El triunfo electoral de 2018
La coyuntura reciente en el país se ofrece como uno de los signos más alentadores en el plano internacional: presenciamos un nuevo punto de partida. Sin regatear razones para asumir este periodo como de apertura a una nueva etapa, la coyuntura inmediata, con el panorama de un territorio devastado en varios flancos, se presenta como una en la que está todo por hacer. Sólo un análisis unilateral y sesgado puede ver todo ese proceso concentrado en la figura de Andrés Manuel López Obrador: al contrario, y él lo ha reconocido, el triunfo electoral del 1 de julio de 2018 fue resultado de una larga batalla arraizada en los movimientos que desde la década de 1960, en las calles y avenidas de las ciudades, en los sindicatos, en los plantones del movimiento urbano popular, en las tomas campesinas de tierra y en la salvaguarda de sus territorios por los pueblos originarios, en la defensa estudiantil de la educación pública y gratuita, en las luchas del magisterio, en el resguardo de la industria nacional contra su privatización, abonaron elementos a una lucha de largo plazo que hoy puede fructificar. En estos días, cuando se conmemoran los 100 años de fundación del Partido Comunista Mexicano (efectuada el 24 de noviembre de 1919), se ha reiterado que los logros derivados de esta etapa no pueden sino anclarse a ese horizonte histórico e interpretativo de la realidad y a tantos que se entregaron, articularon o legaron ese indeclinable esfuerzo militante.1 El reciente giro en el acoplamiento a una tradición como la del comunismo mexicano construye un eslabón con toda una serie de reivindicaciones subterráneas del pueblo mexicano, y de otros sectores subalternos que, como la luciérnaga en el medio del bosque,2 mantenían un chispazo de luz al oscurecimiento del legado de la revolución mexicana, que se opera tan pronto concluye la presidencia de Lázaro Cárdenas. Con el fin del sexenio cardenista, allá por 1940, se habría agotado el rumbo de una de las gestas reivindicadas por el proyecto del nuevo Ejecutivo. Se habla de la cuarta transformación porque este proceso de activación del ideario constructivo de la nación se quiere ver sostenido en la “afinidad electiva” con los otros tres grandes procesos que animaron las luchas del pueblo desde que se embarcó en el proyecto de romper el yugo del dominio colonial español. Estas oleadas de movilización y perseverante activación de los hilos de sentido emancipador contra todo género de colonialismo y poder despótico externo e interno incluyen la lucha por la independencia nacional (primera transformación), el periodo de la Reforma y de la restauración republicana con Juárez (segunda transformación) y la revolución mexicana como espacio que abrió propiamente el siglo XX (tercera transformación). Al nutrir su sabia en estas grandes gestas históricas, la transformación encabezada por López Obrador pretende configurarse en un imaginario de solvencia moral y ética que pueda ya no sólo asegurar un respaldo ciudadano sino que en éste se actualicen o recreen los núcleos formadores de sentido de la nación.
Los anuncios de este relámpago que parece haber partido el cielo en dos fueron dejando sus postas en las luchas por la democratización de los diversos planos de la vida social. La experiencia adquirida se dio con altibajos, en ciclos que comprenden el fraude electoral de 1988, el alzamiento zapatista de 1994 y la lucha (aún no concluida) por la autonomía de las comunidades indígenas, la resistencia ciudadana contra el desafuero y las amplias movilizaciones contra el robo comicial de 2006 (entre ellas, la acampada en Reforma, una de las avenidas más importantes de la zona centro de la Ciudad de México), y haber opuesto tenaz resistencia a la mafia del poder hecha proyecto de desgobierno que atentó, en el Pacto contra México,3 y desde antes en la guerra contra el narcotráfico, de modo sistemático e integral contra toda la nación, y contra sus nervios más sensibles (como fue en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa).
En la suma de esos agravios, y en cómo articular el descontento, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pudo dar con la combinación virtuosa que le permitió obtener más de 53 por ciento de la voluntad colectiva expresada en el sufragio (cerca de 31 millones de votos), una victoria inobjetable en las urnas que pudo romper la configuración bifacética del neoliberalismo mexicano, expresada bajo un mando combinado de las dos fuerzas proclives a ese modelo desnacionalizador y de enriquecimiento de unos cuantos, el PRI y el PAN, cuyos candidatos quedaron lejos de lo alcanzado por Morena y sus aliados. Andrés Manuel López Obrador inició su gestión el 1 de diciembre de 2018, y de inmediato entendió el reto en que se enfrascó y la gran concentración de poder de los adversarios a que se enfrentaría, quienes por obvias razones no permitirían de buena gana ninguna de las políticas alentadas por el nuevo equipo de gobierno sino que las confrontarían con instrumentos legales o ilegales. Desde esta perspectiva, una gran mayoría de la población espera de este evento, y obra políticamente para que eso pueda ocurrir, que no se limite al relevo de gobierno sino que establezca las bases de un cambio de régimen, y que en la intención de alcanzar la reconciliación y pacificación de las zonas de conflicto en el país arribe a un “cambio de fase” en el ciclo de violencia, un salto que, de rescatar desde sus bases el repertorio de valores emblemáticos de la nación, pueda proyectarla hacia otros destinos, los de la vida democrática y una sociedad más justa.
Balance a un año de gobierno
Poco más de un año del inicio de la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, luego del triunfo de Morena y sus aliados en las elecciones del 1 de julio de 2018… Se completan los primeros 12 meses de gestión en momentos en que ha estallado una coyuntura internacional y latinoamericana muy compleja que, sin embargo, es guiada por una tendencia general alimentadora de los perfiles y ámbitos de un conflicto que salta de país en país, identificable justo en el nudo central puesto en juego, y que resalta la naturaleza definitoria de la realidad política del continente: En México y otros países de la región se pugna por la posibilidad o no de sacarse de encima la condicionalidad neoliberal, y de ser esto posible la pelea por dar cauce a escenarios de recuperación de la soberanía y autodeterminación de las naciones latinoamericanas. De ahí la importancia que adquiere a escala hemisférico el rumbo que ha de tomar la gestión de López Obrador y las posibilidades de llevar a buen puerto la, por él calificada, cuarta transformación.
Desde el discurso de su toma de protesta se puso en claro, por parte de López Obrador, que se trataba de establecer un rompimiento con lo que para el país significó la imposición del neoliberalismo: la ampliación de la pobreza y la desigualdad, una amplia polarización social, con mares de miseria e islas concentradas de riqueza, la destrucción de las infraestructuras nacionales o su entrega al modo de concesiones y privatizaciones para beneficio del capital corporativo multinacional, crisis de inseguridad creciente con brotes de violencia y áreas de conflictividad regados por todo el territorio nacional, o hasta el franco secuestro del ejercicio policial o de gobierno (en todas las escalas, federal, estatal y municipal) en regiones del país controladas por los cárteles del narcotráfico y los zares de la droga: las cifras hablan de unos 70 mil desaparecidos, más de 250 mil muertos y la proliferación de fosas clandestinas con miles de restos humanos, resultado de la aventura bélica en que nos empantanó el gobierno de Felipe Calderón. Se trata entonces de dar salida a una crisis concentra no sólo en una economía de crecimiento cero, sino que ya había escalado como crisis de la política y de franca ingobernabilidad, con claras sospechas de infiltración del crimen organizado en el aparato de seguridad y los altos mandos federales, y de un resquebrajamiento del tejido social y –por ello– de rompimiento de normas elementales para la convivencia entre semejantes.
Tales medidas revisten fuerte contenido simbólico, como la apertura de la residencia oficial de Los Pinos y su conversión en gran espacio artístico y cultural, el establecimiento de una ley que impediría que el salario de los servidores públicos fuese superior al del Ejecutivo, y la fijación de éste muy por debajo de los insultantes niveles con que antes se despachaba la clase política, la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y del Estado Mayor Presidencial (pues el Ejecutivo sostiene que, ya con legitimidad, no requerirá de un aparato de escucha o persecución de sus opositores ni de agentes para su seguridad), sumaban a una estrategia que sostuviera los niveles de aprobación en el ejercicio de la gestión pública, ésta se complementaba con una de las políticas de mayor importancia y alcance para el Ejecutivo, hacer de sus seis años de gobierno una incansable batalla contra la corrupción, y no permitir que en su administración se incurra en ella. No se puede dejar de mencionar la estrategia de comunicación social de la Presidencia de la República, que ha logrado contener los esfuerzos que desde diversos medios (“conservadores”, al decir de López Obrador) se han desplegado para contrarrestar el activismo gubernamental, lo que –por supuesto– para los opositores no sería sino una aspiración de carácter “autoritario” por copar o monopolizar la opinión pública.
Ya antes de la toma de protesta, la primera batalla habría tenido lugar, pues al amparo de una consulta entre la población el Ejecutivo acató la decisión ahí expresada de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, en los terrenos del lago de Texcoco,4 no sólo porque la desatinada decisión de Peña Nieto de iniciar esa obra significó un desastre ecológico, con la desecación del lago y su relleno con 55 millones de metros cúbicos de tezontle para intentar dar firmeza a un inestable suelo lacustre que debería sostener las pantagruélicas dimensiones del proyecto, sino porque ahí se ocultaba un gigantesco robo a las arcas nacionales: a través de una triangulación del gasto público, por canalizarse para beneficio de la oligarquía.
Con la decisión referida se intentaba contener la voracidad de “la mafia del poder” que, ilegal y corruptamente, como fue el sello de la administración que estaba por concluir, pensaba apropiarse de una inversión presupuestada en cerca de 13 mil millones de dólares, de los que ya habría recibido pagos y adelantos, o los recibiría, por los contratos cancelados, en una proporción cercana a una quinta parte de ese monto. La desmesura del alto capital nacional y sus asociados externos ya auguraba la posible capitalización de toda el área territorial aledaña al proyecto aeroportuario de Texcoco (y de la que se habrían apropiado a precios de ganga y con maniobras de fuerza o de franca ilegalidad).
Con eso esperaban multiplicar geométricamente su riqueza, pues elevarían el precio de los suelos que de usos de pastizal o para cultivo agrícola escalarían sus valores a los de usos comerciales, inmobiliarios o rentísticos.
Por lo anterior, desde ese momento algunos grupos de empresarios y líderes opositores ensayaron mecanismos de resistencia judicial ante las acciones promovidas por López Obrador, el propósito (a través de un uso faccioso del “juicio de amparo”, surgido no para protegerse de la política pública sino ante un ejercicio autoritario contraventor de los derechos elementales) era no sólo entorpecer el inicio de la obra del otro proyecto de aeropuerto por construir en la zona militar de Santa Lucía, sino intentar atrapar al Ejecutivo en algún vacío legal o descuido normativo que lo colocara en posición de ser susceptible de punición y, de ese modo, hacer uso de los principios del lawfare, artimaña antes ejercida contra López Obrador con la intención de inhabilitarlo como candidato para las elecciones federales de 20065 y que cobró su forma paradigmática en los procesos ya instaurados contra otros gobiernos de la primera ola progresista, como fue el caso de Lula, encarcelado cerca de dos años y que sólo muy recientemente recuperó la libertad.
La segunda batalla, tan pronto empezó el ejercicio de funciones, dirigió la atención del Ejecutivo a combatir el robo de gasolina, por perforación de los ductos de traslado del hidrocarburo, y ahí hubo de enfrentarse a grupos delictivos que laceraban el interés de la nación con un escandaloso negocio ilícito, conocido coloquialmente como huachicoleo, calculado en cerca de 3 mil millones de dólares anuales. No debió extrañar por tal razón que esas bandas delictivas reaccionaran con el secuestro de pipas de abastecimiento, el cierra de caminos e incluso la colocación de algunas mantas por fuera de la refinería de Pemex en el Bajío con amenazas de muerte dirigidas contra el presidente.
En cumplimiento del mandato constitucional, López Obrador presentó ante el Poder Legislativo el 1 de septiembre de 2019 el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que a grandes rasgos aspira a distanciarse del neoliberalismo que estatuyó la rapiña y el robo de los bienes nacionales. En su lugar se propone arribar a una sociedad que privilegie el aseguramiento de las posibilidades de vida para la población, lo cual significa orientar el desarrollo económico hacia el bienestar de las mayorías más lastimadas por el esquema anterior, pero sin separarlo de los propósitos de sustentabilidad (en un sentido financiero o fiscal, por vía de políticas de racionalización en el ejercicio del gasto), de sostenibilidad ecológica (privilegiando acciones que revitalicen el campo, la agroecología y el sustento a la población rural) y con el respeto del estado de derecho, la división de poderes y, en un sentido más genérico, un proceder que obre plegado a la justicia, a fin de construir un México de paz.
Ese proyecto tiene como base reconstruir la infraestructura nacional, recuperar el sector estratégico de los energéticos y las empresas paraestatales (Pemex, con impresionante caída en los niveles de extracción y producción, y obligaciones de pago estratosféricas; y la Comisión Federal de Electricidad, con obligaciones de pago hasta ficticias y con caídas en la generación de kilovatios), y orientar las políticas educativas y de fomento a la investigación científica y humanística con objeto de responder a los grandes problemas nacionales.
La primera dificultad que un proyecto de esta naturaleza enfrenta es no sólo el profundo hueco de las finanzas públicas: tampoco supone un dato menor que sigamos pagando la deuda interna producto del Fobaproa, hoy IPAB, verdadero hurto al erario, pues no obstante que se han pagado 700 mil millones de pesos, hemos de seguir comprometiendo recursos hasta 2070, porque una deuda que a su inicio sumaba 552 mil millones de pesos hoy representa cerca de 2 billones. Ése es un ejemplo proverbial de los verdaderos agujeros negros que sustraen recursos públicos, y muestra hasta dónde se ha llegado en cuatro décadas con la aplicación in extremis de los criterios neoliberales.
Una segunda traba es la imposibilidad financiera para encaminar simultáneamente los ambiciosos proyectos del PND pues, en los hechos, sin que se incrementen los precios del petróleo y sin que operare una reforma fiscal a los grupos de altos ingresos, la política de recuperación de la industria nacional se traduce en un redireccionamiento del gasto corriente hacia las paraestatales, financiable sólo por nuevas restricciones del gasto público o una contención del financiamiento hacia ciertos sectores acostumbrados a vivir del cobijo gubernamental. La actual administración está obligada a obrar de esa forma si ha de sostener la política, correcta, de no incurrir en endeudamiento externo.
Entre las políticas más importantes implantadas por el nuevo gobierno y que se han intentado frenar en múltiples formas y por un variado arco de actores figuran la lucha contra la corrupción, la aprobación de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la política de seguridad. Tales propuestas se han intentado contrarrestar con campañas de descrédito (a través de la industria mediática) hacia quienes encabezan importantes secretarías de Estado, con el uso infatigable de las fake news y las manipulables redes sociales, o a través de una estrategia que judicialice y entorpezca mediante “cientos de amparos” las políticas gubernamentales, pues no pueden frenarlas desde el Legislativo: Morena cuenta con mayoría en las Cámaras de Senadores, y de Diputados.
La nueva política educativa, con la reforma del artículo 3o. constitucional, se ha embarcado en el proyecto de la “nueva escuela mexicana” y aspira garantizar el acceso gratuito a toda la educación impartida por el Estado, lo que incluye el nivel superior. Ésta es una campaña por revertir la pérdida de soberanía en el ámbito educativo, y por ello ha de articularse a las propuestas impulsadas por la nueva dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,6 que buscan impulsar una ciencia comprometida, que no descuida la investigación de frontera pero la pone en concordancia con la primera prioridad, la recuperación de su sentido, que ahora estaría guiado por la “apropiación social de la ciencia”, y una renovada interlocución con otro tipo de saberes (“tradicionales”, y pueblos y comunidades), sobre los que ha recaído la iniciativa de campo por preservar muchos de nuestros ecosistemas y son los sectores que con dificultades buscan sobreponerse a la pérdida de soberanía alimentaria. A ese objetivo se suman también los esfuerzos de la institución protectora del ambiente.7
Los logros más significativos del nuevo gobierno descansarían por el momento en el recobrado protagonismo de una política exterior de elevada dignidad, escindida de la anterior destrucción neoliberal de la historia diplomática del país sometida con beneplácito a los designios estadounidenses. Muy por el contrario, en la coyuntura inmediata, se logra canalizarla en la sólida herencia de la Doctrina Estrada y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y la redirige el cuerpo diplomático a un involucramiento más proactivo con América Latina y el Caribe. Si ya, en su momento, no se doblegó ante la Organización de los Estados Americanos cuando quisieron ungir al autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó, hoy ha cobrado nuevo lustre con la firme denuncia del golpe asestado al gobierno constitucional de Bolivia, y con el otorgamiento del asilo político, entre otros, al presidente y vicepresidente de esa nación hermana, por razones de evidente persecución y la puesta en riesgo de su vida.
Los retos en el plazo inmediato
Los obstáculos y retos más significativas, sin embargo, se hallan todavía en la política de seguridad interior, pues no logran contenerse las cifras de muertos, y periódicamente los diarios y noticiarios documentan brotes de violencia o matanzas colectivas. A los reclamos iniciales por no haber retirado de la calle, como se prometió en campaña, a los militares y devolverlos a los cuarteles se sumaron los tropiezos, aún no superados, por dotar de legitimidad a la recientemente creada Guardia Nacional. Algunos eventos recientes parecieron llevar a una pequeña fracción del Ejército (que en el gobierno de Calderón tuvo responsabilidades de mando y que parece ligada aún a ese personaje) a colocarse en franco desacato de las nuevas órdenes, que privilegian el principio fundamental de resguardar la vida de la población antes que exponerla a posibles enfrentamientos, pues son sabidas la potencialidad y letalidad de fuego de que dispone el crimen organizado. Será titánica la tarea de desmontar las redes de criminalidad y las incrustaciones del narcoestado en el aparato judicial.
Un segundo flanco de confrontación podría abrirse con la esperable oposición de ciertos sectores ligados a la lucha por las autonomías indígenas que ven con reservas la implantación de los “megaproyectos” en el sureste del país y la península de Yucatán, pues no advierten en ellos sino la concreción de los modelos desarrollistas y extractivistas que, según esa interpretación, ya habrían mostrado su fracaso en la anterior ola de gobiernos progresistas de la región.
De no canalizarse inversión pública generadora de empleos hacia esa parte del país, que no es sino una forma de redistribución geográfica del excedente, con mucha dificultad se logrará revertir la condición de ser una zona expulsora de población y que se ve orillada a engrosar las filas de la población migrante.
Otra serie de problemas parece localizarse en el partido mismo de López Obrador, que temprano ha comenzado a mostrar signos preocupantes de fragmentación, los cuales amenazan hacer pública o confirmar la dificultad para garantizar un relevo de la cúpula dirigente. De no hacer ese proceso si ya no inobjetable sí al menos decoroso, se perderá una conexión con el proyecto de construcción de una nueva moralidad republicana, y ello podría llegar a significar también un escollo para el acompañamiento militante (social y político) de Morena a las tareas de conducción del Ejecutivo.
El reto sigue siendo, como en otros procesos políticos de la región, proceder en transversalidad en los planos institucional y extrainstitucional, de lo local con lo global, del partido con los movimientos, pues la exigencia de las luchas seguirá estribando en la incorporación de otras luchas, pues si ninguna lucha es completa tampoco ninguna es despreciable y merece ser desatendida.
Privilegiar de ese modo los elementos que se revelan comunes (pero antes fueron menospreciados) quizá sea la garantía para hilvanar transformaciones que han de hacerse posibles.
Notas
1 Para muestra, la decisión del Ejecutivo de trasladar los restos de los luchadores sociales comunistas Valentín Campa y Arnoldo Martínez Verdugo a la Rotonda de las Personas Ilustres. En un plano más general, basta mirar la portada de la revista Proceso número 2247, del 24 de noviembre de 2019.
2 Véase Didi-Huberman, Georges. Supervivencia de las luciérnagas, Madrid, Abada Editores, 2012, 127 páginas. Traducción de Juan Calatrava.
3 Alianza política suscrita con el nombre de Pacto por México un día después de iniciada la administración de Enrique Peña Nieto, y que buscó ofrecerle un arco de gobernabilidad y en ello se condujo al descrédito de los partidos mayoritarios (PRI, PAN, PRD y sus institutos satélite, los principales derrotados. Morena surgió el 2 de octubre de 2011, precisamente como un partido-movimiento distanciado de esas fuerzas políticas proclives al neoliberalismo.
4 Véase Memoria. Revista de Crítica Militante, “Nuevo aeropuerto: una batalla ganada al capital”, número 268, año 2018-4.
5 Véase José Guadalupe Gandarilla Salgado. “¿Salir del neoliberalismo? Los usos del derecho en el ciclo reciente de América Latina”, en Memoria. Revista de Crítica Militante, año 2019-2, número 270, páginas 40-49.
6 Que de aprobarse la nueva Ley del sector renombrará esa institución como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
7 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es encabezada por Víctor Manuel Toledo, intelectual reconocido entre los estudiosos de la ecología política crítica.