoral del 20 de agosto. Es bastante probable que tomarán posesión el 14 de enero de 2024. Pero el Pacto de Corruptos no cejará en el ánimo de dar un golpe de Estado. Este golpe de Estado se daría en la forma que han asumido los golpes de Estado en los últimos años y cuyas víctimas han sido los gobiernos progresistas de América Latina como José Manuel Zelaya (Honduras, 2009), Fernando Lugo (Paraguay, 2012), Dilma Rousseff (Brasil, 2016) y Evo Morales (Bolivia, 2019) y Pedro Castillo (Perú, 2022). No se trata de los clásicos golpes militares sino de los llamados golpes blandos o constitucionales que han sido denominados en su conjunto como “neogolpismo” en tanto que en los derrocamientos son usados los poderes legislativos que retuercen la ley.
El golpe es posible, pero es poco probable hasta el momento. El establishment internacional no está apoyando al Pacto de Corruptos y en el interior del país la rebelión lo tiene acorralado. Con esa esperanza, puede decirse que todavía es posible en Guatemala un pacto histórico que destierre al actual bloque dominante compuesto por los actores antes mencionados, que rescate al Estado de la cooptación delincuencial que padece y recupere su función pública, que restaure la democracia, que destierre a la corrupción, que dé destino social y productivo a los fondos públicos arrancados a la venalidad. En suma, que haga salir a Guatemala del oscuro túnel en el que ha estado en todo este tiempo.
[1] En Guatemala ha empezado a surgir una nueva dictadura que ya no es la dictadura militar de antaño. Su eje principal es el Pacto de Corruptos que describiremos páginas adelante. También nos referiremos a la noción de dictadura delincuencial dirigida por un bloque en el poder que ejerce una gobernanza criminal y hace uso del terror a través de la guerra mediática y la guerra judicial(Lawfare).