Los procesos geopolíticos que se extienden en el océano latinoamericano, como en varios momentos desde hace más 500 años, se colocan en el primer plano de los acontecimientos sociohistóricos más determinantes para nuestras sociedades. Concesiones legales e ilegales de exploración y explotación de todo tipo de riquezas marinas, intentos de desestabilización política sobre gobiernos progresistas, oídos sordos de las potencias mundiales a llamados de la comunidad internacional y efectos sociales y ambientales de todo tipo para nuestros pueblos se han vuelto comunes en los procesos que delimitan las soberanías sobre los mares territoriales y el acceso social a sus riquezas. Y es que, como latinoamericanos interesados en generar conocimiento crítico sobre nuestra región y en impulsar prácticas sociales transformadoras, no podemos dejar de ver que nuestras fronteras sociopolíticas, las que limitan la configuración inmediata de la identidad de nuestros pueblos y el campo de fuerzas político de nuestras sociedades, no corresponden a los litorales sino que se adentran varias millas náuticas en el océano.
El océano latinoamericano en la larga duración
No es nuevo el papel constitutivo del océano para las sociedades de América Latina. La larga marcha de expansión territorial de la civilización material moderna surgida en la Europa renacentista no fue contenida por los obstáculos del control marítimo durante la búsqueda de nuevos mercados y riquezas. Y es que el proceso de que surgió la medida mundial del capitalismo conectó violentamente nuevos territorios a la gestante pero ya vigorosa sociedad mercantil a partir del control marítimo de las coronas europeas. Grandes rutas comerciales surgieron y se disputaron entre las coronas por todos los medios. Estaba en juego no sólo el control territorial de las colonias y sus riquezas sino el de su articulación mercantil estable a las metrópolis. El desarrollo técnico productivo de las grandes embarcaciones militares y mercantiles, el diseño y la construcción de nuevos puertos, y el conocimiento más preciso de litorales, corrientes oceánicas y climas dominantes fueron acompañados de nuevas legislaciones que dividieron espacialmente tierras y rutas marítimas de acuerdo con supuestos dictados “divinos” provenientes de la Iglesia Católica, aunque no siempre fueran reconocidas por todos, como las famosas Bulas Alejandrinas que privilegiaban de manera exclusiva la empresa colonial de la Corona de Castilla.
Este largo proceso de articulación marítima intercontinental con fines comerciales, y más recientemente productivos, ha soportado la especialización productiva y la formación simultánea de múltiples realidades sociohistóricas a escala mundial durante los últimos 500 años. Desde entonces y ya con el Estado como forma de organización sociopolítica y geográfica generalizada, la importancia de los procesos geopolíticos en los océanos no ha dejado de incrementarse.
Al desarrollo de embarcaciones y disputas por rutas marítimas, en el último siglo, vendrían a sumarse las surgidas del emplazamiento y el control de las enormes redes de las industrias del mar, de los enlaces marítimos de comunicaciones y las enormes áreas de producción minera, con importancia central de los hidrocarburos. Hoy, 90 por ciento del comercio mundial se desarrolla vía marítima, 149 de los 193 Estados independientes miembros de la ONU tienen comunicación directa por contar con salida soberana al mar. En el suelo oceánico se encuentra emplazada una extensa red de cables submarinos de comunicaciones que hacen posible la magia de la comunicación global just in time, mientras que la producción marítima de hidrocarburos se vuelve cada vez más importante para alimentar la insaciable demanda mundial de energía.
Por ello, como en el pasado, la conexión intercontinental vía marítima y sus usos productivos se han acompañado de nuevos impulsos de reglamentación jurídica internacional. Es el caso de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), donde se expresa el esfuerzo multilateral más importante, tras la creación de la propia ONU, para fijar criterios internacionales de demarcación de soberanías nacionales en el océano, de derecho a tránsito y explotación de los recursos en territorios nacionales marítimos y aguas internacionales, así como los que regirían su defensa e investigación científica. Aunque también, igual que en el pasado, no necesariamente ha sido reconocida por todos, como es el caso de Estados Unidos, no signatario de la Convemar.
La disputa por el océano latinoamericano
Al día de hoy se mantienen vigentes más de 10 conflictos por la definición de los límites territoriales y marítimos entre Estados latinoamericanos o por el incremento de extensión de sus fronteras marítimas sobre mar internacional. Destacan, por tratarse de territorios marítimos con importantes reservas de hidrocarburos y de Estados con gobiernos progresistas, las diferencias localizadas en el mar Caribe que mantiene Nicaragua con Colombia y Honduras de manera independiente, el reclamo de Brasil ante la ONU para extender sus fronteras marítimas sobre aguas internacionales y los históricos conflictos recién reactivados entre Venezuela y Guyana por el Territorio del Esequibo, y entre Argentina y Reino Unido por las islas Malvinas.
Los últimos dos conflictos reflejan además una disputa por territorios continentales e insulares donde se juega con mucha claridad el intervensionismo estadounidense y británico. En ellos se encubren intereses petroleros imperiales y algunas de sus estrategias de desestabilización y potencial intervencionismo militar. Incluso, en el caso del conflicto por las Malvinas se encubren intereses de emplazamiento de bases militares por la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de mantener posesiones territoriales en la Antártida.
Sobre este último caso, en fechas recientes nos enteramos del embargo de más de 150 millones de dólares que el gobierno de Argentina aplicó a empresas petroleras estadounidenses y británicas por realizar actividades petroleras en mares pertenecientes al territorio reclamado por aquélla; desde 1960, la ONU calificó la presencia de Gran Bretaña en las Malvinas como un claro caso de ocupación colonial. Mientras, el gobierno británico respondió haciendo pública su intención de modernizar su sistema de defensa con la justificación de que aquellos reclamos implican la franca “amenaza” de una nueva intervención argentina.
En el caso del conflicto por el Territorio del Esequibo, en disputa jurídica entre Venezuela y Guyana desde 1966 y bajo administración de ésta, la provocación inició en marzo de 2015, una vez que Exxon Mobil comenzó operaciones petroleras en la zona marítima sometida a reclamo. Cuando el gobierno venezolano indicó que las concesiones otorgadas por el guyanés en el territorio marítimo del Esequibo son ilegales y que han sido realizadas de manera unilateral, la famosa empresa estadounidense fingió neutralidad: declaró que no intervendría en conflictos entre gobiernos, mas participó firmemente en la provocación al dejar en claro que no interrumpirá labores porque se trataba de contratos legales.
El caso brasileño es diferente: los recientes descubrimientos de yacimientos gigantes de hidrocarburos en su suelo marino se extienden hasta aguas internacionales, más allá de las 200 millas náuticas que la Convemar fija como límites marinos de soberanía y exclusividad económica. Por ello en 2004, de acuerdo con los lineamentos de la convención que reconoce la posibilidad de ampliar los límites de soberanía si la extensión de la plataforma continental es mayor de 200 millas náuticas, el gobierno brasileño emprendió una demanda sobre el reconocimiento internacional de la ampliación de sus fronteras marinas. Lo interesante radica en que si bien Estados Unidos no ha manifestado interés por irrumpir en lo que hasta hoy son yacimientos petroleros en las aguas internacionales reclamadas por Brasil, su gobierno ha aprovechado esta circunstancia para vincular la defensa de la “Amazonía Azul” —área marítima que anexaría la plataforma continental demandada a su actual territorio marítimo— a su estrategia de desarrollo nacional. Tal apuesta productiva brasileña se encuentra en crisis de legitimidad por los escándalos de corrupción de altos funcionarios de Petrobras, pero en las gestiones de Lula gozó de buen recibimiento social.
Para concluir este breve recorrido, el cual muestra la necesidad de cultivar una oceanopolítica crítica del mar latinoamericano, diremos que no todos los casos vigentes de procesos geopolíticos refieren conflictos por límites de territorios marítimos ni están vinculados a recursos petroleros. Las pugnas que Chile mantiene con Perú y Bolivia por las fronteras marítimas y por una salida soberana al mar son casos emblemáticos de la clara articulación de las clases políticas nacionales y sus sociedades civiles que dinamizan procesos geopolíticos vinculados al mar, mientras que las diferencias desencadenadas durante la aplicación de leyes neoliberales sobre actividades mineras y pesqueras y cultivos acuáticos en América Latina suponen claros ejemplos también de cómo el acceso a recursos marinos es restringido a las comunidades de litorales marinos desde las costas de México hasta las de Chile. En todo caso, estos procesos particulares, vinculados de formas distintas al océano latinoamericano, no han dejado de participar de manera activa y en escalas diferenciadas en el campo de fuerzas geopolítico de nuestras sociedades en América Latina. Muchos de ellos siguen a la espera de explicaciones geopolíticas críticas más profundas.
* Profesor, FFyL, UNAM.