Las siguientes son aproximaciones de carácter teórico y de valoración crítica sobre la situación actual de la crisis del Estado en México. Es importante contar con una teoría del Estado en su sentido integral para entender lo que se juega en el poder público, así como lo que sucede entre éste y la sociedad en su conjunto.
No hay un Estado bueno o malo en abstracto, que funcione adecuada y racionalmente o sea totalmente irracional y no cumpla para nada con lo que la sociedad espera. El fenómeno del Estado está siempre ligado a la defensa y reproducción de un determinado proyecto histórico de sociedad, en una situación donde disputan proyectos distintos surgidos de las contradicciones sociales. Por ello, para valorar al Estado moderno en México, su sentido histórico y político, las instituciones que lo conforman, los intereses que defiende, las políticas que aplica y las energías colectivas que impulsa, hay que interrogarse cuál es el proyecto de sociedad con que está comprometido y que busca sacar adelante, lo que normalmente se sabe si se valora adecuadamente su política económica, social, de gobierno y cultural y se conoce la relación de fuerzas en que se sustenta.
En un país como México, el Estado siempre se presentó como depositario privilegiado y todopoderoso del proyecto nacional desarrollista de país diseñado por las elites políticas y económicas y administrado por la burocracia política, aun cuando en el discurso siempre se planteó que dicho proyecto correspondía a lo deseado por la mayoría de la población y tenía su origen y justificación en la revolución de principios de siglo xx. No obstante las apariencias, el proyecto impulsado por el Estado mexicano fue el de expresar y ayudar a construir plenamente una sociedad capitalista dependiente y subordinada, en que cristalizara —cada vez más— una relación moderna de capitalistas y trabajadores si bien rodeada de un gran sector popular y de campesinos. En ese proceso se impusieron formas políticas estatalistas, donde los trabajadores se ubicaron como subalternos, aceptaron la tutela del Estado y cambiaron politización por reconocimientos corporativos y clientelares. Ese proyecto hizo crisis por sus contradicciones al desarrollarse un capitalismo monopolista y entrelazarse y subordinarse al poder económico del capital mundial.
En la actualidad, el Estado es un poder social que defiende otro proyecto histórico: el de un capitalismo transnacionalizado integrado al imperialismo estadounidense, al que son funcionales instituciones autoritarias que le permiten gobernabilidad. Un Estado formado por un conjunto de instituciones, mediaciones y leyes, por un determinado bloque de poder dominante y un sistema político, los cuales contribuyen a reproducir una determinada sociedad, a legitimar las formas productivas y afirmar la subalternidad de los gobernados.
Para entender al Estado, la manera en que en su interior prevalecen y disputan los proyectos y su papel en la sociedad, además de conocer sus instituciones hay que descubrir la relación de poder que lo constituye, los intereses y los conflictos de la sociedad (Otero, 1841; Gramsci, Cuaderno 10). El Estado se le presenta al ciudadano de la calle como pura institucionalidad con poder irresistible, como monopolio legítimo de la violencia y emisor de un discurso dirigente a partir de un conjunto articulado de leyes, instituciones, mediaciones, corporaciones armadas militares y policiacas, cárceles y poderes de representación (ejecutivo, legislativo, judicial), que a veces incluye los dictados de los principales medios de comunicación y educación. Sus decisiones son verticales, se imponen como obligatorias y algunas son incluso sancionadas en la Constitución y las leyes. De ahí que se hable de un estado de derecho, aun cuando en México no exista un poder judicial independiente que lo garantice.
Las sociedades modernas han conquistado el derecho a organizarse libremente y a ejercer de forma periódica el voto para elegir representantes en los órganos mediadores a los cuales, sin embargo, el Estado mexicano les exige ser también representantes del Estado en la sociedad. No obstante sus derechos, al ciudadano se le pide su pasividad en tiempos no electorales y se le obliga a subsumir la conflictividad social en negociaciones locales arbitradas por el Estado (Mendieta y Núñez, Lucio, Sociología del poder, 2a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 1976, p. 18. )
Uno de los problemas centrales del estudio del Estado, sobre todo en una época de crisis, es saber qué explica los desajustes entre el proyecto histórico, el funcionamiento de las instituciones y leyes del Estado y lo que piensa la sociedad muy relacionado con los niveles de organización y politización de ésta (Weber, La política como vocación, 1919; Marx, La ideología alemana, cap. 1)
Con los referentes anteriores, nos proponemos caracterizar la situación de crisis del Estado en el México actual.
1) La crisis sociopolítica del Estado es una crisis orgánica. Expresa un desajuste proveniente de la modificación en la ecuación Estado-sociedad que prevaleció en el siglo xx (Estado dominante paternalista con proyecto nacional desarrollista y sociedad subalterna sin autonomía, de mayoría campesina o de origen rural). Hoy presenciamos una falta de correspondencia del nuevo proyecto político-cultural dominante con las necesidades y expectativas de la sociedad civil, cada vez con menos heteronomía. Ha entrado en declive la hegemonía histórica del proyecto de nación del siglo xx y el proyecto neoliberal autoritario subordinado actual tiene muchas dificultades para imponerse con legitimidad, en condiciones en que crece una resistencia social difusa pero amplia y diversa, con formas embrionarias de organización ciudadana, social y comunitaria, en el campo (sobre todo) y en la ciudad.
Desde 1982, los gobiernos federales, esto es, la sociedad política dominante (el gran partido del orden actual), impulsaron la sustitución del programa nacionalista desarrollista de la Constitución de 1917 por uno de transnacionalización capitalista conservador periférico. Para ello impusieron políticas de integración subordinada a Estados Unidos, impulsaron reformas neoliberales, un patrón de acumulación basado en el abandono de los apoyos dirigidos al campo y los ingresos por remesas, la especialización productiva para la exportación, la precarización de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, el rentismo extractivista y empresas político económicas ilegales, con una gobernabilidad autoritaria, cuyo eje es hoy la militarización de la seguridad pública. El nuevo proyecto transnacional carece de las características de impulso productivo, homogeneidad, cultura, e influencia que tuvieron los proyectos de los Estados desarrollistas nacional populares de las antiguas clases dirigentes.
2) Actualmente los agrupamientos sociales dominantes y el nuevo bloque de poder político financiero empresarial buscan consolidar nuevas relaciones sociales, extremamente subordinadas a los grupos dominantes de Estados Unidos, desiguales y excluyentes, vinculadas al predominio del nuevo patrón de acumulación de capital que organiza ya el conjunto de la economía mexicana. Desde 1982 hasta el presente se ha sustituido gradual pero persistentemente el patrón de industrialización diversificada dependiente periférica que prevaleció en buena parte del siglo xx. Podemos decir que México, pese a tener grandes industrias automovilísticas y de autopartes, es un gran país rentista dependiente del capital financiero, la renta de petróleo, el turismo, los migrantes a Estados Unidos, la producción y exportación de narcóticos.
3) La sociedad política dominante ha intentado, por distintas formas, llevar a la sociedad civil la influencia de ideologías y nociones ético políticas empresariales-modernizadoras, propias de las clases capitalistas transnacionales dominantes, mismas que vacían de contenido social y popular y de verdadero perfil político a las nociones de democracia, ciudadanía, participación, derechos y asuntos públicos, a la vez que acentúan el individualismo, el pensamiento elitista empresarial, la separación formal entre política, cultura y economía y han tratado de fijar la noción de que todo es interés privado, todo se vende y el mercado es el espacio adecuado para resolver las necesidades comunes. Esta nueva configuración, que podríamos denominar como liberalista-social,1 constituye una concepción político-ideológica ligada al moderno mundo transnacional desnacionalizado de la clase política y a sectores dirigentes empresariales vinculados a las viejas instituciones colonialistas y racistas antipopulares.2
4) La gobernabilidad que el régimen actual ha estado tratando de imponer se basa en una sobreposición y entrelazamiento de diversas formas autoritarias de tipo empresarial burocráticas (empresariales y técnico-militares, de orden y mando), de formas delegativas, paternalistas y patriarcales (formas de delegación de poder en diputados y senadores de partido que se deben al Estado y a los empresarios), el clientelismo y lo que persiste del corporativismo, la infantilización y enajenación de las poblaciones por los grandes medios, la criminalización de la protesta y el temor por la creciente expansión de la violencia de Estado y de las mafias.
5) Hay un problema de legitimidad del proyecto del bloque de poder y descomposición en las instituciones del Estado. El proyecto empresarial político transnacionalizado del grupo gobernante actual, profundiza los problemas estructurales del capitalismo mexicano y está contra la satisfacción de las necesidades sociales y populares. Profundiza la crisis orgánica y agrava la descomposición en curso del sistema y del régimen político. El régimen de partidos, las instituciones electorales, las cámaras legislativas y el sistema judicial constituyen un régimen político liberal autoritario que, aun cuando liberal individualista, en los hechos es también estatista y burocrático. En los ámbitos local y regional es donde se vive con mayor profundidad la descomposición institucional. Con la crisis del partido de Estado y en ausencia de reformas institucionales y judiciales por parte de los gobiernos del panismo, gran parte de los presidentes municipales y gobernadores del gran partido del orden (PRI, PAN, PRD) ha incursionado en todo tipo de complicidades con el fenómeno de la economía ilegal y el crimen organizado. Hoy se vive, por tanto, la continuidad —en crisis—, de algunos elementos comunes a las distintas formas ideológicas y políticas autoritarias.
6) El Estado está copado por un gran partido del orden. La combinación de políticas neoliberales y gobernabilidad autoritaria es resultado del dominio de una gran alianza estratégica de fuerzas políticas conservadoras y subordinadas a Estados Unidos, la cual se abrió paso desde 1982 y se ha hecho más evidente de 1988 al presente. En el periodo 2000-2012 tuvo a la cabeza a un sector conservador derechista extremo, liderado por empresarios y políticos del Partido Acción Nacional (PAN)3 (2000-2012). Actualmente se reafirma a partir de la retomada del gobierno por una fracción política formada por el grupo Atlacomulco salinista, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asociado al capital transnacional dominante4 (2012-2014).
La crisis de hegemonía de la burocracia política dirigente ha llevado a la consolidación —de facto— en las alturas de un amplio partido del orden (lo que a su vez revela la profundidad de tal crisis), formado a partir de la coalición de las fracciones dominantes del PRI, del PAN y del PRD, todas extremamente derechizadas, las cuales procuran imponer un proyecto conservador desnacionalizador transnacional, oligárquico antipopular, de privatización radical de los recursos nacionales y de sometimiento a la geoeconomía y geopolítica de Estados Unidos (el Pacto por México). Ese partido del orden utiliza formas políticas electorales de autoritarismo electivo, a modo de sustentación política, que mantienen referencia a un estado de derecho y modelan instituciones en que se impulsa la noción de democracia liberal restringida y sometida al gobierno en turno.5 Se utiliza el estado de derecho formal interpretado, controlado y manipulado desde el poder del Estado para bloquear la participación y las reivindicaciones sociales y para desorganizar a las masas populares;
7) La crisis del Estado está también vinculada a la tendencia de la clase política mexicana a profundizar el alineamiento geoeconómico y geopolítico subordinado con Estados Unidos. México participa ya de un proyecto de contrarreforma conservadora impulsada por Estados Unidos que busca reordenar el continente americano, con todas sus consecuencias tanto de política económica como de visión ideológico política del mundo6 y que pueden implicar cambios sustanciales en América Latina. Nuestro país hace parte de un proyecto de mega Estado de la parte norte del continente, dirigido por Estados Unidos, que busca absorber y conducir también a Centroamérica, Colombia y el Caribe. En esa tendencia, México ha renunciado a una política autónoma que exija un gran acuerdo negociado democráticamente y ha aceptado de modo pasivo subordinarse a las políticas económicas, de gobierno, militares e ideológicas de los grupos de poder de Estados Unidos.
8) El problema de la crisis de representación y la debilidad del sistema político también tiene relación con el sometimiento de las instituciones regionales a grupos ilegales y la tolerancia o connivencia de las elites locales con el crimen organizado. La putrefacción y corrupción de las mediaciones institucionales a todos los niveles y especialmente en los ámbitos local y regional7 se ha acentuado por la tolerancia de las instituciones a todos niveles ante la actividad de las mafias criminales, ante las políticas de enriquecimiento súbito de esos grupos, las políticas de exclusión neoliberales y la falta de alternativas económicas populares. Hay en curso, en gran parte del país, el dominio de narcotraficantes,8 lo que ocurre en 21 estados según advertencia del 14 de abril de 2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos.9
Se habla ya de un fenómeno de Estado-narco, de narco-gobiernos y narco-política,10 el cual no se resolverá si no se transforma el modelo de acumulación, se desplaza el bloque dominante de poder y se reforman radicalmente el sistema político y a las instituciones militares y policiacas del Estado. En los últimos 14 años se ha acentuado el dominio de grupos delictivos regionales de diverso tipo, entre los que destacan los cárteles del narcotráfico y las mafias criminales, que han crecido al calor de la descomposición del Estado, la corrupción, connivencia de los poderes locales y regionales. Esos grupos tienen cobertura nacional y se han extendido en un contexto de deterioro económico y social, crisis orgánica de la economía nacional y pérdida de control político de las clases dominantes, así como debido a la desorganización social creada por el patrón de acumulación. La violencia alienta todo tipo de fenómenos de corrupción y abuso sobre la población. Los beneficiarios comúnmente son los grupos que se benefician con el sistema financiero y las inversiones extranjeras, en una economía especulativa, rentista, de sobreexplotación y de despojo.11
9) El verticalismo y autoritarismo existen tanto en la sociedad política como en la civil. Así como en las relaciones políticas dominantes, en la misma sociedad civil existen núcleos fuertes de autoritarismo social, cultural y político arraigados. Esto es, las relaciones de orden y mando, de imposición, de hablar y no saber escuchar, de subalternidad extrema a la visión político empresarial simplista que pautan las relaciones políticas tienen también una dimensión social general. Considerando el régimen de ejecutivo dominante, el clientelismo, el neocorporativismo, las formas de relación cultural y política de una economía liberalizada privatizada y de un Estado gerencial de competencia, se observa que hay una correlación cultural entre las formas políticas autoritarias del Estado capitalista de subsidio y sustentación del capitalismo transnacional, de las relaciones entre los actores políticos y los grupos burocráticos y la manera en que está estructurada y se reproduce la sociedad civil mexicana, entendiendo por ésta todas las formas y redes de existencia pública no directamente política de la sociedad. Hay autoritarismo, despolitización y un sentido común enajenado extremo en la forma en que existe y se expresa la sociedad civil mexicana, en la mayoría de sus agrupaciones, redes y organizaciones patronales, gremiales, sindicales, populares, académicas, deportivas, educativas, culturales y étnicas, (con sus evidentes excepciones). Así, las relaciones sociales de los de abajo corresponden todavía en cierta medida a las formas autoritarias, de imposición, de desnacionalización y de dominio de las elites dominantes, aun cuando estén en crisis.
10) Entró en crisis también la compleja cultura política del viejo Estado nacional de represión-negociación-convenios. Proveniente de los arreglos posrevolucionarios de tipo nacionalista populista (en el que las masas populares participaban siempre en condición de subalternidad), tuvo como base la peculiar interacción de poder entre elites dirigentes y masa popular en el Estado del siglo xx; esa interacción sustentaba también la participación de los agrupamientos políticos institucionales en las mediaciones estatales. Hoy se deslava como cultura política por la política de acumulación y concentración de capital, por el autoritarismo empresarial político y por la resistencia democratizadora y autonómica de sectores de la sociedad civil y de los nuevos movimientos sociales. La cultura política tradicional de negociación está desmembrada, pero no ha sido sustituida del todo por una cultura de derecha abierta basada en la dominación elitista empresarial de tipo oligárquico. En un país abigarrado como México es prácticamente imposible una cultura autoritaria total de ajuste en el orden definido por los grupos dominantes.
11) Siguen presentes espacios y formas de subalternidad popular tradicional en los valores, las concepciones del mundo, la vida sociocultural y las relaciones con lo público de la sociedad civil, que aún sirven de sustento a las instituciones y el sistema político. Son núcleos políticos y culturales populares despolitizados que han sido parte del cuadro del viejo sistema hegemónico tradicional en la sociedad civil y especialmente entre las masas subalternas.12
Los nuevos sectores populares que impulsan una actividad autónoma y que actúan en la resistencia crítica ciudadana y popular de la sociedad civil, de los pueblos y de las comunidades originarios en múltiples estados y regiones del país, tienen algunas nuevas características ideológico-culturales autonómicas y horizontales que reivindican los derechos plenos. Esos sectores están inclinados a reivindicar otras relaciones sociales. Tienen elementos para ampliar tanto la democracia electoral como las formas participativas, profundizar la noción de resistencia y unir sus luchas sociales con perspectivas políticas de ciudadanía y ampliación de los espacios públicos.
Las resistencias populares locales en curso, empero, todavía actúan en un horizonte exclusivo de acción y confrontación directa. No han avanzado hacia una política compleja de lucha de posiciones vinculada a un horizonte político nacional amplio, tampoco se ha construido una fuerza estratégica dirigente nacional progresista que enarbole una política democrática integral. Sin embargo, constituyen el punto de partida de un movimiento de propuesta hacia una reforma de la sociedad civil democrática popular urbana, de nuevas relaciones autonómicas de la sociedad civil y de un movimiento político cultural por un Estado democrático real, donde el movimiento popular, además de afirmar política y jurídicamente el derecho a tener derechos se proponga la difícil tarea de elevarse a clase dirigente capaz de cuestionar la separación entre gobernantes y gobernados. Sin embargo son aún movimientos minoritarios y locales en los planos económico, político y cultural,13 tanto en el campo como en las ciudades (incluida la capital del país), mientras que prevalecen la alienación y el apoliticismo en la visión del mundo de las grandes mayorías.14
12) En una parte importante de la sociedad, sectores medios progresistas, un amplio sector de los trabajadores formales y precarizados, comunidades locales del campo y población comunitaria indígena originaria hay en ciernes una incipiente cultura progresista popular emancipatoria, con nuevas ideologías y valores, con elementos de reforma económica, intelectual y moral, organizativa y politizadora de la sociedad civil.15 Hay perspectiva de poder y, sin duda, ello es parte de una posibilidad de movimiento popular y de sustento de un Estado democrático.
Lo peculiar de la intensa y recurrente actividad de los movimientos urbanos de derecho a la ciudad, de reivindicación de derechos sociales y ciudadanos de todo tipo, de lucha por la paz contra la impunidad y la corrupción actuales es que coinciden con el sentido del reclamo de los movimientos sociales plurinacionales y de justicia locales y regionales, tanto urbano-populares como campesino-comunitarios. Son distintas vertientes de una nueva cultura autonómica de derechos y muestran inclinación por constituir un movimiento político de democracia participativa popular.
1 Entendiéndose por liberalista la proclividad al mito y a las políticas económicas del libre cambio. Véase Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Cuaderno 13, Prgf 18.
2 Véase Lorenzo Meyer, Nuestra tragedia persistente: la democracia autoritaria en México. México, Ed. Debate, 2013.
3 Que se resguardan y dinamizan bajo y dentro de la formalidad del viejo Partido Acción Nacional.
4 Herederos y continuadores en vida del viejo Partido Revolucionario Institucional que medió en la hegemonía de 70 años del Estado mexicano surgido de la Revolución Mexicana y de las reformas radicales del presidente Lázaro Cárdenas.
5 Véase Silvia Gómez Tage “México: una democracia fragmentada”, en Gómez Tagle y Sonnleitner (coords), Mutaciones de la democracia. Tres décadas de cambio político en América Latina, México, Ed. El Colegio de México, 2012.
6 En el contexto del seminario internacional ¿A dónde va América Latina?, organizado por la Coordinación de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Constanza Moreira, ex profesora de la Universidad de la República, de Uruguay, y actual senadora por el Frente Amplio; Lino Morán, de la Universidad del Zulia, Venezuela, y Néstor Kohan, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, lamentaron la cercanía y alineamiento de las políticas públicas mexicanas con los postulados neoliberales dictados desde Estados Unidos. La Jornada, Viernes 23 de agosto de 2013. Para una referencia bibliográfica sobre la política actual de EUA hacia América Latina consúltese: Marco A. Gandásegui Hijo y Dídimo Castillo, Estados Unidos. La crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación. Argentina, Editorial CLACSO-Siglo xxi, 2010.
7 Carlos Pérez Zavala, “El proceso de descomposición de las instituciones y el sentido de lo comunitario en los proyectos de sociedad”, El Cotidiano, núm. 152, noviembre-diciembre, 2008., pp. 25-30, UAM Azcapotzalco, México.
8 José Luis Solis González, “Neoliberalismo y crimen organizado en México: el surgimiento del Estado narco”, en Revista Frontera Norte, vol 25, Número 50, julio a diciembre de 2013, Universidad Autónoma de Coahuila.
9 Alerta de los Estados Unidos a sus ciudadanos sobre 21 Estados del pais. Agencia Imagen del Golfo y diario Sin embargo. 14/0472015.
10 Véase nota 8.
11 Ilán Bizberg. “Una democracia vacía. Sociedad civil, movimientos sociales y democracia”, en, colección Movimientos sociales / Ilán Bizberg y Francisco Zapata (coords) Los grandes problemas de México, Colección Movimientos Sociales, v. 6, México, El Colegio de México, 2010.
12 Véase Rina Roux, El Príncipe mexicano: subalternidad, historia y Estado, México, Era, 2005.
13 Alberto J. Olvera, “Sociedad Civil, Gobernabilidad Democrática, Espacios Públicos y Democratización: los contornos de un proyecto. PDF. En el texto introductorio se dice: “La colección de folletos “Cuadernos de la Sociedad Civil” presenta, en versión resumida, los resultados del proyecto de investigación “Sociedad Civil y Gobernabilidad en México”, auspiciado por la Fundación Ford y desarrollado entre noviembre de 1998 y enero del 2000. Este trabajo fue parte de un proyecto comparativo internacional que abarcó a 22 países en cuatro continentes, dirigido por el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex”.
14 Jean Franco, La globalización y la crisis de lo popular. Nueva sociedad, Nº. 149, 1997, Venezuela.
15 Pablo González Casanova. “La cultura política en México”, pp- 62-77, en El Estado y los partidos políticos en México, México, Ed. ERA, 1983.