I. El parasitismo financiero: ¿en ruta libre sobre las finanzas públicas?
El primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador corre por sendas trilladas, pues desde 2015 hasta la fecha hemos tenido sucesivos recortes presupuestales, y 2019 no es la excepción: aunque nos trajo nuevas modalidades, ahora algunos programas sociales tienen cambios importantes y hasta polémicos (becas para jóvenes, apoyo directo con el uso de la mitad de los recursos para el cuidado de niños de familias pobres en lugar del pago a estancias infantiles , becas de capacitación para jóvenes en la industria, etcétera).
Julio Boltvinik ha señalado que el cambio más grave ha sido, en lugar de no quitar beneficios a nadie, cerrar el programa Prospera (que apoyaba salud, alimentación y educación), con el argumento de que “sus servicios de salud eran una simulación” y que, “por eso, se mantiene sólo el rubro educativo, redireccionando los 20 mil millones de pesos que se usaban en el rubro alimentación” (Boltvinik, 2019).
En el neoliberalismo, la deuda pública ha sido instrumento del capital financiero para someter, controlar y eventualmente disciplinar a los gobiernos que pretendan ceder ante reclamos populares por la insuficiencia de gastos públicos en renglones de interés colectivo: educación, salud, seguridad social, ambiente.
El camino escogido por AMLO este año es mixto: aplica el recorte general del Presupuesto, pero redistribuye el gasto y hace hincapié en ello en aspectos sociales (bienestar, capacitación, turismo) y de inversión (aumentando recursos a energía y transportes). Explícitamente, busca apoyar el crecimiento económico impulsando el consumo, pero no parece que logrará mejorar la magra expectativa de crecimiento para este año, pues también se redujo el gasto de 19 secretarías y de los Poderes Judicial y Legislativo, además del de los organismos autónomos.
En el PEF de 2019 (SHCP, PEF de 2019), la austeridad general se proyecta con fuerza sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral y hasta el Conacyt. Como en todos privaba un régimen de privilegios salariales y abusos en prestaciones, la austeridad encuentra ahí justificación.
II. ¿No iba a detenerse el crecimiento de la deuda?
Como se sabe, los recortes presupuestales recientes en México llegaron al tiempo que hubo un aumento de la deuda pública como recurso para financiar inversiones sociales en favor de capitales privados, mediante el esquema de las “asociaciones público-privadas” (inversiones públicas donde se garantizan inversiones privadas de costos inflados para infraestructura social, con contratos de administración de servicios a 30 o más años). O para desplegar gasto corriente a mansalva. Ésta es la forma en que las finanzas públicas se fueron convirtiendo en importantes fuentes de acumulación para el gran capital financiero, nacional y trasnacional, y fuentes de corrupción gubernamental.
Por eso, la austeridad en el gasto y el aumento del endeudamiento son dos caras de la misma moneda. Recordemos que en condiciones de crecimiento económico, el pago de las deudas puede ser manejable; pero cuando el estancamiento es la realidad y hay amenazas de incumplimiento de pagos, el capital financiero presiona para que se respeten sus “reglas fiscales”. Y para eso también tienen importancia las “calificadoras de riesgo” de inversión, pues mandan “advertencias” sobre lo que pasa en una empresa (como hizo Fitch, bajando la calificación de Pemex) o en una economía. Una calificación negativa significa eventualmente encontrar bloqueados los mercados de crédito y pagar mayores intereses para usar recursos, internos o externos.
Conforme a esta tónica, López Obrador insistió en que su gobierno no se iba a endeudar, pero en el Presupuesto de 2019 se dejó una puerta al endeudamiento externo, que rápido comenzó a concretarse: apenas a principios de este año, la Secretaría de Hacienda lanzó una emisión de bonos por 2 mil millones de dólares, deuda por donde se les mire.
Recordemos que durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, la deuda pública bruta subió de 2.6 millones de millones de pesos en 2008 a poco menos de 10 millones de millones de pesos en 2018, lo que representa casi 50 por ciento del producto interno bruto nacional (SHCP, 2018-2019). Si a eso sumamos que el peso, que se cotizaba a 12.9 por dólar en 2012, cerró en casi 20 por dólar en 2018, por el doble efecto de la disminución de precios del petróleo y la inversión extranjera directa, veremos que la carga de la deuda sigue aumentando y, con eso, el parasitismo financiero sobre las finanzas públicas.
De ahí lo importante sea que el pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda neta, en 2018 se llevaron 473 mil millones de pesos y en 2019 la cifra subiese a casi 543 mil millones de pesos (poco más de medio billón de pesos o alrededor de 26 mil millones de dólares). O sea, el parasitismo financiero en 2019 chupará más recursos en el presupuesto federal que el año pasado (SHCP, PEF 2019, México). Para ellos, ¿cuándo llegará el turno de la austeridad?
III. Las prioridades reales en el PEF implican atizar el descontento social
Militante de la izquierda universitaria, Salvador Pablo Martínez della Roca solía decir que prioridad que no se refleja en el presupuesto; no tiene caso tenerla seriamente en cuenta. Si vemos las prioridades presupuestales para 2019, veremos que la disciplina fiscal y la austeridad son notorias para asegurar el servicio de la deuda, pero también el aumento del gasto militar. Y para paliar la devastación productiva y social, también se dieron aumentos relativos en educación, salud, trabajo y energía.
Pero con matices importantes: por ejemplo, en educación hay reducción significativa de recursos para previsiones y aportaciones para el sistema de educación básica, normal, tecnológica y a distancia. En educación superior, muchas de las principales universidades apenas tuvieron en términos reales el mismo presupuesto que en 2018. Y se redujeron los recursos para el Conacyt, lo que ha obligado a reacomodos profundos, algunos positivos (eliminar los fondos que subsidiaban a las grandes empresas) y otros no tanto, como aplicar a secas la ley de remuneraciones, cuando la investigación debería ser prioridad estratégica.
Llama la atención que con un discurso insistente en la recuperación del campo, el cuidado del ambiente y el despliegue de proyectos ferroviarios se reduzca el gasto federal en agricultura (-8 mil 91), ambiente (-6 mil 25 millones), comunicaciones y transportes (-59 mil 591 millones) respecto al nivel de 2015 (SHCP, PEF de 2015 y de 2019).
El neoliberalismo combina los recortes en el gasto, con una política de ingresos basada en bajos impuestos a la riqueza y el ingreso. Sin duda, el mayor problema de la política contenida en el Presupuesto de 2019 es que los ingresos previstos en la Ley de Ingresos no cambian en su composición ni en su participación relativa (siguen montados sobre impuestos al consumo, a bienes públicos y sobre ingresos a trabajadores cautivos). Por eso es cuestionable que a cambio de otorgar aumentos salariales espectaculares en la frontera norte, se otorgue a los empresarios una rebaja del IVA.
En conclusión: las medidas formalmente buenas pueden transformarse fácilmente en fuentes de atropello y motivo de protestas sociales: los despidos de trabajadores en el sector salud, en el DIF y en muchas dependencias gubernamentales sometidas a la austeridad se ceban sobre los trabajadores precarios, multiplicados en el sector público a raíz de la entrada en vigor de la reforma laboral al inicio del gobierno de Peña Nieto.
Trabajadores unilateralmente reclutados, con contratos individuales y temporales, por honorarios, que fácilmente pueden caer en la categoría de “aviadores”, son ahora las primeras víctimas del ajuste de despidos. Fueron los primeros en contratar sin derechos y, ahora, en despedir. Obligados a firmar contrato cada mes, a trabajar horas extra sin remuneración adicional, con jornadas laborales más largas de las legalmente establecidas, pagan los platos rotos del neoliberalismo.
Sin una auditoría exhaustiva ni un criterio objetivo sobre sus funciones reales, estos trabajadores eventuales despedidos pueden complicar la vida de instituciones fundamentales, como hospitales, escuelas, centros de atención a la niñez u oficinas gubernamentales.
La aplicación de la austeridad soberana provoca malestares justificados. Hay que advertir esto a tiempo, pues la situación dramática de millones de trabajadores requiere atención urgente. Las prioridades del PEF atizan el descontento porque agravan la condición de trabajadores precarios del sector público.
Referencias
Julio Boltvinik, La Jornada,8 de febrero de 2019, página 20.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, México, 2019.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, México, 2015.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Deuda pública, 2018-2019, México, 2019.