Las instituciones de la democracia formal brasileña están resistiendo al primer año del (des)gobierno de Jair Bolsonaro. En pocas palabras podría clasificarse como el “retroceso conservador” de su política nacional e internacional.
Bolsonaro es un político de carrera, aunque diga que fue elegido por el puesto como capitán de la reserva del Ejército de Brasil, pues ha estado más tiempo en la política como parlamentario que como militar. Tanto en el ejército como en la política siempre ha sido visto como una figura controvertida, con razonamientos y argumentos confusos, que exaltan el golpe militar de 1964, y las prácticas de tortura, la violencia y el odio contra diversos sectores sociales.
Elegido en 2018, sobre la ola que comenzó con el golpe institucional parlamentario, o “golpes de mercado”, como los denomina Atilio Borón, que derrocó a Dilma Rousseff (2016), asumió el cargo en enero de 2019, emergiendo como la “opción” de la derecha brasileña para luchar contra la crisis económica del país, la corrupción y la violencia (todo, esbozado en su discurso electoral).
Paradojalmente, ningún problema ha sido resuelto.
Brasil permanece en crisis económica: el crecimiento ha sido muy bajo (el producto interno bruto llegó a 1 por ciento de crecimiento en 2019, y para poder salir de la crisis tendrían que pasar 10 años y que el crecimiento sea de 2 a 2.5 por ciento al año),1 el desempleo está al alza, (en noviembre de 2019 ya había más de 11 millones de personas sin ocuparse), hay un crecimiento del trabajo informal (sin contrato ni protección laboral ni garantías sociales, etcétera). El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística2 apuntó en octubre del año pasado que había 38 millones de personas con labor informal, y que el número continuaba en ascenso.
Además, la pobreza ha aumentado: en 2019 se planteaba que había 13 millones de personas en extrema pobreza. Este dato viene creciendo desde hace años, con gobiernos anteriores, pero el actual no ha demostrado preocupación alguna para ejercer políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población. Más bien, la respuesta ha estado en aprobar y ejecutar un paquete de ajuste fiscal llamado “reducción del papel del Estado”, enviado al Parlamento por el Ministerio de la Economía.3 En materia discursiva, Bolsonaro plantea que quien diga que personas en Brasil pasan hambre miente y pronuncia un discurso populista.4
En cuanto a la corrupción, no hay política alguna dirigida a contener o eliminar tal fenómeno. Incluso, uno de los hijos del presidente es acusado de corrupción por la Fiscalía Pública de Río de Janeiro. Además, la policía sigue con investigaciones, la Fiscalía Pública hace denuncias y procesa casos, pero nada tan grave como que la propia familia del Ejecutivo está involucrada en denuncias de este tipo.
Respecto a la violencia, según datos publicados se han reducido los homicidios, pero realmente Brasil es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de asesinatos,5 y dichos decrementos no corresponden a las acciones del gobierno actual. Lo evidente radica en el aumento de los muertes por la policía durante 2019: se estima que éstas han crecido en 23 por ciento,6 y sólo en Río de Janeiro ha habido casos innumerables, incluso niños ultimados por las fuerzas policiales.
Sin embargo, la imagen del candidato elegido se mantiene aún por su característico tono populista de derecha, con discursos vulgares y controvertidos, expresados de manera confusa y muchas veces sostenidos por fake news.
En este sentido, ¿cómo se sostiene el apoyo político del personaje? El arreglo político que sustenta a Bolsonaro es complejo e incluso curioso por su diversidad, pues se basa directamente en su personalidad intolerante ante la democracia sustancial y parsimoniosa respecto a la democracia formal. Nostálgico de la dictadura militar brasileña, tiene a su alrededor sectores del ejército (incluido su vicepresidente, general, y varios cargos gubernamentales otorgados a militares). Por otro lado están los sectores empresariales de mayor corte neoliberal, para los cuales construyó un súper Ministerio de Economía (que concentra los Ministerios de Finanzas, Planificación, Comercio Exterior y Servicios, Industria y Trabajo); designó como titular a un ex pasante de la experiencia económica neoliberal de Pinochet durante la dictadura chilena. Finalmente, este arreglo político es sostenido por el conservadurismo religioso de las iglesias evangélicas fundamentalistas y la persecución ideológica moralista conservadora.
Con estas alianzas, el gobierno actual en su primer año tuvo expresiones reaccionarias extremas caracterizadas por el politólogo brasileño Luis Felipe Miguel: “[…] El retroceso brasileño se vio obligado a exponerse en toda su desnudez: antidemocrático, jerárquico, misógino, racista, homofóbico, antiintelectualista, violento” [traducción de libre autoría].7 Asumiendo el análisis crítico del profesor de la Universidad de Brasilia, cabe decir que Brasil vive bajo la hegemonía de las oligarquías neoliberales fundamentalistas, apoyada por una alianza formada por el sector financiero entreguista de los recursos nacionales, unida al capital transnacional, con grupos empresariales urbanos y rurales que buscan el desmantelamiento de las garantías sociales en la relación capital-trabajo, cuidando poco los problemas ambientales y fomentando más aun la desigualdad social; y los bloques moralistas neoconservadores que, con los fanáticos religiosos, arremeten contra la intelectualidad y el campo artístico nacional.
Es interesante que el gobierno en su política nacional se haya destacado por fomentar desacuerdos con varios sectores, incluida su base partidaria. En el ámbito interno, el moralismo fundamentalista religioso e ideológico termina por no estar de acuerdo con las posturas ortodoxas del ala ultraneoliberal e incluso con el sector militar. Con poca capacidad para la articulación política y el liderazgo (característico desde sus días en el ejército), el presidente hizo lo que caracterizó su desempeño durante 30 años como parlamentario, ser omiso; da la sensación política de que el barco Brasil está a la deriva, sin el brazo del comandante al timón o, peor, con varios comandantes a bordo.
En el contexto de los desacuerdos entre sectores gubernamentales, ciertas medidas importantes han implicado retrocesos en materia social: en el Ministerio de Educación, la política de becas para maestrías, doctorados e investigaciones científicas de las universidades públicas durante el año pasado ha sido sometida a ataques constantes, se realizaron recortes a los apoyos científicos, hubo retrasos en el pago de las becas y en el presupuesto del Estado se ha establecido una fuerte reducción para 2020 en estos rubros. Además, en el ámbito discursivo, el Ejecutivo a menudo expresa alocuciones incoherentes, acusaciones infundadas, calumnias y mentiras contra las universidades públicas y las investigaciones que se realizan. Existe hoy una cruzada contra el sector intelectual nacional a partir de la afirmación de que los ámbitos universitarios públicos en Brasil son espacios hegemónicos de izquierda y marxistas, lo cual provoca estigmatización y vulnera la libertad de cátedra y expresión política de la comunidad universitaria.
Esta postura también se expande al sector de las artes y la cultura, con acciones de censura, recortes de recursos y prohibiciones o sanciones de todo tipo sobre la producción artística y cultural brasileña, en especial las referentes a temáticas de género, racismo, sexualidad y de historia nacional.
En el campo ambiental se consolidó el apoyo para sectores ruralistas de agronegocios, se redujo la supervisión en materia de deforestación, se promovió la liberación del uso de pesticidas, y se generó una crisis ambiental local de transcendencia internacional por los incendios en el Amazonas y su indebida atención por las autoridades pertinentes, que provocó su extensión y larga duración.
En la política ambiental tampoco no se podía esperar mucho más: el ministerio lo dirige un joven integrante del partido Novo, de afiliación neoliberal y rectorado por un exitoso banquero brasileño. Por eso, los asuntos ambientales han tenido un grave retroceso desde las medidas gubernamentales, como fue el caso de los incendios en el Amazonas ya mencionados, y de los derrames de petróleo en las playas del noreste. En esas situaciones, el gobierno ha hecho lo posible para culpar a diversos actores, como las organizaciones no gubernamentales (ONG) y países como Venezuela; omite sus responsabilidades y posterga la toma de acciones efectivas para enfrentar los desastres ambientales.
Además, se ha expandido la actividad económica en áreas protegidas ambientalmente e, incluso, en tierras indígenas, pues los empresarios agrarios encuentran con este gobierno fuertes apoyos políticos al descuidar la supervisión y dejar avanzar violentamente sobre los bienes de la naturaleza, ante todo en territorios indígenas.
El retroceso también se expresa en términos de democracia y derechos humanos. Bolsonaro ha lanzado agresiones frecuentes contra periodistas y estaciones de televisión nacionales; a menudo ataca públicamente a profesionales de la prensa, y lo hace con palabras vulgares, expresiones sexistas e incluso homofóbicas. Su relación con los medios sigue el camino de su ídolo político, Donald Trump. Al mismo tiempo, honra a los organismos de radiodifusión que apoyan su política o los partidarios de sus seguidores religiosos.
En el campo económico, como sostiene el propio mandatario, se plantea que la intervención estatal debe ser mínima, el “superministerio” de Economía es dirigido por el ultraliberal Paulo Guedes, quien anhela el proyecto neoliberal chileno de Pinochet: desea convertir los derechos sociales en productos y servicios mercantilizados, y al ciudadano en consumidor, una mercantilización de la vida social producida por la alquimia neoliberal.8 El Ministerio de Economía es el sector gubernamental de menor transparencia pública, pues mientras Bolsonaro hace escándalo en sus discursos y sus otros ministros lanzan acusaciones infundadas, con lo cual provocan controversias generadoras de entretenimiento en los medios, la economía se dirige hacia un régimen ultraneoliberal, contra todas las políticas sociales.
Para el presidente y su ministro de Economía, los derechos sociales son privilegios que obstaculizan el desarrollo económico y deben ser abolidos. Y así se está llevando a cabo, aprovechando sobre todo los cambios neoliberales ejecutados tras el golpe de Estado institucional a Dilma Rousseff en 2016. Éstos fueron: se aprobó en 2017 una enmienda constitucional fiscal que estableció el bloqueo del gasto público cuando alcanza un tope específico, por aplicarse durante 20 años; en el mismo año se implantó la reforma laboral caracterizada por precarizar los derechos establecidos para proteger a los trabajadores, sobre la base de que lo que se negocia entre las partes es válido por encima de la legislación establecida; y, por supuesto, se liberalizaron las relaciones laborales con contrataciones intermitentes y otras formas de explotación a los trabajadores. Desde aquí, Bolsonaro avanza en la agenda de disminución de los derechos sociales, en especial promoviendo la mercantilización de relaciones laborales por medio del emprendimiento personal y la privatización de la esfera pública.
En este escenario, la única victoria de la alianza conservadora fue la aprobación de la reforma de seguridad social, pues internamente el gobierno tiene una relación problemática con el Congreso Nacional, donde no sólo no tiene mayoría, sino que el antiguo partido de la figura presidencial9 no sigue las posturas del Ejecutivo. En el Congreso Nacional, el presidente nunca ha sido una figura prominente, como diputado disfrutó de un prestigio mínimo y en estos momentos es raro que pueda consolidar sus propuestas legales.10 El hecho de tratar a los oponentes como enemigos ha ocasionado la disminución de su base aliada con poco éxito en el Poder Legislativo, teniendo que legislar mediante medidas provisionales (basadas en decretos presidenciales).
La política internacional de este gobierno ha sido tan controvertida como la nacional. El canciller Ernesto Araújo es un ideólogo conservador cuyo objetivo fundamental es perseguir el “comunismo de la globalización”. Entre los logros del gobierno actual están la alianza incondicional con el gobierno estadounidense de Donald Trump (aunque no sea recíproco), el ataque personal misógino contra la esposa del presidente de Francia y la pelea-desacuerdo con Ángela Merkel, ejecutiva de Alemania, por el tema de los incendios en el Amazonas. Por complacer al gobierno de Estados Unidos buscó alianzas con Israel; votó en la ONU a favor del bloqueo económico y comercial a Cuba por EUA (sólo votaron Brasil e Israel a favor); renunció a las cláusulas comerciales, favoreciendo al imperio del norte; otorgó la liberalización económica, disminuyendo impuestos y tasas a productos estadunidenses; y finalmente, descuidó la invasión a la Embajada de Venezuela en Brasilia. Por tanto, ignorando varios pactos, acuerdos e incluso controversias sobre las posturas históricas de Brasil en materia internacional, la política del país muestra el grado de falta de preparación del Ejecutivo en la persona de su jefe de Estado y del ministro de Relaciones Exteriores, así como el carácter servil del ministerio brasileño.
En términos de política internacional y diplomática, el gobierno actual ha realizado actos escandalosos: demostró interés y, pese a las críticas, reafirmó la voluntad de designar a su hijo, Eduardo, para el cargo de embajador de Brasil en Estados Unidos. Brasil históricamente ha practicado la tradición de escoger para ese puesto a personas con carrera diplomática, lo que no es el caso de Eduardo, diputado federal y, más bien, con carrera política; comparte con el padre las mismas posturas conservadoras. Más allá del evidente nepotismo, Eduardo Bolsonaro, licenciado en derecho, tampoco cumple los requisitos a fin de ser considerado adecuado para ocupar la función, ya que ni siquiera su inglés es suficiente ni tiene conocimientos para manejar tan importante puesto. Jair Bolsonaro acabó por no tomar esta decisión, ante la crisis política generada en el Partido Social Liberal, que culminó con su salida y la fundación de un nuevo partido político, Alianza Nacional.
El actual Ejecutivo vende su imagen como político populista, de modos y gustos simples, e intenta parecer próximo de las clases populares, pero la realidad es otra. En su acto de posesión utilizó simbólicamente un bolígrafo de marca comercial, de bajo valor, gesto elogiado por sus seguidores. Al mismo tiempo, mantiene gastos en su tarjeta corporativa como uno de los más altos de la historia; se estima que utiliza, en promedio tres veces más de lo empleado por Dilma Rousseff. Además, dichas erogaciones no se transparentan (un trazo de su gobierno), y se mantienen en secreto, aunque en noviembre de 2019 el Tribunal Supremo Federal ordenó que los gastos de la Presidencia sean por regla públicos, debiendo el secreto ser la excepción y debidamente fundamentado. Sin duda, es de interés público cómo y dónde se gasta el dinero de los contribuyentes, en especial en el caso de un gobierno que se eligió gracias a la promesa de acabar con los favoritismos y privilegios de la clase política. Se vislumbra por tanto que hay grandes brechas entre el discurso del gobierno y su actuación práctica.
El presidente también deja muy claro que no sabe mantener separada su actuación política y su religiosidad cristiano-evangélica, pues declaró la intención de indicar al Tribunal Supremo Federal, cuando haya una vacante, un ministro “terriblemente evangélico”, en sus palabras, lo cual podría implicar influencias en las decisiones en el Poder Judicial contra los postulados laicos constitucionales del Estado brasileño.
En cuanto a la seguridd pública, el actual gobierno ha sostenido que armar a la población es la estrategia más eficaz para disminuir la criminalidad. En mayo de 2019 publicó decretos donde se facilitan la portación y posesión de armas de fuego. Esto provocó que se discutiera la inconstitucionalidad de la legislación por decretos y el rechazo del Senado federal a esta práctica ejecutiva. Bolsonaro los revocó y envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para flexibilizar y modificar la legislación del armamento en Brasil, una de sus grandes promesas en la campaña presidencial.
Su actuación está marcada también por un falso patriotismo, con su eslogan “Brasil sobre todo, Dios sobre todos”, pero en realidad es servil a las potencias económicas extranjeras, especialmente Estados Unidos. En realidad, rechaza todo lo que implique la cultura popular y tradicional de Brasil –extinguió el Ministerio de la Cultura–, no tiene un plan de desarrollo cultural autónomo, no valora el arte, el cine ni la música local, persigue a los educadores y dice que los investigadores de las universidades públicas son izquierdistas y que en nada contribuyen al desarrollo del país. Es un patriotismo sumiso, que cree que pintarse la cara con los colores de la bandera de la nación basta para configurar la defensa de ésta, al mismo tiempo que toda la política va orientada justamente a reforzar la dependencia para con las potencias externas, más que todo con Estados Unidos y con el gobierno de Donald Trump.
El (des)gobierno de Bolsonaro sigue la cartilla de lo que Rubens Casara llama Estado posdemocrático, la forma típica de gobierno en la era neoliberal, en la cual el Estado se comporta de rodillas al mercado, sin preocupación por dinámicas democráticas y por garantizar los derechos fundamentales. Hay apenas un simulacro de democracia, con el funcionamiento formal de las instituciones, pero predomina el absolutismo del mercado,11 donde la preocupación central es sólo garantizar la reproducción del capital y sus ganancias, y todo se transforma (o debe hacerlo) en mercancía. En ese sistema, los sujetos ya no son vistos como ciudadanos que deben tener garantizados sus derechos sino como consumidores, cuyo único derecho protegido y exigido es el de la propiedad privada, el derecho al consumo acrítico, mediante el ámbito coactivo estatal.
Finalmente, hasta ahora Brasil se resiste a la cruzada contra el enemigo favorito de Bolsonaro y sus aliados: la realidad nacional. Su fin principal como jefe de Estado es garantizar el libre desarrollo de la mercantilización de las relaciones sociales y controlar las divergencias derivadas de los resultados nocivos de la privatización de los espacios públicos. Al mismo tiempo, abre espacio para el resurgimiento de sectores que representan los problemas no resueltos de la historia nacional respecto al género, la raza, la clase y el autoritarismo, ya que Brasil es un monumento a la colonialidad del ser, del poder y del saber teorizado por Aníbal Quijano.12
El presidente expresa el carácter político de una sociedad no democrática, en la que la democracia enemiga del gobierno actual es la que busca romper con las estructuras de la sociabilidad excluyente y violenta del capitalismo: el enemigo del “bolsonarismo” es la democratización de las relaciones sociopolíticas13 que se lanza críticamente a la desciudadanización14 y a la desdemocratización15 promovidas por la globocolonialidad neoliberal.
Resistencias de los movimientos sociales
Los movimientos sociales en Brasil están en estado de alerta máximo, pues Bolsonaro desde su campaña electoral, incluidos sus primeros días de gobierno, ha dicho públicamente que los movimientos sociales, en especial campesinos, indígenas, ambientalistas, de los quilombos, no son prioridad para su gobierno. En particular, a los integrantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) los ha llamado terroristas o bandidos que deben ser repelidos por la fuerza.
En este escenario, el Ejecutivo ha lanzado sin recato varios ataques al MST: en sus discursos califica a sus miembros como criminales y a los terratenientes como personas que deben tener armas de fuego para “defenderse” de ellos. Respecto al problema de las tierras, ha planteado que no habrá diálogo ni negociación respecto a las ocupaciones y el registro de aquéllas. En enero de 2019, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (órgano gubernamental encargado de hacer la reforma agraria) ha sido suspendido en su funcionamiento.
El MST sigue resistiendo, como lo ha hecho en los últimos 36 años, con acciones de enfrentamiento judicial a las violaciones de derechos humanos, movilizaciones pacíficas en el campo y en el sector urbano con distribución gratuita de semillas y alimentos sanos: realiza ferias agroecológicas en las ciudades para comercializar productos cultivados sin agrotóxicos, lleva a cabo paros de carreteras para denunciar cuestiones como incendios en la Amazonía, la reforma de la ley de jubilación, la reducción de los derechos sociales, y ocupa las tierras sin proceso productivo. Estas acciones del MST siempre son acompañadas por ofensivas violentas de seguidores de Bolsonaro, que se encuentran legitimados por su discurso violento. Mientras, se establecen acciones no sólo de resistencia sino de producción: hoy, el MST es el mayor productor latinoamericano de arroz orgánico.
El movimiento indígena brasileño, con menor organicidad respecto al MST, sufre más procesos de violencias que en años anteriores. En 2019 se tuvo registro de asesinatos de líderes sociales y otras acciones violentas en las tierras indígenas (espacios todavía pendientes de demarcación por el propio gobierno –que ya ha dicho no va hacer ninguna demarcación en los próximos años–) y fuera de ellas. Con ello, el movimiento indígena articula protestas en varios espacios públicos, ejemplo de actividades en Brasilia y São Paulo, para llamar la atención de la sociedad urbana sobre sus luchas. Además, los medios de comunicación alternativos han dado noticia de las acciones violentas contra los liderazgos indígenas y difundido las demandas de pueblos. El movimiento indígena ha presentado con coraje sus luchas de resistencia, pues pese a acciones violentas contra sus miembros, permanecen en sus territorios y viven ahí bajo amenaza de milicias privadas de terratenientes, acciones policiales del Estado, megaproyectos de transnacionales… pero ahí siguen; su existencia es su resistencia.
Lo mismo cabe decir de los movimientos de quilombolas (afrodescendientes habitantes de los quilombos). Este grupo enfrenta un problema semejante al de los indígenas, pues Bolsonaro ha dicho que no reconocerá territorios de los afrodescendientes. Sus discursos han legitimado que los grupos del agronegocio (que apoyan el actual gobierno) intenten criminalmente acciones violentas contra las tierras de los quilombolas. Estos últimos, con sus acciones de denuncia judicial y sin salir de sus tierras, si bien son víctimas directas del bolsonarismo, siguen en su espacio histórico, desde donde denuncian las violaciones de derechos humanos, y exigen justicia y el reconocimiento estatal de su territorio.
El movimiento negro también se sigue organizando de manera colectiva, pautando diversas temáticas de enfrentamiento a la agenda del gobierno, especialmente respecto a la violencia estatal de las fuerzas de seguridad, promotoras del genocidio contra la juventud negra, con altos índices de homicidios contra esa población. Ése es un problema estructural e histórico de la realidad brasileña: según datos de 2002 a 2017 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, una persona negra tiene 2.7 más peligro de ser asesinada en Brasil que una blanca.
Sin embargo, el tono del gobierno actual, de que la criminalidad debe ser combatida con el aumento de la represión policial, lo cual se verifica de manera expresiva en las regiones más periféricas y vulnerables de las ciudades, fortalece la continuidad de la política de exterminio hacia la población negra. En ese sentido, continuar vivo siendo una persona racializada en Brasil ya supone, de por sí, un acto de resistencia y contrario a las estadísticas.
En la educación, en 2019 se han visto varias acciones de estudiantes, cuyo movimiento empezó en varios puntos a demonstrar su capacidad nacional de movilización tras las primeras acciones del gobierno. La Unión Nacional de los Estudiantes ha estado atenta y repudiando las acciones del Ministerio de la Educación y promoviendo varios debates, actos públicos en defensa de la enseñanza pública y contra los cortes presupuestarios. Además, fueron verificados en 2019 diversos actos públicos organizados por directorios estudiantiles con sindicatos de profesores y trabajadores de las universidades públicas brasileñas.
En temas de género, los movimientos feministas han protagonizado unos de las más fuertes frentes de oposición al gobierno. Desde antes de la elección, las mujeres han tomado las calles en protestas organizadas bajo la etiqueta #EleNao (#ÉlNo) en diversas ciudades. Con el lema “Mujeres contra el fascismo”, millones de mujeres se organizaron en las redes sociales, protestas y colectivos feministas para oponerse a la elección de Bolsonaro.
Ya durante el gobierno, el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, en São Paulo 50 mil mujeres protestaron en una marcha, y cerca de otras 50 mil personas en Río de Janeiro, aparte de las manifestaciones ocurridas en otras urbes. Días después, las mujeres encabezaron también, en el primer aniversario del asesinato de Marielle Franco, marchas en más de 50 ciudades,16 con un tono de crítica al gobierno, exigiendo la investigación de los culpables, y el combate del racismo y el patriarcado.
Más allá de las pautas típicas del movimiento feminista –la legalización del aborto, el combate de la violencia de género y de los feminicidios–, las mujeres han levantado la defensa de la democracia sustancial, la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y, de manera más específica, con relación a los colectivos feministas vinculados a los sectores de la izquierda, también haciendo los recortes de clase y raza.
Los movimientos LGBT, como lo hacen históricamente, se organizan contra el tono LGBTfóbico del gobierno. Brasil es un país muy violento para la población LGBT: lidera la clasificación de América en asesinatos de travestis y transexuales, cuya expectativa de vida es de 35 años. El enfrentamiento al discurso ideologizado, capitaneado por la ultraderecha, de una supuesta ideología de género, es una de las pautas que más se hacen presentes, y así es necesario, ya que resulta muy frecuente un discurso moralista, distorsionado y prejuicioso en ese sentido por diversos frentes del gobierno.
Aun así, las marchas del orgullo LGBT siguen congregando a millones de personas; salen a las calles de diferentes ciudades. En la cuadragésima edición de la Marcha del Orgullo LGBT de Río de Janeiro, en el desfile, diversos discursos fueron en clave crítica, en tono de denuncia de las censuras y persecuciones gubernamentales, y en defensa de la democracia y la libertad.
Otro sector que asume un papel importante en la disputa por la narrativa política en la coyuntura actual de Brasil son los colectivos y los medios alternativos de comunicación, que propagan en general contenido con un sesgo crítico, de manera que colaboran en el combate de las fake news, uno de los sustentos del gobierno, y con la democratización del acceso a la información, una vez que confrontan el oligopolio de los medios tradicionales de comunicación, que en Brasil suelen ser grandes conglomerados empresariales.
La colaboración de los medios alternativos va en el sentido de que esos colectivos están involucrados con los movimientos sociales, políticos y culturales, y, en la disputa por la narrativa, dan visibilidad a actores políticos en general ausentes en las narrativas oficiales de los oligopolios mediáticos. Además, cubren actos políticos, protestas y conferencias realizadas, y logran entrevistas exclusivas, con lo cual propagan de manera más democrática la información de lo que pasa en el país, y de los movimientos que reaccionan a los retrocesos llevados a cabo.
Los sindicatos de trabajadores, pese a todas las acciones de desmonte y precarización, siguen llevando a cabo sus acciones y movilizaciones políticas. Una de las más destacadas es la de los sindicatos de los trabajadores bancarios, quienes han hecho varias propagandas y protestas por la protección de las instituciones públicas, como Banco do Brasil y Caixa Económica Federal. Este sindicato también actuando contra las ofensivas neoliberales de los bancos privados sobre los derechos laborales, haciendo paros bancarios y actividades de toma de conciencia pública respecto a la precarización del servicio bancario público y privado.
También ha ganado mucho protagonismo el Movimiento de los Trabajadores sin Vivienda que, desde acciones como ocupaciones de predios destinados a la especulación inmobiliaria, con paros y protestas denuncia la reducción de derechos y el tema urgente de la vivienda en Brasil. Sus acciones en varios estados han ganado mucho espacio en los medios de comunicación por las efectivas acciones de ocupación, y denuncia y criminalización de quienes luchan por vivienda y dignidad.
Como se ve, todavía hay acciones de resistencia de los movimientos sociales en Brasil, que actúa lo mismo contra los medios hegemónicos en la comunicación que no hacen visibles adecuadamente sus luchas y sectores privados y su fuerza financiera como contra la violencia física y simbólica autorizadas en el discurso del gobierno e impuesta por las fuerzas policiales y la violencia de las milicias privadas. Así, la existencia es resistencia en los movimientos sociales de Brasil; la unión y solidaridad de varios movimientos en apoyos recíprocos unos a otros también suponen una fuerza política, y hacen recordar la frase de Marx: “[…] sólo cuando el hombre ha reconocido y organizado sus forces propres [fuerzas propias] como fuerzas sociales y cuando, por tanto, no separa ya de sí la fuerza social en la forma de fuerza política, sólo entonces se lleva a cabo la emancipación humana”.17
Notas
1 Fuente: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/07/com-economia-patinando-renda-do-brasileiro-deve-ficar-estagnada-este-ano.ghtml
2 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-impresa/2013- agencia-de-noticias/releases/26470-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-2-e-taxa-de-subutilizacao-e-23-3-no-trimestre-encerrado-em-novembro-de-2019
3 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/06/politica/1573049315_913111.html
4 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/19/politica/1563547685_513257.html
5 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/14/opinion/1568421039_616695.html
6 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/14/opinion/1568421039_616695.html
7 Miguel, Luis Felipe. O colapso da democracia no Brasil. Da constituição ao golpe de 2016. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo; Expressao Popular, 2019, página 180.
8 Borón, Atílio. Tras el Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo. Buenos Aires: Clacso, 2000, página 122.
9 Bolsonaro eleito pelo PSL, Partido Social Liberal, mas por divergências internas com seu próprio partido, saiu da sigla e esta por fundar a na, Aliança Nacional. Historicamente, Bolsonaro foi de vários partidos, nunca teve uma identificação partidária.
10 https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/congresso-derrubou-onze-e-sancionou-nove-mps-de-bolsonaro/
11 Casara, Rubens R. R. Estado pós-democrático: neo-obscurantismo e gestão dos indesejáveis. Río de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.
12 Mignolo, Walter D. “A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte conceitual da modernidade”, en Lander, Edgardo, y otros (editores). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais: perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005.
13 Wood, Ellen Meiksins. Democracia contra o capitalismo. A renovação do materialismo histórico. São Paulo: Boitempo, 2011, página 184.
14 Borón, Atílio. Tras el Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo. Buenos Aires: Clacso, 2000, página 218.
15 Pisarello, Gerardo. Procesos constituyentes: caminos para la ruptura democrática. Madrid: Trotta, 2014. Dardot, Pierre; y Laval, Christian. A nova razão do mundo. Ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016. Ou ainda, Brown, Wendy. El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo. Barcelona: Malpaso Ediciones, 2015, página 14.
16 https://nuso.org/articulo/feminismo-bolsonaro-brasil/
17 Marx, Karl. La cuestión judía. México: Anthropos Editorial; Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2019, página 155.
*Lucas Machado Fagundes. Profesor e investigador de derechos humanos y derecho constitucional, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Brasil.
Emanuela Gava Caciatori. Estudiante de maestría en derechos humanos. Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México.