El trasfondo del golpe de Estado en Bolivia es la distribución de la riqueza en el país y el control geoestratégico de Estados Unidos de América (EUA) sobre sus recursos, alentado con el racismo supremacista. Es un nuevo capítulo de la guerra híbrida contra los pobres en el escenario internacional, donde se revelan los hilos de una operación de desestabilización organizada desde el exterior, con el uso de grupos internos ligados a la oligarquía boliviana, a fin de derribar un gobierno no afín a los intereses geoestratégicos de la potencia dominante en la zona, en este caso EUA. Supone un golpe de Estado “suave” por medios no convencionales, con armas psicológicas, sociales, económicas, mediáticas, políticas, etcétera.
Ha sido un golpe de Estado planificado
Con varias semanas de anticipación, en Behind back door se describieron los detalles de la planificación desde EUA del actual golpe de Estado. Se daban ya entonces los nombres y apellidos de los involucrados: políticos bolivianos residentes allá, líderes de la oposición boliviana y de la asociación opositora Coordinadora Nacional Militar, compuesta por ex oficiales del ejército, responsables de gestionar los fondos enviados desde Washington para la operación.
El plan, en tres etapas, estaba diseñado para la ruptura y la división del ejército y la policía nacionales, logrando que ambas fuerzas se rebelaran contra el presidente Evo Morales (reclutando altos mandos del Ejército, quienes respaldarían el golpe de Estado y asumirían la Presidencia del país en una coalición cívico-militar en el periodo de transición).
Preveía contar, como ha sido, también con el apoyo de las embajadas afines y la Iglesia Evangélica, utilizada por EUA como cobertura estratégica de forma habitual en los “golpes de Estado blandos”, financiando campañas de descrédito contra el gobierno, utilizando una estructura de medios con prensa de medios opositores, medios y cuentas falsas en las redes sociales creadas específicamente para apoyar el golpe de Estado, activistas en redes sociales con noticias falsas masivas (centradas en la inversión del sentido de los hechos: los agresores son presentados como agredidos, y viceversa; los videos de atrocidades de bandas criminales se muestran como acciones violentas de seguidores del gobierno), así como el apoyo de organismos internacionales controlados por Washington, como la Organización de Estados Americanos, para deslegitimar la victoria electoral de Evo, acusarlo de fraude electoral y reclamar, si era necesario, una intervención internacional en Bolivia.
Se pasaría a la tercera fase, cuya intención era generar un estado de crisis social en el país, desatando una ola de violencia y represión que dejara en shock a la población que apoya al presidente Evo Morales, e imponer un gobierno paralelo que aprovechara este estado de conmoción para imponer reformas drásticas, sin refrendo democrático, que de otra forma nunca se habrían aceptado.
Parece que ahora los presidentes en Latinoamérica ya no son elegidos por su pueblo sino que se autoproclaman, con gran apoyo mediático y reconocimiento inmediato de EUA. Este tipo de golpe de Estado tiene una larga tradición en la estrategia política y militar de la Casa Blanca en la región: el fallido golpe contra Hugo Chávez en Venezuela en 2002; el derrocamiento en Haití en 2004 del primer presidente electo por voto popular, el sacerdote Jean Aristide; el alzamiento de la Media Luna contra Evo Morales en 2008; el derrocamiento del presidente de Honduras, Mel Zelaya, en 2009; la destitución exprés del de Paraguay, Fernando Lugo, en 2012; y los golpes de Estado lawfare en Brasil, con la destitución de Dilma Rousseff y la detención de Lula para impedirle presentarse y ganar las elecciones, gracias a lo cual se hizo con el poder el militar Jair Bolsonaro, quien reivindica no sólo la dictadura sino las torturas, y se apoya en las iglesias evangélicas.
Decenas de miles de cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks muestran cómo la agencia USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)1 financió con millones de dólares a los opositores a Evo, y que cuando los departamentos de la Media Luna organizaron protestas violentas, en las que murieron 20 partidarios del gobierno, EUA mantenía comunicación regular con los líderes del movimiento violento, separatista y racista que se proponía “volar por los aires los gasoductos” y consideraba la “violencia como posibilidad para forzar al gobierno”. Por eso no es de extrañar que los jefes del Ejército y de la policía de Bolivia, quienes forzaron la renuncia de Evo Morales, fueran entrenados por ese país en la Escuela de las Américas y en el FBI. Y que el general que exigió la dimisión, Williams Kaliman, una vez cumplida su función, se haya ido a vivir a Estados Unidos a las 72 horas del golpe, tras haber presuntamente cobrado 1 millón de dólares, a resguardo de cualquier investigación de la comunidad internacional. El encargado de negocios de la Embajada estadounidense en La Paz, Bruce Williamson, al parecer pagó esos sobornos: 1 millón de dólares a los jefes militares y 500 mil a los jefes de policía.
Ha sido un golpe de Estado por el control geoestratégico
Como dice la experta, profesora de la Universidad de Buenos Aires Alcira Argumedo, el golpe de Estado contra Evo Morales se enmarca en un contexto internacional donde Washington pierde la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso en términos económicos, geopolíticos y tecnológicos. La estrategia de intervenciones militares de EUA y la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Medio Oriente ha resultado un rotundo fracaso.
Por lo anterior, EUA se ha replegado sobre Latinoamérica como último bastión donde disputar su hegemonía. El objetivo es garantizar el control de áreas y recursos estratégicos. Sus intereses estratégicos en la región son inmensos: ésta (y, en ella, básicamente Venezuela) provee un tercio del petróleo que importa aquel país; es decir, más que todos los países del Medio Oriente juntos; implica un intercambio comercial de mercancías que triplica al que Estados Unidos tiene con toda Europa y quiere desplazar la creciente presencia de China en la zona.
Las tendencias hacia una reconversión energética a causa del calentamiento global, con el desplazamiento de los combustibles fósiles y su reemplazo por energías renovables, marcan una reorientación hacia la producción masiva de vehículos eléctricos y la provisión de energía solar en gran escala: las baterías para tal reconversión energética se fabrican con litio. El gobierno de Evo Morales nacionalizó las reservas de litio de Bolivia –las mayores del mundo–. EUA carece de yacimientos, y no parece dispuesto a aceptar una eventual dependencia de la importación en gran escala de baterías desde el país, fabricadas por empresas mixtas de allá con socios alemanes y chinos (con quienes el gobierno había firmado un acuerdo en febrero de 2019 para la explotación industrial del litio). En este contexto se genera el golpe contra el gobierno de Evo Morales.
Ha sido un golpe de Estado contra la democracia y la igualdad social
En el ámbito interno, el detonante del golpe de Estado ha sido el rechazo a la igualdad social; es decir, a los fundamentos mismos de una democracia real, garante de los derechos humanos y sociales.
Bolivia era el país más pobre, con Haití. Durante el mandato de Evo Morales hubo expansión económica continua y reducción de la pobreza, lo cual posicionó al país como el de mayor crecimiento de la región. La economía creció de 9 mil millones a 42 mil millones de dólares, a un promedio del 4.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), con lo cual la deuda externa se redujo de 52 a 24 por ciento del PIB; se pasó a ser el séptimo país menos endeudado de América del Sur.
Ese crecimiento se acompañó de políticas públicas que ayudaron a disminuir los indicadores sociales negativos: reducción de la pobreza (de 60 a 34 por ciento la moderada, y de 38 a 15 la extrema pobreza; caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); y acceso universal a la salud, la protección social y la educación (se construyeron 5 mil colegios en 13 años, cifra similar a la alcanzada en los 180 años anteriores, y se pasó de 13.28 por ciento de analfabetismo a 2.4). Además, el salario mínimo subió de 440 bolivianos (55 dólares) a 2 mil 122 (308 dólares). La “clase media” pasó de 35 a 60 por ciento, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Más de 50 por ciento de los funcionarios de la administración pública son indígenas…
Pero también nacionalizó los hidrocarburos (gas y petróleo), en manos de 21 consorcios multinacionales, que ingresaban enormes beneficios. También reestatizó la mina de estaño de Huanuni, nacionalizó la empresa nacional de telecomunicaciones (Entel), y empresas eléctricas… Algo que no le han perdonado… De facto, el proceso del golpe de Estado se inició cuando el gobierno de Evo Morales nacionalizó el gas y los recursos naturales para utilizar sus rentas de cara a reducir la desigualdad social, lo que también afectó los privilegios de las multinacionales y de la racista oligarquía de la Bolivia blanca, rica y poderosa. Con este golpe de Estado se trata de revertir todos esos logros sociales.
Se pretende volver a imponer el modelo capitalista y neoliberal, que evite de todas las formas posibles el reparto y la distribución de la riqueza; supone un golpe de rechazo a la igualdad. Y la estrategia para ello es la denominada “doctrina del shock”, que ya Noami Klein describió en 2007, citando al gurú neoliberal Milton Friedman: aprovechar la “oportunidad” de la represión y violencia brutal del golpe de Estado (terror y temblor) para, una vez la población esté en estado de conmoción, actuar sin dilación para imponer los cambios y las reformas legislativas rápida e irreversiblemente, antes que la sociedad afectada pueda reaccionar. Friedman alentaba a aprovechar esos momentos de trauma colectivo para dar el pistoletazo de salida a reformas económicas y sociales de corte radical. La población, aseguraba, tiende a aceptar esos “tratamientos de choque” por la creencia en la promesa de que se salvará de mayores desastres.
La barbarie se aplica al pie de la letra. La represión ha escalado a niveles sin precedente. La Defensoría del Pueblo ha denunciado 23 asesinatos, 715 personas heridas y numerosas detenciones, delitos de lesa humanidad, producidos cuando la policía y el Ejército han reprimido violentamente manifestaciones pacíficas en defensa de la restitución de los derechos del pueblo; por supuesto, todos ellos indígenas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han sumado su voz para condenar esa escalada de represión contra marchas pacíficas encabezadas por niños y mujeres. “Esto es una dictadura, nos están matando”, dice una manifestante sobre la represión de la fuerza pública en Cochabamba, quizá la mejor expresión para describir la situación actual en el país. Mientras, el poder golpista acelera la derogación de leyes, como la 348, que asegura una vida libre de violencia y reconoce el feminicidio, y todas las garantes de los derechos, simbólicos y materiales, de la población indígena y las clases trabajadoras.
Ha sido un golpe de Estado fascista, racista, patriarcal, fundamentalista, eclesiástico y empresarial
Encabeza este golpe de Estado, como denuncia Adriana Guzmán, aymara y feminista comunitaria, el grupo de derecha fascista del Comité Cívico de Santa Cruz, con Luis Fernando Camacho como presidente, vinculado a los cárteles del narcotráfico e hijo de un paramilitar que estuvo al servicio de la dictadura. El comité representa a empresarios, oligarcas, terratenientes, socios de las transnacionales del oriente boliviano, quienes acapararon las tierras durante la dictadura y no se han presentado a elecciones ni están dispuestos a renunciar a ninguno de sus privilegios. Están instaurando una dictadura de facto, donde las fuerzas policiales y militares propinan palizas, encarcelan, hieren y matan a manifestantes que exigen el retorno de Evo, disparan contra opositores. El nuevo régimen ultraderechista anuncia una “cacería” contra los “animales” que se atreven a disentir de él: aprobó un decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares en tareas antidisturbios; con ello legaliza la represión y el asesinato.
El componente fascista se une al odio racial, alentado por los sectores de ultraderecha y fundamentalistas, como relata el propio Álvaro García Linera, que ven desvanecerse la herencia del apellido y la piel ante el avance de la igualdad. La exhibición en todos los medios de la “suite presidencial”, unas dependencias más bien humildes y sobrias, pero que son como “la habitación de un jeque árabe”, clamaba una tal Roxana Lizárraga, autoproclamada ministra de Comunicación de la Junta golpista, muestra el grotesco racismo de que hacen gala. Apelaba así a la reacción racista, como si un indio campesino tuviera que dormir en el suelo, buscando “satanizar a los líderes populares”.
En Santa Cruz organizan hordas motorizadas en 4×4, con bates de beisbol, cadenas, granadas de gas y armas de fuego para imponer su supremacía racial y, como gritan en sus consignas, “escarmentar a los indios”, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y los mercados, y que nunca habían tenido derechos y solo habían servido como peones de los terratenientes o para sacar el oro de las minas de la oligarquía.
La conducta referida, que recuerda el fascismo nazi, la vivió la alcaldesa de una población campesina: fue humillada, arrastrada por la calle, golpeada y vejada, pues la orinaron encima. Le trozaron el cabello y la amenazaron con lincharla: la rociaron con pintura roja, como símbolo de lo que harán con su sangre.
A esos actores se añaden la jerarquía católica, posicionada rápidamente con los golpistas; y los grupos evangélicos, la nueva arma de EUA para los golpes de Estado en Latinoamérica. En una entrevista con la BBC, la autoproclamada “presidenta” fundamentalista evangélica, Jeanine Áñez, dijo que con ella, Cristo y los Evangelios volvían a la casa de gobierno, y acusó a Evo de ateo. Cuando el periodista le señaló que Bolivia seguía siendo un Estado laico, le respondió que no importaban los votos en el parlamento, pues ella sabía que 80 por ciento de los bolivianos eran hombres de fe.
El fenómeno de los fanáticos evangélicos lo representan también las declaraciones de Luis Fernando Camacho: “Vamos a sacar de los lugares públicos la Pachamama y vamos a imponer la Biblia evangélica”, pues para ellos la Pachamama es el origen de la pobreza, mientras que la riqueza es la bendición de Dios sobre quienes se han esforzado; resucitan así la ética protestante del calvinismo más extremo, teología del modelo neoliberal.
Éste ha supuesto también un golpe de Estado contra el gobierno indígena, originario, acompañado de las organizaciones campesinas y los movimientos sociales. Concluye Adriana Guzmán: “Es un escarmiento para que no se les vuelva a ocurrir que resulta posible vivir fuera del capitalismo, que el bien vivir pueda ser una posibilidad, que puedan autogobernarse. Para que aprendan a aceptar el sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, colonialista. Ése es el mensaje. La derecha no es democrática y no aceptará renunciar a sus privilegios. Si no alcanza el poder por las urnas, lo hace a través de la fuerza y la masacre. Debemos estar conscientes de ello”.
Nota
1 USAID fue creada en 1961 y se ha convertido en uno de los dispositivos, dependiente del Departamento de Estado, de la CIA, para financiar proyectos de desestabilización contra gobiernos no afines a la política de la Casa Blanca. Es la principal financiadora de los movimientos separatistas promovidos en la Media Luna del oriente Boliviano. En 2003 y 2004 financió los intentos por impedir que el líder cocalero Evo Morales llegase a la Presidencia y, a partir de entonces, ha aportado gran financiamiento para derrocarlo y, en caso contrario, dividir Bolivia en dos repúblicas, una gobernada por la mayoría indígena y la otra por descendientes de europeos y mestizos, habitantes de las áreas ricas en recursos naturales, como agua y gas.