La problemática del Estado mexicano, y en particular de su reforma del Estado ha ocupado muchas páginas a lo largo de la historia de nuestra revista y, en sincronía con la temática del presente número, hemos escogido el suscitado para el número 26 de Memoria en mayo-junio de 1989. Una discusión totalmente pertinente para un momento en el que se fortalecía el giro neoliberal del Estado mexicano y la reforma política mostraba sus limitaciones con el fraude electoral de 1988. Dice una parte de la nota que presenta ese número:
El Estado mexicano actual, razonan sus ideólogos, se formó y consolidó como resultado de la Revolución de 1910-1917; luego, continúa siendo el Estado de la Revolución. Este tópico de la propaganda oficial y dominante es fácilmente desmontable para advertir su irrealidad frente a sus transformaciones, desplazamientos, inversiones y asincronías (p. 250).
En particular, aquel debate resulta hoy sumamente atractivo por la diversidad de posturas ideológicas y políticas representadas en él. Los personajes que hicieron parte del debate fueron el jurista Luis Javier Garrido, los perredistas Pablo Gómez, Américo Saldívar y Samuel I. del Villar (ex priista), el panista Carlos Castillo Peraza y el priista Rodolfo González Guevara.
La discusión de los autores giró sobre la conceptualización del Estado mexicano y su relación con la democracia. Carlos Castillo Peraza y Américo Saldívar trataron de hacer una caracterización teórica sobre el Estado. El primero apuntaba que la materialidad del Estado se encontraba en que como tal es un poder político:
Es un poder, es decir, una capacidad de imponer la voluntad personal o colectiva sobre otros, no necesariamente contra la voluntad de éstos ni contra su resistencia; es una capacidad de hacerse obedecer. Para que esta obediencia no sea considerada opresiva, humillante o indigna, el que obedece debe estar convencido de que aquello que se le pide, exige u ordena no es arbitrario, no es irracional ni caprichoso, y también de que la relación de que el que manda y el que obedece no es sólo una relación de fuerza en la que la parte más débil está condenada a la sumisión (p. 237).
Esta idea del Estado como poder político y como relaciones de mando-obediencia hace que la cuestión democrática sea sumamente relevante. Castillo Peraza ponía la materialidad de la democracia en tres elementos: 1) la descentralización de los poderes, 2) una democracia económica donde el Estado haga una disposición de los recursos con el control de la sociedad y 3) el fortalecimiento de una serie de organismos e instituciones que hagan contrapeso al Estado. Américo Saldívar, contraponiéndose a Castillo Peraza, caracterizaba la manera en que el liberalismo clásico concebía el Estado y proponía la reforma del mismo:
Con Hobbes se inaugura una especie de doctrina o fe ciega en la necesidad de la fortaleza y el predominio de lo estatal. De la idea del Estado-Leviatán como centralidad, en cambio, sugerimos la idea de la Política (con mayúsculas) como lugar privilegiado y eje de superación y negociación de conflictos sin recurrir a la fuerza organizada del Estado. Dentro de este enfoque se podría resumir el sentido de la reforma política (p. 262).
Saldívar apostaba a un fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado, y su forma clásica liberal. Por ello proponía una discusión sobre lo que en su momento se llamó el neocorporativismo, que buscaba liberarse de las identidades de representación clásicas, como los sindicatos o partidos, los cuales en su visión habían sido más un obstáculo de la democratización, al estar cooptados totalmente por el poder Estatal.
Luis Javier Garrido se centró en establecer un análisis histórico del Estado mexicano. Intentaba demostrar cómo en cada uno de los grandes periodos en que puede caracterizarse la historia de México no se había podido establecer la democracia. Postulaba de esta manera que “el problema del México actual es el mismo de hace más de siglo y medio: la refundación del Estado mexicano”. (p. 241) El Estado posrevolucionario, surgido de un monopolio de la representación política logró ponerse y poner a la figura presidencial por encima de los intereses constitucionales de la nación. Con este supuesto, Garrido apuntaba sin medias tintas que “el PRI es, dentro del actual marco jurídico mexicano, una organización ilegal, no solamente porque su existencia como partido de Estado contradice el artículo 41 constitucional, que establece el carácter equitativo del régimen de partidos, sino que lo es también porque ha hecho una violación a toda una serie de normas constitucionales, de leyes secundarias y de reglamentos, una práctica consuetudinaria” (p. 243).
Pablo Gómez abordó la problemática del Estado y la democracia o, mejor dicho, la imposibilidad de una democracia política en un Estado corporativo como el mexicano: “Sin reforma electoral no habrá reforma del Estado, y sin ésta no puede instaurarse la república democrática” (p. 245). La lucha por una república democrática tiene en unos de sus puntos de inicio la lucha por una reforma electoral, por avances en los derechos democráticos. La reforma electoral planteada en 1989 era la construcción de una legislación electoral que reflejara la construcción en el país de un sistema electoral democrático, es decir, contar con una legislación sin el dominio del gobierno y del PRI en tanto partido oficial. Otro de los aspectos que Gómez resalta para conquistar una reforma democrática y, por tanto, una reforma electoral, es la lucha contra el corporativismo priista, que no solamente tiene control de los sindicatos y organizaciones populares sino de organizaciones ejidales, cámaras patronales, escuelas y universidades.
Para Gómez Álvarez, las grandes movilizaciones demostraron que la lucha por la democracia era una reivindicación popular de gran calado, pero la democracia encuentra una enorme barrera: “(…) este objetivo no puede ser conquistado como desarrollo del actual Estado, cuyos fundamentos están ligados a un sistema de poder antidemocrático y corrupto, sino mediante la creación de nuevas formas de legitimada estatal, dominadas por la democracia” (p. 246). La democracia implica para Gómez, conocimiento de la sociedad y solo podrá hablarse de grandes transformaciones sociales.
En esa lucha por un régimen electoral democrático, las oposiciones juegan un papel importante; se plantea aquí la posibilidad de luchar por un objetivo común más allá de las necesarias distinciones políticas e ideológicas: “La lucha en favor de un sistema democrático de partidos, con mecanismos electorales imparciales y verdadero juego político en los órganos del Estado, puede ser la base para la convergencia entre tendencias diversas, pero que comparten algunos objetivos comunes” (p. 248)
Rodolfo González, representante del PRI, intenta hacer una defensa del partido oficial. Lo mejor de su intervención viene al final: “Quizá ustedes digan: este señor habla de un PRI que tampoco nosotros conocemos”, pero nosotros agregaríamos: habla también de un México inexistente, que nadie conoce. Lo anterior debido a que para él, el Estado mexicano no necesita reforma alguna, pues como supone un Estado moderno solamente necesita ser capaz de construir una conciencia responsable colectiva e individual para resolver las problemáticas sociales. Las únicas reformas que podrían sugerirse, dice González Guevara, son de ciertas leyes orgánicas de la Constitución “(…) como, por ejemplo, lo que está actualmente analizándose, reforma a la Constitución, y reforma a su ley reglamentaria que actualmente es el Código Federal Electoral (…)” (p. 252). González Guevara sostenía que en México no hay corporativismo, para él esas formaciones corporativas se han presentado solamente en el régimen fascista italiano y en la dictadura española. A diferencia de aquellos contextos, en México hubo un pacto para que las organizaciones (obreras, campesinas, populares) realicen actividades electorales en el partido.
Podemos situar los pobres planteamientos del priista sobre la reforma del Estado con su concepción del PRI como partido representante de la Revolución Mexicana: “Como el PRI es un partido oficial, es un partido de Estado, yo sostengo que este sistema político de gobierno con partido oficial, con partido de Estado lo debemos mantener en México para llevar adelante con fuerza los principios de la Revolución mexicana.” (p. 254).
Finalmente, Samuel I. del Villar, un expriista en ese momento en el recién fundado PRD, planteó que el Estado mexicano sufría de una crisis institucional que estaría llevando a una disolución o un desplome, debido a tres factores: la antidemocracia, la corrupción y la arbitrariedad. Para Del Villar, la crisis del Estado repercute principalmente en la producción, la seguridad y la paz. Por ello proponía una reforma constitucional que garantizara el cambio democrático del país con base en cuatro premisas: el primero la limpieza del sufragio, “(…) integrar una autoridad electoral con ciudadanos que no sean dirigentes partidistas ni servidores públicos (…)” (p. 259); una nueva geografía electoral que permitiera el equilibro entre las representaciones mayoritarias y proporcionales que garantizara representatividad a la población; equilibrio de poder entre el legislativo y el ejecutivo; y combate la corrupción en el sistema judicial.
El debate de 1989 presentó distintas concepciones del Estado mexicano; las múltiples batallas políticas ocurridas en el país desde entonces validaron y anularon mucho de lo postulado en ese momento. Sin embargo, queda pendiente en el país la consecución de un régimen verdaderamente democrático capaz de involucrar a todos los sectores de la población para llevar a transformaciones sociales de fondo.