12 años de lucha por la justicia
Entrevista con Claudia Hernández
En mayo del 2006, el gobierno federal de Vicente Fox Quesada y el estatal de Enrique Peña Nieto se coordinaron para llevar a cabo un operativo represivo contra los campesinos de San Salvador Atenco. Una pequeña protesta en apoyo de un grupo de floricultores fue aprovechada por el gobierno para desatar una represión que, según todos los reportes de derechos humanos, fue desmedida, innecesaria e ilegal. Se detuvo a cientos de personas, y dos jóvenes (Alexis Benhumea y Javier Cortés) fueron asesinados.
Desde entonces, la lucha por la justicia no ha parado. En especial, 11 mujeres que fueron objeto de tortura física, psicológica y sexual han luchado por todas las instancias posibles por un castigo para los responsables y la garantía de no repetición. Tras largo proceso, el 21 de diciembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia donde condena al Estado mexicano y establece una serie de medidas reparatorias.
Por su importancia, en la revistaMemoriaqueremos recuperar el testimonio de este proceso. Entrevistamos a Claudia Hernández, una de las 11 denunciantes, en 2006 activista estudiantil y víctima de la represión del Estado. Aquí nos comparte cómo ha sido esa larga lucha de 12 años, su valoración sobre la sentencia de la CIDH y los pasos que vienen en este proceso por la justicia.
Antes que nada, nos gustaría que comentaras cómo fue el proceso de la denuncia, cómo fue la denuncia en México y porqué se llegó a la CIDH.
Fueron 12 años de recorrer todas las instancias. Para que tengas acceso al sistema interamericano, uno de los requisitos es que agotes todas las instancias de justicia nacionales.
En nuestro caso, el proceso se inició el mismo 3 y 4 de mayo de 2006, cuando nos detuvieron de manera arbitraria, sin notificarnos por qué estábamos detenidas. Después no tuvimos un debido proceso, no fuimos presentadas ante un Ministerio Publico, sino que inmediatamente nos llevaron a la cárcel, ya después llevaron al MP dentro del penal, donde querían hacernos firmar testimonios en blanco como condición para permitirnos ponernos en contacto con nuestros familiares. Cuando llegamos, estábamos muy golpeados y habíamos pasado por la tortura psicológica, física y sexual. Es importante hacer hincapié en esto último porque justo nuestra demanda ante la Corte fue por tortura sexual. Entonces, llegamos así al penal, no se nos permitió hacer ningún peritaje y que quedara documentado todo lo que habíamos pasado en el traslado desde Atenco hasta la cárcel en Almoloya de Juárez.
Después de pasar todo eso acudimos a diferentes instancias. Primero hicimos la denuncia en el Ministerio, y se logró hacer una investigación, pero sancionaba solamente a policías estatales, ni siquiera a los federales, y menos hablemos de militares, solamente a los estatales, algunos médicos legistas y psicólogos, pero no se investigó la cadena de mando, lo que exigíamos a lo largo de todos estos años. Además, ni siquiera se juzgó a los policías por tortura sexual sino que se les procesó por actos libidinosos. Por eso salieron libres, bajo fianza, sin ningún problema; igual a los médicos se les absolvió. No hubo justicia. Después, en la resolución que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema dice que, efectivamente, están involucrados los tres órdenes de gobierno: policías estatal, municipal y federal. Sin embargo, se habló nada más de policías estatales que habían actuado solos, fuera de control, sin órdenes, en hechos aislados.También acudimos a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y era lo mismo: nos pedían que demostráramos que habíamos sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Nos pidieron de nuevo peritajes, peritajes físicos cuando ya habían pasado tres o cuatro meses de los hechos y, obviamente, ya no teníamos golpes ni heridas notables.
Durante 12 años, nuestra lucha ha sido porque se diga la verdad, que esos hechos ocurrieron, que en Atenco pasó esto, que hubo violaciones a los derechos humanos, que hubo tortura física, psicológica, sexual y que dijeran la verdad y, sobre todo, que se investigue a los altos funcionarios y no sólo a los policías estatales. Entonces, después de la fiscalía, después que la SCJN atrajo el caso, pero sólo hizo esa resolución, donde no distinguía la participación de las autoridades sin señalar a los involucrados ni responsables del operativo, que fue cuando salieron los últimos presos políticos, los últimos entre los que se encontraba Ignacio del Valle y Felipe Álvarez.[1]Después de eso ya se agotan las instancias nacionales, se demuestra ante la Comisión Interamericana y en 2008 ya es admitida en la Comisión Interamericana.
Y en la CIDH ¿cómo fue el proceso?
Empezamos en 2008 con la Comisión Interamericana y se inicia investigando todo el tema de que, efectivamente, en las instancias nacionales no se había tenido justicia. Hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano, donde pide que investigue con imparcialidad toda la cadena de mando y que se reúna con nosotros para llegar a una resolución amistosa entre las dos partes. Pero cuando nos reunimos con autoridades de Gobernación, se mete en la dinámica de querernos dar apoyo económico: becas, apoyo psicológico; le quisieron dar más peso a eso que a investigar la cadena de mando, quiénes dirigieron este operativo. Se demostró que se habían cometido graves violaciones de los derechos humanos, y ellos se quisieron ir por otro rumbo. Por tanto, no hubo una solución amistosa entre las partes, no estuvimos de acuerdo. Nuestra lucha ha sido más por lograr garantías de no repetición, pues nos hallamos preocupadas por la situación que ocurre en México, por las graves violaciones que se desencadenan. Nuestra lucha es por obtener verdad y justicia.
No estuvimos de acuerdo, y la Comisión Interamericana emitió un informe de fondo; dijo que el Estado no cumple las recomendaciones que le hicieron, y entonces se da paso a la Corte como la máxima instancia. En noviembre de 2017 estuvimos ante la Corte para una audiencia pública y dar nuestros testimonios las 11 mujeres de manera oral y escrita. Ahí hicimos públicas nuestras demandas a los jueces; les comentamos los hechos, nuestros testimonios de lo que había ocurrido, y de ahí surge un año después la sentencia que emite la Corte Interamericana en diciembre de 2018.
¿Y cuál es tu valoración de esa sentencia?
Para mí, es muy importante esa sentencia porque desde el principio nosotros denunciamos lo que nos había pasado, que fuimos detenidas ilegalmente, que no tuvimos un debido proceso, que fuimos acusadas de cosas que no habíamos hecho y que el operativo no se justificaba. En ese sentido, la Corte hoy viene a reconocer en primera instancia que el operativo era irrazonable y no se justificaba, fue totalmente innecesario. Después, la Corte a lo largo de la sentencia muchas veces menciona que somos inocentes. Los cargos por los que nos detuvieron no justificaban nada; ello fue ilegal, violaron nuestros derechos humanos. También reconoce que la tortura fue física, fue psicológica, y en el caso de las mujeres se ejerce una tortura sexual como una estrategia de control sobre la población. Mucho de lo que hemos dicho a lo largo de estos 12 años la Corte lo analiza y lo recoge en la sentencia. También son importantes las garantías de no repetición: la Corte pide crear un observatorio independiente con participación de la sociedad civil para que monitoreen el uso de la fuerza pública, pues dice: “Vemos en el caso de México que fue sistemático, que hay una grave violación de los derechos humanos, que hay un mal uso de la fuerza pública y que tiene que hacerse un observatorio para que analice y monitoree al Estado y esté rindiendo cuentas”. Lo más importante para mí es que la Corte ahora indica que debe haber una nueva investigación donde se abarque a todos los participantes de ese operativo: desde los operativos hasta los altos funcionarios; y, por supuesto, el ex gobernador Peña Nieto tiene que estar en esa investigación.
Para mí, es una de las más grandes victorias. Lo que hemos dicho a lo largo de 12 años: no fueron sólo policías, no fue algo aislado, sino con una estrategia que, además, fue un operativo que estuvieron viendo los altos funcionarios en tiempo real, porque eso todo el tiempo estuvo televisado y no hicieron nada. Sí hubo una indicación, un control y había una jerarquía en esos operativos. Además, se hizo con toda la intención de violentar los derechos humanos y un objetivo político, controlar los movimientos sociales.
¿Qué exigirías en concreto al nuevo gobierno en cuanto a la investigación?
Nombrar a todos los responsables del operativo y sancionarlos por las graves violaciones de que fuimos víctimas todos los que estuvimos en Atenco. Porque, aunque somos 11 denunciantes, en esa ocasión, entre el 3 y el 4 de mayo, se detuvo a más de 240 personas. Fueron detenciones masivas, y entre toda esa gente había estudiantes, amas de casa, gente que sólo iba pasando por la calle, y a quienes destruyó totalmente la vida. Se tiene que nombrar a cada uno de estos funcionarios y sancionarlos porque, además, la impunidad ante las violaciones de derechos humanos está creando una crisis en el país. Es importante que se sancione para acabar con la impunidad y que no haya repeticiones de esta índole.
En cuanto a la lucha, ¿cómo te sentiste en estos 12 años, cómo te acompañaron las organizaciones y los movimientos sociales?
Es muy complicado porque, tras un evento como el que nos ocurrió en Atenco, hay un dolor muy fuerte, hay mucho de la reconstrucción que tiene que ser primero como persona porque cuando estás ahí en un autobús, cuando te están torturando, la verdad es que rompen, rompen algo dentro de ti, rompen lo que eres, rompen tu fuerza, rompen mucho de lo que eres. Después de hechos así, la verdad es difícil reconstruirse, depende de ti como persona y depende también de la solidaridad de los demás. Mucho de lo que he podido reconstruirme ha sido a partir de la solidaridad de los movimientos sociales. Cuando había momentos en los que me sentía muy mal, muy triste, muy cansada, sin esperanza, enojada, encabronada por todo lo que estábamos viviendo. Cuando los acusaban de actos libidinosos solamente, frustrada por todo esto, llegaba el empuje de los movimientos sociales y de los compañeros que siempre nos acompañaban con una tarjeta, o en un mitin o en una actividad. Y sí, la verdad es que me infundieron mucha fuerza para continuar, para soportar estos 12 años de lucha y continuar hasta llegar a esta sentencia histórica. La solidaridad de los movimientos sociales me permitió continuar porque, de otra manera, no lo habría logrado. Fue muy importante el acompañamiento que tuvimos del Centro Pro, del CEJIL,[2]de Amnistía Internacional, de muchos colectivos, que además incluso nos apoyaron en el tema psicológico, como el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Nos apoyaron mucho con ese tema, lo cual fue también una parte esencial para que nos nutriéramos de fuerza y continuáramos en esa lucha.
Hoy vivimos una ola de movimientos contra la violencia de género. ¿La lucha de ustedes contra la tortura sexual forma parte de ese proceso?
Considero que en nuestro caso hay una estigmatización contra la mujer, hubo incluso un castigo de las autoridades contra las mujeres por no cumplir “nuestro rol social”. Entre las cosas que nos decían los policías cuando nos estaban torturando es que eso nos pasaba por no estar en nuestra casa haciendo tortillas, que eso nos pasaba por no haber ido al mercado, por no atender a nuestro esposo. Hay un rol que nos quieren imponer a las mujeres, y creo que incluso la estrategia del gobierno fue que nos apenase lo que había ocurrido en Atenco. Incluso recuerdo que Wilfrido Robledo[3]decía al día siguiente que si nos hubiera pasado lo que decíamos, ni siquiera lo expondríamos porque no seríamos unas buenas mujeres. Hay una idea de que las mujeres tenemos que cumplir un rol, no podemos mezclarnos en otras actividades políticas, sociales, o de participación social; no podemos porque, si no, tenemos un castigo. Ahí había un mensaje implícito. A lo largo de esta lucha identificamos que no solamente se trata de una tortura, en general aplicada a hombres y mujeres, sino que más bien se trataba de una tortura sexual que pretendía con nuestro cuerpo lastimar no sólo a nosotros sino incluso a nuestros compañeros que estaban ahí al lado, obligarlos a ver cómo nos maltrataban, lo que nos decían o hacían. Crea también un daño en ellos por no poder defendernos.
Por eso quisimos ser muy enfáticas en decir que esto es tortura sexual, no sólo física, pues tiene como fin a través de nuestro cuerpo lastimarnos a nosotras y a la gente que está a nuestro alrededor y no sólo compañeros sino a la familia. Por eso creo que sí tiene que ver con el tema de género, que ahora estamos buscando empoderar más a las mujeres. Además, con la grave violencia que estamos sufriendo en el país, es importante decir que las mujeres hemos cambiado, que no nos vamos a quedar calladas, que el gobierno ya no puede apostar a la estrategia de la impunidad por nuestro silencio, sino que nosotros vamos a mantener la voz. En mi caso, tengo un compromiso con la gente que no tiene voz hoy, que desafortunadamente no tuvo la suerte, como nosotros, de sobrevivir: miles de desaparecidos en el país se encuentran en fosas clandestinas, y no tenemos la posibilidad de conocer su testimonio. Nosotras somos sobrevivientes y lo que podemos hacer por esa gente es dar nuestro testimonio y buscar justicia para que estos hechos no sigan ocurriendo.
¿Qué mensaje darías a las víctimas de la represión tras librar una lucha tan larga, pero que va por buen camino?
Que el camino es largo, que a veces te puedes sentir muy cansado, muy frustrado de que no está avanzando, pero que es importante hacer del conocimiento de la sociedad, del país, de la ciudadanía que nosotros decimos la verdad. De alguna manera, que todas las luchas mantengamos esta necedad de obtener justicia va a contribuir a que se termine la impunidad, que no permitamos que en la obscuridad se pierda el nombre de los culpables, de los represores, de los responsables de estos operativos y de estos señores que violan los derechos humanos, que nos reprimen, que no se pierda en la oscuridad y que alcemos la voz y que salgan a la luz los nombres, los cargos, la responsabilidad, y se sancionen por graves violaciones de los derechos humanos.
[1]Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, dos de los principales dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, fueron detenidos el 3 de mayo de 2006. Permanecieron presos hasta el 1 de julio de 2010, después de fuerte campaña por su liberación.
[2]Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).
[3]En 2006, Wilfrido Robledo era el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del estado de México y coordinó el operativo del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco.