El neoliberalismo ha sido la estrategia general del capital para recomponer las condiciones de largo plazo de su valorización y acumulación, cuyas bases estructurales fueron puestas en entredicho con la manifestación de la tendencia descendente de la tasa general de ganancia a lo largo y ancho del mundo al final de la década de 1960 y durante la de 1970. La estrategia neoliberal se fue delineando como respuesta integral –económica, social, política e ideológica– a la crisis estructural de sobreacumulación mundial, desde el decenio de 1970, cuando América Latina fue utilizada como sangriento laboratorio, en Chile, Uruguay, Perú y Argentina, por los ideólogos y políticos impulsores de la contrarrevolución neoliberal.
Los contenidos generales de la reestructuración neoliberal se han delimitado en un marco de relativo debilitamiento de las clases trabajadoras frente al capital, de renovado poder de las formas financieras y especulativas de valorización de capital, de creciente dominio de las cada vez más concentradas y centralizadas corporaciones transnacionales y del sostenimiento de Estados Unidos como principal potencia mundial pese a su declinante hegemonía económica.
En el plano de la política económica, además de su carácter desregulador, el neoliberalismo presenta tres dimensiones básicas, que se determinan mutuamente y expresan su naturaleza al mismo tiempo clasista e imperialista: es antilaboral, globalizador y financiarizador. Estas tres dimensiones, si bien han fortalecido la rentabilidad general del capital, no sólo no han logrado una reactivación general y estable de la acumulación productiva en el plano mundial sino que, por sus efectos sociales y políticos contradictorios, han deteriorado las bases normativas e institucionales de reproducción del sistema capitalista global formadas durante la segunda posguerra.
La dimensión antilaboral, dirigida a disminuir los costos salariales de producción y fortalecer con ello la rentabilidad general del capital, se ha desplegado por conducto de agresivas políticas de desregulación y flexibilización laboral. Sus saldos han sido, por un lado, precarizar las condiciones de trabajo, de remuneración y de reproducción de los trabajadores, lo mismo que concentrar de manera regresiva el ingreso y la riqueza a lo largo y ancho del mundo; y, por otro, debilitar a escala mundial los mercados de masas de productos estandarizados como motores de la acumulación, en favor de los mercados de productos diferenciados para los estratos de altos ingresos; finalmente, inhibir la aplicación de innovaciones tecnológicas ahorradoras de trabajo vivo y, por tanto, impulsoras de la productividad de dicho trabajo en los numerosos eslabones de las cadenas globales de valor que el capital ha relocalizado hacia los espacios locales y nacionales de acumulación de salarios más bajos o de menor observancia de los derechos laborales.
La dimensión globalizadora, orientada a abrir nuevos espacios geográficos para la valorización del capital a través de la eliminación de barreras a la libre circulación internacional de las formas de capital (comercial, productivo, financiero y especulativo), ha sido uno de los fundamentos de la destrucción de formas no capitalistas de producción por la vía del despojo o de las reformas de mercado en los países del bloque “socialista” y de la consiguiente incorporación de centenas de millones de trabajadores al ejército industrial de reserva mundial. Esta expansión y globalización de los mercados laborales, al agudizar la competencia entre los propios trabajadores, ha sido una de las bases objetivas de la exitosa continuidad de las políticas antilaborales.
La dimensión financiarizadora, resultante de la expansión de formas y espacios de valorización no productivos como alternativa al debilitamiento de la rentabilidad productiva, y basada en la desregulación generalizada de las actividades financieras y especulativas, ha tenido efectos sumamente contradictorios. Aunque ha fortalecido la rentabilidad de todo tipo de capitales individuales involucrados en dichas formas de valorización no productiva, al atraer una parte importante del crédito hacia el financiamiento de éstas, ha inhibido la dinámica de la inversión productiva y, con ello, el crecimiento del producto y el empleo, lo mismo que la incorporación de innovaciones tecnológicas a los procesos productivos. Asimismo, en la medida en que la expansión de las burbujas especulativas tiene como límite absoluto el hecho de que las ganancias financieras y especulativas sólo son, en última instancia, parte del plusvalor producido en las esferas de la producción, ha conferido al sistema una inestabilidad estructural expresada en las recurrentes crisis crediticias y financieras desde la década de 1980.
La modalidad mexicana de reestructuración neoliberal
Aunque el despliegue de la estrategia neoliberal de reestructuración ha tenido rasgos comunes en todos los espacios nacionales de acumulación que forman el mercado mundial, en cada uno de ellos presenta especificidades determinadas por las particularidades de las correlaciones de fuerzas económicas y políticas entre clases sociales y fracciones de clase, entre grupos de poder e interés y entre capitales locales y foráneos. En su conjunto, tales correlaciones determinan las diferencias en el diseño y la instauración de las políticas públicas, y configuran distintas dinámicas de articulación con el mercado mundial.
En el caso de México, la dirección que tomó la reestructuración neoliberal comenzó a definirse con el fraude electoral de 1988, cuando en “la disputa por la nación” resultó vencedor el grupo de poder más cosmopolita, financiarizador, antipopular y autoritario. Por ello, la modalidad mexicana de reestructuración neoliberal se ha caracterizado por su naturaleza desnacionalizadora, desindustrializadora, antilaboral y antidemocrática extremas en comparación con otras economías periféricas y, en particular, con el resto de las latinoamericanas.
La modalidad neoliberal mexicana, cuya imposición se refrendó con el nuevo fraude electoral de 2006, se caracteriza en lo general por la precariedad cuantitativa y cualitativa de la acumulación productiva interna. El radical retraimiento de la inversión pública y la insuficiente reactivación de la inversión privada, pese a la recuperación parcial de la rentabilidad general del capital, dan cuenta del lento crecimiento de la actividad económica y del empleo, lo mismo que de la exigua dinámica de la innovación tecnológica y la productividad en las últimas tres décadas y media.
Las insuficiencias de la inversión productiva privada se explican, en primer lugar, por la dependencia externa de la estructura productiva que ha resultado, por el lado de la demanda, del estancamiento estructural del mercado interno y de la subordinación a los mercados de exportaciones, especialmente de Estados Unidos; por el lado de la oferta, de los efectos desindustrializadores de la apertura comercial indiscriminada y la consiguiente destrucción de eslabones productivos internos. La inversión privada es inhibida, en segundo lugar, por el sesgo financiero macroeconómico y sectorial de la modalidad neoliberal de acumulación en México, expresado en altas tasas de interés domésticas y amplios diferenciales entre tasas activas y pasivas, y determinado esencialmente por la estructural dependencia financiera externa derivada del persistente déficit en cuenta corriente.
La precariedad del trabajo en México
El lento dinamismo de la acumulación explica el exiguo crecimiento del empleo en el país. En la gráfica 1 se observa que el personal ocupado total se ha incrementado a partir de 1996 a una tasa promedio anual de apenas 2.2 por ciento, pese a la entrada en operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esa tasa se reduce a 1.8 por ciento a partir de 2001, cuando el gran dinamismo de las exportaciones maquiladoras hacia Estados Unidos disminuye frente a la creciente competencia de las exportaciones manufactureras de China. La relativa debilidad de los trabajadores en los mercados laborales resultante del lento dinamismo de la demanda de fuerza de trabajo se expresa, en primer lugar, en los flujos cíclicos y contracíclicos entre la ocupación remunerada y el trabajo por cuenta propia (misma gráfica 1). En términos más estructurales, tal debilidad se expresa en el alto nivel de desocupación encubierta (desocupados no registrados como tales porque, como están convencidos de que no encontrarán empleo, no lo buscan ni forman por tanto parte de la población económicamente activa) y de subocupación (que buscan más horas de trabajo o uno adicional). En la gráfica 2 se aprecia, a través de la constatación de cómo la tasa de desocupación subestima con vigor el problema del desempleo en el país, la precariedad de los mercados laborales aquí: en las últimas dos décadas, la tasa de desocupación y desocupación encubierta presenta niveles promedio de 15 por ciento; la tasa que incorpora adicionalmente a los subocupados se sitúa en niveles promedio superiores a 20 por ciento.
La debilidad de los trabajadores en los mercados laborales se expresa también, por supuesto, en los bajos niveles generales de los salarios reales (de su poder de compra). En la gráfica 3 se registra cómo los salarios reales en la industria manufacturera, pese a experimentar una tendencia creciente de largo plazo a partir de 1997, de ninguna manera han recuperado los niveles máximos alcanzados en 1977. (En la actualidad tienen un poder de compra casi 30 por ciento menor que a mediados de la década de 1970.) La persistente depresión de los salarios reales se explica, en primer lugar, porque la nueva articulación de la economía con el mercado mundial se ha centrado en la exportación de productos en los que se tiene ventaja competitiva por bajos costos salariales (en especial la maquila de exportación) o por factores naturales (productos primarios) y, mucho menos, en la exportación de productos de mayor componente tecnológico. La contracción del poder de compra de los salarios a partir de 1976-77, particularmente aguda desde 1981-82, se ha sustentado en una política estatal que, reforzando la tendencia anterior, ha impedido la recuperación del poder de compra del salario mínimo (a contrapelo de lo sucedido en el resto de América Latina), que sigue siendo (misma gráfica 3) el fundamento de los niveles de todos los estratos de la estructura salarial.
La precariedad de la remuneración del conjunto de los trabajadores mexicanos se ha profundizado especialmente a partir de la gran recesión de 2007-2009. La participación en la fuerza laboral ocupada de trabajadores con “altos salarios” –más de 5 salarios mínimos, más de 3 y más de 2– ha disminuido de manera sistemática, al tiempo que se ha incrementado la participación de los que reciben “bajos salarios” –sobre todo entre 1 y 2 salarios mínimos, pero también menos de 1– (que, con los que no reciben remuneración, constituyen más de 55 por ciento de los ocupados; gráfica 4).
A su vez, la precariedad de las condiciones de trabajo se expresa tanto en jornadas excesivamente largas (más de 48 horas semanales) como demasiado cortas (menos de 15 semanales): ambas, donde se halla alrededor de una tercera parte de los ocupados, son razón fundamental del subempleo (gráfica 5).
Finalmente, la precariedad de las condiciones de reproducción de la fuerza laboral se expresa en la posibilidad de acceso a servicios médicos (gráfica 6). En el país, sólo la tercera parte de los ocupados tiene acceso a instituciones de salud.
En síntesis, la precariedad de las condiciones de trabajo y de vida de la mayor parte de la población mexicana es, al mismo tiempo, la base y el resultado continuamente renovado de la modalidad neoliberal de acumulación impuesta por la vía de un autoritarismo que niega, por ejemplo, la simple alternancia electoral. Revertir esta situación, que ha adquirido carácter estructural, implica la reivindicación permanente del respeto irrestricto del marco legal, en particular el electoral, y la discusión de un proyecto económico alternativo que tenga como centro el desarrollo pleno de las condiciones de reproducción, no del capital sino de los trabajadores.
