En América Latina la percepción del fenómeno de las ultraderechas parecía identificarse con y situarse en el continente europeo debido a su contexto histórico y los conflictos políticos de esa región. De ahí que, hasta no hace mucho, este tema parecía ajeno a la política latinoamericana.
No obstante, el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016, seguido de la elección de Jair Bolsonaro en Brasil en 2018, fueron momentos decisivos para el fortalecimiento de las ultraderechas en otros países latinoamericanos, como son los casos de Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile, Fabricio Alvarado en Costa Rica, Nayib Buke en El Salvador, Rafael López Aliaga en Perú y Guido Manini Ríos en Uruguay,
Por su parte, en 2018 México dio un representativo giro democrático electoral como resultado de la movilización social y del surgimiento de un nuevo partido político que logró aglutinar demandas ciudadanas y luchas históricas de diferentes sectores de la sociedad bajo el carismático liderazgo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces el aparato estatal mexicano se ha reorientado a través de diversos cambios constitucionales.
En 2024 nuestro país eligió a la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y el partido Morena en coalición obtuvo la mayoría absoluta, con lo que paulatinamente se ha encaminado la extinción de lawfares en el poder judicial, en las telecomunicaciones, en el sector energético, en la competencia económica, etc. Actualmente se discute la Reforma Político Electoral cuyas señales se encaminan a eliminar el fuero constitucional y establecer procesos públicamente consensuados para la participación ciudadana directa.
Pero estos cambios en la escena nacional mexicana tienen como telón de fondo el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, así como el fortalecimiento de partidos políticos y grupos de ultraderecha en Europa. Por citar algunos: Santiago Abascal, líder del partido Vox en España; Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros en Italia, y Alexander Gauland y Alice Weidel de Alternativa por Alemania.
De tal suerte que el proceso democratizador en México ha desvelado el ultraderechismo de élites económicas –antes con amplia injerencia en la esfera política– quienes además han encabezado dos cumbres internacionales para colocar a nuestro país como una prioridad en la agenda política, social, cultural y por su puesto económica de ultraderecha. La primera Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) tuvo lugar en 2022, la segunda en agosto de 2024 y en puerta se encuentra su tercera edición a realizarse en noviembre de 2025, en la Ciudad de México.
Magnates mediáticos de ultraderecha: caso Salinas Pliego
Si bien la ultraderecha en México no ha tenido éxito al ingresar su agenda en los congresos y gobiernos federal y locales, sí es ampliamente movilizada por redes sociales y medios digitales de comunicación prensa, radio y televisión, a través de una serie de estrategias que comprenden información distorsionada, noticias falsas e invisibilización de información de interés público que enrarecen la deliberación política, a la que me referiré más adelante.
Así, estos grupos de ultraderecha se autodenominan “gente de bien” en contra de la corrupción moral. Consignan como “ideología de género” una serie de argumentos para desaprobar a los feminismos y a los derechos de la diversidad. Repudian lo que han re-significado como “comunismo”, para objetar el cobro de impuestos a grandes empresas, la asignación directa de los recursos de programas de la política social o cualquier otro intento de justicia distributiva. Re-significaciones y estrategias discursivas que se acoplan ajustada y acomodaticiamente a su defensa del modelo neoliberal.
Vemos a sectores de la población de diferentes edades, incluidas las juventudes a las que les resulta bastante atractiva la figura de líderes de ultraderecha, en particular las de magnates empresariales y políticos de alto rango y alcance mediático. Actores neoliberales, entre los que encontramos a personajes como Donald Trump, Vladimir Putin, Javier Milei o el propio Ricardo Salinas Pliego, quien recientemente se destapó para presidenciable en 2030 en México, cuya intención de participación política obedecería a la defensa de sus intereses económicos y los de grupos de ultraderecha en los que se respalda.
Lo que no es baladí es que Ricardo Salinas Pliego es titular de concesiones comerciales de radiodifusión y de telecomunicaciones que hacen uso del espectro radioeléctrico considerado un bien de la nación: un bien de todas y todos los mexicanos. Es dueño de un banco y de una red de tiendas de electrodomésticos que, bajo una lógica de saqueo, vende en abonos a los sectores más pobres y desfavorecidos de México a través de contratos leoninos que hace impagables los créditos y sus intereses adquiridos por estos sectores de la población.
Además de deberle al Sistema de Administración Tributaria (SAT) más de 74 mil millones de pesos (que litiga desde 2012 en la SCJN para no pagar), Ricardo Salinas Pliego también debe 565 millones de dólares a las administradoras estadounidenses de fondos de inversión, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner, quienes en 2023 presentaron un arbitraje contra el Gobierno mexicano para que al amparo del T-MEC fuera saldado a favor del magnate mexicano.
El empresario mediático se cobija al amparo de los grupos y partidos políticos de ultraderecha y el pasado 15 de septiembre dio a conocer su nuevo movimiento bajo las consignas de “vida, propiedad y libertad”, y propuso “una batalla cultural para cambiar la forma de pensar y de ser de los mexicanos”, a través de un mensaje dado a conocer en sus canales de televisión y redes digitales: como una especie de ceremonia alterna al Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A raíz de este acto performativo, ha externado que apoyará a los partidos de oposición y buscará alianzas con quienes quieran sumarse. Cabe decir que su hija, Ninfa Salinas Sada es militante del Partido Verde y en días recientes los líderes de esta agrupación política han dejado ver su intención de romper alianza con Morena.
Así, la vinculación de Ricardo Salinas Pliego con las ultraderechas a nivel internacional empieza a perfilarse como uno de sus salvavidas, por lo que suponemos que los contenidos de sus medios de comunicación den un giro aún más evidente en contra de los feminismos y los derechos de la diversidad, y en defensa del neoliberalismo y de la agenda ultraconservadora.
El poder mediático que ostenta este personaje mexicano que ahora se erige como antagonista a las instituciones democráticas del Estado y se autoproclama contra la corrupción política y moral –a las que supuestamente han llevado a este país las últimas dos administraciones–, omite hablar de la corrupción como un delito de delincuencia organizada, en un doble discurso que oculta las negociaciones que él mantuvo con los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con quienes pactó líneas editoriales favorables a cambio del impago de impuestos.
Serán las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente electos quienes resolverán sobre la deuda de Ricardo Salinas Pliego, quien en este 2025 “ha interpuesto 38 medios de impugnación, incluyendo 15 impedimentos, 19 recursos de reclamación y cuatro conflictos de competencia, y mantiene abiertos 32 juicios en total”, para dilatar la sentencia.
Veremos cómo se acomoda el tablero político mexicano dado el poder mediático de este personaje, a quien el Pleno del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó en octubre de 2018 la renovación por 20 años, de tres concesiones que incluyen las redes nacionales de los canales Azteca Uno, 7 y 40, con los que explotan comercialmente 769 estaciones de radiodifusión a nivel subnacional, con vigencia a partir del 01 de enero de 2022. Televisión Azteca (y Televisa y Multimedios) continuarán lucrando con el espectro radioeléctrico hasta el 2042.
A esto debemos sumar la prórroga por 30 años más de la concesión a Totalplay, otorgada en 2022 por el IFT, que permite a Grupo Salinas explotar la red pública de telecomunicaciones, con vigencia a partir del 17 de octubre de 2025, para hacer uso comercial de cualquier modalidad que le sea técnicamente factible a nivel nacional.
El carácter público de las telecomunicaciones y la radiodifusión en la renovada esfera pública
Dicho lo anterior, no está de más reflexionar sobre el uso que hacen las ultraderechas de la radiodifusión (televisión y radio) y las telecomunicaciones (telefonía celular, internet, redes de datos) para movilizar discursos que incitan a la violencia, a la discriminación y a la exclusión de sectores de la población en los que paradójicamente encuentran seguidores.
Toda vez que la televisión, radio, prensa y las modalidades a las que han transitado, incluidas las redes sociales, FB, X, TikTok, Instagram, YouTube, junto con la inteligencia artificial (IA) y las telecomunicaciones, han reestructurado la esfera pública en donde tradicionalmente tienen lugar el debate de ideas y la generación de acuerdos sociales y políticos en contextos democráticos.
De tal suerte que en esta renovada esfera pública y en sus formas digitalizadas de comunicación, convergen diferentes esferas (conformadas por diferentes grupos) que no conviven o difícilmente conviven entre sí, dados los algoritmos que guardan información de las búsquedas de toda persona que hace uso de estas redes sociales y medios digitales.
Estas plataformas digitales en manos de oligopolios, cuyo interés privado difícilmente coincidirá con el interés general, alteran, intervienen y manipulan la opinión pública con noticias falsas, imágenes generadas artificialmente, evidencia distorsionada e invisibilización de información de carácter público que socavan la libre deliberación de las ideas.
En este orden de ideas, resulta fundamental subrayar el carácter público que tienen las telecomunicaciones y la radiodifusión consagrado en los artículos 6º, 7º, 27 y 28 constitucionales. Y que, a la luz de los acompasados procesos democráticos en México y de la escena internacional que políticamente responde a modelo capitalista neoliberal, planteemos como uno de los temas cruciales la relación existente entre el Estado y los medios digitales de comunicación, en la medida de que la función del primero es esclarecer públicamente las reglas institucionalizadas de los procesos de deliberación conforme a los cambios que se presentan en esta renovada esfera pública política y cuyo objetivo primordial debería ser el interés general y el mantenimiento y promoción de la democracia.