I. El neoliberalismo en Argentina, de la dictadura al macrismo
Argentina inicia el 2021, un año donde está previsto que se realicen las elecciones legislativas de medio término del mandato presidencial, con conflictos que no son más que la continuidad de disputas políticas y económicas ya presentes en su historia. Es posible observar una continuidad desde 1976, con la implantación del modelo neoliberal a través de la dictadura cívico-militar, hasta la actualidad. Si bien el año 2001 demostró un colapso social de dicho modelo, y los doce años de hegemonía kirchnerista representan un cambio que marcó un antes y un después en la conciencia política de buena parte de la sociedad, las grandes disputas del 2021 encuentran un hilo conductor que nos remonta al mencionado año ‘76. El siguiente texto se introduce con una reseña histórica para llegar al presente, contexto que nos permite fundamentar la hipótesis planteada. El gobierno neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019) no es un producto de la casualidad ni un hecho fortuito, ni que haya sido derrotado en las urnas significa la superación de la disputa entre los intereses populares y los sectores concentrados.
II. ¿De dónde venimos?
La entrada del neoliberalismo como modelo imperante en Sudamérica se produjo por intermedio de dictaduras cívico-militares que impusieron sus planes de gobierno mediante el terrorismo de Estado y el genocidio. En Argentina, a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 se suscitaron cambios estructurales en la esfera económica que dieron lugar a la conformación de un modelo con base en la acumulación rentística y financiera, de apertura irrestricta a los capitales extranjeros, guiado por un supuesto principio de no intervención del Estado en la economía (Rauber, 2003). Las medidas tendientes a la desprotección de la industria local pueden verse reflejadas en las políticas de libre competencia entre productos nacionales y extranjeros, que terminó llevando a la desocupación a miles de personas debido al vaciamiento de la industria nacional. Durante el período 1976-1978, el gobierno de facto implementó un ajuste ortodoxo: devaluación de la moneda, liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para las importaciones, cese de la promoción de exportaciones industriales, fuerte endeudamiento externo. De este modo, el plan de gobierno de la dictadura se convirtió en la antesala del proceso privatizador que se llevó adelante en las reformas estructurales del Estado durante la década de los noventa.
El 30 de junio de 1989 el presidente Raúl Alfonsín, dirigente de origen radical quien había sido electo democráticamente el 30 de octubre de 1983, renuncia a la presidencia en medio de un golpe de mercado que se sumó a un contexto hiperinflacionario y de recesión económica. Alfonsín no fue capaz de concluir su mandato con paz social ni de materializar las principales promesas de campaña en torno al juzgamiento de los militares que efectuaron el golpe militar de 1976. En este sentido, si bien el Juicio a las Juntas militares promovido por Alfonsín en el inicio de su mandato sentó un precedente histórico, este proceso de juzgamiento quedó trunco con la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final sobre el epílogo de su gestión, conformando un retroceso que sería reforzado poco después por el presidente Menem.
Carlos Menem, hace poco fallecido, había sido gobernador de La Rioja por el peronismo, fue electo presidente el 14 de mayo de 1989 a través de elecciones democráticas. Asume la presidencia de manera adelantada el 9 de julio de 1989 dando comienzo a la profundización del Estado neoliberal argentino, el cual había sentado sus pilares durante la dictadura y fue consolidado durante los ‘80. Es común recordar para ejemplificar lo que significó el gobierno de Menem, el acto fallido del Ministro menemista de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, al anunciar el paquete de medidas privatizadoras cuando afirmó: “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”1; quizá estas palabras sintetizan el espíritu de las políticas sociales y económicas de la década de los noventa, que cerraron el círculo iniciado por la dictadura militar en los setenta. En consecuencia, se completó el proceso de desindustrialización y desinversión social y se produjo una importante fuga de capitales al exterior. El aumento de la desocupación y la carencia de alimentos esenciales en sectores populares fue una constante durante el segundo gobierno de Carlos Menem (1995-1999), luego de gozar de la estabilidad cambiaria del régimen de convertibilidad (un peso, igual a un dólar) que le favoreció la reelección en el año 95, derrotando por entonces la hiperinflación que tanto atormentaba al país.
En el plano internacional, luego de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos extiende su influencia en América Latina y promueve la experimentación de un Estado mínimo y un mercado desregulado. De esta manera, el Consenso de Washington como espacio de producción de normatividad jurídica y de políticas públicas por fuentes de orden económico globales es receptado en Argentina de manera completa y al máximo; el mercado pasa a ser controlado por las grandes empresas transnacionales que imponen los precios y las tasas, y el Estado cede su rol interventor en la economía, ya que, quienes controlan la economía son los organismos financieros internacionales, los banqueros, los exportadores y los dueños de las empresas privatizadas. A través del Banco Mundial, del FMI y de las calificadoras de riesgo se somete la soberanía de los Estados nacionales. Es así que el 17 de agosto de 1989 se sanciona la ley 23.696, –Ley de Reforma del Estado-, que permitió la privatización de un gran número de empresas estatales y la fusión y disolución de diversos entes públicos, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y de servicios públicos como el agua, la luz y el gas. El debilitamiento de las funciones del Estado y la privatización de los servicios públicos dejó a millones de personas en situación de desprotección total frente a un mundo que potencia una globalización que mercantiliza cada esfera de la vida.
En Argentina, las profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas del proceso privatizador de las esferas (derechos) de la persona, provocaron una crisis política, social y económica que dio lugar a la constitución de nuevos actores sociales. Los cambios que implicaron la desestructuración y el desmantelamiento del sistema productivo, implementados por el neoliberalismo, tuvieron como correlato el creciente rechazo al estado de cosas por parte de las víctimas del modelo articulados en movimientos sociales, organizaciones de desocupados, algunos sectores sindicales no cooptados por las élites económicas, y en espacios políticos partidarios minoritarios de los partidos tradicionales.
En el año 99, el candidato peronista Eduardo Duhalde no logra despegarse del proceso menemista y pierde ante el radical Fernando De la Rúa, quien con el apoyo del ex presidente Alfonsín y de sectores autodenominados progresistas triunfa a partir de un discurso anti corrupción, con el cual logró suscitar apoyos, pero en lo económico y político el proyecto se fundaba en una propuesta conservadora, que en los hechos representaba una exacta continuidad del modelo neoliberal imperante en el país. De hecho, el régimen de convertibilidad no fue modificado, al punto que el ministro de Economía estrella de los años ‘90, Domingo Cavallo, fue nuevamente convocado para el mismo rol por De la Rúa en los inicios del 2001. El proceso delarruísta se transforma en un enorme fracaso, ya que no resolvió ninguno de los graves problemas heredados e incluso los empeoró en todos sus términos; aumentó la pobreza, la desocupación, la deuda externa, la extranjerización y continuó indemne la sumisión de la política exterior al mandato estadounidense. La decepción social fue in crescendo hasta diciembre de 2001, cuando la clase media ve peligrar sus ahorros en los bancos y sale masivamente a las calles a exigir la renuncia de Cavallo y del presidente, quien a pesar de declarar el Estado de sitio y reprimir las protestas sociales con decenas de muertos, no logra resistir y abandona la Casa Rosada.
La denominada crisis del 2001 consumió a cinco presidentes en tan sólo dos semanas. A la renuncia de Fernando De la Rúa como resultado de los estallidos sociales, le siguieron tres renuncias sucesivas al cargo de Presidente de la Nación. Las autoridades institucionales que debían asumir las responsabilidades en la conducción de Argentina, no tuvieron respuestas adecuadas para una calle que exigía ‘que se vayan todos’. Estos hechos sin antecedentes previos en la historia nacional contemporánea conmovieron las formas de entender y de hacer política en Argentina.
Finalmente, el 2 de enero de 2002 la Asamblea Legislativa logra un fuerte consenso entre el peronismo y el radicalismo para designar presidente a Eduardo Duhalde, quien conservó el cargo por casi un año y medio, en un proceso pleno de dificultades económicas, sociales y políticas, en un país al borde del caos que apenas logró cierta convivencia con la instauración de planes contra el hambre, la suspensión de los pagos de la deuda externa, de una devaluación del peso y de la emisión de cuasi monedas nacionales y provinciales que amortiguaron el colapso.
III. El quiebre. ¿Es posible otra forma de gobernar?
Domingo 25 de mayo, Congreso de la Nación Argentina, Buenos Aires, año 2003. Asume la presidencia de la Nación quien fuera gobernador santacruceño Néstor Carlos Kirchner, luego de que Carlos Menem abandonó la posibilidad de disputar una segunda vuelta, ante la imposibilidad de remontar la enorme imagen negativa con la que contaba, a pesar de haber triunfado en la primera vuelta con casi el 25% contra el 22% de Kirchner.
El gobierno de Kirchner enciende un proceso político con ejes en la reactivación económica, medidas en pos de la redistribución del ingreso, el desendeudamiento, la recuperación de la moneda nacional, el fin de la impunidad para los genocidas de la última dictadura, y la reconstrucción de un proyecto latinoamericano de unidad y con soberanía. Los éxitos y el respaldo popular obtenidos por el presidente Kirchner en su primer mandato le permiten a su compañera y dirigente peronista Cristina Fernández de Kirchner un notable triunfo en 2007 con el 45% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer electa presidenta en la historia argentina. Cristina sería luego reelecta en 2011 por un amplísimo margen y alcanzando el apoyo del 54%.
El programa de gobierno consistió en una reorientación de las prioridades hacia el despliegue de la producción de la industria nacional y a la implementación de políticas públicas para reparar los derechos de los sectores sociales más perjudicados por el neoliberalismo. Algunas de las medidas del gobierno nacional provocaron una serie de enfrentamientos con los sectores concentrados de la economía.
En el año 2008 tuvo lugar un bloqueo patronal lock-out protagonizado por las cuatro patronales que representan al sector empresario de la producción agraria en Argentina: la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, la Confederaciones Rurales Argentinas y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. El paro agropecuario y los cortes de ruta fueron mecanismos para presionar al gobierno por la Resolución 125/08, medida del gobierno nacional que implementaba retenciones móviles atadas a valores internacionales a las exportaciones de soja y girasol. A través de piquetes (las patronales) presionaron durante 129 días al Poder Ejecutivo para que elimine la R 125/08. El lock-out consistió en el bloqueo de las principales rutas argentinas. Estos cortes no tuvieron como actores a un grupo de desocupados/as -como sucedió durante la década de los ‘90-, sino a las patronales. Aunque durante la primera etapa del paro agropecuario se intentó presionar al gobierno para que no aplique la R 125/08 por medio del lock-out, poco a poco y con el liderazgo de las corporaciones mediáticas más importantes del país (Grupo Clarín, principalmente), se elaboraron narrativas y se promovieron acciones para desestabilizar y desgastar al máximo posible la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el año 2009, el Congreso argentino con el impulso de Cristina sancionó la Ley 26.522, conocida como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), con los objetivos principales de fijar límites a la concentración en la propiedad de las empresas de comunicación, de promover el crecimiento y la creación de medios de difusión sin fines de lucro, y de fortalecer a los medios de comunicación estatales. De este modo, se procuraba democratizar la comunicación en el país, abriéndole paso a nuevos protagonistas y limitando las posiciones hegemónicas de las empresas más poderosas del rubro. La LSCA tuvo importantes resistencias, fundamentalmente de los grupos mediáticos concentrados, por lo cual en sus años de vigencia no pudo implementarse completamente, merced a medidas cautelares favorables que obtenían las empresas mediáticas en el sistema judicial.
Esta disputa entre el kirchnerismo y los medios hegemónicos, particularmente con el Grupo Clarín, se transformó en un hecho político constitutivo y fundamental de la historia argentina reciente, que sigue vigente marcando el pulso de buena parte de la sociedad. En todos los temas, todos los días, existe una marcada polarización en las narrativas de uno y otro sector, en tanto los sectores mediáticos representan a las elites empresarias agrarias y financieras locales, quienes lisa y llanamente pretenden desterrar y destruir al kirchnerismo como proceso político, social, cultural y popular dado que, aún con contradicciones y carencias, es la única experiencia exitosa alternativa al neoliberalismo en Argentina desde el año 76 al presente.
Biagini y Fernández Peychaux consideran que el neoliberalismo está atravesado por un trastorno psico-político que describen como neuroliberalismo. Esta categoría se fundamenta en tres elementos que se asientan en el fenómeno neoliberal: en primer lugar, un fuerte discurso que facilita o promueve posiciones ideológicas egoístas, las que impregnan a los derechos humanos de una concepción posesiva; segundo, un neodarwinismo que torna imposible la construcción de comunidades e incluso amenaza la existencia del individuo, en tanto se basa en un liberalismo de mercado que olvida al otro y a uno mismo; y en tercer lugar, un disciplinamiento psico-social que busca mercantilizar las relaciones sociales para despolitizar a los individuos y así entorpecer las potencialidades de los proyectos de liberación. En estos parámetros trabaja permanentemente la narrativa neoliberal.
En octubre de 2010, la muerte sorprende a Néstor Kirchner pero a contramano de lo que muchos vaticinaban, Cristina no sólo no se achicó sino que al contrario, reforzó su proyecto político y consolidó su liderazgo popular a partir de convicciones ancladas en la defensa de la soberanía, la vigencia de los derechos humanos, la democratización de sectores concentrados del poder, y una permanente intención de fortalecer la economía interna con salarios altos, prácticamente nulo endeudamiento y bajo desempleo.
IV. El macrismo: la restauración neoliberal
El proceso político kirchnerista perduró hasta diciembre de 2015 cuando Cristina cede la presidencia a Mauricio Macri, vencedor en las elecciones ante el candidato peronista Daniel Scioli. El domingo 22 de noviembre del año 2015, en el primer balotaje de la historia democrática argentina, Scioli, candidato del oficialismo, pierde las elecciones y el empresario Mauricio Macri es elegido presidente por un estrecho margen: 48,66% vs. 51,34%.
El 1° de marzo de 2016, en la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación, Macri cristaliza el relato de su gobierno con un discurso refundacional de Argentina. Por un lado, niega el pasado reciente sosteniendo que no existe ninguna política que merezca ser reconocida del ciclo kirchnerista, y por otro, proclama la inauguración de una nueva era para el país. Para darle curso a su objetivo, el proyecto macrista hace uso de una doble metodología. En primer lugar, recurre al paradigma ahistórico para construir un relato que traza una línea con un punto de inicio inmediato, de esta forma, se excluyen de la historia argentina los colapsos económicos y sociales del neoliberalismo del ‘89 y del 2001. Seguidamente, se presenta al gobierno kirchnerista como el fracaso que provocó una crisis social sin precedentes en la República. Si bien la gestión del segundo gobierno de Cristina Fernández se vio erosionada por una inflación persistente en torno al 20% y la restricción a la compra de divisas extranjeras, sin embargo, estas situaciones que generaron malestar en la población de ninguna manera podrían ser catalogadas como una catástrofe económico-social, tal como lo sugería el relato macrista.
El gobierno de Macri fue la tercera fase del neoliberalismo en Argentina, iniciado en los setenta, con José Alfredo Martínez de Hoz quien encabezó el proyecto económico del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. Martinez de Hoz llevó adelante una reforma financiera en la cual se liberaron las tasas de interés y se obligó al Estado a garantizar títulos y depósitos a plazos fijos, abriendo el espacio necesario para que empiece a funcionar la especulación financiera. Esto produjo una marcada concentración económica en cabeza de los grupos empresarios y las familias de la élite argentina: Macri, Bulgheroni, Fortabat, Pérez Companc. Asimismo otorgó un amplio margen de actuación a las multinacionales como Bunge y Born y Techint. De esta manera, Macri retoma el plan neoliberal de Martínez de Hoz y de Domingo Cavallo.
En las primeras semanas de gobierno el presidente Macri pretendió designar en la Corte Suprema de Justicia a dos miembros mediante el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU 83/2015), lo cual es una grosera violación a las pautas constitucionales de obligatorio cumplimiento para estos procesos, que implican el envío de pliegos de candidaturas a jueces al Senado de la Nación para su conformidad. Esta maniobra, más allá de su interrupción inmediata -tuvo que dar marcha atrás motivo del repudio y rechazo de toda la comunidad jurídica y política del país-, fue una muestra clara del gobierno de sus intenciones políticas de utilizar al Poder Judicial como una garantía para operativizar acciones y medidas neoliberales. El lawfare,concepto que proviene del ámbito militar y hace referencia a un método de guerra no convencional en que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar (Holzer, 2012), se desplegó con toda su intensidad durante el gobierno macrista. En 1999 había sido el militar estadounidense Charles Dunlap quien propuso usar el término de lawfare para definir un método de guerra no convencional en el que la ley es usada abusiva y arbitrariamente como un medio para conseguir un objetivo militar (Romano, 2019). En el caso argentino, el principal objetivo ha sido y sigue siendo destruir la figura de Cristina Fernández de Kirchner como líder política, para desde ahí desarticular y dividir a los movimientos populares, sociales y culturales que enfrentan al neoliberalismo como sistema de vida. Se recurre, insistentemente, al término de “populista” como peyorativo del liderazgo de Cristina y de todo lo que sea una crítica al neoliberalismo, configurando una discusión que confunde los conceptos para desorientar al ciudadano común.
La presidencia de Macri (2015-2019) estuvo marcada por el endeudamiento externo a través del FMI en niveles y escalas nunca antes visto, la reducción de haberes jubilatorios y pensiones, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la reducción -y cuando no eliminación- de los impuestos a los sectores concentrados de la economía, el aumento del desempleo, el debilitamiento de la industria nacional y la apertura irrestricta a las importaciones.
En paralelo, también por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU 267/15), el presidente Macri derogó y modificó aspectos fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 y declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2013. De esta manera favoreció la expansión del monopólico grupo Clarín y facilitó un nuevo proceso de intensa concentración en la propiedad de medios de comunicación, consolidando el discurso hegemónico de la prensa comercial en alianza con los sectores más concentrados de la economía y las finanzas nacionales e internacionales.
V. El retorno del peronismo al gobierno con Alberto Fernández y Cristina
El fracaso del gobierno de Macri y la vigencia de Cristina Fernández de Kirchner como líder opositora permitieron que el presidente en funciones no alcanzara la reelección. En los comicios de 2019, Alberto Fernández y Cristina construyeron un frente amplio que logró la unificación del peronismo para derrotar a Macri 48% a 40%, iniciando así un nuevo ciclo con la inédita presencia de la principal líder política, como Cristina, en la vicepresidencia.
Alberto Fernández, un abogado profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires proveniente del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, quien había sido Jefe de Gabinete de Ministros de los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2008, debe en este momento lidiar con dos situaciones de gran gravedad: una, la herencia macrista, catastrófica a nivel económico; y la otra, la pandemia del Covid-19, un desafío sanitario y social nunca visto de mucho tiempo a esta parte.
En este escenario, el presidente lleva por el momento un gobierno que no busca el conflicto pero que no lo puede evitar, a partir de los embates de los mismos sectores concentrados que históricamente actúan en el país, que no dan tregua ni siquiera en las cuestiones sanitarias. En estos primeros catorce meses de gobierno, Alberto Fernández prioriza la renegociación de la deuda externa, tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional, basado en la defensa de los intereses argentinos o más bien, de las posibilidades reales de pago, de una deuda monumental con vencimientos imposibles de cumplir tal cual los suscribió el ex presidente Macri. Por el momento, el gobierno no pudo recomponer los ingresos de las y los trabajadores y asalariados, quienes sufren la caída del poder adquisitivo merced a una inflación aproximada del 36% en 2020, si bien bajó respecto del 54% de 2019. Un logro importante en materia económica es la sanción del denominado Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas (Ley 27.605), por el cual se fija el cobro por única vez, a las personas físicas que declaren un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos (aproximadamente dos millones de dólares), de una tasa de entre el 2 y el 3,5% sobre esos patrimonios. De este modo se estima alcanzar apenas a 12 mil contribuyentes, sin embargo, esto no ha privado a la oposición de construir una narrativa típica neoliberal, en cuanto este aporte representaría un “ataque a la propiedad privada”, provocaría “desconfianza en los inversores”, nos convertiría en “país comunista”, y tantas otras ideas clásicas del manual político neoliberal.
En lo político, el principal logro del gobierno es haber impulsado la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, histórica demanda de los movimientos feministas que hoy es Ley. A su vez, el presidente Fernández promueve una reforma judicial que ponga fin al lawfare y a la desconfianza en el sistema judicial; de todos modos, por el momento no ha podido avanzar en esta senda, que enfrenta también las típicas defensas corporativas basadas en la “independencia” del poder judicial por lo cual sería imposible modificar nada del mismo.
En cuanto a la pandemia, las dificultades en el país no son diferentes a las vistas en el resto del mundo, si bien es posible rescatar que el sistema sanitario no fue desbordado o colapsó, como sí ocurrió en otras latitudes. Desde los últimos días de diciembre, en Argentina se inició el plan de vacunación contra el Covid-19 con la vacuna Sputnik V, fabricada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, de Rusia, siendo uno de los países con mayor cantidad de dosis inoculadas, en un mundo con notables desigualdades en el acceso a las vacunas. Incluso el proceso de vacunación es parte de la disputa narrativa y política que emprenden los sectores mediáticos hegemónicos, quienes buscan horadar la confianza en la vacuna de origen rusa, con disparatadas acusaciones de nulo rigor científico.
En materia de política exterior, también atravesada por la grieta, el presidente Fernández retomó la senda de la autonomía y procura la unidad latinoamericana, en sintonía con el presidente mexicano López Obrador, aunque en un contexto regional muy diferente al de inicios del siglo XXI, particularmente con Jair Bolsonaro en Brasil totalmente dispuesto a dividir cualquier proyecto integracionista.
VI. Reflexiones finales
En América Latina, cada vez que se pretende avanzar hacia alternativas a la racionalidad neoliberal como manera de ‘producir’ y organizarse, responden las minorías privilegiadas, el capital financiero transnacional, los medios de comunicación hegemónicos, haciendo uso de instrumentos colonialistas, movilizando sus estructuras e influencias políticas, culturales y económicas para activar estrategias que hagan fracasar a los gobiernos y proyectos populares; incluso por vías de manifiesta ilegalidad.
El siglo XXI tiene a los grandes grupos mediáticos legitimando y promoviendo los golpes “blandos” y las campañas de desgaste contra proyectos y líderes progresistas o populares, como en los casos de Manuel Zelaya en Honduras, de Fernando Lugo en Paraguay, de Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador y de Hugo Chávez en Venezuela, por nombrar algunos casos emblemáticos. Podríamos pensar, entonces, que el proyecto neoliberal en el continente latinoamericano, pretende el control de los medios de producción y la dirección ideológica de la sociedad, por parte del bloque histórico constituido por la alianza de las grandes empresas transnacionales (respaldadas por las potencias y sus organismos internacionales satélites) y las élites nacionales.
Argentina, al igual que la región, está en disputa. Como se analizó, el régimen neoliberal implantado desde la última dictadura sigue vigente, solamente cuestionado y puesto en crisis por los años kirchneristas, que demostraron que sí es posible otra forma de gobernar y de hacer política. En el presente, el gobierno de Alberto Fernández enfrenta una situación muy delicada, de la cual por el momento pretende salir gradualmente y sin generar enemistades tan fuertes como las que caracterizaron a los gobiernos de Cristina. Sin embargo, la tregua no existe y el presidente debe responder los ataques para consolidar su liderazgo en un año electoral.
FUENTES Y ARTÍCULOS DE INTERÉS
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NOTAS
* Maestra en Derechos Humanos (UASLP, México) y Abogada (UNR, Argentina). Investigadora UNR. Directora de Investigaciones de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano (ICLA, UNR). Integrante del Observatorio de Lawfare, CELAG. Integrante Grupo de Trabajo CLACSO “Crítica Jurídica y conflictos socio políticos”. Líneas de investigación: derechos humanos, democracia, protesta social. Correo electrónico: constanzaestepa@hotmail.com
** Maestro en Derechos Humanos (UASLP, México) y Abogado (UNR, Argentina). Investigador UNR. Director de Investigaciones de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano (ICLA, UNR). Integrante del Observatorio de Lawfare, CELAG. Integrante Grupo de Trabajo CLACSO “Crítica Jurídica y conflictos socio políticos”. Líneas de investigación: derechos humanos, constitucionalismo, comunicación. Correo electrónico: marceloamaisonnave@gmail.com
1 Discurso sobre la privatización disponible en https://www.youtube.com/watch?v=nVUu0vT1Tuk (consultado, enero del 2021)