NOTAS SOBRE LA NATURALEZA DE CLASE EN LA ACTUAL CRISIS BRASILEÑA

NOTAS SOBRE LA NATURALEZA DE CLASE EN LA ACTUAL CRISIS BRASILEÑA

En Brasil, la primera victoria electoral de Lula, en 2002, aconteció en medio de un proceso de reflujo de las huelgas y el movimiento sindical, en un contexto donde el Partido de los Trabajadores (PT), para alcanzar la Presidencia de la República, realizaba cambios programáticos significativos, lo cual lo llevó en algún momento de la década de 1990 a abandonar los pilares de su programa democrático-popular fundado en las luchas antiimperialistas, antimonopolistas y antilatifundiarias, y a sumarse a un programa más alineado a los intereses de la gran burguesía interna. Pese a la retórica empleada por sus líderes políticos en torno a la defensa de un nuevo desarrollismo, el PT se adhirió en la práctica a un programa social-liberal.

En el social-liberalismo, la lucha antiimperialista es sustituida por resistencias acotadas y selectivas al imperialismo. No se habla más, por ejemplo, de suspensión de la deuda externa sino de cumplimiento de contratos y pago de la deuda externa como forma de garantizar cierta autonomía para la ejecución de la política gubernamental. No se opera con la idea de revolución nacional ni con la hipótesis de una política de sustitución de las importaciones; se confiere prioridad a la idea de una integración activa y soberana al capitalismo mundial, sin cuestionar el carácter dependiente de la economía brasileña. La lucha antimonopolios es reemplazada por una perspectiva en que el pequeño y mediano capital deben tener presencia activa en la economía, siempre que estén integrados a la lógica de dominación de los grandes monopolios. Para garantizar la gobernabilidad es preciso garantizar los intereses de los grandes monopolios y fortalecer las actividades económicas centradas en la producción de mercancías de bajo valor agregado, en busca de conquistar mercados únicamente en las zonas de menor tensión con el imperialismo. En la práctica, eso significa alejarse de cualquier línea política que fuese a producir cambios efectivos en la situación de dependencia económica del país, con relación a los países capitalistas centrales. La lucha antilatifundiaria también es descartada, pues la propia bandera de la reforma agraria cede lugar a la integración subordinada de la agricultura campesina al agronegocio, cuya resultante es la agricultura familiar. Además, el liberalismo social no abriga ninguna política de estatización de empresas o servicios, limitándose a cambiar el léxico de las privatizaciones, que pasan a ser llamadas “concesiones”, y a promover las alianzas público-privadas; tampoco opera como una política social de Estado que tenga como horizonte la ampliación de derechos sociales y laborales de carácter universal, pues su prioridad es la implantación de políticas sociales de gobierno de condición delimitada. Se trata por tanto de una reforma en los márgenes del modo de acumulación capitalista neoliberal.

Al conquistar el Poder Ejecutivo federal, el PT pasó a poner en práctica el programa de social-liberalismo, convirtiéndose gradualmente en portavoz de los intereses de la gran burguesía interna, una fracción de clase que ocupa una posición intermedia entre la burguesía nacional y la compradora/asociada, y posee una posición ambivalente de contradicción y dependencia respecto al imperialismo, pues sostiene de forma prioritaria un tipo de dependencia capitalista volcada al mercado externo. Además, la burguesía interna tiende a ser reaccionaria ante la ampliación de los derechos sociales y laborales, vistos como obstáculos a la competitividad, y se establece en segmentos importantes de las siguientes actividades económicas: construcción inmobiliaria, minería, agronegocio, industrias textil, alimentaria y naval, entre otras.

De 2005 (con la llamada crisis del mensalão) a 2013 (con las manifestaciones de junio), los gobiernos de Lula y Dilma realizaron una serie de reformas al capitalismo neoliberal. Fueron sin ruptura con dicha forma de capitalismo, en la medida en que el fortalecimiento político de los intereses de la gran burguesía interna no colocó en jaque a la hegemonía política de la burguesía asociada al capital financiero internacional. Ello equivale a decir que los cambios ocurridos en la escena política no repercutieron de modo inmediato y mecánico en el ámbito del bloque en el poder.

Los intereses de la burguesía asociada fueron considerados prioritarios políticamente, pues los gobiernos petistas dieron preponderancia al ajuste y al pago de la deuda pública,1 produciendo así condicionantes y limitaciones presupuestarias y políticas a la ejecución de todo lo concerniente a la política económica y social. Los subsidios, las exenciones fiscales y los programas de inversión promovidos en beneficio de la gran burguesía interna pueden ser concebidos como aspectos secundarios o subordinados de la política económica de Estado.2

En la jerarquía interna de las fracciones del grupo en el poder, la gran burguesía interna logró mejorar su posición política, negociar y modificar algunos aspectos de la política neoliberal vigente en el país y ocupar un espacio importante en las regiones de menor tensión con el imperialismo. Esa “nueva” coyuntura posibilitó también la realización de algunas concesiones materiales importantes para las clases dominadas, entre las cuales destacan la política de aumento del salario mínimo, el crecimiento del empleo formal y la ampliación de programas sociales, especialmente los asociados a la política de transferencia de la renta, como el Bolsa Família (Beca Bolsa Familia).

Si la hegemonía de la burguesía asociada al capital financiero internacional fue mantenida por las razones mencionadas, en el ámbito de la escena política, donde se forma la hegemonía ideológica, esa fracción burguesa cedió el lugar a la gran burguesía interna. Para alcanzar esa posición en la disputa ideológica, la gran burguesía interna tuvo que respaldar las candidaturas de Lula y Dilma, quienes se presentaron discursivamente y en términos de práctica política como alternativas al liberalismo ortodoxo vigente en la década anterior. Tal fenómeno indica la fragilidad político-ideológica de la gran burguesía interna, pues para representar sus intereses tuvo que aproximarse a un partido vinculado históricamente a los movimientos populares y sindicalistas. Así, no se puede perder de vista que gracias al predominio ideológico que la gran burguesía interna alcanzó sobre el conjunto de las clases dominadas, esa fracción de clase se fortaleció políticamente dentro de la clase en el poder y colocó sus intereses en las políticas de Estado sin modificar la hegemonía política del bloque en el poder.

Frente a esta breve caracterización de la naturaleza de clase de los gobiernos petistas, cabría debatir cuáles fueron los principales factores que motivaron la crisis del social-liberalismo, en especial analizando la naturaleza de clase en esta crisis.

La naturaleza de clase de la crisis política del segundo gobierno de Dilma

Para analizar la crisis del social-liberalismo en Brasil es necesario, primero, destacar tres aspectos centrales; dos de ellos indican el carácter combinado de la crisis política actual y el otro se refiere a su especificidad:

a) La crisis política se combina con la económica, y una retroalimenta a la otra, volviendo más acelerada la dinámica de conjunto y el fin de la crisis más imprevisible. Por tanto, a diferencia de la crisis de mensalão (o de la gran mensualidad) de 2005, en la cual había una crisis política sin su correspondiente económica, y donde la salida fue viabilizada en un periodo corto con la reelección de Lula, no se observa en la coyuntura actual un horizonte político claramente definido de salida de la presente crisis.

Antes de iniciar el segundo mandato, el gobierno de Dilma atravesaba por dificultades inherentes a los límites y las contradicciones generadas por el proceso de reformas en el capitalismo neoliberal. Tales contradicciones se presentaron de manera más evidente en las manifestaciones de junio de 2013 y en la fuerte polarización –con pequeña diferencia de votos– de las elecciones de 2014. Desde esa perspectiva, el incumplimiento de las promesas electorales por el gobierno de Dilma que, al reelegirse, nombró a Joaquín Levy para el Ministerio de Hacienda –hombre de confianza de los banqueros nacionales e internacionales–, aplicó un ajuste fiscal que sólo profundizó la crisis económica y provocó un fuerte descontento político en su base social y entre los representantes de la gran burguesía interna que le daban apoyo. El golpe de Estado perpetrado contra su gobierno, marcado por el apoyo activo de los medios de comunicación corporativos, de sectores ampliamente mayoritarios en el Congreso Nacional, de las cúpulas del sistema judicial y de las policías militar y federal, de importantes asociaciones empresariales, entre las cuales destacaríamos dos federaciones industriales de la región sudeste: la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) y la Federación de Industrias de Río de Janeiro (FIRJAN), y de amplios sectores de las facciones superiores de las clases medias, organizados por entidades como Revoltados Online (Revelados en Línea), Vem para Rua (Ven a la Calle) y el Movimiento Brasil Livre (Movimiento Brasil Libre), y las contrarreformas neoliberales definidas por el gobierno interino de Michael Temer como la única alternativa política y económica a la crisis, son factores que contribuirían de manera significativa para profundizarla, en especial la dinámica combinada entre crisis política y crisis económica. Sobre esto, vale observar que la política de austeridad ha provocado efectos depresivos en la economía, como el aumento continuo de las tasas de desempleo (si tomáramos como parámetro las estadísticas desde la aplicación del ajuste fiscal al inicio de 2015), una caída de la producción industrial (la variación acumulada entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 fue de -9.6 por ciento), bajo crecimiento económico, caída en la recaudación del Estado, etcétera. Todo eso se traduce en una salida de la crisis algo distante del horizonte del actual proceso político brasileño.

b) La crisis política también se articula con una crisis ideológica observable a través de la ofensiva de ideología conservadora contra las reformas del capitalismo neoliberal, y contra las conquistas democráticas garantizadas hasta aquí por la constitución de 1988, en términos de derechos civiles, políticos y sociales. La idea de “sacar al Brasil rojo” empleada por Temer tras asumir el poder de forma definitiva, manifiesta con claridad un doble sentido: el de concebir el neoliberalismo ortodoxo como única alternativa para la crisis considerada esencialmente fiscal y el de imprimir un combate ideológico a las fuerzas progresistas identificadas con cualquier idea de igualdad y justicia social.

Es cierto que la ofensiva ideológica conservadora presentó dificultades para imponerse y pronunciarse abiertamente a favor de profundizar las contrarreformas neoliberales y a la mayor limitación de la frágil democracia existente en el país, pero las condiciones para su éxito fueron creadas con rapidez y fortalecidas por la crisis económica y por el clima de malestar económico, ampliamente explotado y difundido por la mass media corporativa, contra el gobierno de Dilma. En ese proceso emerge el tema de la corrupción gubernamental como causa fundamental del malestar económico por el cual el país venía transitando y como discurso unificador contra el gobierno de Dilma.

En la coyuntura aquí analizada, la lucha contra la corrupción fue la táctica encontrada por el frente político dirigido por la burguesía asociada al capital financiero internacional para ganar apoyo de las masas y presentar sus intereses particulares como de toda la sociedad; alejó así a la gran burguesía interna del ejercicio de la hegemonía ideológica. Puede parecer contradictoria esa afirmación cuando observamos el papel activo de entidades representativas de la gran burguesía interna, como la FIESP y la FIRJAN, en el golpe de Estado, pero es preciso considerar que la embestida ejecutada contra el gobierno de Dilma no se amparó en un programa político con el cual se identificaban de manera plena. Actuaron a favor del programa político de la burguesía asociada, buscando resistir puntual y selectivamente algunos de sus aspectos, como las altas tasas de intereses. Se presentaron entonces en la escena política de manera defensiva con relación a los intereses de la burguesía asociada y ofensiva respecto a los intereses de los trabajadores.

Hay todavía dos cuestiones importantes por revelar en ese proceso: la primera es la de que, a diferencia de los cuadros superiores de la clase media y de su protagonismo en las manifestaciones ocurridas desde inicios de 2015, los principales representantes de la gran burguesía interna se negaron a asumir de modo abierto el impeachment de Dilma. En un primer momento, la gran burguesía interna prefirió presionar al gobierno para ganar privilegios, obtener concesiones y hacer sangrar al PT, etcétera. El apoyo en bloque al impeachment sólo se dio de manera afectiva a partir de mediados de marzo de 2016, inmediatamente después que Lula sufriese la detención coercitiva al mando del juez Sergio Moro y de que Dilma intentase nombrar sin éxito a Lula como ministro, gesto éste interpretado como una forma de impedir su investigación, y de la realización de una de las mayores manifestaciones contra el gobierno el 13 de marzo. La segunda cuestión es respecto al hecho de que el propio impeachment fue utilizado como una forma de intentar controlar la operación Lava Jato, como quedó claro a partir de las grabaciones de conversaciones realizadas en marzo y sólo reveladas a finales de mayo de 2016, entre el ex presidente de Transpetro, Sergio Machado, el diputado federal Romero Jucá (PMDB-RR) y el senador Renan Calheiros (PMDB-AL). De ese modo, el anuncio oficial de rompimiento del PMDB con el gobierno de Dilma, al final de marzo, encaja a la perfección en esa dinámica del golpe.

El consorcio corporativo mediático, el Poder Judicial, amplios sectores mayoritarios del Congreso Nacional y la policía militar y federal fueron fundamentales para emitir ataques contra el gobierno de Dilma, combinando investigaciones de corrupción, teatralización de las denuncias y represión de las manifestaciones contrarias al golpe de Estado. Antes incluso que la investigación fuera concluida, el denunciado ya sufría el proceso de linchamiento mediático, viniendo a consumarse la máxima: “no tengo pruebas, pero sí convicciones”. Incluso habiendo aplicado el gobierno de Dilma un ajuste fiscal, era necesario derribar al presidente del Ejecutivo federal, pues la historia reciente de los gobiernos petistas de realizar reformas al capitalismo neoliberal y su proximidad con sectores del movimiento sindical y popular le impedían avanzar en la ejecución de políticas de interés para la burguesía asociada al capital financiero internacional. No es casual por tanto que los principales blancos de ataque del consorcio mencionado fueran justamente los mayores representantes del proceso de reformas del capitalismo neoliberal: la Petrobrás, los contratistas y el PT (incluidas aquí las fuerzas progresistas en general). A partir de ese discurso contra la corrupción, la ideología neoliberal de carácter más ortodoxo, que había perdido terreno en la década de 2000 en el ámbito de la escena política, logró ganar espacio en la lucha de ideas al presentarse como de interés general. El golpe de Estado emprendido contra el gobierno de Dilma puede concebirse como una medida de fuerza utilizada por la burguesía asociada para recuperar la hegemonía ideológica perdida con los gobiernos petistas y profundizar, así, las contrarreformas neoliberales. Esa cuestión aún está pendiente, pero la tendencia de todo proceso desarrollado hasta aquí (noviembre de 2016) es a la que acabamos de hacer referencia.

c) La crisis política se presenta de tal forma por caracterizarse como una situación de condensación de contradicciones, donde se observa la presencia de una fuerza organizada con capacidad de realizar cambios en las relaciones de clase vigentes. ¿Qué contradicciones se acumularon y cuáles fueron los realineamientos políticos ocurridos en la coyuntura brasileña actual?

Cuando nos referimos a la condensación de contradicciones, sugerimos que la explicación de la crisis es multicausal, o sea, la crisis política actual no se explica de manera unilateral, por una única variable. Entre los factores principales que influirán en el estallamiento de la crisis política en curso destacamos los siguientes:

1. Las disputas interimperialistas trabadas entre dos influyentes bloques de países, Estados Unidos/Unión Europea y China/Rusia, han producido efectos en la geopolítica de América Latina y provocado cierta reaproximación de naciones como Argentina y Brasil con Estados Unidos y la Unión Europea. Si durante la década de 2000 América Latina experimentó el proceso de rechazo al Plan ALCA, el fortalecimiento de los acuerdos económicos regionales, entre los cuales se destaca el Mercosur, y la aproximación comercial con China, en la coyuntura actual se difunden con más intensidad cuestionamientos contra el Mercosur y otros acuerdos regionales, se asiste a la revelación de documentos secretos vía Wikileaks y se proyectan iniciativas gubernamentales que buscan intensificar la apertura de la economía latinoamericana al capital extranjero, siendo los casos de las reservas brasileñas de petróleo –el Presal– y la articulación del Tratado Transpacífico, los más emblemáticos en este proceso. Se profundizan las críticas al reconocimiento de China como economía de mercado, especialmente tras la caída del precio de los commodities que estremeció varias economías latinoamericanas, entre la cuales está la brasileña, que se tornaron muy dependientes de la exportación de commodities para China.

2. Los efectos retardatarios de la crisis económica de 2008, que han llevado a las grandes potencias imperialistas a exigir, principalmente de los países dependientes, mayor rigor fiscal, que implica presionarlos con altas tasas de interés y reducción del gasto en rubros básicos, en busca de asegurar los intereses del capital financiero internacional. Aquí, llevamos la atención al hecho de que a finales de 2012, representantes del capital financiero internacional iniciaron una campaña contra la reducción de la tasa de interés promovida por el gobierno de Dilma; se llegó a tal grado que, incluso, la revista The Economist (2012) solicitó la dimisión de Guido Mantega, entonces ministro de Hacienda. No tardó mucho para que el gobierno se retractara y volviese a elevar la tasa de interés Selic, a partir de 2013, que había alcanzado el nivel más bajo anual desde que fuera creada, en 1996: 7.25 por ciento entre octubre de 2012 y marzo de 2013. La nominación de Levy y la aplicación del ajuste fiscal en el segundo periodo de Dilma son pruebas de la eficacia de esas presiones contra el sentido de las políticas de gobierno que se posicionaban en contradicción con los intereses del capital financiero internacional.

3. El crecimiento exponencial de las huelgas, que se sextuplicó, si tomamos como referencia su evolución entre 2003 (a inicios del gobierno de Lula, en el cual se registraron 340 huelgas) y 2013. En el último dato del Balance de Huelgas Dieese publicado en 2015 se contabilizaron 2 mil 50. Otro dato importante es que, a partir de 2012, éstas pasaron a concentrarse más en la esfera privada; tuvieron un aumento de 464 a mil 106 de 2012 para 2013 en el sector privado, y de 410 a 933 en la suma de paros de trabajadores del sector público y de empresas paraestatales. El número de horas laborales perdidas también aumentó por el crecimiento continuo, después de mostrar una pequeña caída en 2008, cuando se registraron 24 mil 681 horas perdidas, hasta alcanzar el pico en 2013, con 111 mil 342 inactivas.

4. La fuerte polarización de las elecciones presidenciales de 2014 y la pérdida de la base parlamentaria del gobierno de Dilma fueron otros factores decisivos para el estallamiento de la crisis política. Sobre la polarización electoral, es preciso observar que Dilma se presentó en el conflicto como una alternativa al neoliberalismo representado por el PSDB, valiéndose para eso de una estrategia de mercadotecnia política que anunciaba la catástrofe social que representaría la victoria de Aécio Neves.

Derrotado en las urnas una vez más, desde el primer momento el PSDB intentó invalidar los resultados electorales. Pocos días después de la segunda vuelta de las elecciones realizadas a finales de octubre de 2014, el PSDB solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) una auditoría de las urnas electrónicas, intentando reaccionar a los resultados de la contienda. En diciembre, poco antes de la toma de poder de Dilma, prevista para enero de 2015, Aécio Neves y otros líderes y movimientos de oposición lanzaron videos y convocatorias en las redes sociales para un acto contra el petrolão (el petrolazo), “la corrupción estatal” y los “abusos del gobierno del PT”. Casi dos semanas después, el PSDB formalizó con el TSE un pedido de investigación de la fórmula Dilma-Temer, acusándola de utilizar recursos provenientes de actos de corrupción para realizar la campaña y pidiendo la investidura de su candidato derrotado en las urnas. Como la primera iniciativa había fracasado y la segunda necesitaba una respuesta del Tribunal de Cuentas de la Unión, a inicios de marzo de 2016 Aécio Neves, aprovechándose del clima de organización de los primeros actos masivos contra Dilma, utilizó la tribuna del Senado federal para demandar su renuncia. Finalmente, después de trabajar de manera insistente por medio de aproximaciones parlamentarias y convocatorias para movilizaciones públicas, en diciembre de 2015, el PSDB asumió de forma oficial la demanda de impeachment de la presidenta.

Por lo que se refiere a la base parlamentaria del gobierno de Dilma, llaman la atención las directrices defendidas por la nueva composición del Congreso Nacional, que resultó en una ampliación del número de parlamentarios con perfil liberal y contrarios a los programas sociales ejecutados por los gobiernos petistas –como la política de cupos étnicas (para el ingreso en las universidades) y el Bolsa Família–, de acuerdo con la Radiografía del Nuevo Congreso publicada por el DIAP en 2014. Para agravar la situación, la Cámara federal eligió como presidente de la Casa al diputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), en febrero de 2015, resultando en la derrota de la candidatura del diputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) –defendida por el gobierno de Dilma– y el surgimiento de conflictos entre el Ejecutivo federal y el Congreso, teniendo en cuenta que Cunha reafirmó su bandera de campaña de mantenerse independiente del gobierno. A pesar de haber declarado el rompimiento con el gobierno a mediados de julio de 2015, tras ser acusado en el proceso de Lava Jato, en la práctica Cunha siempre actuó en apoyo de la oposición al gobierno, en particular cuando organizó la aprobación de las “directrices bombas” en busca de aumentar los gastos gubernamentales cuando el gobierno de Dilma defendía la propuesta de contención de gastos. Luego, en diciembre, después que la bancada del PT votara por la continuidad del proceso contra Cunha en el Consejo de Ética por falta de decoro parlamentario, el entonces presidente de la Cámara aceptó el pedido de impeachment de la presidenta Dilma, presentado por los juristas Hélio Bicudo, Janaina Paschoal y Miguel Reale Jr. A partir de ahí Cunha se convirtió en pieza clave para garantizar la admisibilidad del impeachment de Dilma, como quedó probado en la votación de la sesión plenaria de la Cámara federal realizada el 17 de abril de 2016, con amplia cobertura de los medios de comunicación y la comparecencia de los diputados, quienes no tenían pruebas de que la presidenta hubiera cometido crimen de responsabilidad, pero sí la plena convicción de que estaban aprobando el caso en nombre de Dios, de la familia y de sus negocios particulares.

5. Las manifestaciones públicas masivas fueron otro aspecto fundamental que contribuyó para que se profundizara la crisis política. Las principales manifestaciones del periodo fueron las ocurridas el 15 de marzo, 12 de abril, 16 de agosto y 13 de diciembre de 2015 y 13 de marzo, 17 de abril y 31 de julio de 2016; contaron con fuerte apoyo y cobertura de la mass media corporativa; y dependieron del empeño organizativo del Movimento Brasil Livre, Revoltados Online y Vem para Rua, entidades que estuvieron al frente de esas protestas públicas y tendieron a adoptar como consigna “Fuera PT”, “Fuera Dilma”, “Fuera corruptos” y “Nuestra bandera jamás será roja”. En líneas generales, en el perfil de los manifestantes predominó el de clase media, especialmente de alta clase media, que posee alta escolaridad, rendimientos superiores a 10 salarios mínimos y adopta como bandera central la lucha contra la corrupción.

Nos resta discutir un aspecto fundamental respecto a los realineamientos políticos que comenzaron a producirse en el contexto del primer gobierno de Dilma, especialmente en el primer semestre de 2013, y se consumaron con el proceso de impeachment. ¿Cuál fue el realineamiento político principal que nos permite caracterizar la crisis política como tal y como crisis del social-liberalismo? Para responder resulta preciso observar dos dimensiones del fenómeno: la de las contradicciones existentes en el seno del gran capital y la relación de las clases dominantes con las clases dominadas.

El aspecto fundamental de la crisis política es el realineamiento de la gran burguesía interna frente a la política conservadora dirigida por el gran capital asociado al capital financiero internacional, apoyada principalmente por las elites superiores de las clases medias. Presionada por el ámbito político conservador y por el crecimiento exponencial de las huelgas, especialmente en el sector privado, la gran burguesía interna se adhirió a la política draconiana del ajuste fiscal y exigió contrapartidas; o sea, el “trago amargo” del ajuste no debería resultar en aumento de impuestos. Muy por el contrario, debería venir acompañado de un conjunto de medidas que garantizasen una reducción de los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo, lo que implica corte de gastos sociales, subcontratación, reforma laboral que posibilite la preeminencia de lo negociado sobre lo legislado, reforma de previsión, etcétera. En medio de la crisis, algunas importantes iniciativas tomadas por la gran burguesía interna pueden ser consideradas como marcos de este realineamiento: la Agenda Brasil, la campaña contra la vuelta de la CPMF (un impuesto a diversas transacciones financieras) y contra el aumento de impuestos (¡No vamos a pagar el pato!), Uma Ponte para o Futuro (Un Puente para el Futuro, programa económico creado por el PMDB) y, finalmente, la movilización, primero favorable a la renuncia y después al impeachment de la presidenta Dilma encabezadas por entidades como la FIESP. Tal entidad lideró, en el medio empresarial, la campaña por el impeachment y tardíamente recibió el apoyo de otras confederaciones y federaciones, entre la cuales destacan la Confederación Nacional Industrial, la Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria, la Firjan y la Federación Brasileña de Bancos.

El espíritu general de esas iniciativas coincide con la política de resistencia puntual y selectiva al neoliberalismo ortodoxo adoptado por la gran burguesía interna ante la crisis económica y política. Tal comportamiento nos hace recordar las reflexiones de Florestan Fernandes sobre la burguesía brasileña en la obra A revolução burguesa no Brasil (La revolución burguesa en Brasil). En ella es caracterizada como una “burguesía taquete” ya que, dada su fragilidad político-ideológica para enfrentar los intereses del imperialismo, y buscando garantizar sus intereses particulares y supervivencia, precisa de ser muy fuerte para contener e inmovilizar los intereses de los trabajadores. Para evitar caer en una visión esencialista sobre el comportamiento político de la gran burguesía interna, nos parece plausible afirmar que la crisis actual condujo a dicha fracción burguesa a lo que llamaríamos el “momento de la burguesía taquete”, analizado por Florestan en el posgolpe de 1964, distinto del comportamiento adoptado por la gran burguesía interna en el periodo 2005-2013. Aquí es importante observar que tal momento se construye por lo menos desde una segunda fase de las manifestaciones de junio de 2013, cuando éstas pasaron a asumir una forma de movimiento espontaneísta que, a final de cuentas, fue dirigido por una plataforma más claramente conservadora. En esa segunda fase, una de las entidades que representan la gran burguesía interna, la FIESP, enciende las luces verdes y amarillas de su predio en la avenida Paulista como forma de apoyo a las manifestaciones que se proyectan incluso contra el gobierno federal. En el periodo más reciente, la misma FIESP volvió a proferir una serie de amenazas al gobierno. En las elecciones presidenciales de 2014, el presidente de la FIESP y candidato a gobernador de Sao Paulo, Paulo Skaf, llegó a afirmar que su candidato era Michael Temer, ignorando así el nombre de Dilma.

Tras defender la propuesta de que el “trago amargo” del ajuste fiscal debería ser pasajero y acompañarse de medidas favorables a los industriales, como las subcontrataciones, la FIESP procedió a portar la bandera de la renuncia de Dilma, hasta adherirse, finalmente, a la tesis del impeachment de la presidenta, sobre el alegato de que las pedaladas fiscais (contratación ilegal de créditos bancarios) eran indicadores de que el gobierno habría cometido crimen de responsabilidad, y también con el argumento de una parálisis ejecutiva del Ejecutivo. La FIESP incluso creó una campaña que tenía como lema “Não vamos pagar o pato!” (¡No vamos a pagar el pato!) y que, en alusión a la cobranza de impuestos, promovió la línea política de que el ajuste fiscal debía ser orientado por el corte de los presupuestos básicos y participó activamente en las manifestaciones contra el gobierno de Dilma. La figura de su presidente, Paulo Skaft, adquirió protagonismo en la coyuntura en cuestión. Aun cuando otras federaciones y asociaciones patronales hayan participado de esas manifestaciones, en la escena política, la FIESP asumió la dirección de la lucha de amplios sectores de la burguesía contra el gobierno de Dilma.

En resumen, el realineamiento político de la gran burguesía interna dirigida al modelo político conservador dinamitó al frente político que venía sustentando las reformas del capitalismo neoliberal y puede considerarse fuerte indicador del fortalecimiento político e ideológico de la burguesía asociada al capital financiero internacional, imponiendo al modelo popular y sindical duros obstáculos por superar en términos organizativos, programáticos y de métodos de lucha. El aspecto virtuoso de dicho proceso se encuentra en la propia crisis del social-liberalismo que puede llevar a las fuerzas progresistas socialistas y no socialistas a buscar construir alternativas más allá del social-liberalismo. Tal vez el debate sobre la actualidad del programa democrático-popular, abandonado por el PT, sea importante para trazar un horizonte de lucha de masas dirigido a la articulación entre un frente táctico antiimperialista y antimonopolista con una estrategia revolucionaria socialista de largo plazo. ¡Tiempos difíciles!

Traducción de Armando Herrera


1 A través de la manutención del tripié macroeconómico –altos intereses, tipo de cambio fluctuante y superávit primario– de la Desvinculação de Receitas da União, expediente que permite al gobierno federal utilizar libremente 20 por ciento del presupuesto y utilizarlo, incluso, para pagar deuda; de la Ley de Responsabilidad Fiscal (ley complementaria número 101/2000), que castiga a los entes públicos que manejaren el presupuesto de manera “irresponsable” (léase: contra los intereses de los creadores de deuda), imponiendo límites a la expansión de los gastos y de los servicios públicos; de la Ley de Quiebras (ley 11.101/2005), que amplía el poder correspondiente a los creadores de deuda de las empresas en proceso de quebrar.

2 Se destacan aquí los desembolsos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para las grandes empresas beneficiadas con crédito: el Programa de Aceleración del Crecimiento; o Programa Mi Casa, Mi Vida; o Programa Brasil Mayor; o Programa de Logística e Infraestructura; las obras de la Copa del Mundo y de las Olimpiadas; la política de exención de la nómina de salarios y de la canasta básica; la reducción progresiva de la tasa de intereses Selic; la reducción de las tasas de energía eléctrica; la reducción de impuestos sobre productos industrializados; los incentivos dados a la internacionalización de la empresas brasileñas; las exportaciones de commodities; y la compra de productos nacionales hecha por el sector petrolero.