CIENCIAS Y HUMANIDADES COMPROMETIDAS, RETO EN LA 4T

A cinco meses de iniciado el mandato de AMLO se demandan señales de que se está experimentando el cambio de rumbo prometido. Esta exigencia es comprensible, pero quizá sea también apresurada de no considerar el lastre desde el que está arrancando la llamada 4T, y el contexto global al que este proceso se halla vinculado. Durante cuatro décadas México fue sometido a una lógica de cambio en su sentido histórico que lo separó de la ruta constructiva del ideario nacional (del histórico reclamo popular por justicia, democracia y contra la discriminación y el racismo, el que inspiró las tres grandes transformaciones anteriores: Independencia, Reforma, Revolución). En su lugar se optó por una reestructuración regresiva (de fuerzas conservadoras en lo político y reaccionarias en lo económico) que para desmontar el pacto nacional anterior se apoyó en una aplicación in extremis de los criterios neoliberales. Como resultado fueron favorecidos los intereses hiper concentrados de ciertos sectores articulados a las fuerzas monopólicas del capital multinacional, de los emporios corporativos y los holdings financieros internacionales, en el marco de alianzas que comprenden ámbitos legales e ilegales. Los grupos oligárquicos al aferrarse a ese fundamentalismo ciego del mercado heredaron un país en ruina económica y desigualdad creciente, al borde de la ingobernabilidad política y con grados de violencia que suman víctimas como si estuviéramos en guerra civil. Los estratos favorecidos que ven amenazadas sus posiciones de poder las han de defender, no están muy conformes de que haya una transformación que sea freno a su situación de privilegio, así esto signifique obligarlos a moverse mínimamente de una cierta zona de confort.

Sería ingenuo pensar que la labor destructiva del neoliberalismo no se instaló, y con fuerza, en cada uno de los puntales que sostienen el sistema educativo nacional. Lo sería más si no atendemos a las características específicas que asumió la mercantilización del conocimiento en cada uno de sus niveles. La incursión del “neoliberalismo educativo”, operó en formas diferenciadas (en algunos casos de modo más groseramente cínico, en otros fue algo más sutil), arrinconó al Estado o hizo de él una “cautiva presa” a la que se le intentan arrancar recursos, ya de por sí escasos, pues como afirma la filósofa brasileña Marilena Chaui “el neoliberalismo es el encogimiento del espacio público de los derechos y la extensión del espacio privado de los intereses del mercado” (Chaui, M. La ideología de la competencia. De la regulación fordista a la sociedad del conocimiento, p. 66). Esto es más visible en la coyuntura reciente, de exiguos ingresos estatales, y que limitan el uso (a través del Presupuesto de Egresos) del excedente social para plasmar o redireccionar la nueva hegemonía política.

Ahora que el Ejecutivo ha dado a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y que el legislativo aprobó la Reforma Educativa que sustituirá a la impuesta con el Pacto por México (que inscribió un arrebato de los derechos laborales en el cuerpo del Artículo Tercero Constitucional mismo, y lo encubrió en el discurso de la evaluación), se ha atizado de nueva cuenta lo que parece ser una campaña de desacreditación de la instancia encargada de impulsar la actividad científica del más alto nivel (conacyt), y desde los media se ha centrado el dardo en una nada disimulada crítica a la titular del mismo, casi desde que entró en funciones, y al conjunto de documentos programáticos en que se desea plasmar una reorientación del quehacer de los cuerpos de investigación y en quienes recaería la responsabilidad de ejecutar los lineamientos de la nueva política gubernamental en materia científica. 

La ley que rige al sector (vigente desde 2002) surge del foxismo, aún con sus fracciones agregadas o por ellas mismas, conserva ese tono bizarro (acorrientado) con el que se sobrecargó la política científica desde aquella época, centrado en la retórica de la innovación, el fomento o la vinculación, e inscribiendo a éstas dentro de la lógica del emprendedurismo. La política del sector sucumbió doblemente a “la ideología de la competencia”, pues la dimensión subjetiva de la cultura meritocrática se ancla a una supuesta solidez objetiva (nuestra época entendida como economía del conocimiento) que se centra en lógicas tecnocientíficas. Sin embargo, muy escasamente se cumplió con objetivos que serían acordes a ese esquema (generación de patentes, impulso de las nuevas características del saber científico), lejos, pues, de superar la “dependencia tecnológica” y el “colonialismo intelectual” se les procuraron nuevos nichos. Al tiempo que se afianzó la tendencia a establecer una capa tecnocrática que se ha especializado en labores de dirección y que impide la rotatividad en los cargos de gestión (pues autoreproduce linajes en esferas administrativas, normativas y de “adjudicación del prestigio”), se duplicaron funciones y se concentraron recursos en instancias del “saber experto” que guardan un insólito parecido con los órganos reguladores de otro tipo de sectores (de energía, telecomunicaciones, etc.) por vía de los cuales hasta la gran empresa se beneficia del erario público, haciendo de éste una fuente de financiamiento con la que sustituyen adelantos de inversión y reiteran vocaciones rentistas. La evaluación en ese ámbito, dio prioridad a lo cuantitativo por encima de lo cualitativo, se inclinó al cortoplacismo, atomizó y sobreespecializó al sujeto cognoscente. Quedan así obturadas otro tipo de prácticas, otro tipo de criterios de la función que deben cumplir las comunidades académicas y  se frenan nuevos entendimientos (desjerarquizados, inclusivos, interdisplinarios, interculturales) de la relación que debe desplegar la comunidad de los científicos respecto a otro tipo de comunidades. 

Mirar las cosas desde este enfoque (que es en lo que consistiría reivindicar una perspectiva crítica y comprometida, desde las humanidades) revela aspectos importantes, por ejemplo, el privilegio a un principio de precaución respecto al tema de los transgénicos y a otra serie de problemas de la bioseguridad. Cobra otro sentido también el propósito de impulsar la agroecología y establecer otra relación con respecto a los territorios y las comunidades que viven en dichos territorios. De igual manera conceptos que de otro modo pueden considerarse como abstractos o inscritos en una discursividad casi proscrita, como el del despliegue de “fuerzas productivas nacionales” solo revelan su alcance en un programa que pretende poner en primer plano a sectores postergados y excluidos bajo el modelo anterior, a los que debe involucrar en la discusión de los grandes problemas nacionales. Reivindicar estos propósitos como loables, al estar en la médula de una estrategia hoy en construcción, amerita comprender estos problemas en toda su complejidad, y no agotarlos en niveles de superficialidad, como si ahí residieran amenazas para ciertas investigaciones, o ataques a la autonomía del pensamiento. No es que el esquema anterior careciera de compromiso, filosofías, ciencias y tecnologías están inherentemente cargadas de valores (Ricardo Gómez, La dimensión valorativa de las ciencias. Hacia una filosofía política, 2014). El espíritu de la ley anterior lo estableció con los actores en los que fijó sus prioridades (científicos vinculados al circuito empresarial, que es en lo que consiste el “capitalismo académico”), de ahí también la dificultad para avanzar hacia otros derroteros: el de unas ciencias, humanidades y tecnologías comprometidas socialmente, y ya por ello críticas del esquema vigente. Grande será sin duda el reto para pasar de los llamados a priorizar proyectos de apropiación social del conocimiento hacia otra agenda de temas a los que la crisis actual de la modernidad capitalista les confiere plena legitimidad, desde ahí se podrá dar lugar a otro tipo de prácticas (de compromiso crítico del saber) y a otro tipo de epistemologías (de la muy necesaria descolonización del conocimiento y de las instituciones que lo hacen posible).