HORIZONTES POLÍTICOS EN ECUADOR
2019
Los rumores de un nuevo ajuste en Ecuador circulaban entre las organizaciones. Por la noche del 1 de octubre, el presidente, Lenín Moreno, anunciaba medidas económicas de corte neoliberal que golpeaban directamente la economía de los sectores populares y de algunas capas medias. Nadie imaginó que ése era el inicio de 11 días de la mayor insurrección popular del país en los últimos 29 años. Tras una década de gobierno encabezado por Rafael Correa e instaurado el Movimiento Revolución Ciudadana (MRC), con una propuesta que apuntaba en un primer momento a superar la “larga noche neoliberal”, se asistía a un complejo proceso que mostraba ciertas líneas de continuidad: las políticas sistemáticas a partir de 2013 que favorecían a poderosos grupos económicos1 y el mantenimiento y refuerzo del modelo extractivista; a la par, se hacían visibles elementos que diferenciaban ambos gobiernos y que, con la llegada de Moreno a la Presidencia desde 2017, se condensan en la implantación de un proyecto abiertamente neoliberal articulado en las élites políticas y económicas nacionales y globales.
Durante la etapa neoliberal previa a la llegada de Rafael Correa (1992-2006) hubo dos momentos en la coalición de clase dominante que sostenía a los gobiernos. En el primero, los actores principales fueron los banqueros y los agroexportadores; en el segundo, los importadores, quienes desplazaron la hegemonía de los anteriores grupos tras la dolarización en 2000. Con el triunfo del MRC en 2006, ambas coaliciones se modifican drásticamente:
Fue un gobierno cuyos sectores hegemónicos variaron a lo largo de los años; sin embargo, se distinguen cuatro grupos que formaron el corazón de la coalición gobernante. El primero fue un núcleo de intelectuales y militantes de izquierdas, algunos ligados por años a movimientos sociales, sindicales e indígenas, que constituyó el núcleo de los estrategas políticos del buró político de Alianza País hasta la culminación de la Asamblea Constituyente a fines de 2008. (…) El segundo grupo fue el de un conjunto de tecnócratas más o menos progresistas, pero decididamente estatistas, cuyo poder deriva siempre de la capacidad de aumentar la autoridad de los organismos del sector público. (…) El tercer grupo era ya un poderoso grupo empresarial moderno, consolidado, que había ocupado posiciones relativamente secundarias durante el neoliberalismo. A diferencia de los dos anteriores, este grupo disponía de poder real en la economía. Son grupos monopólicos de importadores y empresarios cuyos principales negocios dependen de la expansión del mercado interno y cuya coincidencia con las políticas de expansión del gasto del correísmo los hizo aliados naturales del gobierno (…). Las políticas económicas del correísmo expresaron muy bien el contenido contradictorio de los intereses de este grupo empresarial, tanto “progresista” (la expansión del gasto y el consumo de clases medias crecientes) como reaccionario (destrucción del pequeño comercio y subordinación campesina a las agroindustrias y supermercados). (…) El cuarto grupo está compuesto por grupos empresariales altamente dependientes de los contratos con el gobierno. Este grupo efectuaba las conexiones y la intermediación con el capital internacional para inversiones en sectores de bienes primarios y sobre todo en la construcción de infraestructura. La presencia hegemónica de estos grupos en el núcleo más estrecho de toma de decisiones estratégicas en el gobierno de la revolución ciudadana explica cosas irracionales que de otra manera serían inexplicables.2
Este análisis nos sirve para comprender cómo más allá de que varios grupos económicos ganaron en la década pasada, a través del sector inmobiliario, de constructoras y crediticio, se beneficiaron con el circulante de capital y de renta extractiva, del crecimiento de las clases medias, y del ensanchamiento del mercado interno; la derecha política se había definido en oposición al gobierno correísta.
Por eso, tras el fin del gobierno de Rafael Correa y el triunfo del candidato de Alianza País, Lenín Moreno, bajo el paraguas del MRC, la compleja coalición de clase integrada en el correísmo como una apuesta distinta del neoliberalismo fue desintegrada. En estos casi tres años de gobierno morenista asistimos a la recomposición de la anterior coalición de clase propiamente neoliberal, que opera y se beneficia tanto en términos económicos como políticos. En efecto, apoyan de modo abierto a Moreno las cámaras empresariales, los agroexportadores, los banqueros, los sectores más reaccionarios de las iglesias evangélicas y Católica y, en menor medida, los importadores. Esto, sumado a la baja del precio de las materias primas, resta capacidad de negociación al Estado ecuatoriano y al gobierno de Moreno en su relación con los empresarios.
El conjunto de políticas de ajuste y la nula capacidad gubernamental a fin de generar una propuesta de reactivación productiva han implicado que se profundicen las desigualdades y la injusticia en Ecuador para los sectores populares en las zonas rurales y, fundamentalmente, la población indígena, las mujeres y los jóvenes. Como muestra el artículo escrito por Gabriela Montalvo, en 2019 el empleo adecuado se situó en 38.5 por ciento y en la ruralidad llegó a 21.1; el desempleo alcanzó una tasa de 4.9, y reflejó los despidos masivos del sector público incluso en áreas que requieren sostenimiento, como las vinculadas a la prevención y erradicación de la violencia machista;3 “el trabajo no remunerado en las zonas rurales quintuplica el de la zona urbana, con 21.1 frente a 4.9, y […]esas cifras se agravan para la población indígena: 8 de cada 10 indígenas en Ecuador no tienen empleo adecuado, y 3 de cada 10 no tienen trabajo remunerado, según las cifras de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Censos” (Montalvo 2020). O los sistemáticos recortes de presupuesto destinado a áreas urgentes y sociales: en 2019, el presupuesto para políticas y prevención de violencia de género pasó de 21 a 11 millones y este año fue de 800 mil dólares; es decir, se redujo en 84 por ciento, según la comisión de la Asamblea que revisó la proforma de 2020; mientras tanto, en el país una mujer es asesinada cada tres días. En cambio, se destinan 1.5 millones de dólares a la compra de trajes robocop y escudos policiacos.
Finalmente, aunque no menos importante, se establece en estos años un nuevo papel de Ecuador en la región, marcado por los intereses imperialistas de Estados Unidos de América (EUA), se niega a asumir una posición humanitaria respecto a la migración venezolana, reconoce a la autoproclamada presidenta de Bolivia, respalda la agenda antiterrorista en el área y acepta una base militar de EUA en las islas Galápagos.
Decreto ejecutivo 883 y paro de octubre
El decreto ejecutivo 883, promulgado la noche del 1 de octubre de 2019 por el presidente Lenín Moreno, tenía la particularidad de articular la defensa de los intereses de clase del conjunto de las élites ecuatorianas, en detrimento de las condiciones de los sectores populares; y los intereses de las élites globales a través del acuerdo firmado el 20 de febrero de 2019 entre el Estado y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la concreción de una agenda imperialista securitista de EUA en la región. Después que Moreno asumiera la Presidencia, en 2017, y que transcurrieran algunos meses de cierta “apertura democrática”,4 el régimen morenista firmó un acuerdo con el FMI por 4 mil 200 millones de dólares, con lo cual abrió la puerta a un endeudamiento agresivo del Estado con los organismos multilaterales. El pago de la deuda y de sus intereses pasaba a ser el factor que reorganizaba la economía, la riqueza y el trabajo en el país.
Recordemos que Correa y Moreno condonaron las deudas empresariales;5 éste perdonó en la sexta ocasión 4 mil 295 millones de dólares, monto correspondiente a las deudas fiscales de los empresarios con el Estado. Como bien sostiene el investigador Pablo Ospina en el análisis sobre las opciones de la política económica.6 el discurso neoliberal se encarga de presentarnos el déficit fiscal como el único problema de la economía, cuando para el caso ecuatoriano las principales dificultades en dolarización son las balanzas comercial y de pagos: importamos más de lo que exportamos y hay una salida de divisas al extranjero mucho mayor que las divisas que entran. Tal situación de desequilibrio hace visible cuán extremadamente caro es producir en el país, por la ausencia de políticas integrales que reactiven la producción (el campo y la producción agrícola para soberanía alimentaria diversificada son un ejemplo del abandono del Estado) y la rigidez que presenta una economía dolarizada.
El decreto 883 colocaba –siguiendo la receta– el déficit fiscal como el mayor desequilibrio de la economía del país. Para “corregirlo”, el gobierno determinó la eliminación de subsidios de gasolina extra y diésel, usados fundamentalmente por sectores populares y una parte de las capas medias del país, el transporte público y la pequeña y mediana producción. Como sabemos, la liberalización de los precios trae a la larga una subida del costo de los combustibles y el aumento de entre 10 y 15 por ciento de la inflación; la reducción de derechos laborales para los servidores públicos: cerca de 600 mil trabajadores debían, según el decreto, destinar un día al mes de su salario, y sus vacaciones se reducían de 30 a 15 días al año, a lo cual se suma la disminución de 20 por ciento de remuneración en todos los contratos ocasionales que se renueven; y la eliminación de aranceles en la importación de autos y celulares, y la reducción de impuestos a la salida de divisas.
Con la subida de precios generalizada se afectaban no sólo el consumo y la supervivencia de las mayorías sino, también, el costo de producción en el país. Si ya resultaba extremadamente caro producir en Ecuador (en dólares) y competir con la economía regional, con esta medida se volvía aún más costoso, pues se eliminaba el principal elemento de competitividad en dolarización. Por su parte, las medidas que afectaban a los trabajadores del sector público reflejan parte de lo que piensan las élites empresariales en materia de reforma laboral para los sectores público y privado. En definitiva, en el fondo de estas medidas se hallaba era el saqueo de la clase trabajadora. Se apuntaba no sólo a quitarle parte del salario sino a que el plusvalor del trabajo de los ecuatorianos se destinase al pago de la deuda externa, de la riqueza proveniente de la producción que incorpora el trabajo reproductivo y del sostenimiento de la vida en la reproducción social.
Finalmente, los beneficios en aranceles y salida de divisas reflejaban el acuerdo del gobierno con las facciones de la burguesía vinculadas a la importación. Los intereses de las élites se impusieron por todo el pueblo ecuatoriano, con el relato de la crisis y el ajuste como única salida posible. Tan grave es el sinsentido del actual gobierno que en vez de generar un plan integral para reactivar la producción nacional, promovió la importación e incentivó la salida masiva de divisas. En efecto, para las élites, las únicas posibilidades del actual gobierno se condensaban en subir el impuesto al valor agregado, o aplicar el decreto 883, el elemento lanzado por el gobierno que impidió a la pequeña burguesía sumarse los días posteriores al paro (no se subió ese gravamen); finalmente determinó que éste sea una genuina expresión de la lucha de clases en el país.
Tras el anuncio del paquetazo neoliberal, el Frente Unitario de los Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador , (Conaie); y el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas, Organizaciones Sociales y Populares convocaron a un paro: exigían derogar el decreto 883 y finalizar el acuerdo con el FMI. Al anuncio se sumaron los gremios transportistas que, luego de sostener una suspensión de actividades el 3 y 4 de octubre, lograron la subida de los pasajes y declinaron la medida de hecho. Sin embargo, el resto de organizaciones, colectivos y movimientos se pliegan ante el llamado al paro. Con el paso de los días, la masividad de las protestas y el sostenimiento de la pelea en las calles de varias ciudades del país radicalizan a las dirigencias, que no sólo proponen medidas indefinidas sino que convocan a un paro, huelga y levantamiento el 9 de octubre. Quizás es importante explicar a los lectores de otros países que cuando hablamos de campo popular, nos referimos al conjunto de las organizaciones sociales, populares e indígenas y a los movimientos sociales ecuatorianos, y que precisamente este campo adopta formas de lucha en el paro. Se propone la huelga como la expresión de la conciencia de la clase trabajadora que apunta a la pérdida de sectores empresariales en tanto suspensión del elemento que permite el valor en las mercancías; es decir, el trabajo; el paro, como posibilidad de incluir y ampliar a sectores de la población urbana que paralizan actividades y toman el espacio público; y el levantamiento, que constituye la forma que adopta históricamente el movimiento indígena, y que expresa la convergencia de pueblos y nacionalidades para el cierre de carreteras, salida de sus comunidades y toma simbólica de Quito.
El gobierno de Moreno respondió con una brutal represión y, a pocas horas de haber iniciado el paro del 3 de octubre, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional, que habilita a las Fuerzas Armadas y a la Policía para ser “garantes” del orden y la seguridad de Ecuador: restringe derechos de libertad y asociación civil. Asimismo, determina el toque de queda temporal entre las 20:00 pm y las 5:00 horas en zonas aledañas a los edificios del Estado en Quito, y en todos los espacios que las fuerzas armadas y la policía acuerden.
Tanto el paquetazo neoliberal como la política policial de represión y coerción del Estado se volvieron la gasolina de las protestas. En Ecuador, la memoria de la lucha antineoliberal es expresión de un pueblo insubordinado y rebelde que ha derrocado a tres presidentes, frenado la firma de tratados de libre comercio y que, después de 12 años del MRC y aparente consenso, protesta masivamente. El campo popular tiene la característica de no haber abandonado las calles en 25 años.
Ante el estado de excepción, la movilización generalizada, el cierre de carreteras, la toma de la Asamblea Legislativa, el enfrentamiento con militares y policías; frente al discurso racista, clasista y antiprotesta de las élites y el Estado, el establecimiento de zonas humanitarias de albergue y centros de acopio que las universidades desplegaron y las redes de solidaridad que se formaron; ante el cerco mediático establecido por las grandes empresas de comunicación, el compromiso de los medios alternativos para acompañar, denunciar y transmitir información; frente a la violencia y las prácticas de engaño del gobierno y la marcha de las mujeres, así como contra el toque de queda y la militarización de Quito, la convocatoria a un cacerolazo que llenó de sonidos metálicos, barricadas y consignas la ciudad contra el gobierno y por el cese de la violencia; y como contrapeso al intento de romper la articulación entre las organizaciones, los pronunciamientos de las dirigencias que negaban al acuerdo con el gobierno si antes no se derogaba el paquetazo; contra las acusaciones del gobierno de que detrás de toda protesta estaba “el correísmo infiltrado” y el relato de un intento de golpe de Estado por las cámaras de la producción, se hace presente la dignidad del pueblo, que no dejó un solo instante de sorprender al mundo por su compromiso y solidaridad.
Luego de 11 días de paro, la Conaie anunció su intención de dialogar con el gobierno si el decreto 883 se derogaba y se establecían conversaciones públicas y transmitidas masivamente para que el pueblo entero pudiera ser parte de ellos. El gobierno de Moreno se vio obligado a derogar el decreto, y se convocó a una primera mesa de diálogo el domingo 13 de octubre de 2019, en Quito, con la presencia de representantes de la Organización de las Naciones Unidas, dirigentes de la Conaie y la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, así como el presidente Moreno y parte de los ministros.
Enver Aguirre, dirigente de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, decía en el clamor del paro: “Esta expresión involucró movilización, solidaridad y defensa de los intereses populares y las propuestas frente a la crisis”. Mario Unda, docente e integrante del Movimiento Revolucionario de Trabajadores, escribió después:
El pueblo ecuatoriano tiene reservas morales, capacidad de movilización, un profundo sentido de solidaridad humana que le permiten enfrentar proyectos políticos y económicos empobrecedores y represivos, reservas morales que se liberan cuando llega un punto en que siente la situación insoportable. Aunque parezca que está inmóvil y derrotado, ese estado puede cambiar en cualquier momento; las necesidades de la vida y la lucha movilizan las conciencias (Unda 2020).7
En efecto, pese a los intentos de las élites y el uso del aparato estatal para situar el conflicto en la dupla correísmo y anticorreísmo como principal contradictor, la capacidad de las organizaciones, que durante todo el gobierno del MRC insistió en salir a las calles y develar el carácter autoritario, extractivista y capitalista del gobierno de Correa, y el tipo de medidas neoliberales contra los sectores populares y medios como parte de una memoria larga de despojo y precarización, develaron el paro como una expresión de la lucha de clases. El país vivió un momento de insurrección popular, y la derogatoria del decreto 883 supuso un triunfo central para las organizaciones y los movimientos en el país.
La referida es una inicial y temporal victoria del campo popular ecuatoriano que muestra algunos elementos: la importancia de la organización y la movilización para alcanzar victorias, la reafirmación de que las calles son un espacio histórico y necesario para las organizaciones populares, de izquierda e indígenas, y la urgencia de construcción de un espacio de articulación plural de las organizaciones y los movimientos sociales; entre otros.
En 11 días vimos, por ejemplo, la fuerza de las federaciones de estudiantes secundarios y universitarios que sostuvieron la pelea en las calles e impidieron que las fuerzas represivas avanzaran. Vimos también nuevas generaciones de jóvenes que no habían tenido la experiencia de las calles y plegaron desde el primer día a protestar y defenderse de la policía: en primera línea, jóvenes que sostuvieron días de lucha masiva, y aprendieron todo lo aprendible acelerada e intensivamente sólo en las insurrecciones populares, afirmando la importancia de organizarse para avanzar en conquistas. Son la memoria colectiva encarnada de todo lo vivido. Se activaron las redes feministas y de mujeres para sostener la reproducción de la existencia en esos días, resolver alimentación para miles de personas que habían dejado sus comunidades para protestar, pronunciarse y movilizarse, establecer zonas humanitarias de albergue y acopio, crear espacios para cuidado de niños, contener emocionalmente el dolor de la muerte, la rabia de la impunidad y el deseo de transformar todo. La vida digna, concreta, colectiva, volvía a ponerse en el centro.
A la par, tales jornadas de protesta develan el proyecto policiaco securitista del actual gobierno, asentado en la reforma institucional y legal del Estado organizada por Correa (el Código Orgánico Integral Penal es un ejemplo); el equipamiento, la profesionalización y la especialización de las fuerzas armadas y la policía luego del 30S, la naturalización de las violaciones de los derechos humanos y procedimientos de la década pasada, y la práctica de judicialización y criminalización de la protesta como política sistemática del correísmo. Y a ello se suman los acuerdos directos entre el gobierno de EUA y las instituciones del Estado ecuatoriano (Fiscalía y fuerzas armadas), así como la estrategia imperialista para la región. Este paro muestra una derecha política y unas élites unidas, que dejan poco espacio a fisuras y disputas internas, y hacen del escenario de la lucha de las organizaciones un espacio distinto de la etapa neoliberal de años anteriores.
La represión de estos días hace visibles el mandato impuesto por el FMI y la negativa rotunda y violenta de las clases dominantes para mantener sus intereses. En palabras de Miriam Cisneros, presidenta del pueblo Sarayacu –parte de la Conaie–, esta forma devela a su vez el carácter colonial y de clase del Estado: “Somos el Estado, pero no somos consultados. Cuando dicen que pueblos indígenas y campesinos somos los pobres, labramos, cultivamos, alimentamos a la ciudad, y sin embargo nos tratan de pobres” (Diálogo. 13 de octubre de 2019).
El saldo doloroso de 12 días de represión estatal fue de 11 fallecidos y mil 192 detenciones, de las cuales 76 por ciento fue arbitrario e ilegal; la mayoría de los detenidos tienen entre 15 y 24 años, y hubo mil 340 heridos, según el informe de la Defensoría del Pueblo. A la exigencia de memoria, verdad, justicia y reparación se suma la de garantías para ejercer el derecho a la protesta y la salida de los ministros de Gobierno, María Paula Romo; y de Defensa, Oswaldo Jarrín. Mientras, tenemos la dignidad del pueblo ecuatoriano, la que mostró Miriam, cuando en la mesa de diálogo dijo al presidente Moreno, viéndolo a los ojos: “Que en tu conciencia queden los caídos, los asesinados”.
En síntesis, la experiencia del paro en Ecuador devela la politización y conciencia de clase del pueblo, la pluralidad de actores y la diversidad de problemáticas, demandas y expectativas que requieren ser parte de un proceso y una propuesta plural y articulada. A diferencia de otras experiencias de revuelta, insurrección y rebeldía en la región, las organizaciones históricas en Ecuador presentan dos elementos centrales que permiten explicar no sólo los días de protesta sino, también, lo que ha pasado en estos últimos días, luego de esa histórica mesa de diálogo entre la Conaie y el gobierno. El primero, la independencia de clase expresada en los planteamientos y estrategias de las organizaciones indígenas y populares, así como la relativa autonomía de éstas en contextos complejos y contradictorios como la Revolución Ciudadana.
En el gobierno de Correa, la coalición de clase del gobierno estuvo compuesta por ciertas capas medias, un tipo de empresariado, y organizaciones sociales. Pero con la reforma institucional del Estado, los cambios internos del régimen y la política de criminalización de la protesta, la mayoría de las organizaciones sociales fue alejándose del correísmo, y la el grueso de ellas se definió en la oposición a partir de 2013. Hacia el final del proceso, la Revolución Ciudadana contaría con pocos apoyos organizados, como la Federación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras del Ecuador, Fenocin –de corte socialista–, el Movimiento Indígena y Campesino de Chimborazo o las organizaciones creadas por Alianza País, como la Red de Maestros y la Central Única de Trabajadores, CUT. El apoyo al correísmo se centraba fundamentalmente en sectores no organizados o cuya integración estaba vinculada a programas sociales del Estado.
Las organizaciones alejadas del proceso ocuparon un lugar predominantemente crítico, de oposición y denuncia debido a sus políticas económicas y extractivistas, su forma autoritaria y la sistemática criminalización de la protesta; el margen de maniobra, de referente ético, legitimidad en el pueblo y capacidad de movilización, fue contundente. Pese a su debilidad y sus errores internos, el campo popular ecuatoriano no se subordinó al gobierno de Correa; tampoco permitió su aniquilación y asimilación ni desistió de salir a las calles, mostrando en la década pasada la necesidad imperante de construir un proyecto propio, plurinacional y popular. Finalmente, un segundo elemento estriba en que no es una protesta sin referentes organizativos. La Conaie volvió a situarse como un actor reconocido y legítimo para sectores populares y medios, y el conjunto de organizaciones fue asumido como parte necesaria para la lucha social y política.
2020: las disputas por el qué hacer
Más allá de todo, el paro de octubre deja el desafío reafirmado por el conjunto del campo popular de caminar en unidad, en términos de fortalecimiento y ampliación del tejido articulado y de confluencia de las organizaciones sociales, los movimientos y los colectivos, y de la necesidad de construir un proyecto programático popular, plurinacional, antiextractivista, antineoliberal y antipatriarcal donde el pueblo sea el sujeto histórico. Se han dado así los primeros pasos, entre diciembre de 2019 y el primer mes de 2020; tales espacios de confluencia han ido surgiendo –las reuniones del Parlamento de los Pueblos, congregado en el paro de octubre– y articulado masivamente a todos los sectores sociales, populares e indígenas del país. Se elaboró un documento base distinto del neoliberalismo, que fue entregado a la Asamblea y al Ejecutivo, como muestra clara de que, además de protestar, las organizaciones tienen propuestas para Ecuador.8 Hace pocos días, el Parlamento se reactivó en Loja, y se prevén parlamentos en toda la Amazonía ecuatoriana. Además, en diciembre de 2019 se formó el Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador, que inauguró este año el primer acto unitario público político, cuando organizó un juicio popular a la ministra de Gobierno, María Paula Romo,9 responsable directa de ordenar la represión en octubre y parte ya de la derecha regional, condecorada por la Agrupación de Agregados Policiales en EUA como “gran oficial” y celebrada por los ministros de Seguridad y la Organización de los Estados Americanos por su “destacada labor” en el paro de octubre.
Pero mientras la derecha política y económica de Ecuador muestra que su único proyecto es la instauración de las recetas fondomonetaristas10 y busca imponer sus políticas ilegítimas de manera violenta y con mayor presupuesto para armamento y profesionalización de las fuerzas policiales,11 queda la persistencia en la organización, en la presencia de la clase trabajadora y del conjunto de sectores sociales en las calles para frenar la reforma laboral, y el nuevo paquete neoliberal que está preparando el gobierno actual y, a la par, construir un programa de alternativas.
Las elecciones presidenciales y de asambleístas para 2021 mueven rápidamente las fichas de los tableros políticos en el país. Si el paro de octubre desplaza el conflicto correísmo vs anticorreísmo, y lo reemplaza por un tiempo de claridades y lucha de clases, en el primer mes de 2020 este conflicto temporal vuelve a la palestra de manera marginal, pero visible en el comportamiento de las fuerzas políticas. Los sectores de izquierda, a través de sus movimientos políticos (Unidad Popular y Pachakutik), han planteado claramente la necesidad de unidad y de formación de una propuesta programática y electoral donde el movimiento indígena defina la candidatura principal. Sin embargo, la diversidad de planteamientos internos de las organizaciones sociales e indígenas muestra que en los espacios locales no hay aún certeza respecto a si caminar en una confluencia de izquierdas, organizaciones feministas, ecologistas, movimiento indígena, pero sin las facciones del correísmo, o a si la apuesta será transitar en un frente que lo incluya. Para muchos actores, por un ejercicio de memoria y justicia, el correísmo no puede ser parte de esta unidad. Tampoco está claro cuál será la apuesta de las fuerzas propias del correísmo que promueven a la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, como posible candidata12, pero al mismo tiempo descalifican la posibilidad de una alianza con la Conaie porque, como sostiene Rafael Correa en una entrevista, “no fueron capaces de dar un golpe en el paro de octubre”.13 Tampoco está claro qué hará el centro, pues si bien cuestionó el paquetazo de octubre, su coalición de clase interna es afín a las políticas neoliberales. Finalmente, la derecha tampoco ha mostrado claridad en su proyección política ni tiene posible candidato y hay en su interior un proceso de fragmentación política y de poca acogida popular. Espera la estrategia de Moreno para relanzar las medidas de ajuste, y determinar así la forma de su participación en la coyuntura nacional. Sabemos, sin embargo, de su comportamiento y de cómo si bien el paro de octubre fue un triunfo del pueblo, los escenarios cambiantes y la recomposición política de las élites resultan siempre posibles.
Por ahora, el escenario es otro, pues con el paro cambió la correlación de fuerzas en el país. Ahora que la lucha de clases desnaturaliza el mundo de lo dado, y muestra el proyecto de las élites y la derecha, urge una mirada estratégica y política que combata no sólo las políticas neoliberales y capitalistas sino, también, la dimensión ideológica, racista y misógina de la clase dominante en su conjunto. Éste es sólo el inicio de un nuevo momento de la lucha social y política en Ecuador y, al mismo tiempo, continuidad y memoria larga de rebeldía e insurrección en tiempos oscurantistas.
Notas
* Feminista de izquierda, parte de Ruda Colectiva Feminista, del Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador y de la Coalición Interuniversitaria contra el Acoso Sexual. Participa en el Foro Feminista contra el G20, la cátedra libre Virginia Bolten y la Asamblea Feminista, Autónoma e Independiente de la Ciudad de México. Es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio del Cambio Rural. Actualmente cursa el doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El presente artículo es una versión del documento publicado en La Línea de Fuego tras el paro de octubre de 2019.
1 Para más información sobre los grupos económicos en los primeros 10 años del Movimiento Revolución Ciudadana, léase Carlos Pastor Pazmiño, https://www.planv.com.ec/historias/economia/la-decada-ganada-grupos-economicos-ecuatorianos y las investigaciones recopiladas en http://cdes.org.ec/web/a-quien-le-importan-los-guayacanes-acumulacion-gobierno-y-conflictos-en-el-campo/
2 Ospina, Pablo (2017). “La división de Alianza País. Interpretación para las izquierdas latinoamericanas”, en https://www.rebelion.org/noticia.php?id=230801
3 https://gk.city/2020/01/20/servicio-proteccion-integral-victimas-violencia-genero-ecuador/
4 En la apertura democrática, una estrategia del morenismo al inicio del gobierno, se buscó hablar con los sectores sociales y económicos para cambiar la relación impulsada por el correísmo. Es en realidad una expresión de debilidad de un gobierno de coaliciones temporales que, carente de proyecto político propio, y tras los rumores de fraude en la segunda vuelta presidencial, buscaba sostener cierto diálogo democrático con las organizaciones, restaurar derechos afectados en la etapa de Correa, y negociar abiertamente con las clases dominantes, primario exportadoras y financieras.
5 A inicios de 2008, el ex presidente Correa perdonó las deudas a través de la primera amnistía tributaria a más de 2mil empresarios. En 2015 se aprobó la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, que benefició a compañías deudoras del Estado, como Exportadora Bananera Noboa, con 68 millones 928 mil 153 dólares (32 millones 184 mil 101 entre intereses y multas); Banco de Guayaquil, con 34 millones 448 mil 395 (15 millones 976 mil 500 entre intereses multas y recargos); y Pronaca, con 18 millones 736 mil 181 (10 millones 361 mil 220 entre intereses y multa). En 2017, antes de salir de la Presidencia, condonó nuevamente los adeudos a los frentistas de la construcción del tranvía de Cuenca, mediante la Ley de Reactivación Económica para los afectados por esa obra; favoreció a tres de los mayores grupos empresariales de Ecuador: los grupos Eljuri, Vázquez y Ortiz. Para 2018, el actual presidente, Lenín Moreno, condonó cinco veces las deudas de los empresarios con el Estado. Véase más información en https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/106-726-empresas-deben-mas-de-5-700-millones-al-estado
https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios-rafaelcorrea-ley-condonamiento-bancofomento.html
6 https://www.planv.com.ec/ideas/ideas/no-hay-alternativas-medidas-economicas-del-empecinamiento
7 https://correspondenciadeprensa.com/2020/01/11/ecuador-ensenanzas-y-desafios-el-2019-y-el-2020-a-la-luz-de-octubre/
8 El documento completo del Parlamento de los Pueblos se halla en https://ocaru.org.ec/index.php/comunicamos/noticias/item/9488-propuesta-al-pais-del-parlamento-de-los-pueblos-organizaciones-y-colectivos-sociales-del-ecuador
9 Para ver el juicio, https://www.facebook.com/CoopDocs/videos/2471304013084855/
10 Para revisar un análisis de la crisis y el endeudamiento de Ecuador en 2020, consúltese el riguroso artículo de la economista feminista Gabriela Montalvo, https://www.labarraespaciadora.com/editorial/el-ecuador-del-2019-deuda-deficit-desempleo-y-paro/?fbclid=IwAR2PaiehDecKzxlTA2gMdX07vqzTn5LxJD1TjvNot3AQ9Wu2NiA8Yd7_TRQ
11 https://www.eluniverso.com/noticias/2019/12/16 nota/7647224/fuerzas-armadas-trajes-protesta-robocop-ministerio-defensa-ecuador
12 Luego del paro, el gobierno de Moreno inició un proceso de persecución y criminalización de dirigentes indígenas, como Leónidas Iza, Severino Sharupi o Agustín Cachipuendo, y de funcionarios y anteriores asambleístas de Alianza País, como Paola Pabón o Virgilio Hernández, y a estaciones opositoras al régimen morenista, como Radio Pichincha Universal. Estas medidas violan todo procedimiento y marcan una política gubernamental respecto a los escenarios político-electorales y los actores que podrán participar de manera legal. Si bien el ex presidente Correa no puede regresar al país y está excluido de participar por los juicios vigentes en su contra, el Movimiento Revolución Ciudadana (creado por la línea correísta) fue habilitado legalmente por el Consejo Nacional Electoral.
13 https://4pelagatos.com/2020/01/15/correa-desecha-aliarse-con-quienes-no-dieron-el-golpe/