El 7 de enero de 2020 se formó en España el primer gobierno de coalición desde tiempos de la Segunda República (1931-1939). Se trata además del primer gobierno donde participan fuerzas políticas no provenientes del bipartidismo que ha hegemonizado la vida política en los más de 40 años transcurridos desde la transición a la democracia. El régimen del 78, inaugurado con el pacto de élites que acordó poner punto y aparte (no final) al franquismo, se caracterizó por una alternancia entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). El primero, fundado en 1879, vinculado al surgimiento del movimiento obrero, experimentó un reflujo durante la dictadura, pero reemergió durante la transición, y se renovó de la mano de la socialdemocracia europea, previa abjuración del marxismo. El segundo, creado en 1989, continuador de Alianza Popular, fundada por un ministro de Franco, Manuel Fraga, aglutinó a la derecha y ultraderecha locales desde su nacimiento, en 1977. Ambos constituyeron un bipartidismo de facto, facilitado por una ley electoral (producto de esos pactos de élites precisamente) que penaliza a terceros partidos salvo si éstos concentran su voto en determinado territorio, lo que ha facilitado también la tradicional sobrerrepresentación política de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados.
El apoyo de parte de esos partidos nacionalistasi a la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, permitiendo con su voto a favor o su abstención que fuera elegido presidente por mayoría simple en segunda votación, con un estrecho margen de dos sufragios, más el voto favorable de sus aliados en el gobierno, Unidas Podemos, ha propiciado la existencia de un gobierno histórico nacido con muchas expectativas, pero también en un ambiente de muchísima crispación.
Las expectativas provienen de la entrada en el gobierno de Unidas Podemos, confluencia que aúna a un partido, Podemos, y una coalición de partidos y movimientos, Izquierda Unida (IU). De un lado, el partido creado en 2014 para aglutinar el descontento expresado en las movilizaciones del 15-M que sacudieron las plazas del país en 2011. Del otro, la marca electoral del Partido Comunista de España, englobador de grupos y colectivos políticos y sociales de la izquierda transformadora. Una unión que no ha estado exenta de dificultades y altibajos, no sólo por el choque, en ocasiones, de dos visiones distintas sobre qué es ser de izquierdas y los respectivos intereses de partido sino, también, por las tensiones y divisiones internas en cada una de las partes. El caso más notorio es el de Podemos, que padeció una escisión en septiembre de 2019 con la salida de Íñigo Errejón y sus partidarios. El errejonismo apostó por crear un nuevo partido, Más País, para captar el voto de una izquierda moderada a la izquierda del PSOE, vendiéndose como la clave para destrabar la situación de impasse político en que se encontraba España producto de la inestabilidad creada por la repetición de elecciones y la investidura fallida de Pedro Sánchez en julio de 2019.
Pero parece que finalmente lo que permitió destrabar la situación y los desencuentros iniciales entre Unidas Podemos y el PSOE fue la irrupción de la ultraderecha de Vox, que hizo ver las orejas al lobo con sus 52 diputados. El acuerdo político se defendió, implícitamente, para frenar este supuesto auge de la ultraderecha e impedir de hecho que las fuerzas de la derecha se aliaran para gobernar siguiendo el ejemplo de la comunidad autónoma de Andalucía (donde gobiernan PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox).
La justificación de “frenar el fascismo” no convence a todo el mundo,ii pero tampoco puede negarse el papel desempeñado a la hora de disipar las reticencias y los desencuentros previos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ambos líderes se apresuraron a firmar un acuerdo días después de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, dejando atrás una serie de declaraciones que incluían rechazar la presencia de Pablo Iglesias en un eventual gobierno, pero que implicaba también ignorar las presiones de la patronal española para evitar que Unidas Podemos llegase a las instituciones del Estado. Pedro Sánchez se garantizaba la supervivencia política, respondía al reclamo de sus bases para no pactar con Ciudadanos (“¡Con Rivera no!”) y Pablo Iglesias pasaba de dar un paso atrás por el veto a su persona a perfilarse como vicepresidente.
No hay que olvidar, pues tampoco supone un detalle menor, que buena parte de las bases del PSOE son de extracción obrera y se posicionan mucho más a la izquierda de su dirigencia, y este partido sigue concentrando la mayoría del voto de la clase obrera española.iii
Muchos en la izquierda se preguntan cómo Unidas Podemos ha pasado de impugnar el régimen de 1978 a aliarse para gobernar en coalición con uno de los partidos que ejerce de pilar de ese régimen. Se habla de este momento como cierre del ciclo del cambio que se abrió con el 15-M.iv Otros creen que esta entrada en el gobierno trasluce un ansia de poder de un partido que ha contribuido a desmovilizar la calle. Como fuere, la participación de Unidas Podemos a través de un vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, y cuatro ministros (Irene Montero, de Igualdad; Yolanda Díaz, de Trabajo; Alberto Garzón, de Consumo; y Manuel Castells, de Universidades), supone grandes retos a la hora de combinar el discurso más radical de la izquierda transformadora con la obligada postura institucional de quienes tienen en sus manos la gobernabilidad del país.
Se prevé que, parafraseando a Álvaro García Linera, Unidas Podemos tenga que cabalgar muchas contradicciones. El mayor riesgo no es tanto que éstas le puedan afectar electoralmente en próximas contiendas sino, sobre todo, que acaben con la legitimidad política que había atesorado como fuerza rupturista distinta de lo existente. En última instancia, y acaso lo más preocupante, sería que el fracaso de Unidas Podemos en el gobierno pudiera profundizar en el desinterés político de amplios sectores de la clase trabajadora abstencionista que no encuentra referentes o que considera que “todos son iguales”, inhibiendo su participación política, no sólo electoral, una clase trabajadora que, cabe recordar, todavía está en minoría en las organizaciones políticas y tampoco lidera los movimientos sociales, salvo excepciones puntuales.
No obstante, la apuesta del partido parece haber sido la misma que llevó a asaltar las instituciones a través de los ayuntamientos del cambio: conferir prioridad a la posibilidad de conseguir pequeños logros que mejoren las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora, muy castigada por las políticas neoliberales agudizadas con la crisis económica. Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo estimaba en 64 mil 500 millones de euros por año la pérdida de las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital en España desde la crisis iniciada en 2009. En 2017, tales rentas eran 61.2 por ciento del producto interno bruto frente al 66.6 de 2009.v De ahí que las primeras medidas del gobierno de coalición fueran la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros, la subida en 0.9 de las pensiones o el aumento de 2 por ciento al sueldo de los funcionarios. Aparte, se ha anunciado la reversión de la reforma laboral en sus aspectos más lesivos. Aun cuando en un inicio se habló de derogación, la actual ministra ha rebajado las expectativas, con el argumento de imposibilidades “técnicas”.vi
Esas medidas de justicia son claramente insuficientes para revertir los ataques contra las condiciones de vida de la clase trabajadora. Pese a ello, los empresarios, a través de sus portavoces en los medios, se han encargado de asentar la idea de la inviabilidad del aumento del salario mínimo, dejando claros los márgenes acotados para cualquier transformación. Si bien se trata de pequeñas concesiones a los sectores que no tocan el centro neurálgico del sistema, el avance del capital en estos últimos años de hegemonía neoliberal parece no permitir ningún experimento que vaya en contraofensiva.
Esos límites y presiones al cambio no están exclusivamente en el plano doméstico. España, desde su entrada en la Unión Europea (UE), en 1986, está supeditada a los dictados de Bruselas y tiene más que limitada su soberanía en materias económica y fiscal.
La sombra de lo sucedido con el gobierno de Alexis Tsipras en Grecia planea sobre España como un antecedente que advierte de los límites existentes para tener una política económica autónoma, incluso pretendiéndolo, en el marco de la UE. La limitación del déficit público y las exigencias de recortes dictadas desde Europa son una camisa de fuerza para cualquier fuerza soberanista. Incluso, en el marco del Brexit, el debate sobre la posibilidad de liberarse de esta Europa del capital no está en la agenda política de la izquierda, salvo entre minoritarios sectores de la izquierda transformadora, algunos de ellos en IU. No obstante, el nuevo gobierno español marca una nueva tendencia en un contexto europeo donde los recortes y las fuerzas de la derecha y la ultraderecha tienen protagonismo.
Pese a ello, destaca el avance sustancial y visible de la ultraderecha española en los últimos años, tanto en su representación política como en la construcción de ideología y sentido común. Vox, la escisión del PP liderada por Santiago Abascal, es un partido de las élites formado por aristócratas, alto funcionariado, empresarios y “gente bien” de toda la vida.vii Entre su dirigencia hay títulos nobiliarios, descendientes de franquistas y nazis o exiliados anticastristas cubanos. Vienen de una clase parasitaria, mas se presentan como la “España que madruga” y pretenden representar los intereses de una clase trabajadora a la que no pertenecen con un discurso antiélites europeas no incompatible con la sumisión al posicionamiento de Estados Unidos de América sobre Venezuela.
A diferencia de otras fuerzas de la ultraderecha europea, Vox tiene un programa con políticas neoliberales, nada proteccionistas, que lo hace indistinguible de PP y Ciudadanos en materia económica. Quizá por eso su batalla se da en el plano de las guerras culturales, donde ejerce de azote a izquierda y también a derecha, llevando al resto de fuerzas de lo que Vox llama la “derechita cobarde” a posiciones cada vez más radicalizadas.
La estrategia de Vox resulta clara: asentarse en la mentira y la exageración para atraer la atención de los medios y marcar la agenda mediática y política, sobredimensionando su peso en un país considerado en su mayoría de centroizquierda. Vox se presenta como “defensor de las esencias” españolas, con un discurso agresivo, abiertamente guerracivilista, que hace recordar el ambiente del decenio de 1930. El hecho de que el último gobierno de coalición habido en España, el del Frente Popular, padeciera un golpe de Estado por quienes enarbolaban entonces las ideas que Vox defiende hoy puede dar pistas. Como entonces, la mentira para justificar ataques no tiene límites. Si bien cualquiera con dos dedos de frente sabe que no hay ningún “gobierno bolivariano” en España, desde Vox no se cansan de afirmar que el “comunismo bolivariano” gobierna España, aliado con “narcoterroristas”. El respaldo de fuerzas independentistas para la investidura, que se traducirá en una mesa de diálogo sobre Catalunya, uno de los grandes problemas no resueltos para el Estado, es visto como una traición por negociar con los que quieren “destruir España” y la prueba fehaciente de la inminente desintegración de España. A ese discurso se suman con fruición los portavoces de PP y Ciudadanos. Tales afirmaciones hiperbólicas se disocian de la realidad cotidiana, pero monopolizan el debate político gracias a una ultraderecha a la que se permite marcar la agenda y el discurso mediático, de la mano de ciertos periodistas, vinculados con las cloacas del Estado, sumadas a la intoxicación.
La derecha española se dice preocupada por el “futuro y la estabilidad del país”, pero su presente y la inestabilidad en que viven millones de familias parece no preocuparla. El debate político se traslada a esencias, banderas, símbolos, conceptos utilizados como armas arrojadizas para tapar el fracaso del capitalismo y el agotamiento del régimen del 78. La Constitución española, ignorada por completo a la hora de amparar derechos en los artículos más progresistas, se convierte en el tótem al que venerar. Su asunción metafórica (que no real) sirve para marcar una línea que separa a los constitucionalistas de quienes no lo son. La divisoria referida plantea un debate falso y presenta la Constitución como un elemento pétreo, intocable, ante el miedo de que su reforma abra el cuestionamiento a la forma monárquica del Estado y su indivisibilidad territorial. Las dos Españas, que decía Machado, se expresan estos días como nunca. Los debates sobre frentes populistas de las izquierdas traspasan los memes en internet y son adoptados por editoriales de los diarios de derecha.
Resulta sintomática la inquietud desatada en el establishment por una coalición del PSOE con Unidas Podemos. Y tal vez esa reacción de la derecha económica y sus representantes políticos sea más ilustrativa que los análisis que apuntan, desde la izquierda, a que este gobierno es más de lo mismo. Ciertamente, los ministros del PSOE son tecnócratas alineados a las políticas económicas requeridas desde Europa. No hay sorpresa al respecto. Es de prever que las políticas social-liberales del PSOE sigan su curso. Por lo pronto, la vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias ya fue diluida añadiendo tres vicepresidencias. El papel de los ministros de Unidas Podemos está acotado a aspectos sociales que no pueden trastocar sustancialmente dichas políticas, pero que permitirán la contención de algunos de sus efectos. Poner límites, desde el Ministerio de Comercio, a las casas de apuestas que inundan los barrios obreros y fomentan la ludopatía o el intento de regular el precio abusivo de los alquileres supone dos de los aspectos fundamentales en esa agenda. Paradójicamente, Unidas Podemos está en el gobierno para paliar el efecto de algunas de las políticas del PSOE. Está por verse cómo se logrará combinar el accionar de fuerzas que, a priori, parece que reman en direcciones distintas. Y ahí se observan las dos almas de un gobierno que representa la confluencia entre una izquierda social liberal y otra socialdemócrata, con elementos que apuestan por el comunismo como horizonte de posibilidad, pero que saben que, en las actuales condiciones políticas y sociales en el Estado español, el comunismo aparece muy lejos en ese horizonte.
Se puede reprochar, por tanto, a Unidas Podemos que se haya prestado a formar parte de un Gobierno que puede estar obligado a hacer recortes y a acatar políticas que van en contra de los intereses de la clase trabajadora. Se puede considerar que es un error táctico que le pasará factura porque acabará decepcionando a buena parte de quienes los votaron para conseguir mucho más. Pero lo que no se puede reprochar, en todo caso, es que no estén intentando hacer todo lo que está en sus manos para mejorar las condiciones de vida de esa clase. Más allá de los discursos incendiarios y sectarios, para las familias trabajadoras que difícilmente llegan a fin de mes, que son desahuciadas, que viven en un sistema que les roba mientras enriquece a los de siempre, políticas como la subida del salario mínimo son una bocanada de oxígeno. Algunos dirán que el reformismo es una traición a la clase obrera. Seguramente no les falta razón. Pero también es cierto que gran parte de esa clase prefiere las mejoras materiales a sus condiciones de vida a las consignas.
Haríamos mal, por tanto, en acusar a Unidas Podemos de una desmovilización política que no es responsabilidad exclusiva de su dirigencia, pues tiene elementos explicativos mucho más complejos y profundos. Esa desmovilización, en todo caso, se ha de relativizar porque la organización política sigue a escala micro y sin recibir titulares. La lucha en las bases por alquileres justos, sanidad y educación de calidad, políticas sociales para el barrio, condiciones dignas en el centro de trabajo, etcétera, no ceja. Y precisamente desde ahí se ha de ampliar la base y hacer presión para conseguir que el papel de Unidas Podemos en el gobierno de coalición se refuerce y sirva como instrumento para los intereses de nuestra clase desde las instituciones del Estado.
El enfoque referido puede parecer poco ambicioso al lado de las experiencias revolucionarias de otros países, pero ¿hay margen para más en esta sociedad alienada, donde los medios están hegemonizados por discursos de derecha, ultraderecha o progresismo light? Frente al maximalismo del “todo es lo mismo”, Unidas Podemos apuesta por profundizar en las pequeñas brechas abiertas para ir rompiendo el dique del régimen de 1978, un dique que demostró ser mucho más fuerte de lo que ingenuamente se creyó en los momentos de apogeo del 15-M.
Por último, unas reflexiones con la mirada puesta en América Latina. La sombra del lawfare aplicado a varios liderazgos de la izquierda latinoamericana ha empezado a amenazar al nuevo gobierno. El cuestionamiento de la juristocracia al Poder Ejecutivo tratando de elevarse sobre él apareció en los primeros días, y está por ver cómo se vayan desarrollando las relaciones entre ambos poderes. Quizás España, aun sin pretenderlo, acabe teniéndose que mirar en las experiencias de acoso y derribo contra los gobiernos de la izquierda latinoamericana.
Tal vez así el PSOE de Pedro Sánchez pueda entender mejor lo que sucede en países tan omnipresentes en el debate político interno como Venezuela, aun cuando en España hay experiencia histórica sobre el comportamiento antidemocrático de las élites. Por tanto, no debería ser tan difíciles de entender las dinámicas de las élites latinoamericanas, herederas en buena medida de una cosmovisión colonial hispánica. Una derecha que no reconoce los resultados electorales, que tiene discursos apocalípticos cada vez más disociados de la realidad, que trata de asentar verdades existentes sólo en su particular interpretación del mundo, que lleva a la polarización extrema… Hablamos de la derecha española, pero podríamos hablar también de la derecha venezolana, de la que es principal aliada y protectora. Por tanto, quizá sin pretenderlo, esta derecha está convirtiendo al gobierno de coalición de España en un “gobierno bolivariano” por los paralelismos en los ataques que padece desde el minuto cero. Ojalá esto ayude a despertar a la izquierda española para ir, por primera vez en muchas décadas, a la ofensiva. ¡Bienvenido sea este “gobierno bolivariano”!
Notas
i Entre los principales partidos nacionalistas que votaron en favor de la investidura de Pedro Sánchez están el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Nacionalista Vasco. Esquerra Republicana de Catalunya y Euskal Herria Bildu se abstuvieron.
ii https://www.elsaltodiario.com/tribuna/jule-goikoetxea-el-gobierno-de-coalicion-up-psoe-tina-y-el-lobo
iii Véase “Debate en la festa del PCE 2019: ¿A quién vota la clase trabajadora?”, en <https://www.youtube.com/watch?v=pXVkIIB_BfE> Consultado el 31 de enero de 2020.
iv. https ://vientosur.info/spip.php?article15529
v https://www.eldiario.es/economia/OIT-millones-perdida-trabajadores-Espana_0_986902037.html
vi https://elpais.com/economia/2020/01/25/actualidad/1579952826_515616.html
vii Véase Villena Oliver. A. Las redes de poder en España. Élites e intereses económicos contra la democracia, Madrid: Roca Editorial, 2019.