BOLIVIA EL GOLPE

El odio racial sólo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que detrás de cada mediocre liberal se agazapa un consumado golpista.
Álvaro García Linera

Lo que nos arrebataron

Aun cuando en las horas posteriores al golpe de Estado erigido contra el proyecto de gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, la cantidad de información circulante en la región fue considerable, tras la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta del Estado plurinacional, el 12 de noviembre último, un cerco informativo sumamente hermético se levantó alrededor de Bolivia al amparo de la narrativa golpista de que hoy se encuentra en funciones un gobierno constitucional de transición para recuperar la democracia en el país.

En los hechos, una de las repercusiones más importantes de aquel cerco es la total invisibilización, a lo largo y ancho de la región, de las dinámicas tan profundamente violentas en curso en la sociedad para desarticular todo cuanto se construyó en los poco más de 13 años de gobierno del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). De ello da cuenta, por ejemplo, la rapidez con que ha actuado el gobierno de facto en su cruzada en pos del desmantelamiento de lo público en todas sus dimensiones, yendo desde el propio espacio colectivo, capturado por las fuerzas armadas y policiales en cumplimiento sus papeles de ocupación y militarización de la cotidianidad,1 hasta llegar a la participación política directa de la ciudadanía, pasando por un desmantelamiento de las instituciones estatales y la retracción que se vive en el plano internacional, donde prima la lógica de conseguir un total aislamiento de los bolivianos respecto de las fuerzas progresistas de la región –tanto en sus formas estatales como las relativas a movimientos populares, obreros, campesinos, indígenas, etcétera.

El plano económico, en este sentido, ha sido un objeto de particular relevancia para conseguir la disolución de lo público. Y es que, en efecto, en apenas dos meses de administración de la esfera gubernamental por el gobierno de facto, la intensidad con que el gabinete ha atacado al aparato productivo-consuntivo de la sociedad boliviana ha sido brutal (tanto que resulta mínima la distancia que separa sus acciones de los ajustes estructurales y los sucesivos choques fondomonetaristas del decenio de 1980). En términos de gasto público, por ejemplo, la tendencia ya mostrada por la actual administración apunta hacia mayor erogación de recursos públicos en materia de seguridad y defensa,2 pero un recorte inversamente proporcional en servicios públicos de primera necesidad. A una semana del golpe, Áñez estableció con claridad esas prioridades con el decreto supremo de otorgamiento de recursos adicionales (por 5 millones de dólares) para equipar a las Fuerzas Armadas.3

A ello se sumó el decreto –abrogado por la presión internacional después– que eximía de responsabilidad penal a los miembros de la Fuerzas Armadas participantes “en los operativos para restablecer el orden interno y la estabilidad pública”.4

Eso, por supuesto, se explica por la necesidad del gobierno de facto, por un lado, de incrementar cada vez más la presencia militar en el territorio –de cara al inminente escenario electoral–; y por el otro, de debilitar la propia posición y la fortaleza política ganadas por los sectores históricamente más explotados por la lógica de acumulación, concentración y centralización de capital, sobre todo en los periodos de plena vigencia del neoliberalismo en el país. A ello se suma una política de progresivo y sistemático desmantelamiento de las empresas del Estado en sectores estratégicos como comunicaciones, transportes, agroindustria y otros recursos estratégicos –todo esto, al amparo de un supuesto proceso de investigación anticorrupción que en el fondo tiene el objetivo de barrer con la totalidad del aparato de administración pública de lo que consideran el masismo.

En el mismo lapso, además, diversos decretos presidenciales y otro tipo de disposiciones similares fueron ejecutados por la autoproclamada presidenta del país para debilitar las capacidades de la economía nacional de abastecer su consumo doméstico,5 al mismo tiempo que favorecen escenarios donde ya comienzan a recuperarse viejos privilegios empresariales que no únicamente reducen la capacidad de captación de recursos por el Estado6 (por la vía de tasas impositivas a la actividad industrial) sino que, aunado a ello, redundan en un alza generalizada y un debilitamiento de las capacidades adquisitivas de los sectores más pauperizados.7 Y por si fuera poco, se suma a todo ello el fortalecimiento de la posición de negociación del empresariado frente a las centrales sindicales8 por medio de las cuales el masismo reivindicó múltiples derechos laborales y populares de los trabajadores. La Cámara Nacional de Industrias, sin ir más lejos, ya anunció su postura para 2020: congelamiento del salario mínimo nacional.

En la venganza de clases actual, producto del golpe de Estado, los trabajadores salen perjudicados: además de la pérdida de conquistas sociales, se prevé el cierre de empresas estatales, para lo cual ya empezó a operar una intensa campaña de desprestigio acompañada de medidas dirigidas a generar su quiebra. El caso más escandaloso, pero no el único, es el de Boliviana de Aviación, BOA, la empresa estatal de transporte aéreo que ha cedido vuelos en favor de la privada Amaszonas, a partir del cambio de administración donde figuran ex autoridades de la aerolínea privada no sólo en el directorio de BOA, sino en la propia Dirección de Aeronáutica Civil. El camino hacia la reprivatización de ésta y otras unidades productivas pasa por el cuestionamiento a la administración estatal llevada a cabo durante el gobierno de Evo Morales.9

Se avizora el retorno del programa neoliberal recargado, aceitado por la maquinaria militar, lo cual generará sin duda el incremento de la pobreza, la explotación y las desigualdades, que –no está demás señalarlo– llegaron a sus mínimos históricos en el gobierno de Morales. Las políticas de redistribución de la renta –vía bonos sociales, incremento del salario mínimo nacional y subsidios– están puestas en jaque con el gobierno de facto; estas políticas fueron la base del programa económico del MAS-IPSP y el fundamento del modelo económico social y comunitario que logró posicionar a Bolivia en 2019 como un país de desarrollo humano alto.10 A esas políticas les subyacía un gran potencial democratizador, que derivó en el incremento de 63.5 años en 2005 a 73.5 para 2018 de la esperanza de vida.

En el plano social, por su parte, no ha sido mucho menor lo atroz del ajuste estructural implantado por el despliegue del golpe sobre la vida cotidiana en Bolivia. Y es que, más allá de la centralidad mediática que han tenido las persecuciones de actores políticos clave del Movimiento al Socialismo (como es el caso de los ministros que se encargaban de carteras particularmente importantes para la agenda social del gobierno del MAS11 en la última década), la realidad de fondo muestra a un país sumido en una aguda dinámica de militarización, acompañada por el despliegue de una cruzada de terror, en la cual la fabricación de delitos a modo sirve de vector al golpismo para generar pánico y desconfianza generalizados entre la sociedad.

Y es que, sin duda, resulta claro (y de ahí la importancia del evento como tal) que la persecución de personajes políticos y miembros del gobierno nacional legítimamente elegido tiene el objetivo, desde que comenzaron las redadas en las calles, en vísperas del golpe, de desarticular toda posibilidad de recuperación del MAS-IPSP, como fuerza política particular; y sobre todo de la red de alianzas y acuerdos que tanto margen de maniobra concedieron a Morales y todo su gabinete en los pasados años. Sin embargo, debajo de esa realidad también se halla un esfuerzo sistemático por judicializar la persecución de cualquier personalidad y movimiento capaces de ofrecer resistencia política y electoral recurriendo a la fabricación de delitos ligados con el terrorismo o similares.

Ello ha tenido en los hechos un efecto significativo y concreto en la capacidad de articulación entre diversas fuerzas, pero sobre todo, y más importante aún, en la anulación de toda posibilidad de crear comunidad entre individuos concretos –en una sociedad con fuerte tradición comunitaria, como bien ha señalado García Linera en distintas ocasiones–. Lo que en distintos espacios de la arena internacional se celebra como el mayor esfuerzo emprendido por un gobierno boliviano contra la corrupción, la impunidad y el despotismo (con grandes procesos judiciales y administrativos12 de quien haya tenido algún tipo de relación laboral o similar con el gobierno de Morales) es en verdad una campaña de choque tendente a sembrar en el imaginario colectivo el temor generalizado de que cualquier vínculo personal con un ciudadano tocado por el masismo se convierta en el pretexto perfecto para llevar a cabo una persecución que, como muchas otras observadas en los dos meses pasados, termine con prisión o la privación de cualquier bien, posesión o propiedad del imputado.

El empuje hacia la radicalización de la hiperindividualización –como estrategia de intervención política para desarticular el cuerpo colectivo nacional– encuentra su correlato en la potencia adquirida por el evangelicalismo en América en general y Bolivia en particular, en términos del papel protagónico que desempeñó en la aceleración del golpe y, sobre todo, en la escalada de violencia que en los días previos a la deposición de Morales, García Linera y el resto del gabinete instauró una suerte de Estado de excepción aún vigente. El individualismo en su más pura esencia practicado por el evangelicalismo político, por un lado; y la aniquilación del tejido social que sus muestras de supremacismo despliegan, por el otro, son entonces dos funciones de una misma ecuación que, conjugadas, amenazan llevar a la sociedad hacia una total atomización de sus prácticas de socialidad, haciendo de sus individuos seres incapaces de establecer entre sí contenidos culturales y socializantes por fuera de la mercantilización y del ejercicio de la violencia –lo mismo política que social y criminal.

En el plano internacional, el golpismo personalizado por Áñez encuentra un potente respaldo a su gestión por Estados Unidos e Israel y sus principales aliados en Occidente, primero; y en el resto del mundo, después. Ello supone algo que, en concreto, consiguió a Juan Guaidó, en Venezuela, un reconocimiento de legitimidad a su autoproclamado gobierno interino de más de 50 Estados en los momentos en que no representaba una carga más para los intereses injerencistas estadounidenses en el país. Sin embargo, en términos regionales, el golpismo boliviano también encuentra tanto en los gobiernos conservadores de la zona como en los movimientos políticos y sociales que lo legitimaron y sostienen en el cargo un importante potenciador de su quehacer.

Ello, del otro lado de la ecuación, se ha traducido en una campaña de fuerte confrontación con las fuerzas progresistas que aún se mantienen en la región, desde el caso de México (y la importancia que su gobierno tuvo en la concesión de asilo político a Morales, García Linera y una veintena más de altos funcionarios del gobierno del MAS-IPSP) hasta su más reciente ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba13 (al mismo tiempo que esa situación debilita los procesos de integración latinoamericana, sirve a los propósitos de aislar aún más al Estado caribeño en momentos en los que el bloqueo estadounidense se ha recrudecido como nunca antes en lo que va del siglo XXI).

Y ello no es para menos. Después de todo, el argumento de que estos actores y otros tantos han sido los principales violadores de las normas de convivencia internacional y de sus principios más sagrados (como el de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y el de respeto por la autodeterminación de los pueblos) sirve al golpismo como un elemento de anclaje sobre el cual monta su estrategias de aislamiento de las fuerzas revolucionarias de Bolivia respecto a las que, en los planos internacional y regional, son capaces de potenciar la visibilidad de la situación que se vive en el Estado plurinacional. Así, al construir una narrativa en torno de una supuesta conspiración regional con fines intervencionistas, el gobierno de facto justifica el despliegue de una serie de acciones encaminadas a obtener una total desmoralización y aislamiento político de las fuerzas de oposición que le resisten.

El discurso con que los golpistas se asumen y presentan a sí mismos ante la comunidad internacional como autoridades en pleno derecho y goce de legitimidad para emprender las tareas de una transición democrática es justo eso. Y la manera en que la prensa occidental, los briefs de los think tanks estadounidenses y gran parte de los comunicados oficiales de gobiernos abiertamente hostiles al de Morales y el MAS-IPSP hace eco de ese discurso, además de facilitar el alienamiento ideológico de grandes capas de la población en la zona, ejerce fuerte presión con miras al inmovilismo de organismos y organizaciones internacionales encargados de vigilar y tomar acciones concretas para impedir que avancen las violaciones de los derechos humanos y los actos de feroz represión por los cuales se quiere anestesiar la participación colectiva en el país.

Lo anterior, en esos términos, se ha traducido en una expropiación de la participación política directa de la ciudadanía en los asuntos colectivos: en particular, configurándose como un modelo de gestión política donde se retorna a esos esquemas en los que la planeación, la ejecución y el desarrollo de la actividad gubernamental y estatal son facultad exclusiva de un círculo reducido de profesionales de la política y grupos de tecnócratas abocados a la tarea de administrar la inversión, la mercantilización y la capitalización de espacios y dinámicas sociales en general.

De cara a los comicios de mayo próximo, el despojo de la participación política directa de la ciudadanía en la configuración de lo público y lo político presenta un reto de proporciones mayúsculas. Y es que si bien la aritmética electoral resulta imprescindible para disputar al golpismo la dirección del Estado, los grados de descomposición a que se arrastra a la población en el ejercicio de sus derechos políticos ponen de relieve que la recuperación de su centralidad en el quehacer político no comienza, transita ni se agota en la contienda electoral. Por el contrario, por principio de cuentas, la profundidad con que se reorganiza y reconstituye el funcionamiento del Estado y de su andamiaje gubernamental es de un calado y una hondura suficientes para afirmar que el golpismo no llegará a las elecciones en condiciones de equidad participativa, ya ni se diga con la previsión de que quizá pierdan lo que sólo por la usurpación pudieron conquistar en noviembre pasado.

Pero ello, no sólo por los actos de represión, encarcelamiento, asesinato y persecución cometidos contra los sectores que el MAS es capaz de movilizar en su favor sino porque el sentido mismo de la democracia se encuentra en juego: desde las condiciones de posibilidad requeridas para hacer efectiva la participación del colectivo –hoy al borde del abismo–, más allá de la coyuntura electoral, hasta las implicaciones de ello en la construcción simbólica de las naciones indígenas bolivianas (y sobre todo de la propia idea de lo indígena y de lo negro) como los enemigos internos que hay que volver a civilizar para recuperar el camino del progreso económico y civilizatorio del país.14

Si bien ya es un hecho que la trayectoria mostrada por el golpismo en la organización de la jornada comicial próxima tiende al endurecimiento de la vigilancia y el recrudecimiento de la obstrucción para celebrarla en las regiones y las localidades donde el MAS cuenta con mayorías (cualitativas y cuantitativas) superiores a las de todas las fuerzas de oposición en su conjunto,15 de cara al porvenir la fórmula encabezada por Luis Arce y David Choquehuanca tiene en estos comicios el menor de sus problemas ante un tejido social desgarrado por la violencia desatada por los supremacismos racistas, clasistas y confesionales que buscan legitimar el golpe a través de las urnas.

Un hecho que, por ejemplo, delata la magnitud de la disputa que se avecina para las fuerzas revolucionarias bolivianas se halla en el desprecio que los sectores golpistas y el gobierno de facto mostraron el pasado 22 de enero de cara a la celebración del Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Y es que si bien al final se terminó por cumplir el protocolo y la formalidad del acto institucional, en el fondo aquello dejó de funcionar como un contenido cultural e identitario de trascendencia nacional para el conjunto de las naciones indígenas del país. Pero no sólo, pues eso que parece un gesto aislado representa en realidad el más reciente eslabón de una cadena de hechos articulados para conseguir la exclusión de las representaciones culturales indígenas y parte del imaginario colectivo nacional, y la invalidación de lo indígena como una identidad de interlocución y un sujeto social y político válido.

En ese escenario preelectoral construido a modo por el golpismo, donde se ha intentado de múltiples maneras aniquilar al oponente político, el MAS-IPSP sigue suponiendo la primera fuerza política del país y el único con base social campesina e indígena fuerte. Uno de sus principales retos estribará en presentar un proyecto político que si bien se moverá respecto a principios fuertes de soberanía, posneoliberalismo, combate de las desigualdades y democracia plena –y, con ello, democratización en el plano económico, reduciendo las brechas de desigualdad hoy reabiertas–, tendrá que repensarse a la luz de los últimos acontecimientos y de una interpretación política profunda y sin concesiones.

Lo que debemos disputar

En el plano internacional, una de las principales enseñanzas del actual proceso político de Bolivia tiene que ver con el papel tan protagónico que desempeñan los mecanismos de integración y concertación política regionales en dos sentidos: primero, como instrumentos de defensa colectiva ante las intervenciones geopolíticas de los grandes capitales y potencias occidentales, pero sobre todo frente al atroz e insaciable imperialismo estadounidense; y, enseguida, como dispositivos de prevención y, en todo caso, de contención de las fuerzas reaccionarias y los conservadurismos propiamente regionales en momentos de particular debilidad coyuntural de los movimientos populares y los gobiernos de izquierda locales.

Es imprescindible no perder de vista que no por puro azar, en la medida en que en América Latina comenzaban a fortalecerse ese tipo de fuerzas, tomando la concreción de gobiernos nacionales como los de Bolsonaro o Macri, en Brasil y Argentina, respectivamente, los procesos de integración y de unidad latinoamericana –así como los recursos de concertación política regional– fueron de los primeros objetivos en ser atacados y desmantelados por aquellos gobiernos. Y hay cierta lógica en ello: en la medida en que estos mecanismos y procesos eran barridos por el reposicionamiento de las agencias de cooperación estadounidenses, los préstamos multimillonarios del Fondo Monetario Internacional y los tratados de libre comercio regionales, de manera proporcional los gobiernos como los del MAS-IPSP fueron empujados hacia el aislamiento, consiguiendo que, ante el escenario del golpe, la capacidad de reacción de los movimientos populares en la región fuese mínima, o por lo menos no suficientemente sólida a fin de dificultar la usurpación. Las dificultades experimentadas para poder sacar de territorio boliviano a Evo Morales y García Linera una vez consumado el golpe son clara muestra de ello.


Notas

* Mexicano-boliviana, maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del grupo de trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Hasta el día del golpe de Estado en Bolivia, trabajó en el gobierno del presidente Evo Morales.

** Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Consejero ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios. Miembro del grupo de trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial, del Clacso.

1 El 16 de enero se activó un plan de “patrullaje preventivo”, con la participación de más de 70 mil efectivos de la Policía Militar, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para sentar presencia en las principales ciudades del país, además del traslado de un convoy militar a El Chapare, principal bastión del presidente Evo Morales. Estos ejercicios, realizados antes en algunas zonas de La Paz, incluyen interrogatorios aleatorios a ciudadanos que circulan por las calles. Véase https://www.la-razon.com/nacional/Operativo_conjunto-Policias-militares-patrullaje_calles-guerra_digital-Evo-Bolivia-MAS_0_3295470435.html

2 Barrios, Lucía. “Ex ministro boliviano advierte que el gobierno de Áñez pone en riesgo la economía del país”, en Sputnik, Rusia, https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202001021090035307-exministro-boliviano-advierte-que-el-gobierno-de-anez-pone-en-riesgo-la-economia-del-pais/

3 El decreto autoriza “al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a través del Tesoro General de la Nación, para realizar la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de 34 millones 796 mil 98 bolivianos, en favor del Ministerio de Defensa, destinados al equipamiento de las Fuerzas Armadas”. Véase https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2019/11/sample.pdf

4 Decreto supremo número 4078, disponible en https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2019/11/sample1.pdf

5 En el sector agrícola y agroindustrial se emitió una norma para liberar exportaciones, antes reguladas según el criterio de garantizar el mercado interno. Véase https://actualidad.rt.com/actualidad/339893-gobierno-bolivia-agroempresarios-liberacion-exportaciones

6 Página Siete, “En dos meses de gobierno, Áñez aprobó tres medidas de impulso al empresariado”, Bolivia, https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/26/en-meses-de-gobierno-anez-aprobo-medidas-de-impulso-al-empresariado-244601.html#

7 En el consumo de luz, por ejemplo, las alzas rebasaron 500 por ciento. Véase http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/03/bolivia-comienzan-los-tarifazos-en-el-gobierno-de-facto-de-jeanine-anez/

8 Sputnik, “El gobierno de facto boliviano anuncia que incluirá a empresarios en negociación salarial”, Rusia, https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202001101090100183-el-gobierno-de-facto-boliviano-anuncia-que-incluira-a-empresarios-en-negociacion-salarial/

9  Véase https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191212/ministro-advierte-privatizar-empresas-estatales-deficitarias

10 Entre las variables consideradas para medir el desarrollo humano se encuentran esperanza de vida al nacer, años esperados de escolaridad y producto interno bruto per cápita. Véase http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf

11 Ramírez, Graciela. “Juan Ramón Quintana, en la mira de los golpistas”, en Mate Magro, Uruguay, https://www.mateamargo.org.uy/2019/12/26/persecucion-en-bolivia-a-principales-ministros-de-evo/

12 El Ministerio de Justicia del gobierno golpista anunció que investigará a 600 ex autoridades del gobierno de Evo Morales, https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/01/08/investiga-bolivia-a-600-autoridades-del-gobierno-de-evo-morales-5588.html

13 “Cuba dice que Trump presionó a Bolivia para romper relaciones”, en La Jornada, México, https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/01/26/cuba-dice-que-trump-presiono-a-bolivia-para-romper-relaciones-5674.html

14 No es casual que Áñez pidiera a la población evitar el retorno de los “salvajes al poder”, en referencia a Evo Morales y los militantes del MAS. Véase https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/01/05/impedir-el-retorno-de-los-2018salvajes2019-al-poder-demanda-jeanine-anez-9661.html

15 Arce, Luis. “Bolivia, elecciones en dictadura”, Agencia Latinoamericana de Información, Quito, https://www.alainet.org/es/articulo/204356