COLOMBIA ¿DE QUÉ SON SÍNTOMA LAS PROTESTAS SOCIALES?

La situación de crispación social que vive Colombia,1 país de poco más de 48 millones de habitantes, uno de los mayores en territorio y población de la región de Sudamérica, ha captado la atención de medios internacionales. Acostumbrada a emitir noticias de asesinatos colectivos, desplazamientos forzados, exilio, destierro y arreglo de cuentas entre narcos, la prensa internacional registra con interés las manifestaciones pacíficas protagonizadas por miles de ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional: en veredas, pueblos y ciudades. Se expresan mediante el despliegue de una creatividad artística y política nunca vista en las principales capitales de los 32 departamentos de la nación.

Visto desde el exterior el asunto, sorprende que en Colombia, uno de los países históricamente más violentos de la región, no haya llegado a los grados de enfrentamiento entre las fuerzas del orden del Escuadrón Móvil Antidisturbios y los manifestantes. Esa situación se ha observado en el civilizado Chile, donde la protesta social sistémica se ha desbordado al punto de dejar sin ojos a una generación. ¿Por qué en Colombia las manifestaciones (paro nacional) transcurren con determinación, pero sin los niveles de violencia a que se acostumbró ver en este Estado? ¿Qué pasa en Colombia, de qué es síntoma la protesta social?

Estas preguntas se contestan en dos niveles: uno es coyuntural, descriptivo, y da cuenta de elementos del contexto social y político en medio del cual emerge el “paro nacional”, así como del detonante de estas protestas sociales. Un segundo nivel, más analítico, ofrece las explicaciones de fondo. En este sentido, se requiere abordar tres elementos esenciales en la historia reciente del país: los acuerdos de paz, la justicia social y el pluralismo político. Solo así se comprende lo que ocurre, y se intenta explicar en qué medida los acontecimientos recientes expresan una transformación de la escena política interna.

Las causas y los detonantes de la protesta

El #ParoNacional, iniciado el 21 de noviembre de 2019, es un movimiento de contestación social que tiene como detonante una reforma tributaria2 presentada y defendida por el Centro democrático (CD), partido de gobierno del actual presidente, Iván Duque. Dicha reforma, denunciada por la oposición como el “paquetazo” (la trampa), consideraba varias iniciativas problemáticas. De éstas, tres de las más controvertidas son modelar los salarios por regiones; es decir, la dinámica económica de cada región y departamento permitiría fijar el salario mínimo de los trabajadores de los respectivos territorios. En un departamento como Antioquia, los salarios serían así mejores que en una demarcación desmeritada como el Chocó (en el Pacífico). Fijar remuneraciones salariares según la edad, lo cual permitiría a los empresarios acordar retribuciones de sólo 75 por ciento del salario mínimo vigente a los jóvenes de entre 18 y 25 años, así como a las mujeres mayores de 57. Reducir impuestos a las grandes empresas, con objeto de hacerlas más competitivas. Aumentar la cotización y la edad de retiro a la pensión: ésta pasa de 64 a 67 años para tener acceso a una pensión completa.3

Las principales centrales obreras del país se movilizaron e iniciaron un llamado a la resistencia ciudadana. Al exhorto escuchado por los salariados de los sectores de la educación o la salud se sumó el respaldo de estudiantes de las universidades públicas y privadas,4 los campesinos, los indígenas, los artistas y la oposición política. Las calles de las principales ciudades se volvieron con rapidez el epicentro de desfiles nutridos, que pronunciaban eslogans políticos de protesta contra el gobierno de Duque y su política económica, social y de seguridad. Los cacerolazos se generalizaron entre las clases medias y más populares; hubo conciertos y manifestaciones artísticos en plazas y calles.

Pese a las decenas de manifestaciones (18 movilizaciones nacionales entre el 21 de noviembre y el 23 de diciembre de 2019) convocadas por los organizadores sindicales del #ParoNacional, la reforma tributaria fue aprobada en el pleno colombiano, en medio de gritos y abucheos y ante la indignación de los representantes de la oposición (verdes, socialdemócratas, ex guerrilleros, izquierda). El gobierno, luego de negar que una reforma como ésta fuera respaldada por el Ejecutivo, negoció con el partido en el poder la modificación de los artículos referentes a modelar los salarios por regiones y según la edad, además de ofrecer como acto de buena fe una medida social consistente en tres días sin impuesto al valor agregado (sin gravamen sobre los productos de consumo). En enero de 2020, la reforma entró en la fase de implantación progresiva de las leyes que la constituyen.

En medio de la situación descrita, los sindicatos negocian el ajuste salarial anual que, consideran, debe ser significativo, por lo cual exigen 10 por ciento de aumento, mas los empresarios estarían dispuestos a acordar sólo 5.4. En la agitada negociación, los representantes gubernamentales, encabezados por la ministra de Trabajo, alegan que no pueden imponer al sector privado una tasa de reajuste salarial. Así, poco a poco, pero de manera segura, en un diálogo de sordos, una lucha de clases y de intereses se incuba y emerge progresivamente en las ciudades.

El actual presidente, Iván Duque, apadrinado por el otrora mandatario Álvaro Uribe,5 desde inicios de su mandato debió enfrentar una crisis desatada por él mismo cuando quiso reformar algunos aspectos del acuerdo de paz firmado por su antecesor con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para justificar tal hecho, él y sus asesores argumentaron que se trató de un pacto donde se aceptaba la impunidad de delitos conexos de narcotráfico y violación de menores. El gobierno de Duque se enfrentó a las altas cortes para exigir modificaciones en este sentido respecto a la justicia transicional. Su tentativa de modificar algunos planteamientos del acuerdo fracasó, y tuvo que publicar las leyes y los decretos de los acuerdos –avalados por el gobierno anterior de Santos– contra su voluntad y la de su partido, el CD. De entrada, ésta fue la primera derrota política de Duque.

A la referida derrota política se sumó la exigencia estudiantil de incrementar el financiamiento a la universidad pública (septiembre-diciembre de 2018), finalizada con la promesa de un aumento de 0.5 por ciento anual hasta llegar a 5 del producto interno bruto en 2022. A ello siguieron el retorno a las armas de una parte de la disidencia de las FARC, la ruptura de negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el incremento de los asesinatos de indígenas y líderes sociales, la fuerte emergencia del narcotráfico mexicano y los paramilitares en los antiguos territorios de las FARC.

El régimen de Duque padece hoy una creciente impopularidad, con 70 por ciento de opinión desfavorable (encuesta Gallup Poll,6 diciembre de 2019). Los colombianos de entre 18 y 26 años descreen de las buenas intenciones del gobierno, mientras que los de entre 30 y 50 lo juzgan incapaz de manejar el país y liderar soluciones de los desafíos económicos, sociales, ambientales, de justicia y de seguridad de la Colombia del posconflicto. El presidente más joven de la historia del país es también el más impopular; su corta edad no garantiza la apertura ni el tan anunciado progreso social y político.7

Tres elementos de fondo: los acuerdos de paz, la justicia social y el pluralismo político. Los acuerdos de paz de 20168

Los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2016, segundo mandato) y las FARC pasan a la historia como el hecho más significativo del inicio del siglo XXI para los colombianos, pues significaron en términos formales no sólo el final de la guerra fratricida que dejó más de 300 mil víctimas, mil 600 masacres, 25 mil desaparecidos y 4 millones de desplazados forzados9 sino, también, la posibilidad de pensar respecto al país en términos de una “democracia normal”; es decir, sin que la guerra sea el único centro, la única urgencia del debate político nacional y regional.

En efecto, los acuerdos de paz han tenido varios efectos concretos en la vida social: los niveles de asesinatos disminuyeron significativamente entre 2012 y 2017: pasaron de 35.1 por 100 mil habitantes a 24.9.10 El descenso de las muertes violentas se sintió en las zonas más afectadas por la guerra interna: las regiones campesinas, en especial los departamentos del Caribe (Bolívar, Córdoba y Cesar por ejemplo), y algunas del centro-occidente (Cauca, Valle, Chocó). Tal respiro merece matizarse, pues ha sido de corta duración, dado que la presencia de los antiguos bloques de la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC ha sido remplazada por los grupos residuales de ésta, del paramilitarismo y la fuerte presencia de los narcotraficantes colombianos y mexicanos. Algunos actores históricos de la guerra, presentes desde la década de 1990, siguen así dominando con el terror de las balas y la muerte zonas donde las Fuerzas Armadas están ausentes o “abandonan” a los actores ilegales. Entre mayo de 2018 y junio de 2019 hubo más de 196 asesinatos de defensores de derechos humanos, ambientalistas y líderes sociales11 a manos de grupos armados ilegales, sin que el gobierno de Iván Duque pueda hasta el momento garantizar la seguridad de muchos otros que aparecen en las listas negras de dichos grupos ilegales, que dispersan panfletos de amenazas en las regiones que han sido históricamente el epicentro de la guerra armada.

El acuerdo de paz incluía además programas de reinserción de ex combatientes, erradicación de cultivos ilícitos con programas agrarios de apoyo a la población campesina, respeto de la pluralidad política y justicia transicional, gracias a la verificación de la ONU y el cofinanciamiento de la ayuda internacional. Todos estos dispositivos se pusieron en marcha con el propósito de acompañar el ambicioso proyecto de estabilización y paz de los territorios. No obstante, pese al compromiso de una creciente parte de la población civil (urbana y campesina), los niveles de inseguridad y homicidios persisten en las zonas más alejadas del extenso territorio colombiano, incluidas las de fronteras porosas con Venezuela, Brasil o Ecuador.

Justicia social

Si bien los acuerdos de paz de 2016 no han traído tranquilidad a cada palmo del territorio, aportaron una nueva mirada a la vida política e institucional, en particular en las poblaciones jóvenes de la gran ciudadanía urbana, lo cual no es poco. En efecto, según el censo poblacional de 2018. 77 por ciento de los colombianos habita en zonas urbanas. Estas poblaciones han centrado la mirada en las problemáticas “clásicas” de una “democracia normal” (sin la espesa cortina de la urgencia de la guerra). Es decir, temas como la corrupción, los derechos de las minorías, la violencia de género e infantil, el desempleo, la inicua distribución de la riqueza nacional y la deficiente aplicación de la justicia, apuntalados por la población urbana, recuperaron visibilidad mediática y fueron convirtiéndose en los nuevos focos de interés en los debates políticos y ciudadanos.

En 2017 estalló el escándalo de Odebrecht, uno de los más nauseabundos dispositivos de corrupción internacional descubiertos hasta el momento y que involucró a funcionarios de alto rango e incluso presidentes de varios países de la región. El escándalo costó a Pedro Pablo Kuczynski la primera magistratura en Perú, sirvió de argumento extra al proceso contra Lula en Brasil y generó investigaciones en países como Ecuador, Panamá, Argentina, Cuba, Guatemala, República Dominicana, Chile, Colombia, Bolivia y, más recientemente, en México.

En Colombia, el caso Odebrecht12 terminó de ofrecer razones para la movilización ciudadana liderada por figuras políticas de los partidos de la oposición (Verdes, Decentes, Colombia Humana, Polo Democrático) en pro de la transparencia y la urgencia de una lucha organizada, frontal y legal contra los altos niveles de corrupción que gangrenan el país desde hace décadas. La percepción de la corrupción en el país es una de las más altas de la región. En 2018, éste perdió 36 puntos, para ocupar el lugar 99 entre 180 naciones en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.13 Entre los 36 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), su puntaje es aún más preocupante: posee el penúltimo lugar, sólo por encima de México.

La movilización contra el flagelo criminal de la corrupción condujo a la organización y realización de una consulta popular nacional anticorrupción (26 de agosto de 2018), cuyo resultado sería respetado –se prometió– por los cuatro grandes candidatos que se disputaban entonces la Presidencia de Colombia. La participación en el referendo fue arrolladora: 11.6 millones de personas acudieron a las urnas, mas la iniciativa no alcanzó el umbral de 12 millones requerido para que se convirtiera en ley de la república. Pese a lo sucedido, ante este claro interés y deseo de combatir la corrupción, los candidatos presidenciales, ya en campaña, asumieron el discurso de lucha contra la corrupción y la exigencia de justicia social. Por primera vez en décadas, el tema tomó un lugar significativo en los debates y programas de los aspirantes.

El ganador de la presidencial y recién investido mandatario Iván Duque tuvo que aceptar el mensaje de las urnas: llamó a un amplio acuerdo pluripartidista por la transparencia y lucha contra la corrupción, en vista de una gran ley que –garantizó– se adoptaría con rapidez. Más de un año después de su elección, la promesa de esa ley ha sido hundida por la mayoría en el pleno, ampliamente rechazada por su partido de gobierno, el Centro Democrático.

Las investigaciones sobre varios políticos importantes –como el actual ministro de Hacienda Pública, Alberto Carrasquilla Barrera, artífice de la mencionada reforma tributaria y detonante de las protestas– patinan y no han producido algún resultado que satisfaga a la opinión pública nacional. Se reactivaron la desesperanza y el recelo frente a las élites política de cuello blanco y empresarial, incapaces de pensar sobre el país en clave de solidaridad compartida, de respeto de los derechos sociales y económicos.

Al optimismo frente a los acuerdos de paz con las FARC ha ido ganando la batalla el desencanto. Los niveles de iniquidad social son elevados, con una tasa de pobreza extrema de 10.8 por ciento y una pobreza total de 29.9,14 superado apenas por México y Bolivia. Según el informe de la ONU sobre desarrollo,15 Colombia ocupa el lugar 79 de 189 países analizados: al trabajo informal sin regulaciones, la falta de seguridad social y los bajos ingresos económicos se suman los mínimos salariales, muy por debajo de los índices inflacionarios o el poco acceso a las nuevas tecnologías. Respecto a esto último, la noción de bienestar y desarrollo humano ha ido evolucionando al ritmo de los cambios técnicos y tecnológicos. También los criterios de bienestar pasan ahora así por el acceso a las nuevas tecnologías y la capacidad de consumirlas en condiciones similares a los estratos o quintiles superiores.

En Colombia, como en muchos otros países de la región, la injusticia social se ha hecho evidente como detonante de la protesta social. Persiste aquí el determinismo social que condena a millones de mujeres y hombres, desde que nacen, a un destino profesional, económico, familiar y simbólico del que pocas veces pueden escapar. Es una situación que, como el economista francés Thomas Piketty recuerda, tiene su origen en el acentuado desequilibrio en la distribución de las riquezas producidas en un país.

En Colombia, la injusta distribución de las riquezas nacionales ha sido “invisibilizada” por una parte de las élites políticas, económicas y mediáticas que durante décadas–tras la cortina de la urgencia de la guerra– han dejado de pensar cómo superar la exclusión social. Parece que sus decisiones económicas y políticas han desertado la esfera de lo social y lo justo en aras de la acumulación pragmática y descarnada del capital personal y familiar.

Tras más de 60 años de conflicto armado frontal entre las FARC y el Estado, el país vive un periodo de transición que deja al descubierto un panorama desalentador en materia de políticas sociales en favor de las poblaciones más vulnerables. Tras las cifras de crecimiento constante de 2 y 3 porciento anuales se ocultan las de desempleo de más de 9 por ciento nacional y hasta 60 en zonas periféricas, como el Pacífico colombiano. La informalidad en el empleo es de más de 50 por ciento en promedio nacional, y supera 65 por ciento en regiones como la del Caribe. Los jóvenes y las mujeres son los más afectados.

Los datos citados contrastan con las ambiciones de los dos últimos gobiernos (Juan Manuel Santos e Iván Duque), que han logrado sumarse a la OCDE y buscan hacerlo con la OTAN, presumiendo de estabilidad social, institucional y económica. No obstante, el juego de intereses de los gobiernos de uno y otro organismo les han dejado entrar conscientes de que no podrán mantenerse dentro sin dolorosas reestructuraciones macroeconómicas y sin un generoso reenvío del favor para sus empresas a través de acuerdos comerciales ventajosos. Ello explica la política de exploración y explotación minera tomada por Santos (entre 2014 y 2016) antes de dejar el gobierno y las recientes decisiones tomadas por Duque en materia fiscal y de autorización de fracking,16 contrarias a los discursos por el ambiente y el “crecimiento responsable”.17

Pluralismo político

En Colombia, aunque poco se dice y reconoce, hay pluralismo político, posibilitado ante todo tras el cambio constitucional de 1991. El periodo posterior a la década de 1990 ha visto emerger una diversidad en la creación de partidos que defienden convicciones distintas y, en ocasiones, opuestas. Aun cuando la izquierda ha sido objeto de críticas maniqueas que la acusan de defensores de las guerrillas o comunistas, en los últimos 20 años los partidos alternativos de izquierda y centro presentes en el Congreso (Polo Democrático, Alianza Verde, Colombia Humana) han ganado parte del electorado.

Si bien las primeras experiencias de este tipo fueron objeto de la violencia criminal de las armas, causante del exterminio de la Unión Patriótica en el decenio de 1990, se ha ido operando una toma progresiva de conciencia en la ciudadanía que muestra madurez política. Prueba de ello: en las últimas elecciones presidenciales, de 2018, las urnas llevaron a la segunda vuelta al candidato del movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, quien defendió un programa abiertamente social y en confrontación con el enarbolado por el aspirante del statu quo, Iván Duque. Ocho millones votaron desde la convicción por una opción política de izquierda social.

Las recientes elecciones de alcaldes y gobernadores (noviembre de 2019) confirmaron esa tendencia: se ofreció la confianza ciudadana a otros candidatos, quienes disienten de las políticas del actual gobierno. Es el caso de los alcaldes de Bogotá, Claudia López, de Alianza Verde (primera mujer en este cargo, abiertamente lesbiana y con un discurso ecologista); William Dau, de Cartagena, representante del grupo independiente significativo Salvemos a Cartagena; o Guillermo Torres, de Turbaco, ex guerrillero de las FARC, en representación de la alianza Colombia Humana y Unión Patriótica.

En el país hay un nuevo enfoque de la gobernanza política que exige mayor participación. La noción de democracia participativa y activa ha permeado los discursos desde las universidades y se ha instalado en la opinión pública nacional como un prepagable a toda transformación positiva de la realidad material de las comunidades regionales y de la clase política nacional. Lo ocurrido en Colombia entre noviembre y diciembre de 2019 debe igualmente interpretarse en clave geopolítica, sin que ello suponga que los procesos de movilización social y de protesta generalizada han de tener los mismos resultados y estrategias de lucha en cada territorio y país de la región.

A partir de los elementos aquí expuestos, ahora sí me es posible responder a las preguntas iniciales del artículo: ¿Por qué en Colombia las manifestaciones (paro nacional) transcurren con determinación, pero sin los niveles de violencia usuales en el Estado? Éste es un país marcado a sangre y fuego por una guerra interna que ha dejado (y sigue dejando) decenas de miles de asesinatos y desaparecidos. Es una sociedad disciplinada a la obediencia a través del miedo. En este contexto, la protesta social ha sido estigmatizada y asociada a la ilegalidad; por ello supone un acto que implica grandes riesgos (amenazas, exilio, asesinato). Cuando en un contexto de conflicto armado latente, donde los señores de la guerra han penetrado en la política y la economía (cuando no han sido estas últimas las que han adoptado las estrategias de los primeros), la política desde la ciudadanía debe tomar formas, simbólicas y creativas, que les permitan no ser absorbidas por las lógicas polarizadoras y maniqueas de las corrientes partidistas que se disputan en las urnas el poder, en medio de los egos y las revanchas, y en detrimento de los gobernados.

Otra de las razones por las cuales la protesta social no ha tomado un carácter más violento quizá radica en la existencia de instrumentos jurídicos preexistentes como la acción de tutela (medida de amparo) aparecida tras el cambio constitucional de 1991. Este instrumento, menos político y más jurídico,      permite tener una solución en 72 horas a un caso concreto. Me atrevería a decir que la tutela, muy extendida en Colombia, ha permitido tramitar de forma individual las demandas (salud, educación) que tradicionalmente son empujadas desde una acción social generalizada.

A las preguntas ¿Qué pasan en Colombia?, ¿de qué es síntoma la protesta social?, respondo que la ola de nuevos alcaldes evidencia una mutación en marcha de la conciencia política de las nuevas generaciones, la cual trasciende el caso colombiano. También pone de manifiesto una batería de nuevas preocupaciones que incluyen las medidas sociales y económicas, así como la ecología y los derechos de las minorías sexuales, indígenas y afros. En Colombia (y otros países de la región), el desafío de los partidos políticos de izquierda consiste en consolidarse como fuerzas de gobierno, capitalizar esta etapa logrando que la confrontación de ideas sustituya la relación de “amigo-enemigo” en la que ha estado sumido el campo político desde hace poco más de 70 años.


Notas

* Doctora en filosofía, investigadora y escritora. Ha publicado artículos e impartido conferencias en muchos países de Europa y América Latina. Trabaja entre Europa y el Gran Caribe.

1 Según las cifras del censo o empadronamiento nacional de 2005, hay 48 millones de habitantes: 15 por ciento de ellos corresponde a afro (negros, raizales, palenques) y 2 a indígenas, en un territorio de más de 1 millón 140 mil kilómetros cuadrados. Ya se conocen algunas cifras del censo de 2018, las cuales confirman que el número de habitantes se ha mantenido estable, en un país con más mujeres (51.2 por ciento) que hombres (48.2). Por el contrario, no se han ofrecido las cifras por minorías étnicas y raciales, https://www.dane.gov.co

2 La ley 2010, llamada por el gobierno “Ley de crecimiento económico” (aprobada el 27 de diciembre de 2019), incluye una serie de reducciones de impuestos como a la industria, que pagará sólo 50 por ciento (2020) y 100 (2021), y una exención de gravámenes a las cirugías plásticas y algunos electrodomésticos, y el decremento progresivo del impuesto a la renta de 32 por ciento (2020) a 31 (2021) hasta llegar a 30 (2022) o la exención de 120 por ciento en declaración de renta a los salarios de jóvenes de entre 18 y 28 si es su primer empleo. Los especialistas catalogan este paquete de medidas contraproductivas para la economía, pues a la larga representará que entre 6 y 12 billones de pesos no serán recaudados, y el gobierno no ha mostrado claramente cómo colmará el hueco fiscal.

3 En Colombia, como en la gran mayoría de los países de la región, la economía informal supera 40 por ciento de la población en edad activa, y en algunas ciudades alcanza 60. Los más afectados con el desempleo son las mujeres (de todas las edades) y los jóvenes.

4 Unas y otras golpeadas por la incursión permanente, cada vez más violenta, de la unidad antidisturbios. Tal órgano de mantenimiento del orden público es enviado sistemáticamente (sin descernimiento) ante cualquier manifestación pública de la sociedad civil contra el gobierno. Una presunción delictiva se ha instalado y participa en la “criminalización” de la protesta social.

5 Presidente de 2002 a 2006 y de 2006 a 2010.

6 Encuesta Gallup Poll, https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/gestion-del-presidente-ivan-duque-es-desaprobada-por-70-de-los-colombianos-2940718

7 El excesivo elogio al jeunisme (juventud) que muestran los medios y los intelectuales (de izquierdas y de derecha) no es más que una de esas teorías que sugieren que con el cambio de reparto (en este caso de edad) se renueva el mundo de la política. Es simplismo intelectual creer que en la juventud hay una tendencia inherente a la virtud política. Descreo de la idea de ver únicamente en la juventud, por el solo hecho de la edad, la salvación de la política o del planeta.

8 Dado que no es el objetivo de este artículo, no podré detenerme en detallar los aciertos y los desaciertos de estos acuerdos por lo que toca al efecto real en los territorios, pero el lector interesado puede revisar Sandoval, L.; García-Peña, D.; y Rauber I. Colombia, la paz naciente, Ediciones Redepaz/DemHoy, Bogotá, 2017.

9 Las cifras son extraídas del reporte Basta ya (2013, Centro de Memoria Histórica). Éstas son objeto de debate ya que, según las fuentes oficiales o de ONG, pueden ser menores o superiores. Consciente de esta guerra de cifras, he preferido referirme a las que han sido reconocidas en el informe mencionado y que dan cuenta de los hechos de muertes, violaciones de derechos humanos, desplazamiento y desapariciones forzadas entre 1985 y 2006.

10 Banco Mundial https://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5?locations=CO (Consultado el 07/01/2020).

11 Colombia se entrega a una guerra de cifras respecto a los asesinatos, las amenazas y las desapariciones de los líderes sociales y defensores de derechos humanos- Los datos de los entes oficiales (fiscalía o defensoría del pueblo) contrastan con los de las ONG y la ONU. Para más información véase Indepaz (http://www.indepaz.org.co) o Defensoría del pueblo (https://www.defensoria.gov.co)

12 Vánse detalles del caso en Colombia https://cuestionpublica.com/el-escarbabajo-odebrecht-mordiditas-colombia/

13 Transparencia Internacional, https://transparenciacolombia.org.co/2019/01/29/resultados-ipc-2018/ Consultado el 03/01/2020

14 En América Latina, México lidera este panorama negativo, con una tasa de pobreza extrema de 10.6 por ciento y una pobreza total de 41.5; mientras, Bolivia registra 14.7 de pobreza extrema y 33.2 de pobreza total. La pobreza extrema considera a quienes viven con 1 dólar estadounidense o menos al día o 52 al año, según la Cepal.

Datos consultados en marzo de 2020 en Cepal. Informe sobre el panorama social en América Latina 2019, https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019

15 Datos consultados el 3 de marzo de 2020 en Desarrollo humano 2019:Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI. Descargable en línea.

16 El gobierno colombiano autorizó el 26 de diciembre de 2019 los proyectos piloto de investigación integral para considerar la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos con la técnica de fractura hidráulica (fracking).

17 Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz de 2018. Se fue del trono presidencial dejando en pista las medidas macroeconómicas que allanaron el camino al actual gobierno de Iván Duque. Como en los cuentos de niños, la blanca paloma Santos es quizás el cuervo, disfrazado de plumas blancas.