…para que reine en el pueblo / el amor y la igualdad
“Los muchachos peronistas”, canción partidaria
No nos une el amor sino el espanto
será por eso que la quiero tanto
Jorge Luis Borges, “Oda íntima a Buenos Aires”
Los comicios de octubre 2019 dieron la victoria al Frente de Todos (FdT), una amplia coalición electoral de partidos y corrientes del peronismo y afines a él, que llevó a la Presidencia de la Nación a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner a la Vicepresidencia. El artículo presenta un análisis preliminar de los alcances y limitaciones del gobierno del FdT en un contexto político tensionado por la conjunción de contradicciones emergentes de las configuraciones y sesgos estructurales del capitalismo argentino y la coyuntura abierta por la pandemia, en la que ésta devino rápidamente el escenario donde se procesan las disputas de poder.
Una coalición sorpresiva
El objetivo inmediato del armado del FdT fue impedir la reelección del presidente Mauricio Macri y su coalición Juntos por el Cambio (JxC). La aritmética electoral (algo más de 48% de los votos para el FdT, 40% para JxC) mostró el deterioro del apoyo a Macri y JxC tras cuatro años de gobierno -en 2015 había ganado la presidencia con 51.3% en la segunda vuelta- y la preservación del caudal electoral del peronismo -48.7% en 2015-. El resultado de 2019 habría de obligar al FdT a recurrir a negociaciones y concesiones en el plano parlamentario al no haber alcanzado el 51% de las bancas en la Cámara de Diputados.
Alberto Fernández había sido Jefe de Gabinete de Ministros en la presidencia de Néstor Kirchner (2003-07), continuó al inicio de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-11) y renunció en julio 2008 en medio de una fuerte oposición empresarial al proyecto de ley de medios de comunicación impulsado por el gobierno y un arco amplio de organizaciones sociales (aprobado por amplia mayoría parlamentaria en 2009), que acotaba severamente la posición dominante de las grandes cadenas multimedios, y de una creciente confrontación con grupos agroexportadores por la política tributaria. Fue sucedido en el cargo por Sergio Massa, quien renunció un año después en medio de la radicalización del conflicto con la oposición. En la elección presidencial de 2015 Alberto Fernández fue jefe de campaña del candidato presidencial Massa, que resultó tercero con algo más de 21% de los votos y no pudo presentarse al ballotage. Durante el gobierno de JxC Massa y su bloque de diputados apoyaron varias iniciativas legislativas del macrismo, lo que no impidió su incorporación en 2019 al FdT: una decisión que incrementó tanto el caudal de votos que aportó el peronismo “kirchnerista” conducido por Cristina Fernández de Kirchner (aproximadamente 30-32% del electorado) como la desconfianza en las filas del kirchnerismo.
La fórmula Fernández-Fernández de Kirchner fue producto del acendrado pragmatismo que caracteriza al peronismo en todas sus variantes en su aproximación al poder. Pero también fue fruto de la experiencia recogida en 2015: el triunfo de Macri y su programa genéricamente neoliberal por 2,7% de votos sobre el candidato kirchnerista fue interpretado como un efecto de la desunión de las corrientes internas del peronismo. Llevar como candidato presidencial en 2019 a quien durante una década había sido crítico del gobierno de Cristina Fernández tranquilizaba al peronismo no kirchnerista incluyendo gran parte del movimiento sindical, a los grupos empresariales que habían alcanzado gravitante injerencia en el gobierno de Macri y que temían un retorno a las orientaciones y el estilo político de la primera década del siglo de fuertes conflictos con el establishment económico, y a sectores de las clases medias urbanas y el pequeño y mediano empresariado que por diferentes motivos se habían enfrentado o alejado del apoyo al segundo gobierno de Cristina (2011-15). La candidatura de Alberto Fernández anticipaba la construcción de un equilibrio entre el estilo confrontativo imputado al kirchnerismo cristinista y los sesgos conservadores de los peronismos provinciales que se habían distanciado de él; la crítica a la gestión de JxC y un estilo político negociador. Al mismo tiempo, la candidatura de Cristina a la vicepresidencia mantenía su presencia en la conducción política institucional, era coherente con el caudal mayoritario de votos peronistas que innegablemente la respaldaban y aportaba o sugería una cierta continuidad, mediada por la construcción coalicional, entre el kirchnerismo “de antes” y el post kirchnerismo “de ahora”.1
La razón fundamental de esa construcción entre ex adversarios dentro del peronismo fue, en lo inmediato, prevenir la reelección de Macri en tanto subjetivación de una estructura de poder de un capitalismo agrofinanciero centralizado, altamente concentrado y extranjerizado;2 a partir de ahí encarar una agenda de gobierno dirigida a la recuperación del crecimiento, el combate a la pobreza, la reconstrucción institucional y una política exterior acorde a esos objetivos. Un capitalismo con distribución de ingresos y relativa autonomía -al menos en la elección de sus alianzas-, en la mejor tradición del peronismo.
El bloque de poder económico-financiero gestado en la década de 1990 fue exitoso en la colonización del gobierno de JxC. Varios de sus dirigentes corporativos ocuparon posiciones ministeriales en los sectores agropecuario, financiero, de energía, industrial, transportes, erosionando el rol de la política como instancia de mediación entre el Estado y los intereses particulares, al mismo tiempo que explicitando a JxC como referente electoral de ese conglomerado.3 Áreas estratégicas de la política económica y financiera quedaron a cargo de dirigentes de empresas que tomaban decisiones en asuntos que ahora debían gestionar en nombre de intereses generales.4 Una activa política de construcción hegemónica contribuyó a la instalación de un sentido común de legitimación del gran capital en sectores subordinados de la sociedad; aportó a ella no sólo la producción ideológica de los aparatos culturales, sino también el sentido de las intervenciones judiciales por encima de la tradicional separación constitucional de funciones estatales, y las múltiples interacciones entre las diferentes ramas y niveles de la matriz operativa del capital. Sin embargo, tras un par de años la subordinación de la política a los intereses particulares e inmediatos de la cúspide del conglomerado y la incompetencia de sus principales funcionarios para hacerse cargo de las especificidades y complejidades de la gestión pública, condujeron a la generación de la crisis social y macroeconómica y al descalabro del experimento.
Es erróneo por lo tanto, o por lo menos incompleto, ver la coalición FdT sólo como producto de una decisión táctica o instrumental, aunque en muchos observadores estuviera presente el recuerdo del verso de Borges: “no los une el amor, sino el espanto”. El espanto era, por supuesto, el estado calamitoso en que el tejido social, la economía, el entramado institucional y la política exterior se encontraban tras cuatro años de gestión macrista e ideologismo neoliberal.
El espanto
Una rápida síntesis de la Argentina con que se encontró el gobierno del FdT incluye:
1. Dos años sucesivos de caída de la actividad económica (-2.6 en 2018, -2.1 en 2019);
2. Inflación alta y en aumento (47,1% en 2018, 52,9% en 2019);
3. Crecimiento de la pobreza (40,9% de la población total; 62,9% de la población infantil);
4. Casi 10% de desocupación en el sistema registrado de empleo; 2/5 de la fuerza laboral desempeñándose de manera informal;
5. Acelerado crecimiento de la deuda externa, que pasó de 52,6% del PBI al 91.6% entre finales de 2015 y finales de 2019, un aumento de 66% (más de u$s 113 mil millones), predominantemente en dólares, con tasas de interés muy superiores a las vigentes en los mercados internacionales y un calendario de pagos que comenzaba a regir pocos meses después de la inauguración del nuevo gobierno;5
6. Convenio con el FMI (julio 2018) por el cual el organismo desembolsó un préstamo récord de u$s 44.500 millones pese a que pocos meses antes del acuerdo una misión técnica había puesto en duda la sostenibilidad del esquema macroeconómico del gobierno. El FMI toleró que los fondos fueran empleados en sostener el tipo de cambio tras la masiva corrida de abril-mayo de ese año cuando se hizo evidente que los mercados de crédito se habían cerrado para Argentina, a pesar de que el artículo VI de sus estatutos prohíbe este tipo de uso -avalando la hipótesis de una intervención directa de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos en un intento de colaborar con el sostenimiento del gobierno de Macri;
7. Persistente y muy elevada salida de capitales, incluyendo gran parte del préstamo del FMI. La formación de activos externos sumó u$s 86.000 millones: 76% de la deuda contraída en el cuatrienio desapareció de las cuentas públicas;6
8. Notorio deterioro institucional, puesto en evidencia por la colusión de sectores del poder judicial, aparatos de inteligencia estatales y paralelos y funcionarios de la embajada de Estados Unidos para la persecución de dirigentes y funcionarios entonces opositores en lo que se conoce como lawfare;
9. Desmantelamiento, degradación jerárquica o desfinanciamiento de los instrumentos político-institucionales (organismos y programas) a través de los que se procesa la relación entre el Estado y la sociedad (educación, salud, seguridad social, asistencia social, vivienda);
10. Entorno sudamericano de clara diferenciación político-ideológica, con gobiernos de derecha (Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Bolivia tras el golpe de estado facilitado por la Secretaría General de la OEA), virtual disolución de UNASUR y su reemplazo por el “grupo de Lima”, apoyo de la mayoría de los gobiernos de la región a la elección del candidato del gobierno del entonces presidente Trump para la presidencia del BID.
La conjunción de crisis social, vencimientos apremiantes de la deuda, arcas fiscales sin recursos suficientes y cierre del crédito externo planteó un comienzo de gestión complejo, con opciones muy acotadas por la propia configuración de las circunstancias, a las que pocos meses después se agregaría la pandemia.
Las prioridades iniciales fueron la atención a la seguridad alimentaria de los grupos más empobrecidos (niños y niñas, ancianos/as con jubilaciones o pensiones mínimas o sin ellas) y la reestructuración de la deuda externa sin recurrir a un ajuste socialmente regresivo. En el primer asunto se diseñó un conjunto de acciones que, pese a la difícil adecuación de los aparatos estatales a la reorientación de su funcionamiento, contribuyeron a la contención de los problemas más urgentes. La articulación de la dimensión operativa de los programas de asistencia y promoción con organizaciones sociales de base territorial colaboró para que las acciones estatales llegaran efectivamente a quienes estaban dirigidas. El desencadenamiento de la pandemia multiplicó los programas de atención a los sectores más gravemente afectados –individuos, familias, empresas-.7
La reestructuración de la deuda externa fue moderadamente exitosa. Se postergaron los vencimientos inmediatos; no se logró una reducción significativa del principal pero se redujo la tasa de interés a casi la mitad. En conjunto, ello permitió un ahorro transitorio de más de u$s 3l millones. Asimismo se tomaron medidas para acotar la formación de activos externos tanto por parte de grandes operadores como de pequeños ahorristas. Queda pendiente sin embargo la cuestión de la deuda con el FMI.
En ambos asuntos sus características particulares permitieron al Estado actuar con una cierta autonomía respecto del poder económico. En la reestructuración de la deuda los interlocutores fueron los grandes tenedores externos de bonos, dentro de los cuales -y sin perjuicio de la típica opacidad de estos asuntos- los tenedores nacionales no son determinantes dada su relativa marginalidad en las finanzas globales. En las urgencias sociales se recurrió al remedio fiscal y a la articulación con organizaciones populares. Sin embargo, en una economía en recesión desde 2018, sin acceso a crédito externo, la expansión de la inversión pública y el gasto social requieren emisión monetaria, redistribución del excedente y progresividad tributaria, que alimentaron las resistencias de los grandes actores de la economía, que inciden estructuralmente en el nivel general de actividad, presionan por un ajuste ortodoxo y obligan a negociaciones permanentes con el Estado. También genera remilgos y dudas en el FMI, que apoyó la renegociación con los acreedores externos para conseguir a partir de ese respiro una mejor posición en la reestructuración de su propia deuda.
El manejo de las relaciones exteriores ha permitido recuperar los lineamientos centrales del periodo 2003-15 a partir del principio de soberanía nacional en un mundo globalizado. Se retomó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur (ocupadas por el Reino Unido desde 1833) y el impulso a la consolidación del MERCOSUR como herramienta de integración con independencia de las alineaciones ideológicas de los gobiernos de los estados miembros. Se mantuvo la adhesión al grupo de Lima pero sin actividad en el mismo, poniendo énfasis en el principio de no intervención. Siendo aún presidente electo Fernández tuvo un activo involucramiento, junto al gobierno de México, en la salvaguarda de la vida del derrocado presidente de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente Álvaro García Linera y en el refugio concedido en Argentina a ambos y a otros funcionarios del gobierno depuesto. Las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales con la Federación Rusa y la República Popular China recuperaron dinamismo. En las relaciones con Estados Unidos se retomó el enfoque de “anti imperialismo por diferenciación” -firmeza política y moderación retórica evitando confrontaciones abiertas- que había caracterizado a las administraciones de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.
Mirando hacia adelante
De lo anterior puede concluirse que la orientación predominante es la recuperación de un estilo de desarrollo capitalista con distribución de ingresos y relativa autonomía externa sustentada en la integración regional. Aquí radica su atractivo, después de cuatro años de polarización social y deterioro general de las condiciones de vida de millones de familias, desmantelamiento del sector público, enajenación del patrimonio nacional y adhesión a la agenda latinoamericana de Washington. Pero también radican aquí sus límites, en cuanto no contempla avanzar sobre los determinantes político-estructurales que nutren ese modo particular de funcionamiento y generan esos resultados. Las negociaciones y retrocesos en los recientes choques con el complejo empresarial agroexportador indican las limitaciones de un enfoque que sin embargo intenta ir más allá de la pandemia en el diseño de las relaciones de poder y en combate a las manifestaciones extremas de la pobreza y la desigualdad, y desorientan a muchas de sus bases sociales.
El espanto del cuatrienio precedente echa raíces en una estructura político-económica y en una producción de hegemonía que previas experiencias democráticas no pudieron o no intentaron transformar; quizás no por falta de voluntad pero sí por insuficiente comprensión y memoria históricas y consiguientes construcciones de poder. Aunque resulte trivial recordarlo, neoliberalismo y globalización no son fenómenos ajenos a esa configuración político-económico-ideológica sino consecuencias de su propia dinámica. Sus características específicas son variaciones posibles a partir de una misma matriz de origen, compatibles con distintas expresiones político-institucionales. No es prudente olvidar que “el amor y la igualdad” de la marcha peronista se alcanzaron -en la medida en que se alcanzaron- como resultado de introducir en el capitalismo de entonces las construcciones de poder y las transformaciones sustantivas que dieron sustento al logro de aquellas aspiraciones, efectividad y persistencia en la realidad de los hechos y en el imaginario social más allá de su momento inicial -una simbiosis de luchas, esperanzas y entusiasmo colectivo-. La fenomenología del conflicto y el perfil sociológico de sus actores varían, no así su sentido histórico.
Los objetivos y estilos moderados han llevado hasta ahora al FdT a evitar confrontaciones significativas con el bloque de fuerzas dominantes, que los interpreta como debilidad y antagoniza las decisiones que apuntan a fortalecer la capacidad de intervención estatal en mercados crecientemente dominados por el gran capital, a mejorar la distribución del ingreso y encaminarse a escenarios pospandémicos de mayor equidad social.8
Actúa en favor de esta oposición el sesgo estructural de la economía, reforzado ahora por la pandemia. En 2018, año de recesión, las 500 empresas más grandes acapararon el grueso del incremento de las ganancias (beneficios brutos) respecto del resto de la economía: 120% y 30% respectivamente.9 Durante el primer año de la pandemia la desigualdad social aumentó –un efecto similar al registrado en la mayoría de los países- por el efecto combinado de la caída de la inversión y el producto, inflación, reducción del empleo y de los salarios, potenciado ahora por la difusión del COVID19. El 10% de la población más rica de Argentina percibió 19 veces más ingresos que el 10% más pobre, mientras un año antes la diferencia fue de 16 veces.10 En estas condiciones la hipótesis más plausible es que, en ausencia de intervenciones públicas y fortalecimiento de la organización y la movilización popular, todo el crecimiento económico que podría alcanzarse en 2021 iría a engrosar las arcas de la élite económica, dejando nuevamente al margen a la gran mayoría de la población.
En los términos de la política electoral del FdT, esto significaría que haber impedido la continuidad del gobierno del presidente Macri no habría sido suficiente para prevenir la continuidad del macrismo como variante local del capitalismo financiero en clave neoliberal, y como principal contendiente en las elecciones legislativas del próximo octubre que definirán el control político del Congreso Nacional.
NOTAS
* Carlos M. Vilas es politólogo, profesor honorario de la Universidad Nacional de Lanús, donde dirige la Maestría en políticas públicas y gobierno y la Revista Perspectivas de Políticas Públicas. Autor de El poder y la política: controversias entre razón y pasiones (2013)
1 Sobre los varios momentos del kirchnerismo cfr. Matías Kulfas (2016) Los tres kirchnerismos. Buenos Aires: Siglo XXI. Kulfas es actualmente Ministro de Desarrollo Productivo en el gabinete del presidente Fernández.
2 Vid. Esteban Mercatante (2015) La economía argentina en su laberinto. Buenos Aires: Ediciones IPS. Gabriel Kessler, comp. (2016) La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura. Buenos Aires: Siglo XXI; Eduardo Basualdo, ed. (2017) Endeudar y fugar. Buenos Aires: Siglo XXI.
3 JxC es también una coalición del partido Propuesta Republicana (PRO) de Mauricio Macri, la mayoría del Partido Radical, elementos desprendidos del peronismo, y algunas formaciones provinciales.
4 Vid. Ana Castellani y Paula Canelo (2016) “La ‘puerta giratoria’ en el gabinete nacional”. FIDE. Coyuntura y Desarrollo 372:28-33.
5 www.imf.org/es/Countries/ARG/summary-of-staff-technical-note
6 www.bcra.gov.ar/Noticias/publicacion-de-informe-mercado-cambios-deuda-2015-2019.
7 Vid. Carlos M. Vilas (2020) “Política social y pandemia”. Revista Cuestión Urbana 8/9:21-25.
8 Vid la oposición de la Unión Industrial Argentina a la prórroga de la prohibición de despidos sin causa justificada en www.infobae.com/economía/2020/06/11; www.clarin.com/economia/fuerte-rechazo-union-industrial; www.lanacion.com.ar/economia/extension/despidos y pronunciamientos similares de otras cámaras empresarias contra la congelación transitoria de los alquileres de vivienda, de las tarifas de servicios públicos, etc.
9 Martín Schorr y Gustavo García Zanotti (2021) “¿Concertar o confrontar? El poder económico en cuestión”. www.elcohetealaluna.com.ar/concertar-o-confrontar
10 Cifras del INDEC. www.pagina12.com.ar/294482-crecio-la-desigualdad-con-la-pandemia